Protección contra JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

ARICA, dieciséis de septiembre de dos mil veinticinco.

VISTO:

Comparece Makarena García Dinamarca, abogada y en representación de nombre reservado, técnico en nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, representada por nombre reservado, Vicepresidenta Ejecutiva y en contra de nombre reservado, en su calidad de Directora Regional de Arica y Parinacota.

Pide, se deje sin efecto la sanción de destitución aplicada por Resolución Exenta RA N°110790/716/2025 de 24 de junio de 2025 y la Resolución Exenta N° 015/528, de 27 de mayo 2025, disponiendo su absolución o una sanción administrativa proporcional. En conjunto se ordene su reincorporación y el pago de las remuneraciones no percibidas desde que se le aplicó la destitución hasta su efectiva reincorporación, con costas o las medidas que esta Corte de Apelaciones estime necesarias para restablecer el imperio del derecho.

En su oportunidad informó MARTINA ISIDORA ROA MERINO, abogada, en representación de la denunciada JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, Corporación Autónoma, representada legalmente por su Vicepresidenta Ejecutiva, doña nombre reservado, todas domiciliadas para estos efectos en domicilio reservado, solicitando en concreto, el rechazo del presente recurso.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, como se ha señalado nombre reservado, en ejercicio del derecho que le confiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y dentro del plazo señalado en el N° 1 del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, interpone recurso de protección en favor de doña nombre reservado, chilena, Técnico en nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, en contra de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, representada por su Vicepresidenta Ejecutiva doña nombre reservado y doña nombre reservado, en su calidad de Directora Regional Arica y Parinacota de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, quien representa a la Junta Nacional de Jardines Infantiles en la región de Arica, por los actos administrativos emanados de dicho órgano del Estado, resultando vulnerados una serie de derechos y garantías fundamentales consagrados en la Constitución Política de la República y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, específicamente los artículos 19 N° 2 (por sí y en conexidad con el 19 N° 3) y el N° 24 de la Carta Fundamental.

Explica la recurrente, que la acción constitucional pretende que esta Ilustrísima Corte de Apelaciones, restablezca el imperio de los derechos consagrados constitucionalmente, que por las actuaciones arbitrarias e ilegales emanadas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles han ocasionado una afectación a los derechos fundamentales consagrados en el N° 2 y N° 24 de nuestra Constitución Política de la República, circunscribiendo el objeto del recurso a la revisión de la legalidad de la decisión adoptada, más no el mérito de la misma, comprendiendo el análisis de la razonabilidad de las medidas adoptadas y la debida observancia del principio de proporcionalidad, presupuestos inobservados en los actos administrativos recurridos.

Más aún, indica quien interpone la presente acción constitucional, que en el presupuesto de que el ilícito argüido constituye un numerus apertus, contraviniendo los principios de tipicidad y de reserva legal, y que, por el respeto a las garantías judiciales de protección de los derechos, requiere de un recurso adecuado y efectivo para impetrar el correspondiente control jurisdiccional para la tutela de las garantías fundamentales transgredidas.

Explica que con fecha 30 de junio de 2025, se le notifica la Resolución Exenta RA N° 110790/716/2025 de fecha 24 de junio de 2025 de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que le aplica la medida disciplinaria de destitución.

Respecto de los antecedentes laborales de la funcionaria, se refiere que es Técnico en nombre reservado. Ingresó a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Dirección Regional Arica y Parinacota (en adelante JUNJI), el 07 de marzo de 2008 en calidad de contrata y luego fue designada, previo concurso, como titular de la planta estamento técnico grado 20° de la Escala Única de Sueldos y durante sus 17 años y 3 meses de carrera funcionaria en JUNJI mantuvo una trayectoria intachable, no habiendo sido nunca sancionada en un proceso disciplinario y manteniendo buenas calificaciones.

En relación a la instrucción del sumario administrativo, narra que mediante Resolución Exenta N° 015/820 de fecha 30 de diciembre de 2024 de la Dirección Regional de Arica y Parinacota, se dispuso la instrucción de sumario administrativo destinado a investigar posible falta administrativa en el uso de licencia médica, en que habrían incurrido 08 trabajadoras de JUNJI, entre las que se encuentra la recurrente.

Añade que con fecha 03 de marzo de 2025, se le formularon los siguientes cargos: "Haber salido del país en las fechas 18-08-23, 07-03-24, 12-03-24, 15-03-24, 01-04-24, 02-05-24 y 28-05-24 mientras se encontraba haciendo uso de licencias médicas de folios 2 61826797, 3 99684975, 3 99886797, 3 100117331, 3 100641979, 2 60226414, 4 18179385 debido a enfermedad o accidente común y en la que se consigna reposo total." Se explica que la conducta antes señalada se desprende de los antecedentes de la SEREMI de Salud, consistente en el Ordinario N° 1147 del 30-12-24, en el que la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la región de Arica y Parinacota, remite antecedentes a la Directora Regional de la JUNJI Arica y Parinacota sobre oficios ordinarios N° 7038 del 18-11-24 y N° 1013 del 19-11-24, en los que se expone que en el marco del Plan Nacional de Ausentismo Laboral del Sector Público se acompañan antecedentes por denuncia de hechos presuntamente constitutivos de delito, debido a un supuesto mal uso de licencias médicas de 08 trabajadores del servicio, de foja 2 a 6.

Añade que, en esta misma línea, el ordinario N° 7038 antes referido, advierte una infracción al art. 55 del DS 3/1984, por incumplimiento de reposo, en tanto se revisa el listado maestro de licencias médicas de la funcionaria implicada y el certificado de viajes N° 58610 de la Policía de Investigaciones de Chile "PDI", cotejado una salida del país de doña nombre reservado, mientras se encontraba con licencia médica, rolante a foja 5 y 8v.

Respecto al rechazo de licencias médicas por parte del COMPIN, refiere que el Ordinario N° 6313 de fecha 15-11-24 del Coordinador administrativo COMPIN de la SEREMI de Salud Región de Arica y Parinacota dirigido a doña nombre reservado, en el que se comunica el rechazo de las siguientes licencias médicas con motivo de tratarse de una "infracción al artículo 55 del DS 3: Incumplimiento de reposo", rolante a fojas 37 a 40v: N° 2 61826797 por 14 días del 05-08-23 al 18-08-23; IMED 3 99684975 por 07 días del 01-03-24 al 07-03-24; IMED 3 99886797 por 07 días del 08-03-24 al 14-03-24; IMED 3 100117331 por 14 días del 15-03-24 al 28-03-24; IMED 3 100641979 por 14 días del 01-04-24 al 14-04-24; N° 2 60226414 por 15 días del 29-04-24 al 13-05-24;IMED 4 18179385 por 15 días del 14-05-24 al 28-05-24.

Cuenta la recurrente que existe una lista adicional de licencias médicas, explicando que con correo electrónico de doña nombre reservado, Subdirectora de Gestión y nombre reservado de fecha 06-01-25 en el que remite listado de licencias médicas de doña nombre reservado, en la que se constatan las siguientes licencias médicas otorgadas en las fechas que coincidirían con los registros de salidas del país de su parte: Folio RUT reservado por 21 días entre las fechas 10-06-24 al 30-06-24 por enfermedad o accidente común. Reposo laboral total; Folio 104322612-2 por 5 días entre las fechas 01-07-24 al 05-07-24 por enfermedad o accidente común. Reposo laboral total; Comunicación de la Superintendencia de Seguridad Social.

Añade que el Ordinario N° R-01-S-188878-2024 del 05-12-24 de la Superintendencia de Seguridad Social dirigido a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Arica y Parinacota, en el que se indica que las trabajadoras individualizadas en antecedentes "habrían hecho un uso indebido del derecho a licencia médica, alegando que se incumplió el reposo indicado.

Al respecto la Superintendencia cumple con indicar que de acuerdo con los artículos 48 y 50 del DS N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, las COMPIN y las ISAPRE, deberán fiscalizar el ejercicio legítimo del derecho a licencia médica y, toda vez que se constate una infracción a las normas legales y reglamentarias que rijan el uso, otorgamiento o autorización de éstas, o cualquiera otra infracción a las normas del presente reglamento, deberán dar cuenta al empleador para que éste haga efectiva la responsabilidad administrativa que pudiere encontrarse comprometida o para que adopte las medidas laborales que fueran procedentes, según se trate del sector público o privado".

Respecto del certificado de movimientos migratorios, da cuenta que el certificado de viajes N° 58610 del Departamento de Migraciones de la PDI de fecha 04-10-24 que constata que doña nombre reservado registra los siguientes movimientos migratorios por el paso Concordia Chacalluta con destino/procedencia "Perú" que coinciden con los períodos de licencia médica: Salida 18-08-23 / Entrada 18-08-23; Salida: 07-03-24 / Entrada 07-03-24; Salida: 12-03-24 / Entrada 12-03-24; Salida: 15-03-24 / Entrada 15-03-24; Salida: 01-04-24 / Entrada 01-04-24; Salida: 02-05-24 / Entrada 02-05-24; Salida: 28-05-24 / Entrada 28-05-24; Salida: 15-06-24 / Entrada 15-06-24; y, Salida: 04-07-24 / Entrada 04-07-24.

