nombre reservado con MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA-SUBDERE

Arica, trece de febrero de dos mil veinte.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que, comparece doña nombre reservado, funcionaria pública, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone acción de protección en contra del Servicio de Gobierno Interior, representado para estos efectos, por el Subsecretario de Interior y Seguridad Pública, Juan Francisco Galli Basili, ambos con domicilio en el Palacio de la Moneda, Santiago, por estimar conculcada la garantía del N° 3 inciso quinto y N°24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, al efectuar descuentos en sus remuneraciones no consentidos, ni ordenados por resolución judicial.

Pide se ordene restablecer el imperio del derecho, y las garantías constitucionales transgredidas, ordenando a la recurrida, la restitución integra en dinero de las sumas descontadas a contar de la fecha de presentación del recurso; con costas.

Funda su pretensión cautelar señalando que es funcionaria pública del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, y en atención a que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública tiene un convenio con la Caja de Compensación Los Andes, por lo que en el año 2009 solicitó un crédito de $ 7.008.467 y en el año 2011 la Caja de Compensación referirá interpuso demanda ejecutiva en su contra por un saldo impago que ascendía a la suma de $1.984.130 en causa Rol C-234-2011 del Primer Juzgado de Letras de Arica, que culmina con la dictación de sentencia definitiva que rechaza la ejecución en todas sus partes, condenando en costas a la ejecutante.

Indica que desde la fecha de dictación de la sentencia, en junio del año 2011, al mes de octubre del año 2019, fecha en que se realiza el primer descuento a su remuneración por $342.536, contenido en la glosa de descuentos varios, transcurrieron ocho años y cinco meses, sin que en ese periodo mediara ningún tipo de requerimiento judicial para el cobro del saldo que según la Caja de Compensación se quedó debiendo.

Agrega que a fin de que ese descuento le fuese reembolsado, toda vez que no fue consentido ni dispuesto por resolución judicial, acompañó copia de la sentencia referida, al Departamento de Remuneraciones del Ministerio del Interior, y se le realizó el reembolso solicitado. Lo mismo pasó en el mes de noviembre de 2019, en que se efectuó el mismo descuento, por lo que la recurrente realizo igual solicitud de reembolso y nuevamente se produce el reintegro de lo descontado a su cuenta corriente. Sin embargo, en el mes diciembre de 2019, ocurre una situación distinta pues no se le reembolsa el descuento, informando por correo electrónico que éste se realiza cumpliendo cabalmente con lo solicitado y lo legal.

Sostiene que la recurrida ha actuado de manera injustificada al revivir y forzar de manera unilateral un beneficio que se concede a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente por medio de las entidades pagadoras, los créditos que se otorgan. Considera que ese beneficio en la especie resultaba absolutamente improcedente considerando el extenso lapso que transcurrió entre junio de 2011 y diciembre de 2019, sin que se hubiere llevado a cabo por la acreedora acciones tendientes a cobrar el crédito por los medios legales ordinarios.

A mayor abundamiento se hace presente que las Cajas de Compensación disponen de dos acciones distintas e independientes para cobrar lo adeudado por un crédito social:

1) La acción cambiaria derivada del pagaré, cuya prescripción de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley N° 18.092 es de un año, contado desde el día del vencimiento del documento; y 2) La acción ordinaria del contrato de mutuo que de conformidad a lo preceptuado en el artículo 2515 del Código Civil, prescribe en el plazo de cinco años. Una vez declarada por los tribunales de justicia, la prescripción extintiva de la acción cambiaria que deriva del pagaré, subsiste la acción ordinaria derivada del contrato mutuo.

En el caso recurrido ninguna de las dos vías han sido ejercidas por la Caja de Compensación Los Andes, que si bien inició demanda ejecutiva contra la recurrente la que fue desestimada por el Tribunal de Primera Instancia, no apeló de la misma ni ejerció acciones oportunas tendientes a lograr el pago de lo supuestamente adeudado.

