Protección contra SERVIU REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

Arica, trece de agosto de dos mil veinticinco.

VISTO:

Comparece doña nombre reservado, asistente dental, domiciliada en esta ciudad, y deduce recurso de protección de garantías constitucionales en contra del SERVIU REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, denunciando como acto ilegal y arbitrario el hecho de haberla excluido como beneficiaria del proyecto habitacional denominado “Terrazas del Mar”, con vulneración de la garantía constitucional establecida en los numerales 1° y 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Tras indicar que el recurso es admisible y la acción es idónea para sus pretensiones, señala que el 15 de diciembre de 2022 se le hizo entrega material en bruto del inmueble ubicado en domicilio reservado.

Refiere que desde antes de la entrega no tenía un trabajo que le diera estabilidad económica, por lo que no pudo hacerse cargo de las mejoras que el inmueble requería, ya que, habiéndose entregado en bruto, debía hacerse cargo de los arreglos necesarios para vivir en él de una manera digna y cómoda.

Indica que efectivamente habita la vivienda, junto a su familia, pero ha tenido dificultades para permanecer al menos de día en ella por diversas dificultades tanto personales como laborales, así como de salud tanto de él y sus hijos, detallando que en octubre de 2023 su hijo fue diagnosticado con fimosis, por lo que debía acudir frecuentemente a horas médicas y ausentarse de la vivienda, incluso trasladarse a Calama por no encontrar especialistas en Arica para su hijo. Asimismo, el recurrente también fue diagnosticado con “Deformidades del hallux”, por lo que ha debido viajar constantemente a Calama y Antofagasta para asistir a horas médicas.

Agrega que, en cuanto a la verificación de ocupación de vivienda, el 04 de abril de 2024 se efectuó visita a su vivienda a las 20:43, indicándose que tenía signos de estar deshabitada, indicando los vecinos que no vivía nadie y que su consumo de agua era de 33,79 m2, respondiendo por correo electrónico el 08 de abril de 2024 que no se encontraba por motivos personales.

Luego, la segunda visita fue el 19 de octubre de 2024 a las 10:06, dejando como observación nuevamente que la vivienda estaba deshabitada, pero que había un limpiapiés, una planta exterior, entre otras cosas que advertían que sí estaba habitando la vivienda, con consumo de agua mayor, esto es, 51,79 m3; respondiendo por correo electrónico de 21 de octubre del mismo año, que se encontraba de viaje por una hora médica con su hijo para una futura operación en el Hospital de Antofagasta.

Finalmente, el 26 de abril de 2025 a las 09:31 horas se realizó la tercera visita, donde nuevamente se deja como observación que la vivienda estaba deshabitada, solo porque no se encontraba ahí, sin perjuicio el limpiapiés y la planta exterior seguía en la vivienda; por lo que ingresó carta el 07 de mayo de 2025, al no haberse percatado de la última visita, atendido los problemas personales expuestos, indicando que se encontraba en control médico en Calama.

Sin perjuicio de lo anterior, refiere que durante 2024 la vivienda se plagó de garrapatas, sin tener ayuda, salvo por un líquido proporcionado por una vecina, pero estuvo 5 meses con el departamento plagado, lo que lo hacía inhabitable y por lo mismo trataba de pasar el menor tiempo posible en aquel.

Agrega que actualmente se encuentra trabajando en una clínica en Arica como asistente dental, lo que justifica que no se encuentre regularmente en el departamento, pues entre horas médicas, su trabajo y salidas para mantener vida social, hacen que solo pudiera llegar a pernoctar a su departamento.

En cuanto a la resolución impugnada, refiere que el punto número 9 le acusa de incumplir con lo dispuesto en el artículo 60 del D.S. N°49, esto es, la obligación de habitar la vivienda con su familia al menos durante 5 años, lo que en su caso si cumplió y que queda en evidencia el haber realizado diversas mejoras, como amoblarla, instalarle cerámica y piso flotante, así como adquirirle una cocina nueva, entre otras cosas, manteniéndose el inmueble habitado, sin arriendo ni cesión a terceros, lo que da cuenta de habitarla permanentemente, ya que de lo contrario no habrían incurrido en los gastos mencionados, además de contar con comprobantes de pago de boletas de servicios básicos y cuatro declaraciones juradas de vecinos que dan fe de su residencia en la vivienda, a lo que se suma un certificado de residencia en el conjunto habitacional, pagos que de no vivir en dicho lugar no habría efectuado ni se le habría proporcionado el certificado.

Finalmente indica que dichas circunstancias excepcionales lo obligan a desplazarse por problemas de salud que no fueron considerados por parte del servicio, que lo ha perjudicado enormemente, lo que se suma a la lista de los problemas que ya tiene.

