Ir al contenido
BuscadorConstitucional

Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 306-202015 abr 2020

nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA

Fecha
15 de abril de 2020
Corte
Corte de Apelaciones de Arica
Sala
Segunda
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Arica, Rol N° 306-2020, sentencia de 15 de abril de 2020

Resumen

Se rechaza la protección contra las Cajas de Compensación: el descuento de cuotas impagas del crédito social es obligatorio y legal, y la prescripción del cobro debe discutirse en juicio de lato conocimiento.

Texto íntegro

Arica, quince de abril de dos mil veinte.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el abogado Antonio Quispe Huanca, en representación de nombre reservado, Rut Nº RUT reservado, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, dedujo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, Rut N° RUT reservado, cuyo representante legal es nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado; Y contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, Rut N° RUT reservado, cuyo representante legal es nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por haber vulnerado sus garantías constitucionales de los Nº 3, 16 y 24 del artículo 19 dela Constitución Política de la República.

Señala que es funcionario a contrata de SEREMI de Salud de Arica y Parinacota, prestando servicios para dicho organismo. Indica que en la liquidación de su sueldo de 24 de febrero de 2020, se le realizó un descuento bajo la siguiente nomenclatura “CCAF CREDITOS” por una suma correspondiente a $118.223 (ciento dieciocho mil doscientos veintitrés pesos). Agrega que preguntó al personal de recursos humanos de su empleadora el motivo del mencionado descuento indicándole que recibió una instrucción por parte de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, la cual a su vez había recibido instrucciones de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, institución a la cual en definitiva eran remesados los dineros descontados.

Menciona que se dirigió a la Caja Los Andes, la cual le indicó que dejó de pagar una deuda de hace más de 10 años por un crédito que obtuvo de la Caja de compensación La Araucana. Alude que la recurrida, sin dar aviso o notificación previa, efectúa descuentos de manera ilegal, además de encontrase prescrita la deuda.

Expone que no le ha sido notificada acción judicial alguna tendiente al cobro de dicha deuda, pretendiéndose a través de un descuento ilegal, corregir la desidia y negligencia con que ha actuado en el ejercicio de sus acciones legales tendientes al cobro del crédito, el que por lo demás no consta en instrumento ejecutivo alguno. A su juicio puede advertirse, que la recurrida al no contar con un título ejecutivo y no ejercer ninguna otra acción ordinaria, ha optado por actuar a su conveniencia, presuntamente amparada en la ley de Cajas de Compensación, y ordenar a su empleadora, un descuento mensual por planilla, sin fundamento legal.

Arguye que se han vulnerado sus garantías constitucionales establecidas en los N° 3, 16 y 24 del artículo 19 e al Constitución Política de la República de la Constitución Política de la Republica. Cita jurisprudencia al efecto.

Solicita que se acoja la presente acción constitucional, debiéndose efectuar la devolución de todas las sumas de dineros descontadas de sus remuneraciones, debidamente reajustadas. Además pide que las recurridas se abstengan de realizar descuentos al recurrente, con costas.

SEGUNDO: Que, el abogado Sergio Abarca Vargas, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, señaló que a través del proceso integrado de recaudación de deuda pendiente o vigente, denominado “Proyecto Intercajas”, la Caja de Compensación La Araucana, les solicitó que gestione descuentos de la remuneración de nombre reservado, para el pago de las cuotas del crédito social otorgado por la referida institución.

Expone que en virtud de lo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833, se incluyó al recurrente en las planillas de descuento que son remitidas a su empleador (SEREMI de Salud). Las sumas recaudadas son a su vez remesadas a la caja acreedora, en este caso a la Caja La Araucana C.C.A.F. Complementa, que no obstante haber informado al empleador del recurrente que debía haber efectuado los descuentos a contar del mes de octubre de 2018, sólo se registra un pago, correspondiente a la remuneración del mes de febrero de 2020, por la suma de $118.223.

Explica que el cobro de cuotas se ha efectuado en calidad de mandataria de La Araucana C.C.A.F. y no posee mayor información del crédito otorgado a al reclamante. Complementa que Caja Los Andes ha procedido a efectuar los cobros por encargo de C.C.A.F. La Araucana, en calidad de diputada para efectuar el cobro y recibir el pago, en virtud del convenio y mandato recíproco “Proyecto Intercajas”.

Solicita el rechazo del recurso de protección.

TERCERO: Que, la abogada Yasna Vukic Z., en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, evacuando el informe solicitado por esta Corte, señaló, cuales son las funciones y fines de las Cajas de Compensación, las cuales se rigen por la Ley Nº18.833.