Respecto a las declaraciones de la funcionaria sobre las licencias médicas, da cuenta que la declaración de doña nombre reservado enviada por correo electrónico de fecha 20-01-25 donde manifiesta respecto a las licencias médicas (LM): Folio 2 61826797: "Fue licencia por enfermedad común asociada a diagnóstico de epicondilitis codo derecho con edema. Dra. nombre reservado (fisiatra). Kinesioterapia por dolores"; Folio 3 99684975: "Licencia por enfermedad común asociada a diagnóstico de tenosinovitis de codo derecho, con hinchazón antebrazo y pérdida de fuerza muscular. Dr. nombre reservado. Reposo por poca movilidad del brazo"; Folio 3 99886797: "Licencia por enfermedad común asociada a diagnóstico de tenosinovitis de codo derecho, pérdida de fuerza en la mano, recomienda buscar hora con un traumatólogo y buscar terapias alternativas. Dr. nombre reservado"; Folio 3-100117331: "Licencia por enfermedad común con diagnóstico epicondilitis codo derecho, con dolor y poca fuerza del brazo. Dra. Alexa Marcholz (traumatóloga). Reposo y kinesioterapia por dolores."; Folio 3-100641979**: "Licencia por enfermedad común con diagnóstico epicondilitis codo derecho y estudio de fibromialgia. Dra. Alexa Marcholz (traumatóloga). Reposo, kinesioterapia, terapias alternativas y recomienda un fisiatra"; Folio 2-60226414: "Licencia psiquiátrica, diagnóstico depresión y ansiedad por dolores crónicos generalizados con sensibilidad en puntos específicos del cuerpo. Dr. nombre reservado (psiquiatra). Reposo, tratar de hacer las cosas o rutinas diarias normales, sin exigencias, y no exigirlos por los dolores que padecía por la fibromialgia"; Folio 4-18179385: "Licencia psiquiátrica, diagnóstico depresión y ansiedad por dolores crónicos generalizados con sensibilidad en puntos específicos del cuerpo debido a la fibromialgia. Dr. nombre reservado (psiquiatra). Reposo, psicóloga, terapias alternativas".

Respecto a lo declarado en relación a los motivos de los viajes, cita que nombre reservado, envió por correo electrónico de fecha 20-01-25 donde manifiesta frente a la pregunta realizada por la fiscal referida a cuál fue el motivo de su viaje a Perú: el de 18-08-23: "El viaje a Tacna, Perú fue por estar 4 días con dolor de muelas, aparte de tenerlas sueltas por una gingivitis y allá en Tacna le salía mucho más económico que aquí en Arica. Le sacaron 2 muelas y tratamiento antibiótico"; el de 07-03-24: "Su viaje a Tacna fue por motivos de mucho dolor en su brazo y codo, buscar tratamientos alternativos y especializados para aliviar el dolor crónico causado por su epicondilitis que afectó su calidad de vida"; el del 12-03-24: "Si viajo a Tacna fue por motivos de buscar tratamientos alternativos y alguna terapia para el manejo del dolor crónico causado por la epicondilitis de codo. Dr. Cuevas recomienda porque hay más alternativas en Tacna"; el 15-03-24: "Su viaje a Tacna fue netamente para comprar productos naturales y medicinas tradicionales como ungüentos, hierbas medicinales, suplementos a base de plantas que ayudan a aliviar el dolor crónico del brazo"; el del 01-04-24: "Su viaje a Tacna solo fue por motivos de dolores significativos en su brazo derecho y a la vez dolores específicos en su cuerpo debido a la fibromialgia descompensada y hay tratamientos del dolor más accesibles y de bajo costo"; el de 02 y 28 de mayo: Su viaje se debió a terapias por dolor de su cuerpo debido a su fibromialgia (dolores crónicos). Por el mismo motivo, la descompensación de los dolores del cuerpo por el codo y la fibromialgia, terapias alternativas accesibles".

Comenta que ante la pregunta de la fiscal ¿Tiene algo más que agregar?, la sumariada planteó: "Los viajes a Tacna fueron en parte por recomendaciones y en búsqueda integral de su bienestar, con el objetivo de encontrar tratamientos que mejoraran su calidad de vida frente a la fibromialgia y a la epicondilitis de codo derecho y el impacto emocional asociado. su intención fue explorar otras opciones que no estaban disponibles en su lugar de residencia y que pudieran ofrecerle un alivio significativo y sostenible hasta que le realizaran su cirugía por la epicondilitis de codo derecho. Hace presente que sus viajes no fueron por recreación, sino que exclusivamente para buscar tratamientos que le ayudaran a manejar sus dolores y síntomas debilitantes y mejorar su calidad de vida, ya que su prioridad siempre fue y ha sido su salud".

Respecto a las infracciones imputadas, cuenta que serían al deber establecido, según el TÍTULO III, de las obligaciones funcionarias, Párrafo 1°, Art. 5°, 2 de la Ley N° 18.834, que dice relación con que serán obligaciones de cada funcionario: "Observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo".

Añade que el Decreto Supremo N° 3, de Salud, de 1984 REGLAMENTO DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS POR LAS COMPIN E INSTITUCIONES DE SALUD PREVISIONAL, dispone: Artículo 55° "Corresponderá el rechazo o invalidación de la licencia médica ya concedida, en su caso, sin perjuicio de la denuncia de los hechos a la Justicia Ordinaria si procediere, cuando el trabajador incurra en alguna de las siguientes infracciones: Incumplimiento del reposo indicado en la licencia; no se considerará incumplimiento la asistencia del trabajador a tratamientos ambulatorios prescritos por el profesional que extendió la licencia, situación que deberá ser comprobada.

En cuanto a sus descargos, expuso en la investigación que tiene un diagnóstico de epicondilitis de codo derecho y una fibromialgia crónica, enfermedades crónicas que se agravan a medida que pasa el tiempo y se caracterizan por dolores persistentes y debido a estas, fue experimentando un deterioro progresivo de su salud, lo que generó un aumento en el dolor además de una fatiga crónica, afectando significativamente su calidad de vida.

Su decisión de buscar alternativas médicas en la ciudad de Tacna, se debió a la necesidad urgente de tratar la epicondilitis y la fibromialgia, enfermedades que en ese momento le estaban causando una descompensación severa, afectando no solo su salud física, sino que también su estabilidad emocional, debido a los intensos dolores y malestares constantes.

Cuenta que esta situación no solo la limitaba físicamente, sino que también la afectaba emocionalmente, generando un estrés y ansiedad, por lo que era imprescindible para ella recibir un tratamiento inmediato y oportuno, pero además económicos, ya que durante el tiempo que he estado con estas enfermedades, ha tenido un gasto considerable de dinero y bien es sabido que en la ciudad de Tacna existen mayores opciones de exámenes, tratamientos, medicamentos que en Chile y a un precio mucho más económico, además que son más accesibles en cuanto al tiempo.

Dejó en claro en el sumario, que sus salidas a la ciudad de Tacna no tuvieron carácter recreativo ni vacacional, sino con fines estrictamente médicos, una medida necesaria y desesperada para encontrar alivio y mejorar su condición de salud, ya que para ella era fundamental recuperarse, mejorarse para poder reintegrarse a sus funciones laborales en óptimas condiciones.

Expone que tal como señaló en su declaración, las salidas a la ciudad de Tacna estando con licencia médica, fueron para asistir a tratamientos alternativos para calmar los dolores que me producía la epicondilitis y la fibromialgia, ya que el tratamiento farmacológico y reposo no estaban siendo efectivos. Por lo que sus últimas licencias médicas fueron por la depresión y ansiedad que le produjo toda esta situación, de tener que depender de otros para realizar acciones simples por el dolor que tenía en el codo y sumados a los dolores generalizados y fatiga que le producía la fibromialgia.

Contó ante la autoridad administrativa que actualmente, se encuentro en una situación económica difícil, ya que en los meses de enero y febrero lo que recibió de pago, solo alcanzó para cubrir las cuotas del banco, quedando en cero su pago ya que, debido a las salidas a Tacna las licencias fueron rechazadas y los descuentos efectuados, lo que imposibilita costear en estos momentos un viaje a Tacna para obtener los certificados médicos que respalden su atención." Refiere, siempre en el contexto del sumario, que la conducta atribuible a su parte, es incumplir licencia médica al salir de su domicilio y viajar a la ciudad de Tacna los días 18-08-23, 07-03-24, 12-03-24, 15-03-24, 01-04-24, 02-05-24 y 28-05-24, en el reposo prescrito por las licencias médicas que se le extendieron. Que esta acción no se encuentra dentro de las relacionadas con el artículo 52 inciso 2° de la Ley 18.575 y Art 61 letra g del Estatuto Administrativo, por cuanto exigen que la infracción al deber de probidad administrativa, se verifique en el ejercicio de sus funciones, presupuesto fáctico éste último que no se consulta en la especie, desde que el reposo prescrito por las licencias médicas extendidas, resultan del todo incompatible con el ejercicio o cumplimiento contemporáneo o coetáneo de las labores para las cuales se adscribió a la Administración. Lo anterior ha sido resuelto por la ICA de Talca en Sentencia Rol N° 1419-2024.

Añade que la vista fiscal de fecha 25 de marzo, la cual indica que, en los descargos presentados por doña nombre reservado, la inculpada alude a que los viajes a Tacna, Perú serían motivados por su necesidad urgente de tratamientos médicos y por la búsqueda de bienestar físico y emocional, considerando las diferencias significativas en los costos económicos implicados para dichos tratamientos que existen entre las ciudades de Arica, Chile y Tacna, Perú. Que, si bien desde lo planteado justifica su actuar por motivos médicos y sin intencionalidad de incumplir alguna norma, la inculpada no presenta prueba concreta de la realización de los tratamientos a los que hace referencia, por lo que considerando lo expuesto, la inculpada incumple de manera reiterada el reposo médico prescrito, sin acompañar documentos que acrediten las atenciones que señala.