En cuanto al derecho, refiere que la sanción que dispone el artículo 61 del D.S. N°49 de 2011, esto es, no encontrándose habitada personalmente o su grupo familiar, lo que no se acredita de las actas, puesto que, de la primera fiscalización, se da cuenta que tenía consumo de agua por 33,79 m3, y que de estar deshabitada el consumo debió ser 0; en la segunda, había elementos en el exterior del inmueble, y el consumo de agua había aumentado, por lo que es contradictorio certificar que la vivienda está deshabitada y que el consumo de agua haya subido, agregando que por el horario en que se llevó a cabo (10:06 a.m.) sería difícil encontrarlo y a su núcleo familiar, pues sus hijos asisten al colegio y el recurrente se encontraba de viaje por la hora médica de su hijo; y finalmente, respecto a la tercera fiscalización, nuevamente aumentó el consumo de agua.

Agrega que es del todo entendible que algunos vecinos señalen que lo ven de vez en cuanto, atendidas las circunstancias ya expuestas, sin perjuicio que cuatro de sus vecinos dan fe de su permanencia en el departamento desde su entrega.

Respecto del bajo consumo de agua, indica que ello se justifica en que desde que se le hizo entrega del departamento han ocurrido situaciones que solo le han permitido llegar a pernoctar al departamento, por lo que no hace uso del agua para cocinar y lavar loza, utilizándola solo para bañarse, sin perjuicio de que en 2024 sufrió la plaga de garrapatas por lo que intentaba pasar el menor tiempo posible en el departamento por su bienestar y el de sus hijos, más con las complicaciones de salud que les aquejan.

Además, indica que la resolución exenta no consideró sus justificaciones más cuando tenía consumo de agua que iba incrementando con el pasar del tiempo, constituyendo aquello el actuar ilegal y arbitrario, careciendo de toda justificación racional y pertinente.

Refiere que repuso de dicha resolución, que la excluyó del beneficio, incurre en un error pues el numeral 7 de aquella ni siquiera ha sido capaz de individualizar correctamente a la persona que desean excluir, puesto que se refiere a doña nombre reservado nombre reservado, lo que constituye un actuar negligente de exclusiva responsabilidad de la administración, por lo que no queda claro si la están excluyendo a ella o a nombre reservado nombre reservado, lo que además le afecta su derecho a un debido proceso.

Asimismo, en la resolución se puede observar errores de forma en la notificación, pues no tienen expresamente individualizado al funcionario que fiscaliza, ni firma, lo que también constituye una infracción al debido proceso por parte de la entidad administrativa.

En cuanto a la acción ilegal y arbitraria que perturba el legítimo ejercicio de derechos y garantías constitucionales, ello ocurre al vulnerar el principio de legalidad que rige las actuaciones de la administración, ya que tanto la resolución que la excluye y la que rechaza la reposición no consideraron las justificaciones entregadas, además de que existió un actuar negligente del fiscalizador por los errores de forma en la notificación.

Finalmente, en relación con las garantías vulneradas, refiere que en lo atingente a la del numeral 2, del artículo 19 de la Constitución Política de la República, la igualdad ante la ley, existe una distinción arbitraria al excluirlo del beneficio de subsidio habitacional al no considerar los antecedentes que debieron ser incorporados en la resolución que le excluye, generando indefensión al informarle de la resolución que rechaza el recurso de reposición administrativa y no tener oportunidad procesal para desvirtuarla.

Lo anterior se ve ligado a la dignidad de la persona y a su integridad psíquica, resguardada en el numeral 2 de la disposición constitucional citada, puesto que con la exclusión del beneficio, se produce al recurrente una alteración a su equilibrio espiritual, un desequilibrio emocional que la Corte debe considerar y remediar ya que han sido muchos años los que ha tramitado administrativamente para alcanzar el beneficio que legalmente ostenta, quedando en una situación angustiosa al ver la posibilidad que por un mal actuar de la administración se vean truncados sus derechos, más cuando la propia resolución que lo excluye del beneficio da cuenta de las especiales condiciones de vulnerabilidad y carencia habitacional lo que se ve agudizado con el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, y que repercute en su salud física y emocional, así como la de su núcleo familiar.

Como peticiones concretas, solicita se acoja el recurso dejando sin efecto la Resolución Exenta N°0918/2025 del Serviu de la Región Arica y Parinacota, con costas; mientras que, en el petitorio, solicita se ordene a la recurrida dejar sin efecto la Resolución Exenta N°0625/2024 (sic).

