Protección contra Ejército de Chile - Comando de Personal del Ejército

Arica, veinticuatro de julio de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece nombre reservado, Sargento Segundo de Ejército, quien cumple funciones profesionales en la 2da Brigada Acorazada “Cazadores”, de la comuna de Pozo Almonte e interpone recurso de protección en contra del Ejército de Chile - Comando de Personal del Ejército.

La acción constitucional impetrada se basa en un acto arbitrario cometido por el recurrido en perjuicio del recurrente, materializado por la Resolución Exenta Comando de Personal del Ejército RA N°119291/1135/2025 de 15 de mayo de 2025 y notificado a esa parte el mismo día 15, a las 22:40 horas, mediante lo cual se dispone su Retiro Temporal del Ejército y cese de sueldo, señalándose como motivación que el recurrente fue sorprendido favoreciendo migración irregular a nuestro país, lo que dado la connotación e impacto está siendo actualmente investigada desde el ámbito penal por la Fiscalía Militar letrada de Iquique en autos Rol N°78-2025 y por la Fiscalía Local de Pozo Almonte, según consta en autos RIT N°1065-2025 del Juzgado de Letras y Garantía de Pozo Almonte; arbitraria decisión que provoca perturbación y amenaza a las garantías constitucionales de la igualdad ante la ley; la igual protección de la ley en el ejercicio de derechos y el derecho a la propiedad, los cuales se encuentran consagrados y garantizados en el artículo 19° N°2, N°3 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Señala que, como cuestión previa, ostenta el grado de jerárquico de Sargento Segundo (SG2°) de Ejército, que corresponde a la escala jerárquica de “Cuadro Permanente”, conforme al ordenamiento jerárquico establecido en el artículo 37 de la Ley 18.948“Organica Constitucional de las Fuerzas Armadas”; categoría que comprende los grados jerárquicos de Cabo a Suboficial Mayor.

Que, en lo referido a los aspectos del “Término de la Carrera Profesional”, atingente al personal “Cuadro Permanente, el artículo 52 de la Ley 18.948, “Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas”, prescribe que el personal deja de pertenecer a las Fuerzas Armadas por retiro o fallecimiento, y que el retiro puede ser temporal o absoluto.

A su tiempo, en el artículo 56 se señala que el retiro temporal del personal del Cuadro Permanente y de Gente de Mar, procederá por alguna de las siguientes causales:

a. Por enfermedad curable que lo imposibilite temporalmente para el servicio.

b. Por necesidades del servicio.

c. Por resolución del Comandante en Jefe respectivo.

Que, como S.S.Iltma. podrá determinar, la normativa establece claramente la diferencia entre “Retiro Temporal”, durante la cual no se pierde la condición de funcionario público ni la titularidad en el empleo, respecto del “Retiro Absoluto” cuando se deja de pertenecer definitivamente a la Institución y, por tanto, se pierde la condición de funcionario público y la titularidad en el empleo, En cuanto al tema de “Retiro Temporal” que importa esta instancia de protección constitucional, se encuentra contemplado en el Artículo 251 del DFL N°1 de 1997, “Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas”: “El retiro temporal del personal del cuadro permanente y de gente de mar por la causal necesidades del servicio contemplada en la letra b) del artículo 56 de la Ley 18.948, podrá disponerse discrecionalmente por el Director del Personal o Comandante del Comando de Personal, cuando concurra alguno de los siguientes presupuestos:

a) Por haberse comprobado la comisión de una falta grave a la disciplina en una investigación sumaria administrativa.

b) Por haber sido condenado por sentencia judicial ejecutoriada a una pena superior a un año, salvo que la autoridad competente estime que la naturaleza de los hechos que motivaron la condena no afecta su conducta profesional.

c) Por pérdida de la vocación militar o que su permanencia sea perjudicial para el servicio.

Para la aplicación de la causal establecida en la letra c), el Director del Personal o Comandante del Comando de Personal deberá requerir los antecedentes u ordenar las investigaciones sumarias que le permitan verificar los hechos que le sirven de fundamento”.

Relata que, es en ese orden de ideas que el 15 de mayo de 2025 y en circunstancias que el recurrente se encontraba cumpliendo funciones profesionales en la frontera de Chile con Bolivia, en el marco de control de emigración irregular, siendo las 02:00 horas de ese día fue detenido por Carabineros, acusado de favorecer el ingreso irregular de una ciudadana no chilena. En razón de lo mismo, fue trasladado a la Fiscalía Militar de Pozo Almonte, donde siendo la 09:00 horas. aproximadamente, ese tribunal se declaró incompetente, siendo traspasada la causa al Juzgado de Letras y Garantía de Pozo Almonte, donde a las 10:00 horas. aproximadamente se efectuó la audiencia de formalización, donde se dispuso su detención en un recinto militar.

