nombre reservado con SERVICIO LOCAL EDUCACION CHINCHORRO

Arica, cuatro de mayo de dos mil veinte.

VISTO:

Doña nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliada en esta ciudad, interpuso recurso de protección en contra del SERVICIO LOCAL DE EDUCACION CHINCHORRO, representado por su Director Ejecutivo el Sr. nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, y contra el Director de Liceo A-1, nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, todos con domicilio en Arica, estimando que los recurridos han pasado a llevar sus funciones de aula, que servía como profesora de lenguaje en el Liceo Octavio Palma Pérez, con fecha 6 de marzo pasado.

Funda en los hechos su recurso en que se le ha privado o turbado arbitrariamente de su derecho de propiedad sobre el cargo de Profesora de lenguaje, obtenido según Decreto de nombramiento de titularidad docente de la Municipalidad de Arica del año 2015, puesto que los recurridos cambiaron su lugar de trabajo, que desempeñaba en Aula, al Centro de Recursos Audiovisuales, que es una especie de biblioteca para desempeñar un trabajo de auxiliar, lo que le causa un serio menoscabo psíquico y físico.

Alega que por su nombramiento, tiene la calidad de docente titular en el cargo de profesora de lenguaje del Liceo A-1 “nombre reservado”, con 30 horas cronológicas semanales, a contar del 2 de marzo de 2015, el que se adjudicó por concurso público, cargo que ejerció hasta el día viernes 6 de marzo de 2020, cuando se modificaron sus funciones.

Destaca que en mayo de 2017, y encontrándose haciendo clases al curso cuarto año medio G, un alumno intentó agredirla, reaccionando oportunamente otros dos estudiantes, incidente que, como sostiene, habría ocurrido ante la inspectora de patio, tras lo que consultó sobre los protocolos de actuación al inspector general, quien manifestó que en liceo no los había, y que iba a informar al apoderado del alumno. Luego, solicitó entrevista con el Director, consiguiéndola sólo con la Jefa de Unidad Técnica Pedagógica nombre reservado, quien le expuso que el estudiante habría manifestado estar molesto por un hecho ajeno y tener una pataleta sin justificación alguna.

Estima que se bajó el perfil al intento de agresión, por lo que solicitó que se escuchara su versión, sintiendo que la inspectora de patio apoyó al alumno y encontrándose en indefensión, indiferencia que la motivó a pedir dos días administrativos.

Añade que fue recriminada por el Informe entregado al DAEM, debiendo entregar cartas de desagravio a la jefa de UTP e inspectora de patio, lo que ha incidido no sólo en su integridad física y síquica sino en su trabajo, ya que han puesto una co-docente en sus clases, para reemplazarla, como sostiene, pues realiza clases en sus horarios y cursos.

Al retornar del periodo de vacaciones de verano, y después de entregarle los techos horarios y las distintas asignaciones a cursos en una reunión de Consejo se Profesores, fue desvinculada del mismo sin razón alguna para enviarla a realizar funciones menores distintas de aula, lo que, como afirma, le produce un grave menoscabo y discriminación personal, sin que su nombramiento haya sido modificado, lo que también afecta las horas ganadas en su titularidad del cargo.

Supone que este cambio se debe a los hechos que relató, como castigo o sanción a sus reclamos, a iniciativa de la Jefa de UTP nombre reservado y la Jefa de Departamento de Lenguaje la Sra. nombre reservado, quienes solicitaron su destinación al CRA.

Estima que el acto reclamado es ilegal, y cita, al efecto, fallos de Tribunales Superiores de Justicia que, estima, serían homólogos al suyo.

En consecuencia, y estimando que la actuación de los recurridos vulnera el derecho de propiedad sobre su cargo, pide que se respete el mismo, de su jornada laboral de titularidad de aula y se deje sin efecto la destinación como ayudante del Centro de Recursos Audiovisuales del Liceo, garantizando el ejercicio de su docencia sin mayores dificultades; que se respeten y garanticen las 35 horas de Titular a Planta de Docente del Liceo Octavio Palma Pérez, del Decreto N° 1101 del 16 de febrero de 2015; y, que se condene en costas a los recurridos.

Informó únicamente la recurrida Servicio Local de Educación Pública de Chinchorro, señalando como cuestión previa, que el artículo 16° de la Ley Nº 21.040 señala: “Definición. Créanse los Servicios Locales de Educación Pública que se señalan a continuación como órganos públicos funcional y territorialmente descentralizados, con personalidad jurídica y patrimonio propios, los que se relacionarán con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación. Estos servicios cubrirán, conjuntamente, la totalidad de las comunas del país: a) Región de Arica y Parinacota: un Servicio Local…” El artículo octavo transitorio de la misma normativa dispone: “El 1 de enero del año siguiente a la fecha de entrada en funcionamiento de un Servicio Local, se le traspasará, por el solo ministerio de la ley, el servicio educacional que prestan las municipalidades, directamente o a través de corporaciones municipales, de las comunas en las cuales éste ejerza su competencia, lo cual comprenderá los bienes muebles e inmuebles, recursos financieros y personas asociadas a la prestación de dicho servicio, de conformidad a las disposiciones transitorias siguientes”.