Refiere la accionante que la fiscalía de su institución, concluyó que existe evidencia suficiente para determinar que la inculpada nombre reservado, salió del país de manera reiterada en las fechas 18-08-23, 07-03-24, 12-03-24, 15-03-24, 01-04-24, 02-05-24 y 28-05-24 mientras se encontraba haciendo uso de licencias médicas de folios 2 61826797, 3 99684975, 3 99886797, 3 100117331, 3 100641979, 2 60226414, 4 18179385 debido a enfermedad o accidente común y en la que se consigna reposo total.

Explica que, en el sumario, la Fiscalía reconoce el contexto regional en el que la movilidad transfronteriza entre Arica, Chile y Tacna, Perú está impulsada principalmente por la búsqueda de atención médica accesible, la inculpada nombre reservado no presenta certificados ni documentos que avalen la realización de tratamientos médicos o alternativos en la ciudad de Tacna, Perú, a los que hace referencia.

Añade que de acuerdo con lo planteado por la inculpada nombre reservado en su declaración, no especifica el tipo de tratamientos que recibiría, justificando de manera genérica los motivos de sus viajes, pues indica haber acudido a "tratamientos alternativos y especializados para aliviar el dolor (…) terapias alternativas", sin indicar de manera concreta el tratamiento al que alude. Más aún, señala que habría ido a "comprar productos naturales y medicinas tradicionales como ungüentos, hierbas medicinales, suplementos a base de plantas que ayudan a aliviar el dolor", motivo que no resulta justificable en tanto dichos productos resultan de fácil acceso en la ciudad de Arica. Que, en este sentido, se constatan reiteradas salidas del país sin justificación por parte de doña nombre reservado…." Lo anterior, según lo concluido en el sumario, implicaría una infracción al deber establecido, según el TÍTULO III, de las obligaciones funcionarias, Párrafo 1°, Art. 5°, 2 de la Ley N° 18.834, que dice relación con que serán obligaciones de cada funcionario: "Observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo".

Asimismo se citó Decreto Supremo N° 3, de Salud, de 1984 REGLAMENTO DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS POR LAS COMPIN E INSTITUCIONES DE SALUD PREVISIONAL, que dispone: Artículo 55°: "Corresponderá el rechazo o invalidación de la licencia médica ya concedida, en su caso, sin perjuicio de la denuncia de los hechos a la Justicia Ordinaria si procediere, cuando el trabajador incurra en alguna de las siguientes infracciones: Incumplimiento del reposo indicado en la licencia; no se considerará incumplimiento la asistencia del trabajador a tratamientos ambulatorios prescritos por el profesional que extendió la licencia, situación que deberá ser comprobada.

Se dejó constancia como atenuantes de responsabilidad de las inculpadas, las calificaciones presentadas en los últimos períodos, que darían cuenta del adecuado ejercicio de su cargo.

Teniendo presente que las medidas disciplinarias se aplicarán tomando en cuenta la gravedad de la falta cometida y las circunstancias atenuantes o agravantes que arroje el mérito de los antecedentes, como son la reiteración de la conducta, dolo o culpa, el perjuicio causado, así como su hoja de vida, elementos expuestos con anterioridad en cada caso particular, la Fiscalía propuso a la Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Región de Arica y Parinacota, Sra. nombre reservado, salvo su superior resolución, se aplique en el presente sumario administrativo las siguientes medidas disciplinarias: "La medida disciplinaria de suspensión del empleo contemplada en el artículo N° 121, letra A del D.F.L N° 29, del 16 de junio de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo a doña nombre reservado, RUN RUT reservado, estamento técnico, a contrata, grado 20 de la E.U.S, consiste en la privación temporal del empleo con goce de un 50% de las remuneraciones y sin poder hacer uso de los derechos y prerrogativas inherentes al cargo. Se deja constancia de ella en la hoja de vida del funcionario mediante una anotación de demérito de 6 puntos en el factor de calificación correspondiente." Explica que mediante Resolución Exenta N° 015/528, de fecha 27 de mayo 2025, de la Vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI, se aprueba el sumario administrativo instruido mediante resolución exenta N° 015/820 de fecha 30 de diciembre del año 2024 y aplica medida disciplinaria de destitución a la recurrente.

Destaca que la resolución indica en su considerando 10°, segundo párrafo en adelante: "Que, el mal uso de licencias médicas constituye una conducta especialmente grave, por cuanto vulnera directamente los principios de probidad administrativa y buena fe, al simular o distorsionar un estado de salud que justifica la inasistencia al trabajo, con el propósito de obtener un beneficio personal indebido. Tal actuar implica no solo un incumplimiento de los deberes funcionarios, sino una afectación a la confianza legítima que la administración deposita en sus servidores públicos. Al respecto la Contraloría General de la República, en su dictamen N° 42.372, de 2010, "ha precisado que el principio de probidad administrativa alcanza a todas las actividades que un funcionario realiza en el ejercicio de su empleo, teniendo, incluso, por aplicación de tal principio, el deber de observar una vida privada acorde con la dignidad de la función, en tanto pudiere significar, entre otros efectos, desprestigio del servicio o transgredir la lealtad debida a sus jefaturas, a sus compañeros y a la comunidad", como ocurrió en estos casos.

La Contraloría General de la República ha sido constante en sostener que este tipo de conductas configura una transgresión al deber de probidad consagrado en el artículo 52 de la Ley N° 18.575 y en el artículo 61 letra a) del Estatuto Administrativo, y que su gravedad puede justificar la aplicación de la sanción de destitución, conforme al artículo 125 letra b) del mismo cuerpo normativo, al tratarse de una falta que atenta contra los principios esenciales del servicio público (Dictamen 60.701 del año 2012).

Atendido lo anterior, y considerando además la reiteración de conducta, más el perjuicio institucional, se estimó que las sanciones originalmente propuestas resultan desproporcionadas frente a la gravedad de los hechos, siendo procedente la aplicación de la sanción de destitución, por configurarse una infracción grave al principio de probidad administrativa".

Indica que, en contra de la referida resolución, dedujo recurso de reposición interpuesto, en el cual indicó: "Desde agosto del año 2023 empezó a enfrentar un deterioro significativo en su salud, siendo diagnosticada con epicondilitis de codo derecho a través de una resonancia magnética que se realizó por orden de la fisiatra Dra. nombre reservado. A medida que pasaban los meses se fue agudizando la enfermedad, aumentando los dolores pasando a ser crónicos, los que fueron afectando tanto su capacidad funcional como su estabilidad emocional.

Cuenta que acudió al Dr. nombre reservado, médico de medicina general que le otorgó una licencia por el mismo motivo, ya que presentaba dolor con hinchazón de antebrazo y mano, pérdida de fuerza muscular, acudiendo a ese médico hasta lograr conseguir hora con un traumatólogo que le observara la dolencia y para que diera un diagnóstico y seguir un tratamiento para su epicondilitis de codo derecho, logrando encontrar hora con la traumatóloga Dra. Alexa Marcholz que le da una orden para una ecotomografía de codo derecho e izquierdo dando como resultado epicondilitis bilateral aguda, con predominio en codo derecho y además ya tenía sus dolores agudizados en todo el cuerpo, la cual le indica que debe realizar sesiones kinésicas.

Cuenta que acude a las terapias con la kinesióloga nombre reservado, pero esta solo pudo realizar una sesión porque no logró tolerar ningún tipo de agente físico, ni frío ni calor, ni electroterapia, ni masoterapia, por lo cual ella la deriva inmediatamente con la misma traumatóloga para controlar una patología de base que tiene del 2008 que es fibromialgia, para poder realizar un tratamiento de acuerdo a esa patología, la que la deriva a la fisiatra Dra. nombre reservado, la cual la atiende en abril del 2024 y le entrega un nuevo diagnóstico además de la epicondilitis de codo derecho que ya tenía, una fibromialgia totalmente descompensada.

Expuso en el sumario que, producto de todo esto que estaba viviendo día a día sin saber qué le pasaba, realizó un breve viaje que no toma más de 40 minutos de Arica a la ciudad de Tacna para buscar otros médicos y alternativas de tratamiento, ya que en Tacna las horas médicas son más accesibles a diferencia de Arica, las atenciones son inmediatas y además de bajo costo.

Después de acudir a varias sesiones con la fisioterapeuta y quiropráctico para tratar los dolores generalizados producto de la fibromialgia y la epicondilitis, se realiza la cirugía el 02 de agosto en el Hospital Juan Noé Crevani de Arica por esta última dolencia, la realizan los Dres. Traumatólogos nombre reservado y nombre reservado, la cual de a poco con sus sesiones de kinesioterapia, vuelve a recuperar su fuerza del brazo y pudiendo darle funcionalidad al codo, retomando su vida normal sin dolores.

Indica que desde que le informaron de los rechazos de sus licencias médicas, asumió el pago correspondiente a los días observados, lo cual quedó respaldado en las liquidaciones, comprobantes, correos recibidos por la Sra. nombre reservado, donde informa dichos descuentos que adjuntó. Refiere que esta conducta no solo da cuenta de su disposición a enmendar errores, sino también de su respeto a la normativa institucional. Acompañó a la mencionada reposición, diversa documentación, como el Informe de resonancia magnética de codo derecho; Informe de ecotomografía de ambos codos; Informes de médicos que diagnosticaron la epicondilitis de codo derecho y la fibromialgia; Epicrisis de cirugía de codo derecho del Hospital Juan Noé Crevani; Informes kinésicos; Liquidaciones con los descuentos por las licencias médicas por salir a la ciudad de Tacna desde Arica; Fotos de mano y codo derecho inflamado por el diagnóstico de la epicondilitis; Constancia de salud de atención en Tacna de médico general Dra. Génesis Rúgeles; Constancia de salud del Centro de Salud y Rehabilitación DALU de Tacna por la atención de la fisioterapeuta y quiropráctico Lucero Tupaca y Certificado odontológico de Odonto Ríe, de la cirujano dentista Dra. nombre reservado.