Reitera que los descuentos ordenados por la recurrida son ilegales y arbitrarios, toda vez que no fueron consentidos, ni dispuestos por resolución judicial.

Que, en apoyo de su pretensión cautelar, la recurrente acompañó copia de correo electrónico y de la sentencia recaída en causa Rit C-234-2011 del Primer Juzgado de Letras de Arica.

Segundo: Que, evacua el informe requerido don nombre reservado, en representación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, quien solicita el rechazo del recurso, con expresa condenación en costas.

Funda sus alegaciones señalando que el recurso de protección conforme al artículo 20 de la Constitución Política de la República, y la opinión conteste de la doctrina y jurisprudencia es concebido como una acción cautelar autónoma, excepcional, que goza de tramitación urgente, informal y sumaria. Por lo señalado, el ámbito de su aplicación necesariamente se limita a aquellos actos cuya arbitrariedad o ilegalidad sobre derechos prexistentes e indubitados sean evidentes u ostensibles, atendidas las circunstancias y modalidades concretas de la situación que se trata, ilegalidad y arbitrariedad, que a su juicio, no se verifica en la especie por parte del Servicio que representa, pues la acción de protección de autos, dice relación con la forma de cumplimiento del contrato celebrado entre la recurrente y su acreedora, cuestión que, por su evidente naturaleza, rebasa las finalidades previstas para el recurso de protección y exige que ello se ventile en un juicio de lato conocimiento, teniendo la pretensión de la recurrente un carácter netamente pecuniario, en tanto, persigue obtener el cese de los descuentos que se efectúan desde su remuneración por concepto del cobro de las cuotas impagas de un crédito que estima prescrito, por lo que resulta evidente que, no existe en la especie cautela urgente alguna que adoptar por esta vía extraordinaria, la que a su juicio, tampoco es el mecanismo apropiado para discutir estos asuntos, sin perjuicio de otros derechos que puedan asistirle a la recurrente.

Sostiene asimismo, falta de legitimación pasiva de su representada por cuanto, el Servicio de Gobierno Interior ha actuado en cumplimiento estricto de la obligación legal en su calidad de empleadora de la recurrente, materia que se encuentra regulada en la Ley N° 18.833, que establece un nuevo estatuto general para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar y que faculta a las Cajas de Compensación para conceder créditos a sus afiliados bajo las condiciones pactadas por acreedor y deudor, los cuales, son financiados con las cotizaciones de seguridad social aportadas al sistema disponiendo la propia ley de un mecanismo especial de cobro en favor de la Caja de Compensación, previsto en su artículo 22, regulación reiterada luego en el artículo 11 del Decreto N° 91, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; que aprueba el Reglamento del régimen de prestaciones de crédito social de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar.

Señala que de conformidad a la normativa referida y al hecho que no se ha acreditado la pérdida de la vigencia de la deuda, el Servicio que representa, no pudo sino descontar de la remuneración de la recurrente la suma de dinero respectiva, en su calidad de agente retenedor, en pleno y estricto cumplimiento de la ley.

Sostiene, además, que el recurrido es un tercero absolutamente ajeno al conflicto que ha motivado la presentación de esta acción de protección, por lo que no es procedente entonces tenerla por recurrida en estos autos, al carecer de legitimación pasiva, entendiendo esta como la que habilita para ser destinatario de la reclamación de un derecho subjetivo o interés legítimo, ya que la acción de cobro recae exclusivamente en la Caja de Compensación de Asignación Familiar con quien mantiene la deuda y no en el recurrido.