Añade que en virtud, del artículo cuarto transitorio de la Ley 21.040, se establece el traspaso del sistema educacional que prestan las Municipalidades directamente o a través de las Corporaciones Municipales, creadas por Decreto con Fuerza de Ley N° 1-3.063/1980, a los Servicios Locales de Educación Pública, en la oportunidad, forma y condiciones establecidos en los artículos transitorios correspondientes, exponiendo que conforme el Decreto N° 72/2018, el Servicio Local de Chinchorro inició sus funciones el día 3 de enero de 2019, traspaso que incluyó al personal docente que se desempeñaba en los establecimientos, entre los que se encuentra la recurrente.

Indica que en este contexto, el Servicio Chinchorro asumió como sostenedor de los establecimientos educacionales de la región, y se recibió de la dirección del Liceo A-1, una serie de antecedentes que dan cuenta de variadas problemáticas tanto en el desempeño de sus funciones por parte de la recurrida, como en sus interacciones con colegas, jefaturas, alumnos y apoderados del establecimiento. Como principal falencia -no la única- se manifestó la reticencia de la docente a presentar los contenidos programados y a seguir los lineamientos acordados por el departamento de lenguaje del liceo, lo que entorpecía el aprendizaje de los alumnos; junto con problemas de relaciones personales que obstaculizaba las labores.

Ante tal situación y previa conversación con la recurrente -quien en esa ocasión y anteriormente ante su antiguo empleador había manifestado su intención de cambiar sus funciones hacia otro establecimiento- la Subdirectora de Gestión de Personas del Servicio recurrido gestionó su cambio de funciones.

Expone que el artículo 18 de la Ley 21.040, dispone que los Servicios Locales tendrán como funciones y atribuciones, las siguientes: “b) Administrar los recursos humanos, financieros y materiales del servicio y los establecimientos educacionales de su dependencia, para lo cual podrá adquirir toda clase de bienes muebles e inmuebles para el cumplimiento de sus fines”. A su vez, el artículo 19 de la misma normativa, indica en cuanto a las responsabilidades del Servicio Local que, les corresponderá especialmente, respecto de los establecimientos educacionales de su dependencia, entre otros: “5. Velar por que los estudiantes tengan acceso a recursos para el aprendizaje, tecnología y bibliotecas que faciliten su formación integral”, destacando principalmente su artículo 22, que establece: “Funciones y atribuciones del Director Ejecutivo. Al Director Ejecutivo le corresponderán especialmente las siguientes funciones y atribuciones: a) Dirigir, organizar, administrar y gestionar el Servicio Local, velando por la mejora continua de la calidad de la educación pública en el territorio de su competencia; d) Contratar y designar, así como poner término a las funciones del personal del Servicio Local y de los profesionales de la educación, asistentes de la educación y otros profesionales de los establecimientos educacionales de su dependencia, de conformidad a la normativa vigente, según corresponda”.

El Estatuto Docente en su artículo 5° dispone: “Son funciones de los profesionales de la educación la docente y la docente-directiva, además de las diversas funciones técnico-pedagógicas de apoyo”.

Refiere que partir del año 1993, el Ministerio de Educación en conjunto con el Banco Mundial, y como parte del proyecto de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación (MECE), llevó a cabo la implementación de bibliotecas escolares con el nuevo enfoque que representan los CRA (Centro de Recursos para el Aprendizaje). La biblioteca escolar CRA funciona como el espacio que centraliza los recursos del establecimiento para el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes, es un lugar activo y acogedor, con un libre acceso y uso de todos los recursos. La importancia y necesidad de estos CRA en los establecimientos educacionales está reconocido en el Decreto Supremo N° 83 de 2014 que modifica Decreto Nº 53, de 2011, que establece elementos de enseñanza y material didáctico mínimos con que deben contar los Establecimientos Educacionales para obtener y mantener el Reconocimiento Oficial del Estado.

En consecuencia, a la docente se le asignaron funciones en el CRA, las cuales comparten características de ser de actividades no lectivas y de apoyo técnico-pedagógico, las cuales se condicen plenamente con su formación profesional de profesora de lenguaje, y que van en directo fortalecimiento de la formación de los alumnos. Dichas labores se desarrollan en el mismo establecimiento en que la docente fue nombrada como titular y reconociéndole dicha calidad, sin disminución alguna de horas ni de remuneraciones.