Cuenta que con fecha 30 de junio de 2025 se le notifica la Resolución Exenta N° 110790/716/ de fecha 24 de junio de 2025, se le comunicó el rechazo definitivo de su recurso, el cual señala que sin desconocer su actuar, la autoridad señala que los hechos son constitutivos de faltas a la probidad, según lo dispuesto por dictamen N° 53223 del año 2012 de la CGR, en lo que atañe a la falta de ponderación de las circunstancias atenuantes que invoca, ya que tal como lo ha sostenido la Contraloría Nos 49.465, de 2006, 47.412, de 2007 y 5.212, de 2009, que al estar asignada por la ley una sanción específica respecto de quienes incurren en infracciones graves al principio de probidad administrativa como ocurre en la especie, la jefatura que ejerce la potestad disciplinaria, se encuentra en el imperativo de disponerla sin que pueda aplicar otra medida correctiva, ni analizar las circunstancias que, eventualmente pudieran aminorar la responsabilidad funcionaria de aquéllos. Por cuanto la funcionaria realizó salidas del país de manera reiterada en las fechas 18 de agosto del año 2023, 07 de marzo del año 2024, 12 de marzo del año 2024, 15-03-24, 01-04-24, 02-05-24 y 28-05-24 mientras se encontraba haciendo uso de licencias médicas de folios 2 61826797, 3 99684975, 3 99886797, 3 100117331, 3 100641979, 2 60226414, 4 18179385 debido a enfermedad o accidente común y en la que se consigna reposo total, por lo cual, queda absolutamente demostrada la falta de probidad administrativa. A mayor abundamiento, señala que en los casos de salidas del país encontrándose con licencia médica para tratamientos que tengan que ver con su condición de salud, fuera del país estas deben ser previamente solicitadas por el médico en territorio chileno y abordadas por la entidad de salud, cuestión que no fue cumplida por la recurrente.

En cuanto a la existencia de actos arbitrarios e ilegales, habla la recurrente de un fundamento erróneo de la sanción, ya que la Resolución Exenta N° 015/528, de fecha 27 de mayo 2025 y la Resolución Exenta N° 110790/716/ de fecha 24 de junio de 2025, ambas fundan la falta grave a la probidad en "el mal uso de licencias médicas constituye una conducta especialmente grave, por cuanto vulnera directamente los principios de probidad administrativa y buena fe, al simular o distorsionar un estado de salud que justifica la inasistencia al trabajo, con el propósito de obtener un beneficio personal indebido" y "Por cuanto la funcionaria realizó salidas del país de manera reiterada en las fechas 18 de agosto del año 2023, 07 de marzo del año 2024, 12 de marzo del año 2021 15-03-24, 01-04-24, 02-05-24 y 28-05-24 mientras se encontraba haciendo uso de licencias médicas", es decir, la sanción se funda en haber infringido un reposo.

A su turno, explica que el Decreto Supremo N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, que "Aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional" indica en el artículo 55 del referido Decreto Supremo que "Corresponderá el rechazo o invalidación de la licencia médica ya concedida, en su caso, sin perjuicio de la denuncia de los hechos a la Justicia Ordinaria si procediere, cuando el trabajador incurra en alguna de las siguientes infracciones: Incumplimiento del reposo indicado en la licencia; no se considerará incumplimiento la asistencia del trabajador a tratamientos ambulatorios prescritos por el profesional que extendió la licencia, situación que deberá ser comprobada; la realización de trabajos remunerados o no durante el período de reposo dispuesto en la licencia; la falsificación o adulteración de la licencia médica; la entrega de antecedentes clínicos falsos o la simulación de enfermedad por parte del trabajador debidamente comprobada.

Explica que en estos casos el trabajador deberá devolver la remuneración o subsidios indebidamente percibidos, para lo cual la entidad pagadora del subsidio lo comunicará al empleador para los fines estatutarios o laborales a que haya lugar.

Expresa que en el caso de autos, se rechazaron las licencias médicas de la recurrente por infracción al artículo 55 letra a) del DS 3 esto es "Incumplimiento del reposo" por haber salido a Tacna los días 18 de agosto del año 2023 (licencia médica folio 2-61826797 por 15 días a contar del 05/08/2023 al 18/08/2023), 07 de marzo del año 2024 (licencia médica IMED 3-99684975 por 7 días a contar del 01/03/2024 al 07/03/2024), 12 de marzo del año 2024 (licencia médica IMED 3-99886797 por 07 días a contar del 08/03/2024 al 14/03/2024), 15 de marzo de 2024 (licencia médica IMED 3-100117331 por 14 días a contar del 15/03/2024 al 28/03/2024), 01 de abril de 2024 (licencia médica IMED 3-100641979 por 14 días a contar del 01/04/2024 al 14/04/2024), 02 de mayo de 2024 (licencia médica 2-60226414 por 15 días a contar del 29/04/2024 al 13/05/2024) y 28 de mayo de 2024 (licencia médica IMED 4-18179385 por 15 días a contar del 14/05/2024 al 28/05/2024).

Refiere la accionante que, por desconocimiento, no apeló a los rechazos y debió restituir los dineros pagados a JUNJI, los que fueron debidamente descontados de sus remuneraciones.

Indica que las licencias médicas fueron rechazadas no invalidadas, por cuanto se mantiene con plena eficacia el antecedente médico administrativo que justifica su ausencia.

Explica que se realizó la denuncia al Ministerio Público y se investigaron los hechos en sede penal causa RIT 1430-2025 Juzgado de Garantía de Arica y con fecha 20 de febrero de 2025 se indica en la resolución que se adjunta "Atendida la presentación del fiscal adjunto en orden a no iniciar investigación en los hechos denunciados; teniendo presente que no se ha producido intervención del Juez de Garantía y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 del Código Procesal Penal y 1° del Código Penal, se APRUEBA la decisión del Ministerio Público de abstenerse de toda investigación por no ser constitutivos de delito los hechos sobre los que recae la denuncia." Precisa que el no cumplimiento de reposo no es un hecho constitutivo de delito, haciendo presente que existe una distinción entre la facultad entregada a los organismos de salud pertinentes para investigar una transgresión a las normas legales y reglamentarias que rigen el uso, otorgamiento y autorización de las licencias médicas, para los fines de rechazar o invalidar tales beneficios, y obtener la devolución de los subsidios indebidamente percibidos y, por otra, la atribución de los órganos de la Administración para establecer y sancionar la responsabilidad administrativa de sus funcionarios por los mismos hechos.

Alega asimismo la incompetencia de JUNJI para determinar mal uso de licencias médicas, ya que la sanción se fundamenta en el mal uso de las licencias médicas, aspecto que no le compete determinar a JUNJI (aplica criterio contenido en los dictámenes Nos. 13.805, de 2009 y 60.701, de 2012, de esta procedencia).

Comenta que la autoridad se encuentra obligada a aplicar la medida de destitución, cuando una ley expresa tipifica una determinada conducta con dicha sanción, como ocurre por ejemplo, con las letras a), b), c), d) y f) del artículo 125 de la Ley N° 18.834, esto es, solo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, como es el caso de aquellas conductas descritas en el artículo 62 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Las letras a), b), c), d) y f) del artículo 125 de la Ley N° 18.834 señalan: "La destitución es la decisión de la autoridad facultada para hacer el nombramiento de poner término a los servicios de un funcionario. La medida disciplinaria de destitución procederá sólo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, y en los siguientes casos: Ausentarse de la institución por más de tres días consecutivos, sin causa justificada; Infringir las disposiciones de las letras i), j), k), l) y m) del artículo 84; Condena por crimen o simple delito, y Efectuar denuncias de irregularidades o de faltas al principio a la probidad de las que haya afirmado tener conocimiento sin fundamento y respecto de las cuales se constatare su falsedad o el ánimo deliberado de perjudicar al denunciado; ejecutar acciones de hostigamiento en contra de cualquier persona que efectúe una denuncia de acuerdo a lo previsto en la ley, o declare como testigo en una investigación administrativa o ante la justicia, afectando su indemnidad o estabilidad en el empleo, su vida o integridad, su libertad o su patrimonio, o que produzca la misma afectación respecto de un miembro de su familia; y, en los demás casos contemplados en este Estatuto o leyes especiales".

De esta forma, y sin perjuicio que las causales de destitución son taxativas, se hace necesario señalar que las resoluciones impugnadas que disponen la destitución no fueron dictadas conforme a derecho.

En el acápite referido a los vicios de las resoluciones impugnadas, indica que dichas resoluciones contienen una decisión dictada por el Director del Hospital, lo cual conforme al artículo 3 de la Ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, constituye un acto administrativo y como tal, debe cumplir con los requisitos del acto, especialmente con la debida fundamentación del acto administrativo según lo establece el propio artículo 11 inciso 2° y artículo 41 inciso 4° de la Ley N° 19.880.