Finalmente, alega que conforme al artículo 96 de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, en lo que interesa, prohíbe deducir de las rentas del funcionario otras cantidades que las correspondientes al pago de impuestos, cotizaciones de seguridad social y demás contempladas expresamente en las leyes y que, en forma excepcional, el jefe superior de la institución, a petición escrita del servidor, podrá autorizar que se rebajen de sus estipendios, sumas o porcentajes destinados a efectuar enteros de cualquier naturaleza, los que no deben exceder, en conjunto, del quince por ciento de la remuneración. Por su parte, sostiene que el artículo 21 de la Ley N° 18.833 facultó a las cajas de compensación para establecer un régimen de prestaciones de crédito social, consistente en préstamos de dinero, agregando, en su artículo 22 que, tales deudas deberán ser descontadas de la remuneración por el organismo empleador afiliado, retenidas y remesadas a la caja acreedora, y se regirá por los mismos preceptos del pago y cobro que las cotizaciones previsionales. Complementa lo anterior con la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, contenida entre otros, en los Dictámenes N° 73.617-2015 y N° 25.320-2013, que señalan: “los descuentos para el pago de obligaciones contraídas por funcionarios con cajas de compensación, por concepto de créditos sociales, tienen el carácter de mandatos legales, al estar contemplados en el mencionado artículo 22, motivo por el cual el servicio no requiere la autorización previa de los interesados para efectuarlos”. Dictamen N° 8.591, de 2017, de la Entidad de Control, dispuso que al tenor de lo preceptuado en el aludido artículo 22 de la ley N° 18.833, debe entenderse, por una parte, que el empleador tiene la obligación de descontar de las remuneraciones del trabajador las sumas por créditos sociales adeudados a las cajas de compensación y, por otra, que por el solo hecho de enterar tales remuneraciones se entiende que el empleador ha efectuado dichos descuentos, puesto que, de lo contrario, es éste quien debe asumir la responsabilidad ante las referidas cajas.

Por lo anterior, concluye que el Servicio que representa, no ha incurrido en una actuación arbitraria o ilegal, todo lo contrario, su comportamiento se ha ajustado a derecho, al encontrarse fundada su actuación en la normativa especial que rige la materia, no siendo óbice para ello, el tiempo transcurrido, por no existir una declaración de prescripción conforme las normas del Código Civil, por lo que en su ausencia, la obligación resulta exigible.

Tercero: Que, esta Corte también tuvo por interpuesto el recurso en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes y don nombre reservado, en su representación e informando solicita el rechazo del recurso en todas sus partes.

Funda sus alegaciones en que los descuentos para el pago de cuotas de crédito social son informados al empleador del deudor de acuerdo al mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833 que establece que “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.”.

Por lo señalado rechaza haber efectuado actuación ilegal o arbitraria alguna que hubiese infringido, perturbado o amenazado alguna garantía constitucional del recurrente.

Sin perjuicio de sus alegaciones, informa que sin reconocer extinción de la deuda antes señalada, su representada, Caja Los Andes, ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos de las cuotas del crédito otorgado al actor, excluyéndose tal operación de las planillas de cobro que se dirigen a su empleador. Asimismo, indica que se restituirá al deudor toda suma que le haya sido descontada por dicho concepto y que haya sido remesada a esta Caja de Compensación, a partir del mes de octubre de 2019, de lo cual se informará oportunamente a esta Corte.

Agrega finalmente que la acción constitucional incoada por la actora deberá ser rechazada por falta de oportunidad.

Cuarto: Que, la acción de protección contemplada en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Quinto: Que, en la especie cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sexto: Que, el acto reclamado como ilegal o arbitrario, consiste en haber efectuado el empleador descuentos en las remuneraciones de la recurrente, no consentidos, ni ordenados por resolución judicial.

Séptimo: Que, del mérito de los antecedentes, se dan por establecidos los siguientes hechos:

Que la recurrida efectuó descuentos por concepto de crédito social a la actora, conforme a lo mandatado por la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, aplicando el mecanismo especial de cobro de créditos sociales establecido en los incisos 1° y 2° del artículo 22 de la Ley N°18.833, que Establece un Nuevo Estatuto General para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, disponiendo que: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

Practicada la deducción al trabajador, se entenderá extinguida a su respecto y de sus codeudores la parte correspondiente de la deuda, desde la fecha en que ella hubiera tenido lugar, aunque no haya sido remesada por el empleador a la Caja, debiendo dirigirse exclusivamente contra éste las acciones destinadas al cobro de las sumas no enteradas.”.