Sostiene que para adoptar la decisión referida se tuvo en especial consideración la obligación de cumplir con el mandato legal contenido en los artículos 3 y siguientes de la Ley Nº 21.040 de proveer una educación pública de calidad; cuestión que se veía amenazada con la información recibida respecto al desempeño de la recurrente, lo que va en directo detrimento del alumnado, principal beneficiario del servicio educacional prestado por el Servicio Local.

Añade que lo señalado se funda en el artículo único de la Ley Nº 19.648, por la que la Contraloría Regional de Arica y Parinacota emitió el Oficio N° 4.676 de diciembre de 2019, en que se ordenó a la I. Municipalidad de Arica, por ejemplo el reconocimiento de la titularidad de doña nombre reservado, en los siguientes términos: “En consecuencia, en el caso analizado, se cumplen los requisitos para reconocer a la señora nombre reservado la titularidad docente por las 38 horas vigentes al 31 de julio de 2018, debiendo la autoridad municipal, dictar el respectivo decreto para tales efectos”. A raíz de dicha situación, el Servicio Local tuvo que aceptar la titularidad de la docente nombre reservado, por 38 horas semanales, adoptándose la decisión de entregarle a ésta funciones de aula en la asignatura de lenguaje en el liceo A-1, en atención a las dificultades y observaciones que presentaba en el cumplimiento de sus funciones la recurrente, lo que iba en detrimento de los alumnos.

Por consiguiente, afirma que el cambio de las funciones que debe cumplir la actora, se realizó en el marco de las atribuciones que le corresponden a la recurrida, en calidad de sostenedora, por los motivos expuestos, priorizando el deber de entregar una educación pública de calidad, pero salvaguardando los derechos de la recurrente, quien mantiene su calidad de docente titular, con su respectiva carga horaria e inclusive respetándose 5 horas que mantenía en calidad de contrata, totalizando un total de 35 horas, en el mismo Liceo A-1.

Llama la atención que la actora se refiera a sus nuevas funciones como “trabajo de auxiliar, toda vez que hasta la fecha no se ha presentado a realizar labor alguna durante el presente año escolar, primero por licencia médica y luego por la contingencia provocada por el COVID-19.

Niega que existan las vulneraciones de garantías que reclama la actora, ya que durante el año 2018 ya presentó una acción de protección, la cual fue rechazada en causa Rol 907-2018, narrando hechos similares a los de esta acción y alegando vulneración de los mismos derechos, tampoco la del artículo 3° inciso 5°, al no encontrarse en las hipótesis de la misma, y sobre la vulneración del artículo 19 Nº 24, ello importaría que en relación a su cargo, han podido usar, gozar y disponer arbitrariamente del mismo, como venderlo o cederlo, lo que no puede ser más ajeno a la naturaleza jurídica de un empleo en una entidad pública, cualquiera que ella sea, siendo mera consecuencia de su empleo público.

Concluye refiriendo que los hechos señalados por la recurrente carecen de arbitrariedad y de ilegalidad, ni excede sus atribuciones, pues, corresponden a las facultades propias del director ejecutivo derivadas de su calidad de sostenedor de los establecimientos educacionales, existiendo un ordenamiento y un procedimiento respecto de la facultad de dirigir y administrar el Servicio Local.

Pide que el recurso sea rechazado, con costas.

Que con fecha veintinueve de abril pasado, se tuvo por no presentado el recurso de protección, respecto del recurrido nombre reservado.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que, la acción de protección contemplada en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

SEGUNDO: Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que, es un hecho no discutido del recurso que la recurrente fue nombrada a través del Decreto N° 1101 de la I. Municipalidad de Arica, el 16 de febrero de 2015, como docente titular, profesora de lenguaje del establecimiento educacional Liceo Octavio Palma Pérez, con treinta horas cronológicas semanales, para nivel o modalidad enseñanza “media”. Copia del señalado documento fue acompañada por la propia recurrente en su recurso.

CUARTO: Que, la Ley Nº 19.070, que aprueba el Estatuto de los Profesionales de la Educación, en su artículo 25 establece: “Los profesionales de la educación se incorporan a una dotación docente en calidad de titulares o en calidad de contratados. Son titulares los profesionales de la educación que se incorporan a una dotación docente previo concurso público de antecedentes.”.

Enseguida, el artículo 34 estatuye que: “Los profesionales de la educación que tengan la calidad de titulares, tendrán derecho a la estabilidad en las horas y funciones establecidas en los decretos de designación o contratos de trabajo, según corresponda, a menos que deban cesar en ellas por alguna de las causales de expiración de funciones establecidas en este Estatuto.”.

