Protección contra Policía de Investigaciones de Chile

Arica, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés.

VISTO:

Compareció la abogada Rosa Cerda Fierro, en representación de la nombre reservado, empleada pública, e interpuso recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, por haber impuesto la sanción de amonestación severa, conculcando con su actuar ilegal y arbitrario las garantías fundamentales previstas en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que por Resolución N° 503-2022/ 61-2023 de la Subdirección de Investigación Policial y Criminalística, confirmó la medida disciplinaria de amonestación severa, en contra de la recurrente, por los hechos acaecidos el 3 de agosto del 2022, donde se le imputa no dar cumplimiento a una orden impartida por la Jefa nombre reservado Regional de Arica y Parinacota, impartida primeramente vía WhatsApp y reiterada de manera personal, para que colaborase con la Asistente Administrativo nombre reservado, con el ingreso de documentación al SAGA, reaccionando la recurrente, de forma desproporcionada, gritando, golpeando la mesa, haciendo ademanes y en definitiva manteniendo un comportamiento exacerbado, que no corresponde a su envestidura. Infringiendo la normativa institucional, contemplada en el Decreto N° 40 de 15 de junio de 1981, que aprueba el Reglamento de Disciplina, en su Título II "De las Faltas", artículo 6°, numeral 2° "Contra el Sistema Jerárquico y Compañerismo", letra a) Faltar el respeto a los Superiores y numeral 3° "Contra el Buen Servicio", letra a) No cumplir con el debido interés y resolución los deberes funcionarios.

Señala que la resolución recurrida concluye que “los antecedentes señalados por la recurrida en su recurso de apelación no permiten desvirtuar la falta administrativa imputada, encontrándose plenamente establecido por medio del Sumario Administrativo la responsabilidad disciplinaría de la precitada funcionaria, ya que, de acuerdo a las declaraciones vertidas en autos, todos los declarantes observaron conductas poco afables con sus pares y sus superiores, careciendo de la voluntad de trabajar en equipo y cumplir órdenes. Además, a lectura de éste no fue posible observar, acciones de parte de otros funcionarios de la Institución que hayan puesto en riesgo su estado de salud mental o psíquica. Cabe agregar que una eventual patología, a juicio de este Subdirector, no eximen a la Oficial señalada del cumplimiento de las órdenes que se le pudieren impartir y que, su reacción frente a ellas, no puede tampoco ampararse en tales padecimientos.”.

Relata una serie de irregularidades del proceso disciplinario, tanto en la tramitación del proceso, como por ejemplo no haberle pedido cuenta escrita de los hechos antes de iniciar el proceso disciplinario, la falta de precisión del cargo que se me imputa, no describe como llega a la calificación de conducta indebida, se entregan los antecedentes de manera incompleta, no se determina en la parte indagatoria del proceso cual es el criterio de su jefatura para distribuir la carga de trabajo, considerando que la recurrente mantenía una serie de restricciones que se encuentran respaldadas por diagnósticos médicos, y que según consta en el procesos ella no se negó a cumplir la orden, sino que informa los efectos que llevaría el cumplir dicha orden en menoscabo de la designación de tareas que previamente le habían sido encomendadas. Asimismo, efectúa un extenso análisis de la prueba rendida, aludiendo en particular que según el diagnóstico médico, la que la recurrente estaba cursando un episodio Depresivo Severo y debe mantener tratamiento con medicamentos que pueden afectar su capacidad de alerta, por tiempo indefinido, cuestión relevante a su juicio considerando que tanto en este proceso disciplinario como en otras situaciones que le han reprochado jefaturas han implicado irremediablemente no observar esta indicación médica, lo cual es coherente con su relato y además con otros informes médicos.