En su oportunidad, evacuó informe la recurrida solicitando el rechazo del recurso fundado en que la recurrente fue beneficiada con un subsidio habitacional por lo que el 15 de diciembre de 2022 se le hizo entrega material del inmueble de autos, y que en dicho acta de entrega constan las obligaciones que trae aparejado el subsidio entre ellas, la de habitar el inmueble por cinco años desde aquella, razón por la cual se realizaron diversas verificaciones en distintos días y horas, en las cuales no fue habida la beneficiaria ni su grupo familiar declarado.

En virtud de lo anterior, mediante Resolución Exenta N°0918 de 17 de junio de 2025 de SERVIU Región de Arica y Parinacota, se excluyó a la demandada de la nómina de beneficiarios del Programa Habitacional Fondo Solidario de Elección de Vivienda por infringir la obligación de habitar, contemplada en el artículo N°61 del D.S. 49 (V. y U.) 2011.

Dicho acto administrativo fue debidamente notificado a la beneficiaria disponiendo que se restituyera el inmueble entregado. Posteriormente el 26 de junio de 2025 deduce Recurso de Reposición en contra de dicha resolución, aduciendo que las ausencias del inmueble se deben a atenciones médicas especializadas y urgentes de su hijo menor en la ciudad de Antofagasta y Calama.

Agrega que desde 2021, su cónyuge, funcionario de Carabineros, se desempeñaba en Arica, pero fue trasladado a Calama, al no poder permanecer en la zona, obligándolo a mudarse con sus hijos a dicha ciudad para mantener la unidad familiar, arrendar la vivienda e inscribir a sus hijos en un colegio local.

Indica que el inmueble fue entregado en bruto, por lo que han efectuado inversiones en mejoramiento, manteniendo al día sus gastos comunes y participando en reuniones de copropietarios, y que actualmente se encuentra habitando el inmueble, trabajando en un local comercial y en una consulta dental part-time lo que conlleva que regresa al domicilio generalmente en las noches, y que se encuentra gestionando un nuevo destino laboral de su cónyuge nuevamente en Arica para coordinar el traslado definitivo de sus hijos y enseres del departamento. Por lo anterior solicitó una prórroga de 6 a 12 meses para concretar el cambio de colegio de sus hijos a Arica, completando el traslado de su cónyuge y reinstalar el núcleo familiar de la vivienda, acompañando una serie de documentos.

Luego, el 30 de junio de 2025 presenta un nuevo recurso de reposición, fuera de plazo, indicando que respecto de la primera verificación entrego sus descargos, señalando que no se encontraba en el hogar por motivos personales, del segundo, que estaba de viaje por una hora médica y que respecto de la tercera, no se encontraba por problemas personales, en particular, problemas de salud de su hijo que implicaban que debía concurrir frecuentemente a Calama al no existir especialistas en Arica, y que por la previsión de sus hijos, que es DIPRECA, atendido a que el padre es Carabinero, debió concurrir a especialistas en Antofagasta y Calama y que la recurrente también tuvo problemas de salud, adjuntando una serie de documentos.

En este sentido la administración rechazó el recurso mediante la Resolución Exenta N°1116 de 17 de julio de 2025, indicando en primer lugar que la prórroga solicitada no dice relación con el plazo para habitar, sino para acceder a los subsidios, siendo una interpretación errónea la realizada por la recurrente, transcribiendo el artículo 60 del D.S. 49. citado, por lo que, atendido el tenor literal de la norma, re rechazó la petición de prórroga al no existir la figura pretendida por la actora.

En cuanto a la habitabilidad, la beneficiaria no presenta argumentos ni documentación respecto de las ausencias, ya que los documentos adjuntados datan de 2022 y 2023, no indicando ninguno de ellos lo aseverado por la recurrente respecto de las ausencias de las verificaciones de ocupación, las que fueron realizadas en 2024 y 2025.

Además, la propia solicitud de prórroga, sin perjuicio de ser improcedente, da cuenta que en la actualidad la beneficiaria no está habitando el inmueble, lo que se verifica con la solicitud de matrícula, reconociendo que espera concretar el cambio de colegio de los hijos a Arica y completar el traslado laboral de su cónyuge, reinstalando el núcleo familiar en la vivienda.

En relación al consumo de agua potable, ellos no se condicen con la habitabilidad de la vivienda de un grupo familiar para 3 personas, como fue declarado, ya que, considerando la última verificación de ocupación, de 60,73 m3, en 29 meses, da un promedio mensual de 2,09m3. Además, la documentación acompañada con el recurso de reposición con jerárquico en subsidio da cuenta de consultas médicas y exámenes que dan cuenta de un domicilio ubicado en Calama, por lo que no se da cuenta de una habitabilidad, sumado a los consumos de agua potable, sin acreditar de forma fehaciente que no existe una permanencia en el inmueble habitual, más cuando fue notificada de cada acto administrativo, teniendo la oportunidad legal para realizar sus defensas, por lo que la decisión de la autoridad fue dictada en virtud de los antecedentes presentados por la recurrente y recabados por los funcionarios de SERVIU en las verificaciones de ocupación.