Añade que, del tenor de las resoluciones impugnadas, la orden de destitución no se condice con la tipificación contenida en el artículo 125 de la Ley N° 18.834, toda vez que para que se configure la causal de destitución, se requiere que los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa o se verifiquen conductas señaladas en las letras a), b), c), d), e) o f) del ya referido artículo 125 de la Ley 18.834.

De esta forma, en los hechos de autos, no se configura la causal de destitución, toda vez que no se determina la existencia de una infracción indicada en el artículo 125 en sus distintas letras, y no se indica por qué existe una vulneración grave al principio de probidad, citando fallos de la Excma. Corte Suprema en causa Rol N° 832-2022, en tal sentido.

Aduce que, en el presente caso, existe una vulneración de los principios de legalidad, reserva legal y tipicidad, citando asimismo los artículos sexto y séptimo de la Constitución, aludiendo asimismo que el artículo 52 inciso 2° de la Ley N° 18.575, refiere que "El principio de la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular", tipificando el artículo 62 del cuerpo normativo en comento, qué conductas contravienen especialmente el principio de probidad administrativa, dentro de las cuales, no se encuentra el incumplimiento de reposo médico.

Argumenta que es claro que JUNJI no cumplió con los principios de reserva legal y de tipicidad, cuyo sustrato se encuentra en el artículo 19 N° 3 inciso 7° de nuestra Constitución, aplicable en sede administrativa, el cual considera que tanto las conductas objeto de reproche funcionario como sus correlativas sanciones, deben haber sido materia de regulación por el poder legislativo.

Implica que la sanción disciplinaria de destitución se encuentra consagrada en el artículo 125 del Estatuto Administrativo, pero la conducta atribuible a la funcionaria y sobre la cual se construye la sanción impuesta, esto es, realizar salidas del país de manera reiterada en las fechas 18 de agosto del año 2023, 07 de marzo del año 2024, 12 de marzo del año 2024, 15-03-24, 01-04-24, 02-05-24 y 28-05-24, mientras se encontraba haciendo uso de licencias médicas, no se encuentra dentro de las descritas por el legislador en el artículo 62 de la Ley N° 18.575, mismas que relacionadas con el artículo 52 inciso 2° del mismo cuerpo normativo, exigen que la infracción al deber de probidad administrativa, se verifique en el ejercicio de sus funciones, presupuesto fáctico éste último que no se consulta en la especie, desde que el reposo prescrito por la o las licencias médicas extendidas a la recurrente, resultan del todo incompatible con el ejercicio o cumplimiento contemporáneo o coetáneo de las labores para las cuales se adscribió a la Administración, no constituyendo los hechos materia de los cargos formulados la infracción que se le imputa a la funcionaria. Lo anterior ha sido resuelto por la ICA de Talca en Sentencia Rol N° 1419-2024, respecto de la cual, cita los considerandos pertinentes.

En cuanto a la proporcionalidad de la sanción, refiere que la autoridad administrativa debía ponderar la existencia de otros factores que mitiguen o excluyan la responsabilidad, lo cual es una vulneración flagrante a la garantía de igualdad ante la ley.

Comenta que debió considerarse entonces, la irreprochable conducta anterior, que nunca fue objeto de algún proceso disciplinario, que sus salidas a Tacna fueron por razones médicas.

Analiza la recurrente que no toda falta a la probidad, da lugar a la destitución, tal como lo señala la norma, sino que ésta debe ser grave, pues exige el legislador un elemento esencial de ponderación, esto es, la gravedad.

Alude a que, en el presente caso, no se acreditó ni se razonó en el caso concreto por qué se determina que existe una infracción grave al principio de probidad, siendo la sanción impuesta de destitución, desproporcionada e ilegal, contraria al literal del artículo 125 de la ley 18.834.

Indica que en la especie se han vulnerado derechos constitucionales, afectaciones que hacen procedente la acción de protección interpuesta, con arreglo a lo establecido por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, citando el Derecho de igualdad ante la ley en la aplicación del derecho al debido proceso, como asimismo del derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de nuestra carta fundamental, por lo que solicita se acoja la acción constitucional, sirviéndose adoptar todas las medidas necesarias que estime concurrentes para el restablecimiento del imperio del derecho y las garantías fundamentales vulneradas, especialmente, disponiendo que se deje sin efecto la sanción de destitución aplicada por Resolución Exenta RA N° 110790/716/2025 de fecha 24 de junio de 2025, Resolución Exenta N° 015/528, de fecha 27 de mayo 2025, disponiendo su absolución o una sanción administrativa proporcional. En conjunto a lo anterior, se ordene la reincorporación de la funcionaria y efectuar el pago de las remuneraciones no percibidas desde que se le aplica la destitución hasta su efectiva reincorporación, con costas o las medidas que se estime necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, a su turno, MARTINA ISIDORA ROA MERINO, abogada, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, en representación de la denunciada JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, Corporación Autónoma, representada legalmente por su Vicepresidenta Ejecutiva, doña nombre reservado, todas domiciliadas para estos efectos en domicilio reservado, evacúa informe, solicitando desde ya su completo rechazo.

En una cuestión previa, la informante plantea la improcedencia de la acción de protección, ya que esta no es la vía idónea para reclamar sobre la materia expuesta por la recurrente. Esto, en atención a que las resoluciones impugnadas devienen de un proceso sancionatorio administrativo, reglado jurídicamente en el Título V del Estatuto Administrativo, Ley N°18.834, el cual fue seguido a cabalidad por parte de este Servicio para fundamentar y llegar a la decisión adoptada.

Comenta que la medida disciplinaria de destitución, se adopta conforme a las facultades de la autoridad administrativa, conferidas en el artículo 125 y en la letra d) del artículo 146 de la ley N°18.834, ya que todos los funcionarios públicos se encuentran sometidos a la responsabilidad administrativa, de acuerdo con lo establecido en los artículos 119 y siguientes del Estatuto Administrativo.

Afirma que el proceso adecuado para reclamar sobre una decisión determinada por un organismo de la Administración del Estado que se considera vulneratoria, es el recurso de reclamación estipulado en el artículo 160 de la Ley N°18.834, que prescribe: "los funcionarios tendrán derecho a reclamar ante la Contraloría General de la República, cuando se hubieren producido vicios de legalidad que afectaren los derechos que les confiere el presente Estatuto. Para este efecto, los funcionarios tendrán un plazo de diez días hábiles, contado desde que tuvieren conocimiento de la situación, resolución o actuación que dio lugar al vicio de que se reclama".

Hace presente que la Contraloría General de la República ha entendido que es aplicable esta reclamación en contra de los sumarios afinados, es decir, aquellos en que ya se hayan resuelto los recursos que proceden de acuerdo con el artículo 141 del Estatuto Administrativo.

En ese sentido, el órgano competente para conocer del asunto y, en particular, del mérito y fundamento de las resoluciones impugnadas es la Contraloría General de la República que, de acuerdo con el artículo 6° de la Ley N°10.336, establece que "corresponderá exclusivamente al Contralor informar sobre derecho a sueldos, gratificaciones, asignaciones, desahucios, pensiones de retiro, jubilaciones, montepíos y, en general, sobre los asuntos que se relacionen con el Estatuto Administrativo, y con el funcionamiento de los Servicios Públicos sometidos a su fiscalización, para los efectos de la correcta aplicación de las leyes y reglamentos que los rigen".

Así, se ha establecido en nuestro ordenamiento jurídico las herramientas jurídicas y medios de impugnación respecto de la legalidad de las decisiones administrativas como las que plantea la recurrente por medio de este proceso, que han de ser conocidas por el órgano competente señalado.

Dichas herramientas otorgadas por el legislador a los funcionarios públicos para reclamar de la ilegalidad de un acto administrativo relacionado a materias planteadas en el Estatuto Administrativo no han sido utilizadas por la señora nombre reservado dentro del plazo establecido –10 días hábiles–, extendiendo equívocamente tal reclamación ante esta sede, la que, como se señaló, no es procedente.

Refiere que la accionante solicita por medio del recurso de protección, que se pronuncie sobre la legalidad de los actos y, con ello, evidentemente está solicitando a esta Ilustrísima Corte, que se haga cargo de los fundamentos establecidos en el mérito del proceso administrativo. Sin embargo, tal como ha establecido la jurisprudencia, el recurso de protección no está destinado a revisar el fondo del proceso administrativo, tal como se señaló en la sentencia rol 2.177-2022.

Recuerda que el recurso de protección es una medida cautelar o de tutela, que permite asegurar la protección de los derechos sin necesidad de esperar el desarrollo de un juicio, que son de carácter excepcional debido a su carácter de urgencia que permite una cierta flexibilidad procesal.

Así, la pretensión de la señora nombre reservado es, en realidad, de aquellas materias de lato conocimiento, que han de ser conocidas a través de una acción de nulidad de derecho público, debido a que se pretende con ésta la invalidación de acto administrativo. Si bien no existe una regulación en particular de la nulidad de derecho público, esta acción ha sido construida doctrinal y jurisprudencialmente, siendo considerada como una sanción establecida por la Constitución para aquellos actos administrativos dictados en su contravención.

Reitera que no se ha emitido por el servicio un acto ilegal o arbitrario, siendo necesario establecer la cronología del sumario administrativo que da origen a las resoluciones recurridas por la señora nombre reservado y a la sanción administrativa de destitución.