Indica que al impugnar la sanción impuesta alegó que se le negó el término probatorio solicitado y que la sanción impuesta es desproporcionada, ordenándose abrir un nuevo termino probatorio, en el que se rindió prueba testimonial, sin embargo se confirmó posteriormente la sanción de amonestación severa, implicando un perjuicio evidente a la carrera funcionaria de la recurrente, al actuar en contravención a la normativa dispuesta en la ley y los tratados internacionales, realizando un acto de discriminación en razón de la condición de salud de la recurrente por cuanto ha sido básicamente catalogada de “lenta”, o se ha establecido un sesgo contra de su calidad personal y profesional, que incluso ha ameritado según se reconoce en la declaración de testigos que un intencional aislamiento por parte de sus jefaturas con un daño evidente en su salud psíquica y emocional.

Pide que se ordene dejar sin efecto la resolución recurrida retrotrayendo el proceso al informe de vista con el objeto que resuelva en derecho dejando sin efecto los cargos que se le han imputado a la recurrente, con costas.

Informó en su oportunidad la recurrida, quien señala que en la tramitación del sumario administrativo N° 503-2022 se realizó correctamente dando cabal cumplimiento al Reglamento de Sumarios Administrativos e Investigaciones Sumarias de la Policia de Investigaciones de Chile, establecido mediante Decreto N° 1 del 6 de enero de 1982.

Su instrucción se fundamentó en la cuenta escrita de 8 de agosto de 2022 presentada por la Jefa nombre reservado Arica y nombre reservado, quien dio cuenta de los hechos ocurridos, manifestando su preocupación por las reiteradas crisis nerviosas presentadas por la funcionaria afectando directamente el funcionamiento de la nombre reservado Regional, antecedentes puestos en conocimiento con la misma fecha a la Jefatura Nacional de Salud.

Luego de relatar en extenso en el informe los antecedentes recopilados en el sumario administrativo, transcribiendo latamente la investigación concluye que se dio cumplimiento a la normativa vigente, incluso corrigiendo los errores que podrían haber implicado una vulneración al derecho de defensa de la inculpada, reabriendo el sumario para concederle un término probatorio para rendir prueba testimonial.

Agrega que no existe a su juicio ningún actuar ilegal o arbitrario por parte de la Policía de Investigaciones de Chile, solicitando el rechazo del recurso por carecer de sustento fáctico y legal toda vez que los hechos alegados como ilegales carecen de fundamentación por parte de la recurrente.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, el acto considerado por el recurrente como ilegal y arbitrario corresponde a la Resolución N° 503-2022/ 61-2023 de la Subdirección de Investigación Policial y Criminalística, que confirmó la medida disciplinaria de amonestación severa.

CUARTO: Que, de los antecedentes expuestos no se vislumbra algún tipo de ilegalidad o arbitrariedad en la medida disciplinaria impuesta a la recurrente, debido a que ésta se ajusta la normativa vigente.

Además, la inculpada con responsabilidad administrativa, pudo ejercer en el procedimiento su derecho a defensa, y a su turno interpuso los recursos legales correspondientes, encontrándose debidamente fundamentado el motivo de su sanción administrativa, que fue impuesta por el funcionario competente, actuando dentro de la esfera de sus facultades, razón por la cual no existe algún tipo de vulneración a sus garantías constitucionales, debiendo ser desestimada la presente acción constitucional.

QUINTO: Que, tampoco es posible calificar la resolución impugnada de arbitraria o carente de razón y/o de sentido, si ella misma expone y contiene los motivos que fundamentaron la decisión.

SEXTO: Que de esta manera, habiéndose dictado la resolución impugnada por el superior jerárquico, en un procedimiento legalmente tramitado y señalando los fundamentos de sus decisiones, su actuación no puede estimarse arbitraria ni ilegal, lo que torna improcedente referirse a las garantías denunciadas como vulneradas y en consecuencia, el recurso deberá rechazarse.

Por las anteriores consideraciones y lo dispuesto en las normas citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE RECHAZA el recurso de protección deducido en representación de nombre reservado.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

Rol N° 295-2023 Protección.