nombre reservado con DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO DE ARICA Y PARINACOTA

2 Arica, dos de julio de dos mil veintiséis.

VISTO:

Recurre de protección el abogado Jesús Manuel Cáceres Villalobos en representación de nombre reservado, en contra de la Dirección Regional del Trabajo de Arica y Parinacota, por la dictación de la resolución contenida en el oficio ordinario Nº 1500-23973/2026, de 21 de abril de 2026.

Expone, que la recurrente se desempeñaba en el liceo Bicentenario nombre reservado y fue trasladada por el Servicio Local de Educación Pública Chinchorro, en adelante SLEP, a la Escuela Subteniente Luis Cruz Martínez, y estimando que dicho traslado le causaba perjuicio, interpuso un reclamo de ius variandi ante la Inspección del Trabajo el 7 de abril de 2026, en conformidad con el artículo 42 del Estatuto Docente, en concordancia con el artículo 12 del Código del Trabajo, que le otorga competencia expresa.

Indica, que la recurrida, mediante el oficio ordinario N°1500-23973/2026 de 23 de abril de 2026, se declaró incompetente para conocer del reclamo presentado por la recurrente por tener ésta la calidad de funcionaria pública, cuya fiscalización corresponde a la Contraloría General de la República, en adelante CGR, invocando el Dictamen N° 4282 de dicha entidad, no obstante que la Ley N° 21.040 que modificó el artículo 42 del Estatuto Docente, sólo lo hizo reemplazando las referencias municipales por el Servicio Local, no su competencia y el dictamen invocado no resulta vinculante para el tribunal ni aplicable al caso específico por tratarse de una norma especial.

En cuanto a la garantía vulnerada cita la prevista en el numeral 2 del artículo 19 de la CPR.

Pide, que su reclamación sea declarada admisible y se admita a tramitación para en definitiva ser resuelta por el Servicio o la Inspección del Trabajo o cualquiera otra medida que se estime pertinente para restablecer el imperio del derecho, con costas.

En su informe, la recurrida pidió el rechazo del recurso por su improcedencia, ya que no constituye la vía idónea para resolver una controversia de interpretación normativa y determinación de competencias administrativas, citando jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema el sentido de que dicha acción no puede transformase en una instancia declarativa, ni sustituir procedimientos de lato conocimiento. Por otra parte, negó el acto ilegal o arbitrario que se reclama, ya que la recurrente tiene la calidad de funcionaria pública conforme al Dictamen N° 4282 de la Contraloría General de la República de 8 de febrero de 2019, quedando en consecuencia sus controversias laborales sujetas al control de legalidad de dicho organismo y no a la fiscalización de la Dirección del Trabajo, absteniéndose así de actuar fuera de sus atribuciones.

Agrega, que el propio artículo 42 del Estatuto Docente establece que el reclamo procede ante la Contraloría o la Dirección del Trabajo “según procediere” reconociendo que la competencia depende de la naturaleza jurídica del vínculo. Niega la existencia de discriminación arbitraria ya que su decisión se fundó en criterios jurídicos objetivos y uniformes y de acoger la tesis de la recurrente implicaría obligar al Servicio a ejercer competencias no conferidas por la ley.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección establecido en la Carta Fundamental persigue cautelar debidamente los derechos fundamentales, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, y en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, la acción considerada por la parte recurrente como ilegal y arbitraria corresponde a la declaración de incompetencia del servicio recurrido para conocer del reclamo interpuesto por ella contra su empleador respecto del ius variandi previsto en el artículo 12 del Código del Trabajo, por estimar competente para ello a la CGR por su condición de funcionaria pública.

TERCERO: Que, fundándose el recurso en la señala incompetencia y en el cuestionamiento de que ella corresponda a la CGR, para resolver es necesario determinar la calidad jurídica del vínculo laboral de la recurrente.

Para ello, y como expresa el informe emitido por la Contraloría Regional de Arica y Parinacota de la CGR, debe atenderse a que con la entrada en vigencia de la Ley 21040, que creó los Servicios Locales de Educación, órganos públicos funcional y territorialmente descentralizados, sucesores legales de las municipalidades y corporaciones municipales, y en virtud de su artículo trigésimo noveno transitorio, los profesionales de la educación que se desempeñaban en dichas entidades, continuarían desempeñándose en el servicio local respectivo, bajo las normas del DFL 1 de 19196, del Ministerio de Educación, Estatuto Docente.

Luego, conforme al artículo 42 del señalado estatuto: “Los profesionales de la educación podrán ser objeto de destinaciones a otros establecimientos educacionales dependientes de un mismo Departamento de Administración de Educación Municipal o de una misma Corporación Educacional, según corresponda, a solicitud suya o como consecuencia de la fijación o adecuación anual de la dotación, practicada en conformidad al artículo 22 y al Plan de Desarrollo Educativo Municipal, sin que signifique menoscabo en su situación laboral y profesional. No obstante, si producida la destinación estimaren que se les ha causado menoscabo, podrán reclamar de ello conforme al procedimiento del inciso tercero del artículo 12 del Código del Trabajo, sin perjuicio que puedan ejercer su derecho a reclamar ante la Contraloría General de la República o la Dirección del Trabajo, según procediere, sin que ello implique paralizar la destinación.”

Conforme estima esta Corte, la voz “según procediere” reconoce una distinción entre las competencias de la Inspección del Trabajo y la CGR, según se trate de trabajadores dependientes de entidades públicas o de personas jurídicas de derecho privado.

CUARTO: Que en la especie, no es controvertido que la recurrente mantiene la calidad de funcionaria pública por el traspaso indicado, y por tanto, al amparo de las fiscalizaciones que competen a la CGR conforme a los Dictámenes números 2.790 de 2001, 24.306 de 2010, 4282 de 2019 y 3.270 de 2020, es a dicha entidad fiscalizadora a quien corresponde el conocimiento del reclamo relativo al ius variandi presentado por la recurrente.

QUINTO: Que, por lo razonado y expuesto, forzoso resulta desestimar el presente recurso de protección, por no haber actuado la recurrida de manera ilegal o arbitraria al estimarse incompetente para conocer de la pretensión señalada.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que se RECHAZA el recurso de protección deducido en el folio 1 contra de la Dirección Regional del Trabajo de Arica y Parinacota.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 290-2026 Protección.