Así, cuenta que por medio de Resolución Exenta N°015/820 de fecha 30 de diciembre de 2024, la Dirección Regional de Arica y Parinacota de JUNJI, dispone la instrucción de iniciar sumario en contra de, en ese entonces, ocho funcionarias de la dirección regional, entre las cuales se encontraba la señora nombre reservado. Lo anterior se dispone en observancia del Oficio Ordinario N°1013 de fecha 19 de noviembre de 2024 de la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud de la Región, la que informó a este Servicio de antecedentes de denuncia de hechos constitutivos de delito por mal uso de licencia médica de ocho funcionarias.

Añade que, instruido el sumario, con fecha 03 de enero del presente se constituyó la fiscalía a cargo del proceso, la que realizó diversas acciones a fin de esclarecer los hechos que dan origen al proceso sumarial, de acuerdo con lo establecido en los artículos 135 y siguientes de la Ley N°18.834.

Dentro de los antecedentes que dan origen a la denuncia y de la carpeta investigativa a foja 37, se encuentra oficio ordinario A-6313 de fecha 15 de noviembre de 2024 del coordinador administrativo COMPIN, en el cual se comunica a la señora nombre reservado, el rechazo de siete de sus licencias médicas, por haber incumplido su reposo, infringiendo lo establecido en el artículo 55 del Decreto Supremo N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, que "Aprueba reglamento de autorización de licencias médicas por las COMPIN e instituciones de salud previsional", refiriendo que dicho oficio fue remitido a JUNJI.

Consta que con fecha 07 de enero de 2025, a foja 77, se notificó a la señora nombre reservado de la instrucción del proceso administrativo seguido en su contra, por una eventual infracción al principio de probidad administrativa por utilización incorrecta del reposo médico.

Luego, consta entre fojas 114 a 117 la declaración de la señora nombre reservado, remitida por correo electrónico a la fiscal del proceso sumarial. En esa instancia se realizan preguntas de parte de la fiscalía en relación con los viajes realizados al extranjero encontrándose con licencia médica, las que fueron completadas de puño y letra por la exfuncionaria.

Con fecha 25 de febrero del presente se realiza el cierre de la investigación.

Con fecha 03 de marzo de 2025 se realiza la formulación de cargos a la señora nombre reservado, estableciendo que, con las conductas individualizadas, interrupción del reposo, se ha infringido las obligaciones funcionarias del artículo 5° de la ley N°18.834 y el artículo 55 del Decreto Supremo N°3. Los cargos fueron notificados a la señora nombre reservado con fecha 03 de marzo de 2025.

Consta en la Resolución Exenta N°015/528 en su considerando 4° letra B) los cargos formulados a la recurrente, por haber salido en varias ocasiones del país encontrándose con licencia médica, lo que se traduce en la infracción de las obligaciones funcionarias de la ley N°18.834, en particular el principio de probidad, y el artículo 55 del Decreto Supremo N°3 por el incumplimiento del reposo, motivo por el cual, la autoridad determinó la sanción de destitución.

Asimismo, en la mencionada resolución en su considerando 6° letra d) consta que la señora nombre reservado realizó sus descargos en tiempo y forma, los que fueron analizados y tenidos a la vista al tiempo de elaborarse la vista fiscal.

Todas las diligencias realizadas durante la investigación se encuentran descritas detalladamente en el considerando 3° de la Resolución Exenta N°015/528 de fecha 27 de mayo de 2025, en que se aprueba sumario administrativo, entre las cuales se especifican aquellas relacionadas con la señora nombre reservado, a saber: recepción de oficio de COMPIN que rechaza siete licencias médicas de la señora nombre reservado (N°16); la toma de declaración de la señora nombre reservado de fecha 20 de enero de 2025 (N°34), entre otros antecedentes y acciones realizadas por la fiscalía para el desarrollo de la investigación.

En contra de la resolución que determina la destitución, con fecha 05 de junio, la señora nombre reservado presentó recurso de reposición indicando, someramente, que su actuar no fue con la intención de vulnerar el principio de probidad ni causar daño, sino que su actuar equivocado desde el punto de vista administrativo obedeció a su salud física y emocional que atravesaba un momento complejo. Por lo anterior, solicita se reconsidere la sanción adoptada y que se evalúe aplicar una medida menos extrema y más proporcional en atención a su historial como funcionaria y los antecedentes de hecho aportados.

El recurso antes interpuesto fue resuelto por medio de resolución exenta RA N°110790/716/2025 de fecha 24 de junio de 2025 que, en su considerando 9° letra b), se hace cargo de los argumentos esgrimidos por la señora nombre reservado en su recurso, indicando, resumidamente, que la ley asigna una sanción específica a la infracción del principio de probidad, sin que la autoridad pueda aplicar otra medida correctiva. Sumado a ello, se indica que los funcionarios que se encuentren con licencia médica y deban realizarse tratamientos fuera del país, deben ser solicitados previamente por un médico en el territorio chileno, cuestión que no fue cumplida por la recurrente.

Concluye de esta forma, que el sumario administrativo cumplió con todas las etapas y condiciones procesales administrativas determinadas en la Ley N°18.834, habiéndose notificado a la recurrente de cada una de las instancias en que debía ejercer su derecho a defensa, garantizándose su derecho a ser oída, a través de su declaración, sus descargos y de su recurso de reposición.

Argumenta que la jurisprudencia administrativa ha concluido que son trámites esenciales de un sumario administrativo, aquellos cuya omisión implica privación de la facultad que tiene el afectado de defenderse oportunamente, como ocurre con la citación a prestar declaración del inculpado, la formulación de cargos concretos y la notificación legal, ya sea de los cargos o de la sanción que se pretende aplicar. Así las cosas y de acuerdo con los antecedentes ya referidos, no se configura infracción alguna al principio del debido proceso del artículo 19 N° 3 de la Constitución Política invocado por la recurrente.

Además, cabe hacer presente que su representada habría ponderado la prueba presentada en el transcurso del sumario por la señora nombre reservado, lo que se deja de manifiesto con lo relatado en este acápite y con los documentos que se adjuntan. Con esto, queda acreditada la infracción señalada en el sumario administrativo y sumado a que los desplazamientos fuera del país no fueron autorizados por el médico tratante de la enfermedad de base señalada por la recurrente.

En ese tenor, en ambas resoluciones impugnadas, en sus diversos considerandos, logran hacerse cargo de las alegaciones de la actora. En el caso de la Resolución Exenta N°015/528, el considerando 4° letra b) se remite a los cargos formulados con relación a la declaración de la exfuncionaria y, por su parte, la Resolución Exenta RA N°110790/716/2025, se remite al recurso de reposición presentado por la recurrente en el considerando 9° letra b), dando las razones de su rechazo. El hecho de que la ponderación realizada por la administración no sea la esperada por la señora nombre reservado, no es óbice a que no se haya realizado el análisis requerido por ley para entender por fundamentado un acto administrativo.

Respecto a la supuesta infracción al principio de proporcionalidad que se atribuye a la sanción determinada, debe tenerse en consideración que lo que se ha acreditado a través del sumario administrativo, es que la señora nombre reservado ha incurrido en una falta a la probidad, desobedeciendo lo señalado en el artículo 61 letra g) de la Ley N°18.834. Así y en concordancia con el inciso segundo del artículo 125 del mismo cuerpo legal que establece "la medida disciplinaria de destitución procederá sólo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa", no se aprecia cuál sería la falta de proporcionalidad en la sanción aplicada.

Asimismo, es dable tener en consideración que la Ley N°19.653 sobre Probidad Administrativa aplicable a los Órganos de la Administración del Estado, no establece límites ni parámetros específicos para determinar cuándo una infracción a la probidad administrativa se considera grave. Inclusive, la Contraloría General de la República ha señalado que "la gravedad de la infracción al principio de probidad puede advertirse o desprenderse no solo de la formulación de cargos, sino que, de las probanzas rendidas o aportadas, del desarrollo de la vista fiscal, así como de la resolución exenta que impone la medida", desprendiéndose que la observancia de la gravedad de la conducta se deviene de los antecedentes del sumario y de la facultad de aplicar la sanción cuando así se estime, según el inciso primero del artículo 125 de la ley 18.834: "La destitución es la decisión de la autoridad facultada para hacer el nombramiento de poner término a los servicios de un funcionario".

Sobre el particular, cabe recordar que Contraloría General, en su dictamen N° 42.372, de 2010, ha precisado que el principio de probidad administrativa alcanza a todas las actividades que un funcionario realiza en el ejercicio de su empleo, teniendo, incluso, por aplicación de tal principio, el deber de observar una vida privada acorde con la dignidad de la función, en tanto pudiere significar, entre otros efectos, desprestigio del servicio o transgredir la lealtad debida a sus jefaturas, a sus compañeros y a la comunidad, tal como sucedió en este caso.

Con todo, es muy importante hacer presente que al estar asignada por la ley una sanción específica respecto de quienes incurren en infracciones graves al principio de probidad administrativa, quien ejerce la potestad disciplinaria se encuentra en el imperativo de disponerla, sin que pueda aplicar otra medida correctiva, ni analizar las circunstancias que eventualmente, podrían aminorar la responsabilidad funcionaria de aquellos (aplica criterio contenido en los dictámenes Nos 53.223, de 2012, y 13.576, de 2013, de la Contraloría General de la República).

Por lo expuesto, no se vislumbra la supuesta ilegalidad o arbitrariedad respecto de los actos recurridos, ya que éstos surgen de un procedimiento administrativo que se ha ajustado a las normas legales y reglamentarias vigentes, respetando el debido proceso.