En cuanto a los argumentos para el rechazo, alega en primer lugar la extemporaneidad del recurso de protección, ya que, de acuerdo con el mismo, lo reclamado es la Resolución Exenta 652/2024 de Serviu Región de Arica y Parinacota de 22 de mayo de 2024, y el recurso fue interpuesto el 24 de julio de 2025, por lo que resulta del todo extemporáneo. Sin perjuicio de lo anterior, indica que en las Peticiones Concretas se señala que lo que se busca anular es la Resolución Exenta N°0918/2025 de SERVIU de Región Arica y Parinacota, respecto de lo cual también se encontraría extemporáneo, puesto que ella fue notificada el 23 de junio de 2025.

Del mismo modo, el asunto es ajeno a la naturaleza cautelar, el que es un mecanismo de emergencia, rápido y eficaz en caso de vulneración de derechos fundamentales, pero no una instancia de declaración de derechos para dilucidar discusiones jurídicas acerca de la correcta interpretación y alcance que se debe dar a los preceptos legales aplicables, no buscando amparar un derecho indubitado, sino que la Corte revise lo actuado por la recurrida en relación a la fiscalización y sanción a los infractores de la obligación de habitar un inmueble entregado como beneficio fiscal en relación a un subsidio habitacional.

En cuanto al fondo, indica que no existe un actuar arbitrario, ilegal e infundado, no siendo efectivo que la recurrida hubiere ejercido actos que pudieren ser calificados como tales, máxime que los actos administrativos que disponen la exclusión de la recurrente y la que resuelve el recurso de reposición se encuentran motivados y fundados según se aprecia en sus considerandos.

Finalmente refiere que no existen garantías constitucionales vulneradas, y que en cuanto al error del numeral 7 de la Resolución 918/2025 es simplemente un error de transcripción, y que ello es intrascendente, puesto que la propia recurrida entiende que ella es la excluida, no revistiendo gravedad para afectar la validez del acto administrativo.

Por lo anterior solicita se rechace el recurso por extemporáneo, improcedente e infundado, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la acción de protección contemplada en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Se trata de asuntos en que existe un derecho indubitado, y no disputado, garantizado constitucionalmente, que se encuentra en peligro o lesionado, por lo que se persigue su amparo o restablecimiento.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, el acto denunciado por la recurrente como ilegal y arbitrario, conforme ratifica en estrado, y de la totalidad de los fundamentos expuestos en su recurso aparece que sin lugar a dudas el acto recurrido corresponde a aquel por el cual se la excluyó del beneficio habitacional, pese a que, a su juicio, se encontrarían justificadas sus ausencias, sin perjuicio que el tenor literal del recurso señala por una parte que corresponde a la resolución que rechazó su recurso de reposición administrativo, y por otra, en el petitorio cita como acto vulneratorio una resolución distinta, que ni siquiera dice relación con su situación, sino con la de un tercero ajeno al proceso.

CUARTO: Que, del mérito de los antecedentes, se desprende que la decisión de la administración no aparece caprichosa o inmotivada, toda vez que aquella descansa en la falta de antecedentes de relevancia que le hubieran permitido establecer de manera fehaciente que las ausencias de la recurrente y su grupo familiar en los días en que se realizaron las verificaciones estaban justificadas, máxime que de lo constatado por los ministros de fe se desprende un consumo de agua potable exiguo, que no podría hacer presumir una habitabilidad de carácter permanente en el inmueble, como propone la recurrente, sino por el contrario, que dicho bien solo se encuentra destinado a un uso de carácter esporádico, atentando con ello a las finalidades del beneficio, como dispone el D.S. 49 de 2011 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, encontrándose el acto debidamente fundado, excluyendo un vicio de ilegalidad en esta instancia constitucional.

Sin perjuicio de lo razonado, cabe señalar que aquella controversia, en cuanto a un pronunciamiento de fondo con la ponderación de todos los antecedentes que se pudieron acompañar, no resulta posible que sea resuelta en el contexto de esta acción constitucional, no siendo la vía idónea atendida su naturaleza de acción urgente y cautelar de derechos, requiriendo para su procedencia la existencia de un derecho de carácter indubitado que se sienta amenazado o atacado, lo cual, en el presente caso no acaece, y por el contrario, lo que se pretende con el presente recurso es que se declare la existencia del derecho a mantener el subsidio de autos, lo que debe realizarse ante la instancia administrativa con mejores antecedentes, o ante la judicatura ordinaria, en la oportunidad procesal respectiva.

Por las anteriores consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que, SE RECHAZA, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de SERVIU REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N° 293-2025 Protección