Refiere que el 15 de abril de 2013, se celebró un contrato de mandato y prestación de servicios, denominado “Proyecto InterCajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar”, que tiene por objeto que la Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información esencial y necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas, y permitirle acordar con la Caja a la cual se ha incorporado dicho deudor, la recaudación de las cuotas adeudadas por el crédito social moroso, por lo que la particularidad que existe en el descuento aplicado mediante Sistema InterCajas, es que se efectúa por un tercero, a saber otra Caja de Compensación de Asignación Familiar, permitiendo mediante este mecanismo regularizar a través de este sistema integrado la deuda pendiente que un trabajador tenga con una Caja de Compensación, por concepto de crédito social en virtud de la naturaleza jurídica de prestación de seguridad social de los mismos.

Luego transcribe el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°18.833, explicando que es obligatorio para las Cajas de Compensación, efectuar descuentos de la liquidación de remuneraciones de deudores, lo cual está en concordancia con el artículo 11 inciso 1° del Decreto Supremo N°91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que señala: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la empresa afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones”, y con el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°17.322, que dispone: “Los empleadores, como asimismo sus representantes legales, mandatarios y trabajadores que, por cuenta de ellos descuentan de las remuneraciones de sus trabajadores cualquiera suma a título de cotizaciones, aportes o dividendos de las obligaciones de éstos a favor de las instituciones de seguridad social, estarán obligados a declarar y a enterar esos descuentos y sus propias imposiciones y aportes dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones.”, aplicación de carácter obligatorio para los empleadores.

Arguye que el recurrente, el día 22 de noviembre de 2006, solicitó el crédito social folio N°011-000096571, por la suma total de $4.256.028 pesos incluido interés, reajuste y seguro, pactado en 60 cuotas mensuales, iguales y sucesivas cada una por la suma de $118.223.- Al inicio su empleador de la época, la Ilustre Municipalidad de Putre, efectuó los descuentos que sirvieron para el pago íntegro de 5 cuotas y un abono a la cuota N°6 correspondiente al mes de julio de 2007, no recibiendo La Araucana C.C.A.F., más pagos por dicho concepto, figurando nombre reservado, a partir de la cuota N°7 en mora, hasta el mes de enero de 2020, siendo ubicado por la C.C.A.F. Los Andes, procediendo el envío de la respectiva nómina de descuento a su empleador recibiendo por parte de la SEREMI de Salud de esta región, el descuento efectuado en el mes de febrero de 2020, el cual sirvió para terminar de pagar la cuota N°6 y abonar a la cuota N°7. Descuentos que se practicaron en virtud de la normativa descrita precedente, adeudando a la fecha un total de 29 cuotas.

Menciona a mayor abundamiento, que la prescripción de las acciones, está tratada en los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, de cuya lectura se desprende, que la prescripción debe ser alegada, declarada judicialmente, y que no opera de pleno derecho como pretende hacerlo valer el recurrente.

A su juicio, no existe arbitrariedad ni ilegalidad en el actuar de la recurrida, debiendo ser rechazada la presente acción constitucional, con costas.

CUARTO: Que, la acción de protección contemplada en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

QUINTO: Que, en cuanto al fondo, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

SEXTO: Que, sobre el particular es menester señalar que el inciso primero del artículo 22 de la Ley N° 18.833 dispone que: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

SÉPTIMO: Que, conforme se colige de la lectura del precepto antes citado, al haberse asimilado por el legislador lo adeudado por concepto de crédito social a una Caja de Compensación a las cotizaciones de seguridad social, los descuentos que por dicho concepto se efectúen a la remuneración del trabajador se tornan obligatorios y, consecuencialmente, se enmarcan dentro de aquellos a que alude el inciso 1° del artículo 58 del Código del Trabajo, norma que preceptúa: “El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos”.

OCTAVO: Que, por consiguiente, así como lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema en los Rol N° 18.404-2015 y 15.032-2016, al haberse descontado desde la remuneración del actor las cuotas impagas del crédito que se le otorgó, estando las recurridas facultadas para ello, en la especie no existe un acto arbitrario o ilegal que afecte las garantías constitucionales enunciadas.

NOVENO: Que, finalmente, y en lo tocante a la supuesta prescripción de la acción de cobro esbozada por la recurrente en su libelo, es menester señalar que la presente vía cautelar de urgencia no es el mecanismo apropiado para discutir tales asuntos -propios de un pronunciamiento enmarcado en un juicio de lato conocimiento-, razón por las que la presente acción constitucional no puede prosperar en lo tocante a tal acápite, sin perjuicio de otros derechos que puedan asistir al recurrente.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA la acción constitucional deducida por el abogado Antonio Quispe Huanca, en representación de nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes y la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

Rol N° 306-2020 Protección.