Sin perjuicio de lo señalado en el acápite anterior, particularmente el hecho de que JUNJI ha actuado conforme a derecho al tiempo de aplicar la sanción de destitución a la señora nombre reservado, es menester hacer presente el hecho de que las licencias médicas que indicaban el reposo de la recurrente fueron también rechazadas por la COMPIN. Así, consta en la carpeta investigativa, Ordinario N°A-6313 de fecha 15 de noviembre de 2024, a fojas 37, en que se establece el rechazo de siete licencias médicas por haberse infringido el artículo 55° del Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud, esto es, incumplimiento del reposo.

En efecto, fue el organismo competente quien rechazó las licencias médicas de la señora nombre reservado, por no haberse cumplido el reposo exigido por el artículo 55 del DS N°3, lo que fue oportunamente informado a esta institución y que sirvió de base para iniciar el proceso administrativo disciplinario. Además, es relevante señalar que la actora no acreditó que la interrupción de reposo se debió a tratamientos ambulatorios prescritos por el profesional tratante que extendió la licencia médica, situación que debe ser comprobada.

En la misma sintonía, la Contraloría General de la República, en su Dictamen 060701N12, señaló que: "es dable manifestar que, efectivamente, conforme a lo previsto en el artículo 52 del decreto N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, reglamento de Autorización de Licencias Médicas, corresponde a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez respectiva -en adelante la COMPIN-, y a las Instituciones de Salud Previsional -ISAPRE-, investigar las denuncias que se les presenten, entre otras materias, acerca del uso indebido de licencias médicas, además de las inspecciones que de oficio puedan ordenar con la misma finalidad y que, según lo preceptuado en el artículo 55, letra a), del mismo ordenamiento, les corresponde también determinar el rechazo o invalidación de una ya concedida, sin perjuicio de la denuncia de los hechos a la Justicia Ordinaria, si procediere, cuando el trabajador incurra en el incumplimiento del reposo.", para concluir indicando que: "Además, el artículo 50 del aludido texto reglamentario prescribe, en síntesis, y en lo que importa destacar, que si se constata una infracción a normas legales y reglamentarias que rijan el uso de licencias médicas, la COMPIN, o en su caso, la ISAPRE, deberán dar cuenta al empleador, para que éste haga efectiva la responsabilidad administrativa que pudiere encontrarse comprometida si se tratare de trabajadores del sector público." Explica, además, fue la misma COMPIN la que advirtió a este Servicio la falta cometida por la exfuncionaria a través de Ordinario N°1013 de fecha 19 de noviembre de 2024, cuestión que se reafirmó con el proceso sumarial llevado en su contra. Así, el considerar como uno de los cargos imputados a la actora la infracción del artículo 55 del DS N°3 no es antojadizo ni arbitrario, sino que una afirmación de lo ya dictaminado previamente por el órgano competente para ello.

Finalmente, en este punto es importante relevar el hecho de que la señora nombre reservado no presentó alegaciones en contra de los rechazos de sus licencias médicas, que le fueron oportunamente comunicados, quedando la decisión de parte de la COMPIN firme.

De esta forma, refiere la informante que no existe vulneración del derecho de igualdad ante la ley, toda vez que la sanción de destitución que fue impuesta a la recurrente se basa en un procedimiento legalmente tramitado, con observancia de todas las garantías que la Constitución y la ley aseguran a los funcionarios públicos.

Indica que el derecho de igualdad ante la ley no exige trato idéntico, sino que prohíbe diferencias arbitrarias. La Corte Suprema ha sostenido reiteradamente que las diferencias fundadas en antecedentes objetivos, como la gravedad de los hechos, la reiteración, o el contexto disciplinario, no vulneran esta garantía.

Comenta que la recurrente no demuestra que existan funcionarios en idéntica situación jurídica, con los mismos hechos, antecedentes y circunstancias, que hayan recibido sanciones distintas. La mera alegación de "trato desigual" sin acreditar comparabilidad sustancial es insuficiente.

Indica que, en este caso, la Administración actuó en base a una investigación objetiva, valorando en su mérito las pruebas reunidas, no existiendo ilegalidad ni arbitrariedad respecto de los actos recurridos. La sanción de destitución se aplicó conforme a la ley, específicamente de acuerdo con lo dispuesto en el Título V "de la Responsabilidad Administrativa" en el artículo 125 del Estatuto Administrativo que establecen los deberes funcionarios y las sanciones aplicables.

Añade que el procedimiento fue llevado por autoridad competente, conforme al principio de legalidad y debido proceso, y la resolución está suficientemente motivada, dando cuenta de la infracción, de los antecedentes probatorios y de la justificación de la sanción.

No existe arbitrariedad, ya que la decisión fue racional, fundada y proporcional, habiéndose aplicado una sanción coherente con la gravedad de los hechos, conforme a criterios objetivos y previamente establecidos en la ley.

En atención a todo lo antes expuesto, no existe una vulneración o apremio al derecho establecido en el artículo 19 N°2 de la Constitución, referente a la igualdad ante la ley. Este principio supone que las personas sean tratadas de igual forma por la legislación, administración y jurisdicción, sin embargo, no se percibe cómo las resoluciones impugnadas por la señora nombre reservado, irían en contra de este principio, en especial, por el hecho de que no solo ella fue investigada y sancionada por haberse desplazado fuera del país encontrándose con indicación de reposo médico, sino que todas aquellas exfuncionarias mencionadas en la Resolución Exenta N°015/528.

Respecto a la supuesta vulneración al derecho de propiedad, refiere que tanto la doctrina y la jurisprudencia han reconocido que existe un derecho de propiedad sobre las cosas incorporales o inmateriales, dentro de los cuales podría considerarse el empleo funcionario. Sin embargo, se ha entendido por la doctrina que la permanencia en el empleo público de quien ha accedido a él por los procedimientos legales, en tanto no concurra una causa legal que la extinga, es un derecho consagrado. Así las cosas, tal como ha quedado estipulado en el informe, han concurrido causales que determinan la destitución de la exfuncionaria que fueron indagadas a través de un proceso de investigación administrativa, que concluyó la existencia de una vulneración al principio de probidad.

Si bien, de acuerdo con el Título IV del Estatuto Administrativo, sobre los derechos de los funcionarios, en particular lo señalado por el artículo 89°, los funcionarios tendrán derecho a gozar de estabilidad en el empleo, esto debe conversar con lo indicado en el Título III de este mismo cuerpo legal, donde se contemplan las obligaciones funcionarias. Dentro de las obligaciones funcionarias, se encuentra la de observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, según lo prescrito en el artículo 61 letra g) de la Ley N°18.834. Dable es tener en consideración que este principio también se encuentra establecido a nivel Constitucional y exige, en su artículo 8°, que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones.

Así las cosas, un cargo público no es per se inamovible, sino que existen motivos y causas legales para disponer el cese de cargo, establecidas en el artículo 146 de la Ley N°18.834, que en su letra d) indica la destitución. Como se ha mencionado previamente, según el artículo 125 del Estatuto Administrativo, la destitución es la decisión de la autoridad facultada para hacer el nombramiento de poner término a los servicios, medida que solo procederá cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad.

Si bien, de acuerdo con el Título IV del Estatuto Administrativo sobre los derechos de los funcionarios —en particular lo señalado por el artículo 89°—, los funcionarios tendrán derecho a gozar de estabilidad en el empleo, esto debe concordar con lo indicado en el Título III de este mismo cuerpo legal, donde se contemplan las obligaciones funcionarias.

Dentro de las obligaciones funcionarias, se encuentra la de observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, según lo prescrito en el artículo 61 letra g) de la Ley N°18.834. Es dable tener en consideración que este principio también se encuentra establecido a nivel constitucional y exige, en su artículo 8°, que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones.

Así las cosas, un cargo público no es per se inamovible, sino que existen motivos y causas legales para disponer el cese del cargo, establecidas en el artículo 146 de la Ley N°18.834, que en su letra d) indica la destitución. Como se ha mencionado previamente, según el artículo 125 del Estatuto Administrativo, la destitución es la decisión de la autoridad facultada para hacer el nombramiento de poner término a los servicios, medida que solo procederá cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa.

Por su parte, la Contraloría General de la República indica en su dictamen N°24.460 del año 2018 que nuestro "ordenamiento jurídico reconoce a la Administración del Estado el poder para sancionar las conductas antijurídicas de sus funcionarios, de manera de hacer efectiva la responsabilidad disciplinaria de estos por el incumplimiento de sus obligaciones o prohibiciones" y, luego, agrega que "en todo caso, tal facultad no es discrecional sino que, por el contrario, está especialmente regulada, de manera que ella solo puede ejercerse conforme al mérito que arroje el pertinente sumario o investigación sumaria, procedimiento que contiene todas las instancias que garantizan un debido proceso. Por ello, una vez aplicada una medida disciplinaria, esta solo puede ser modificada o dejada sin efecto conforme a la preceptiva que regula aquella potestad".

Por todo lo antes indicado, no existe una afectación al derecho de propiedad de la señora nombre reservado, ni se le ha impedido su libre ejercicio, toda vez que es la recurrente quien incurrió en conductas que atentan contra el principio de probidad, que corresponde al principio rector del ejercicio de la función pública. Dichas conductas que conllevan faltas a la probidad son las que han habilitado a esta autoridad a instruir un proceso administrativo sancionador, previa y legalmente reglado, para investigar las conductas (salidas del país con licencia médica e interrupción del reposo) y sancionarlas.

