Protección contra Servicio Nacional de Migraciones por la omisión ilegal y arbitraria en la emisió

Arica, veinticinco de mayo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece el abogado Pablo Peñaloza Parra en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, documento de identidad N°RUT reservado, domiciliado en esta ciudad y recurre de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones por la omisión ilegal y arbitraria en la emisión de la Resolución Exenta que pone fin al procedimiento administrativo aprobando o rechazando la solicitud de residencia definitiva, solicitada el 03 de mayo de 2024, por impedir dicha omisión el principio de igualdad ante la ley, conforme lo preceptuado en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9, 14, 24 y 27 de Ley 19.880.

Expone que, el recurrente ingresa al país en calidad de turista; y estando dentro cambia su situación migratoria a residente por visa otorgada, con el fin de continuar su proyecto de vida dentro de Chile.

Ahora bien, el recurrente el 03 de mayo 2024 solicita el beneficio migratorio de permanencia definitiva, constando en comprobante de solicitud que se acompaña al primer otrosí de esta presentación.

De este modo es necesario destacar que el recurrente se encuentra privado de derechos fundamentales, en virtud de la demora que ha mantenido el recurrido de forma arbitraria en dar respuesta a su solicitud, encontrándose completamente limitado en tramites esenciales de la vida cotidiana, ya que, al no ser titular de un visado vigente en virtud de los largos tiempos de espera para acceder a una respuesta por parte del recurrido, no logra acceder a tramites básicos y cotidianos.

Destacan que, la recurrente de autos, puesto que por la larga espera de respuesta por parte del Servicio Nacional de Migraciones en resolver las solicitudes de permanencia definitiva los deja en un estado de incertidumbre al no saber si podrá reunificarse nuevamente con sus familiares por no contar con el mencionado permiso, siendo este requisito sine qua non exigido por el servicio recurrido para comenzar con este trámite, vulnerando el derecho a la reunificación y protección de la familia.

Refiere la no procedencia del silencio administrativo y caso fortuito y fuerza mayor. Además de señalara que no ha habido un procedimiento reglado según lo dispuesto en la Ley 19.880 y que la administración ha tardado más de dos años en responder la solicitud de la recurrente frente al plazo establecido para la administración que es de seis meses, tal como establece la ley en su artículo 27.

Pide que se declare que el Servicio Nacional de Migraciones ponga fin al procedimiento administrativo aprobando o rechazando solicitud de residencia definitiva, y que se pronuncie sobre la misma dentro de un plazo de 30 días.

Informa el Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo del recurso ya que no se configuran los presupuestos constitucionales y legales para su interposición, debiendo ser considerado como improcedente al no existir un acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario e ilegal que afecte alguna de las garantías constitucionales alegadas por la recurrente.

Expone Que, efectivamente el recurrente, solicitó residencia definitiva, mediante solicitud que fue ingresada con fecha 03 de mayo de 2024, ID 69985548. Que, se emite comunicación electrónica N° 68592074 de fecha 26/11/2024 que solicita al extranjero lo siguiente:

● SUSTENTO ECONÓMICO ● Debe acreditar sustento económico con: Informe Anual de Boletas de Honorarios, emitido por el Servicio de Impuestos Internos.

Que, la persona extranjera acompaña documentación.

Indica que, la solicitud se encuentra en la etapa de RESOLUCIÓN la cual se encuentra en estado PENDIENTE, tal como consta en captura de pantalla del procedimiento de solicitud.

Indica que, el artículo 78 de la Ley N° 21.325, Ley de Migración y Extranjería (en adelante, “Ley de Migración y Extranjería”), señala: “Residencia definitiva es el permiso para radicarse indefinidamente en Chile, que autoriza a desarrollar cualquier actividad lícita, sin otras limitaciones que las que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias”.

Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Migración y Extranjería señala: “Al Servicio le corresponderá otorgar, prorrogar y revocar los permisos de residencia y permanencia definidos en este Título, con excepción de aquellos correspondientes a residentes oficiales, que serán de competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores”.

Según lo señalado por el artículo 27 de la Ley 19.880 que establece las de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado (en adelante, “LBPA”), el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor.

Como es de público conocimiento, el aumento exponencial de los movimientos migratorios hacia el país, de carácter voluntarios o forzosos, proveniente de diversos países, pero principalmente de nacionales de Venezuela y Haití, tuvo por consecuencia un aumento importante en la cantidad de solicitudes recibidas por esta autoridad. Específicamente, en el periodo correspondiente al año 2020 al año 2024, esta autoridad registra alrededor de 635.000 solicitudes de residencia definitivas recepcionadas por ese organismo público.

Precisa que la solicitud se encuentra en etapa de análisis y que, una vez concluida la tramitación del acto, será debidamente notificado, de conformidad con el procedimiento y competencias definidas explícitamente por la ley.

Por lo demás, y en relación con una supuesta ilegalidad derivada de la no dictación del acto administrativo terminal en comento dentro de un determinado plazo, cabe señalar que, de acuerdo con la reiterada jurisprudencia tanto de la Excma. Corte Suprema como de la Contraloría General de la República, el plazo máximo de 6 meses que el artículo 27 de la Ley N°19.880 establece para todo procedimiento administrativo no constituye un plazo fatal, por lo que su vencimiento no implica la caducidad ni invalidación del acto respectivo. Dicho criterio se ha plasmado en numerosas sentencias de nuestro máximo tribunal, como, por ejemplo, en causas ROL N°1.659-2025, 14.527-2025, 28.686-2025, 34.189-2025, y 43.358-2025.

Indica además que, La Ley de Migración y Extranjería ha establecido una serie de normas protectoras que tienen por objeto asegurar el legítimo ejercicio de los derechos de todos los extranjeros solicitantes de un permiso de residencia definitiva. En efecto, en virtud de los artículos 38 y 45, en relación con el artículo 43, todos de la Ley de Migración y Extranjería, todo ciudadano extranjero que ostente un certificado de residencia definitiva en trámite mantiene situación migratoria regular en el territorio nacional.

Así las cosas, y al no verificarse una omisión ilegal ni arbitraria en el caso concreto, la acción de protección de autos no puede prosperar.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que, a juicio del recurrente la ilegalidad y arbitrariedad cometida por la recurrida, consiste en la omisión de dictar el acto terminal que se pronuncie acerca de su solicitud de residencia definitiva iniciada en mayo de 2024.

TERCERO: Que, la administración informa no estar cometiendo ninguna omisión ilegal o arbitraria pues la solicitud del recurrente se encuentra en la etapa de resolución y que su actuar se encuentra amparado en la ley 21.325.

CUARTO: Que, en la especie, habiendo transcurrido más de dos años desde la solicitud de la recurrente, resulta a todas luces un retraso excesivo para la obtención de una respuesta por parte de la administración.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE el recurso de protección en favor de nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones, ordenándosele emitir un pronunciamiento de fondo respecto de la solicitud de residencia definitiva, en el plazo máximo de 60 días hábiles.

Acordada con el voto en contra de la Ministra María Verónica Quiroz Fuenzalida, quien fue de la opinión de rechazar el recurso de protección, pues la recurrente mientras obtiene un pronunciamiento por parte de la administración puede seguir realizando sus trámites de manera normal, sin ver afectados sus derechos y en consecuencia el retardo en la tramitación de la solicitud de residencia definitiva no le produce perjuicio alguno.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 288-2026 Protección.