A su turno, el inciso primero del artículo 38 señala: “Los profesionales de la educación, podrán ser objeto de destinaciones a otros establecimientos educacionales dependientes de un mismo Departamento de Administración de Educación Municipal o de una misma Corporación Educacional, según corresponda, a solicitud suya o como consecuencia de la fijación o adecuación anual de la dotación, practicada en conformidad al artículo 22 y al Plan de Desarrollo Educativo Municipal, sin que signifique menoscabo en su situación laboral y profesional. No obstante, si producida la destinación estimaren que se les ha causado menoscabo, podrán reclamar de ello conforme al procedimiento del inciso tercero del artículo 12 del Código del Trabajo, sin perjuicio que puedan ejercer su derecho a reclamar ante la Contraloría General de la República o la Dirección del Trabajo, según procediere, sin que ello implique paralizar la destinación.”.

QUINTO: Que aun cuando al evacuar su informe la recurrida refiere varias de las normas de la Ley N° 21.040, resultando relevante, en este sentido, lo que dispone la letra d) de su artículo 22, que establece, entre las funciones y atribuciones del Director Ejecutivo: “d) Contratar y designar, así como poner término a las funciones del personal del Servicio Local y de los profesionales de la educación, asistentes de la educación y otros profesionales de los establecimientos educacionales de su dependencia, de conformidad a la normativa vigente, según corresponda.”.

SEXTO: Que lo que la recurrente estima como arbitrario, ilegal y vulneratorio de, principalmente, su derecho de propiedad, es la reasignación de funciones, dentro del mismo establecimiento, con la misma remuneración y con idéntica carga horaria, al Centro de Recursos para el Aprendizaje del Liceo Octavio Palma Pérez.

La recurrida en su exposición de motivos, estima que el cambio ha sido necesario y justificado, debido a los severos problemas de relaciones interpersonales al interior del departamento que ella integra, como asimismo la poca adherencia a las instrucciones alusivas a presentar los contenidos educativos que corresponde.

Para resolver si ello afecta su estabilidad en el empleo, habrá de estarse, a lo que expresa el artículo 34 de la Ley Nº 19.070, reproducido en el considerando cuarto que antecede, horas y funciones establecidas en su decreto de designación, y, revisado el mismo, fluye que ha sido nombrada, como se adelantó en el considerando tercero, como docente titular, profesora de lenguaje del establecimiento educacional Liceo Octavio Palma Pérez, con treinta horas cronológicas semanales, para nivel o modalidad enseñanza “media”.

SÉPTIMO: Que es necesario, para resolver el recurso, atender también a la resolución pronunciada por el Director Ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública de Chinchorro, con fecha 10 de marzo de 2020, por la que se observa que la destinación de la recurrente está fundada en lo administrativo, en ser destinada en comisión de servicios a funciones de apoyo en el CRA del Liceo Octavio Palma Pérez, por los fundamentos que allí se expresan, sustentados, además en el artículo 6° de la Ley 19.040, el que preceptúa que “La función docente es aquella de carácter profesional de nivel superior, que lleva a cabo directamente los procesos sistemáticos de enseñanza y educación, lo que incluye el diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de los mismos procesos y de las actividades educativas generales y complementarias que tienen lugar en las unidades educacionales de nivel pre-básico, básico y medio”.

En consecuencia, atendido los términos del nombramiento de la recurrida, como el propio tenor de la disposición antes señalada, y de las restantes aludidas a lo largo de este recurso, es que no puede entenderse que la variación de sus funciones obedezca a un acto caprichoso o discriminatorio del recurrido, sino al ejercicio de facultades intrínsecas de la Dirección Ejecutiva, por razones de buen servicio, trasladándose a la actora a una función docente, aunque no de aula, de aquellas contempladas en la letra b) de esa disposición, siendo relevante que su nombramiento no es, estrictamente, para ejercer funciones en aula.

Por otro lado, no escapa a los razonamientos que se expresan, que del examen de los fundamentos del recurso fluye que a través de ellos la recurrente hace una invitación a esta Corte a revisar y ponderar hechos relativos a la convivencia profesional y a la calificación del desempeño profesional de la recurrente o de otros profesionales del establecimiento donde sirve su cargo, ejercicio que se encuentra vedado en esta sede, toda vez que este arbitrio resulta improcedente para revisar el mérito de decisiones facultativas de la administración, cuestiones que motivan el rechazo del recurso.

Por las anteriores consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales se declara:

Que SE RECHAZA, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra del Servicio Local de Educación Pública de Chinchorro, y de don nombre reservado.

Cúmplase, oportunamente, con lo establecido en el numeral 14° del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

Rol N° 285-2020 Protección