Que los descuentos realizados corresponden al saldo impago de un crédito otorgado en el año 2009, cuyo cobro ejecutivo intentó la Caja de Compensación, en autos Rol C-234-2011 del Primer Juzgado de Letras de Arica, que culminó con la dictación de sentencia definitiva de 24 de junio del año 2011, que acoge la excepción de falta de alguno de los requisitos o condiciones establecidas por las leyes para que el titulo tenga fuerza ejecutiva, rechazando la ejecución en todas sus partes y condenando en costas a la ejecutante.

Que desde la dictación de la sentencia referida precedentemente, al mes de octubre del año 2019, en que se realiza el primer descuento en la remuneración de la recurrente, transcurrieron ocho años y cinco meses, sin que en ese periodo mediara ningún tipo de requerimiento judicial para el cobro del saldo, que según la Caja de Compensación se quedó debiendo por la actora.

Octavo: Que, el Servicio de Gobierno Interior, efectuó los descuentos actuando en cumplimiento estricto de la obligación legal en su calidad de empleadora de la recurrente, atento lo dispuesto previsto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, regulación reiterada luego en el artículo 11 del Decreto N° 91, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; que aprueba el Reglamento del régimen de prestaciones de crédito social de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, por lo que su actuar no ha sido ilegal ni arbitrario.

Noveno: Que, de lo señalado en el motivo precedente, se desprende que la Caja de Compensación, como entidad acreedora, ha actuado de manera arbitraria al utilizar, luego del extenso periodo de tiempo transcurrido de inactividad, el beneficio establecido en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, para un cobro oportuno de los créditos que otorga.

Décimo: Que, en el mismo sentido indicado en el motivo anterior, se ha pronunciado la Excelentísima Corte Suprema en Rol N° 6118-2018, resolviendo lo siguiente: “Quinto: Que de lo consignado fluye que la recurrida actuó de manera caprichosa e injustificada, reviviendo y forzando de manera unilateral un beneficio que la ley prevé para un cobro oportuno y no de una deuda respecto de la cual había dado claras señales de desinterés en su cobro, por lo que resulta antojadiza su actual decisión. Sexto: Que este proceder manifiestamente arbitrario de la recurrida corresponde ser declarado y otorgar amparo a la actora, de lo contrario la Caja de Compensación recurrida obtendrá un reconocimiento de la jurisdicción a su actuación arbitraria y podrá mantenerlo permanentemente en el futuro y con quienes estime procedente, al igual que todas las otras Cajas que integran este sistema de prestaciones asistenciales, sin que el Estado pueda amparar estas conductas y esta forma abusiva de ejercer sus atribuciones una entidad privada que presta un servicio público asistencial, especialmente, en este caso, respecto de quien se encuentra en una condición de vulnerabilidad frente al ejercicio de potestades contractuales permisivas ejercidas a destiempo y sin aviso previo.

Undécimo: Que, dicha arbitrariedad importa afectar directamente el derecho de propiedad de la parte recurrente protegida por el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, desde que lo actuado implica una disminución concreta y efectiva en el patrimonio de éste al tener que soportar la deducción injustificada.

Que acorde con lo que se ha reflexionado precedentemente, el recurso debe ser acogido.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que se ACOGE el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, sólo en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, en cuanto se ordena el cese de los descuentos efectuados, debiendo la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes proceder a la devolución a la actora de los dineros descontados con motivo del crédito otorgado en el año 2009, ejecutados por el Servicio de Gobierno Interior.

II.- Se rechaza el recurso de protección respecto del Servicio de Gobierno Interior.

III.- Déjase sin efecto la orden de no innovar decretada.

Cúmplase, oportunamente, con lo establecido en el numeral 14° del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

Rol N° 29-2020 Protección.