No se aprecia cuál sería la conducta arbitraria de parte de este Servicio, cuando se han observado las reglas establecidas para perseguir la responsabilidad administrativa de sus funcionarios, por lo que solicita rechazar en todas sus partes el recurso de protección interpuesto en contra de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, con expresa condenación en costas, en consideración a que no ha existido acto ilegal o arbitrario por parte de la JUNJI ni de su Jefa de Servicio; por el contrario, el acto recurrido se dictó en el marco de un procedimiento sumarial, ajustado estrictamente a las normas vigentes, en particular, al Estatuto Administrativo y a los principios que rigen el procedimiento disciplinario, como el debido proceso y el derecho a defensa del inculpado, no habiéndose vulnerado el derecho de igualdad ante la ley.

TERCERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que, la acción considerada por la recurrente como ilegal y arbitraria corresponde a la dictación de dos resoluciones exentas, ambas emanadas de las recurridas, la primera 015/528 de 27 de mayo de 2025 que le aplica la medida disciplinaria de destitución y la segunda, N° 110790/716/2025 de 24 de junio de 2025 que rechaza el recurso de reposición deducido en contra de la primera manteniéndola firme.

QUINTO: Que, en el presente caso, cabe referir que evidentemente existió una conducta cuestionable de parte de la trabajadora y ahora accionante constitucional, sin embargo, examinados los antecedentes de acuerdos a las reglas de la sana crítica, como lo contempla el numeral quinto, del auto acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, cabe señalar que la misma no se encuentra subsumida dentro de los supuestos de destitución que señala el artículo 125 de la ley 18.834 esto es, los hechos en sí, no vulneran gravemente el principio de probidad administrativa.

En efecto para darle tal carácter a la infracción en comento, debe ser aquella de la entidad suficiente para sustentar lo que constituye la sanción más gravosa que establece la ley para un funcionario público, esto es la destitución de su cargo.

Así, una hipotética gravedad de la conducta de quien impetra la acción constitucional, podría estar dada, por ejemplo, por la comisión de un ilícito en el desempeño de su cargo, lo cual, en el presente caso no ha acaecido, tal como expresamente lo destaca la accionante, toda vez que la Fiscalía no persiguió eventuales responsabilidades penales en el presente caso.

A su turno cabe señalar que la falta en cuestión, no se produjo en el contexto de lo que se pueda entender subsumido dentro del ejercicio de las funciones públicas de quien solicita el amparo constitucional, sino que en momentos en que sus funciones se encontraban suspendidas, ya que se le había diagnosticado una determinada enfermedad y se le había recetado reposo, esto es, no podía concurrir a su lugar de trabajo, por lo que malamente una conducta realizada fuera de su lugar de trabajo, cuando no se encontraba en funciones, es decir, interrumpida la prestación de sus servicios, pueda constituir o considerarse una dinámica que sanciona el artículo 125 del Estatuto Administrativo.

Esto es, no cumplía su labor pública, al momento de que concurrió a la ciudad de Tacna, razonamiento que se puede extraer de lo que disponen el citado artículo 125 del Estatuto Administrativo, en relación al artículo 62 de la ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y 52 incisos segundo del mismo compendio legal.

Por otro lado, el inciso segundo del artículo 52 citado, establece que el principio de la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.

Como puede advertirse, dicha disposición legal, gira en torno a determinados escenarios fácticos, en los cuales debe primar dicho principio, esto es, dentro de lo que es la conducta funcionaria y el contexto del desempeño de una función o cargo y, como se ha razonado, en el momento que se habrían incurrido en las faltas imputadas, la accionante no se encontraba desempeñando su cargo, tratándose de una conducta que se hallaba más allá de los límites de lo que se llama una conducta funcionaria o en el desempeño de su función o cargo.

SEXTO: Que, por otro lado, en el presente caso, constituye ser un hecho pacífico, que el rechazo de las licencias médicas a la accionante constitucional por la Compin, se fundó en haber incumplido el reposo indicado en la licencia.

Sin embargo, en la resolución exenta número 015/528 de 27 de mayo de 2025 y en la resolución exenta N° 110790/716/2025 de 24 de junio de 2025, se fundan en hechos diversos, esto es, en simular o distorsionar un estado de salud que justificó la insistencia al trabajo, con el propósito de obtener un beneficio personal indebido, por cuanto la funcionaria realizó salidas del país mientras se encontraba haciendo uso de licencias médicas.

Como puede observarse, el rechazo del Compin a las licencias, no tuvo su origen en simulaciones o distorsiones del estado de salud, sino que por el contrario, en no haber acatado el reposo indicado en la licencia, en los términos de la letra a), del Decreto Supremo número 3 de 1984 del Ministerio de Salud, que aprueba el reglamento de autorización de licencias médicas por la Compin e instituciones de salud previsional, específicamente en su artículo 55, ergo los argumentos de la destitución, no se condicen con el motivo del rechazo técnico de las licencias médicas.

La dicotomía anterior, se ve evidenciada asimismo, en el contexto de la resolución exenta 015/528 de 27 de mayo de 2025, emitida por la JUNJI, en la cual se aprueba el sumario administrativo, donde se puede leer claramente que el cargo planteado, en el considerando décimo, consiste en simular o distorsionar un estado de salud que justifican en asistencia al trabajo con el propósito de obtener un beneficio personal indebido, dictamen que no guarda relación alguna con los antecedentes médicos aportados por la amparada y con lo que fue dictaminado por la autoridad fiscalizadora de salud.

Esto implica que la supuesta simulación o la distorsión de una enfermedad que no es tal, es una mera apreciación antojadiza de la recurrida, toda vez que el Compin no dijo eso, ya que nunca se negó la existencia de una enfermedad, puesto que el rechazo es por algo totalmente distinto.

Esta recreación de hechos, resulta ser vacua, toda vez no se sustenta en antecedente médico alguno, lo que transforma lo resuelto en una resolución antojadiza y arbitraria.

SEPTIMO: Que, por otro lado, con los documentos acompañados al primer otrosí de la presentación de folio 1, se deduce, siempre de acuerdo a las reglas de la sana crítica, que efectivamente la accionante constitucional padece una serie de dolencias de carácter osteológico y que asimismo, ha padecido un largo recorrido por establecimientos sanitarios y nosocomios locales, de lo que resulta plausible deducir que, ante dolencias especialmente complicadas de origen osteológico, a lo que se suma sus labores de auxiliar de párvulo que ejerce la accionante, lo cual, siempre de acuerdo a las reglas del recto entendimiento humano, implican el trabajar con niños, dentro de lo cual se contempla el cargarlos en andas, la hubieran llevado de manera necesaria a buscar soluciones alternativas a las dolencias de las cuales padecía, incluso viajando a la ciudad fronteriza de Tacna.

Asimismo, se denota que las diversas salidas que registra a la ciudad de Tacna, fueron sólo por el día, lo que se condice con las solicitudes de hora para que galenos expertos en osteología de dicha ciudad, pudieran conocer su caso y adoptar las medidas médicas de rigor, teniendo en cuenta que, de acuerdo a las reglas de la experiencia, los hospitales de la vecina ciudad de Tacna, como asimismo los médicos que atienden en dicha ciudad son, en cuanto a sus cobros, manifiestamente más módicos que los locales.

Este tema no es antojadizo, ya que la cercanía de los centros hospitalarios de Tacna, en relación a los de la ciudad de Arica, fue expresamente reconocido por el Fiscal Instructor del sumario, en el numeral noveno del documento llamado vista fiscal, de fecha 25 de marzo, donde indica que se reconoce el contexto regional en que la movilidad transfronteriza entre Arica, Chile y Tacna, Perú, está impulsada principalmente por la búsqueda de atención médica accesible.

OCTAVO: Que por lo demás, la resolución 110790/716/2025 de 24 de junio de 2025, aparece arbitraria, toda vez que tal como expresamente se señala en un segundo acápite que: la ley asigna una sanción específica respecto de quienes incurren en infracciones graves al principio probidad administrativa, como ocurre la especie y la jefatura que ejerce la potestad disciplinaria, se encuentra en el imperativo de disponerla, sin que pueda aplicar otra medida correctiva, añadiéndose que no procede analizar las circunstancias que eventualmente pudieran aminorar la responsabilidad funcionaria de aquellos.

Como puede apreciarse, el órgano fiscalizador, ni siquiera analizó los antecedentes aportados por la sancionada, sino que se estimó que ante la mera concurrencia de un supuesto legal producido, se debía aplicar la sanción en comento, sin analizar como lo señala la propia resolución, las circunstancias que eventualmente pudieran aminorar responsabilidad funcionaria, esto es, se hizo óbice de los plausibles explicaciones que la actora daba a su salida del país, a la cercana ciudad de Tacna en la República de Perú, omisión que muta en arbitrarias las mendas resoluciones.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE ACOGE el recurso de protección deducido a Folio 1, por doña nombre reservado, en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, representada por su vicepresidenta ejecutiva doña nombre reservado y doña nombre reservado, en su calidad de Directora Regional Arica y Parinacota y en consecuencia, se deja sin efecto la sanción de destitución aplicada a la amparada por resolución exenta número 110790/716/2025 de 24 de junio de 2025, como asimismo la resolución exenta número 015/528 de 27 de mayo de 2025, resolviéndose su absolución de los cargos formulados y, consecuencialmente, se ordena la reincorporación de la referida funcionaria a sus funciones, debiendo restituírsele el pago de sus remuneraciones no percibidas, desde que se aplicó la medida de destitución, hasta su efectiva reincorporación, no condenándose en costas a la recurrida, por estimar que tuvo motivo plausible para oponerse a la acción constitucional.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro señor Pablo Zavala Fernández.

Rol N° 298-2025 Protección.