nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Arica, veintinueve de abril de dos mil veintidós.

VISTO:

Comparece Henry Jaspe Garcés, abogado, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, pasaporte N° RUT reservado, con domicilio en esta ciudad, y deduce recurso de protección de garantías constitucionales en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por vulnerar de la garantía fundamental consagrada en el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que el extranjero ingresó a Chile, el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve por un paso habilitado, acorde a la normativa migratoria. El quince de julio de dos mil veintiuno, presentó solicitud N° 27308444, acompañando todos los antecedentes requeridos, a fin de acogerse al proceso de regularización contemplado en el artículo octavo transitorio la Ley N° 21.325 de “Migración y Extranjería”, recibiendo con la misma fecha de parte de la recurrida la Resolución Exenta N° 21099475 que admite a tramitación su solicitud, permitiéndole mantener su regularidad migratoria, sin embargo, habiendo transcurrido más de ocho meses, su solicitud de regularización migratoria no ha sido resuelta, en contraposición a otros solicitantes que se les ha resuelto el trámite.

Agrega que los sistemas de migración de la recurrida no reflejan ninguna información respecto a su situación migratoria, por lo que no le es posible solicitar un comprobante de ampliación del trámite, y de la consulta al sistema informático se obtiene solo la fecha de envío de la solicitud, por lo que no dispone en la práctica de una situación migratoria regular en el país, ya que se extendió la vigencia de las cédulas de identidad para personas extranjeras, siempre que cuenten con un permiso de residencia vigente y en otros casos, siempre que cuenten con solicitud de ingreso a trámite o prórroga de visación de residente o Permiso de Permanencia Definitiva, a lo que no puede acceder.

Indica que el extenso tiempo de espera le ha significado un grave perjuicio, toda vez, que los inconvenientes no sólo se han limitado al ámbito laboral, perdiendo oportunidades de empleos mejor remunerados por no contar con su cédula de identidad vigente, sino que han trascendido a otros aspectos, como la imposibilidad de obtener su licencia de conducir, realizar trámites ante notarías, e incluso poder acceder a mejores condiciones financieras, junto con la pérdida del acceso a diversos beneficios para afiliados, derivados de la Caja de Compensación en que se encuentra inscrito, como reembolso de gastos médicos, beneficio que en la actualidad no le es aplicable por no contar con su cédula de identidad vigente.

Sostiene que la omisión de la recurrida constituye un acto ilegal por infracción al artículo 27 de la Ley N° 19.880, que se fija un plazo máximo de seis meses para resolver las solicitudes de los administrados. Asimismo, el no dar una respuesta oportuna a la solicitud, constituye un acto arbitrario al mantener una situación de incertidumbre en cuanto a la resolución final, conculcando la garantía constitucional consagrada en el numeral 2 del artículo 19 de la C0onstitucion Política de la República.

Pide que se ordene a la recurrida resolver de una vez y sin más trámite la solicitud de Regularización Migratoria N° 27308444, fijándose para ello un plazo fatal, o bien, disponiendo que se adopten todas aquellas medidas necesarias para restablecer y resguardar el imperio del derecho.

Informó en su oportunidad el Servicio Nacional de Migraciones, continuador legal del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, solicitando el rechazo del recurso, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria que atente contra las garantías fundamentales del recurrente.

Señala que nombre reservado, el quince de julio de dos mil veintiuno, solicitó regularizar su situación migratoria en virtud del Proceso de Regularización contemplado en el artículo octavo transitorio de la Ley N°21.325, solicitud que actualmente se encuentra en trámite, en etapa de análisis. En virtud de lo anterior, la autoridad migratoria dictó la Resolución Exenta N°21099475, de quince de julio de dos mil veintiuno, que admite a trámite la solicitud, y otorga permiso de trabajo al extranjero de marras, conforme a los artículos 157 N° 5, en relación al artículo 135, ambos del Reglamento de Extranjería, con lo que se acredita la residencia regular durante todo el período de tramitación de su solicitud, siendo su obligación el obtener prórrogas de la vigencia de dicho documento a través del portal de trámites de la autoridad migratoria correspondiente al http://tramites.extranjeria.gob.cl.

Agrega que el plazo de seis meses contemplado en el artículo 27 de la Ley N°19.880, para el procedimiento administrativo no es fatal y podrá ser mayor cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, una pandemia de carácter mundial y el estado de emergencia en el cual se encontraba el país, término que no resulta fatal para la Administración, citando jurisprudencia al efecto. Añade que a su juicio se encuentra vigente el término para que la Autoridad administrativa resuelva la solicitud de la recurrente. Máxime cuando es pacífico que se le ha dado tramitación legal a la solicitud, sustanciando la tramitación y dándole curso progresivo, y poniendo a disposición del recurrente el respectivo comprobante que acredita su residencia regular en el país.

Indica que el extranjero se encuentra en situación migratoria regular en el país, con un permiso de residencia en trámite, y sin haber dictado en su contra medida alguna de multa, abandono o expulsión, debiendo rechazarse el presente recurso, pues la autoridad administrativa ha actuado siempre conforme a la Constitución y a las normas legales y reglamentarias vigentes, dentro de la esfera de sus competencias, y siguiendo los procedimientos que dichas normas establecen.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, el acto considerado por la recurrente como ilegal y arbitrario corresponde a que la recurrida ha omitido pronunciamiento respecto de la solicitud de regularización de situación migratoria presentada el quince de julio de dos mil veintiuno, habiendo transcurrido en exceso el plazo para ello.

CUARTO: Que, en virtud de los antecedentes esgrimidos en el recurso y por la recurrida en su informe, se advierte que la solicitud de regularización migratoria se presentó el quince de julio de dos mil veintiuno. Por su parte, la recurrida se limitó a informar que desde la misma fecha señalada, se puso a disposición del recurrente el respectivo comprobante que acredita su residencia regular en el país y que el procedimiento cuenta con tramitación, pese a que ha transcurrido, hasta la fecha de esta sentencia, más de nueve meses desde su interposición.

QUINTO: Que, lo razonado precedentemente permite concluir que la recurrida no ha dado cumplimiento a lo previsto en el artículo 27 de la Ley N° 19.880, que contempla un plazo máximo de seis meses en que los órganos de la Administración deben pronunciarse respecto de las solicitudes que presenten los administrados, el que debe computarse desde la fecha en que se inicia el procedimiento, que en la especie ocurrió el quince de julio de dos mil veintiuno, lo que importa una vulneración a la garantía constitucional contemplada en el numeral 2° del artículo 19 de la Carta Fundamental, al no haber resuelto oportunamente la referida petición, en desmedro del recurrente.

Sólo a mayor abundamiento, la Excma. Corte Suprema se ha pronunciado en un caso similar en la sentencia Rol N° 86.868-21, estableciendo que “(…) queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de permanencia definitiva, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N° 19.880.

(…) Que, por tanto, la dilación del recurrido en el pronunciamiento sobre la mentada solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente (...).”.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE ACOGE el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones (continuador legal del Departamento de Extranjería y Migración), debiendo el recurrido pronunciarse dentro de treinta días hábiles en relación a la solicitud de la recurrente.

Cúmplase, oportunamente, con lo establecido en el numeral 14° del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 301-2022 Protección.