Siendo las 17:00 horas. aproximadamente, fue trasladado a dependencias de la Escuela de Caballería Blindada del Ejército, en la ciudad de Iquique, donde fue ingresado a las 21:00 horas. aproximadamente. A las 22:40 horas. del mismo día 15 de mayo, se presentó en esa unidad militar la Subteniente nombre reservado, quien notificó lo notificó de la Resolución Exenta Comando de Personal del Ejército RA N°119291/1135/2025 de 15 de mayo de 2025, mediante lo cual se decretó su Retiro Temporal, por estimarse que su permanencia es perjudicial por afectar la imagen de la institución.

Que, la motivación de la medida se verifica en el “Considerando 2”: “… que los hechos expuestos, están siendo de amplia repercusión nacional a través de todos los medios de comunicación social, electrónicos, televisivos y escritos, teniendo serias repercusiones negativas y cuestionamientos para la institución…”, citándose, a modo de comprobación, una largo listado de medios de comunicación donde se difundió la noticia, siendo la razón por la cual se indica en el “Considerando 4” que su actuar causó daño a la imagen institucional. En el “Considerando 7” se señala: “…Que, esta División de Personal, habiendo analizado los antecedentes y argumentos, relativos al perjuicio que genera que el SG2° nombre reservado continue permaneciendo en el servicio, ha tenido en especial consideración la necesidad de prevenir el daño que podría acarrear su permanencia en el servicio, motivo por el cual, los fundamentos no se supeditan a las conclusiones que pudiere llevarse a la finalización del proceso penal y/o administrativo respectivo, teniendo una especial consideración, que la responsabilidad de los militares en particular, comprende el esfera de la vida íntegra, en cuanto ellos comprometen el prestigio de la institución a la que sirven sus valores y ejemplos hacia la sociedad…”.

En el “Considerando 10” se prescribe: “…Asimismo, se estima que la permanencia en la institución del SG2° nombre reservado es considerada perjudicial para la institución, al ser los hechos en que se vio envuelto de connotación nacional y relevancia pública, siendo ello la fecha objeto de permanente escrutinio social, haciendo proclive su condición a cuestionamientos permanentes tanto internos como externos, afectándose gravemente la imagen institucional a la que sirve, tanto frente a la civilidad, como para el resto de los servicios públicos que actualmente investiga los hechos, agregándose a ello, la difusión de los medios de prensa y comunicación a los mismos con los efectos negativos que les son propios…”.

En el “Considerando 19” se señala que, notificada la Resolución recurrida, se debe cursar el cese definitivo de sus remuneraciones, de beneficios económicos y de cualquier reintegro. Por tal motivo, la nombre reservado de la 2da Brigada “Cazadores” lo instó a que firmara la solicitud de pensión de retiro, respecto de lo cual se negó, mientras no se resuelva este recurso de protección.

Que, así las cosas, la motivación de la medida administrativa obedece única y exclusivamente que su actuar, no probado en sede social ni administrativa, causó daño a la imagen del Ejército, resultando indiferente para la autoridad el principio de presunción de inocencia, que legítimamente le asiste, llegando al extremo de expresar que los fundamentos no se supeditan a las conclusiones que pudiere llevarse a la finalización del proceso penal y/o administrativo respectivo, y por tanto, y de ser decretada su inocencia, como está seguro así sucederá, lo mismo será indiferente, pues lo principal y único, es cautelar la “imagen institucional”, lo que obviamente resulta arbitrario e ilegitimo, además de profundamente inhumano y atentario contra derechos fundamentales universales.

Que, en este mismo sentido, y de lo cual da certeza de una condena previa y sentencia de la autoridad respecto de mi persona, se da en la circunstancia que en la 2da Brigada Acorazada “Cazadores”, unidad de desempeño de este recurrente, no se dispuso la incoación de algún proceso disciplinario y/o investigación sumaria administrativa que pudiera avalar lo determinado por la parte recurrida, lo que ratifica que basó toda su motivación solo en lo difundido por los medios de comunicación social, y en el hecho de estar privado de libertad, habida consideración que la causa RIT N°1065-2025 del Juzgado de Letras y Garantía de Pozo Almonte, donde se investiga el hecho, tiene carácter de “reservado”, razón por la cual está vedado la información para terceros ajenos al procedimiento, lo que, de manera consecuente, negada a la parte recurrida.

Que, del mismo modo se puede verificar que todo el proceso de Retiro Temporal se decretó en el tiempo de algunas horas, que medió desde que fue detenido, a las 02:00 horas del 15 de mayo de 2025 y la hora de la notificación: 22:40 horas, lo que lleva a la conclusión inequívoca, ratificada por la autoridad, que la decisión solo se basó en lo señalado en el “Considerando 2”: “…que los hechos expuestos, están siendo de amplia repercusión nacional a través de todos los medios de comunicación social, electrónicos, televisivos y escritos, teniendo serias repercusiones negativas y cuestionamientos para la institución…”, razonamiento que resulta absolutamente irracional, arbitrario e ilegitimo, pues pasa a llevar principios normativos fundamentales, como resulta ser el principio de presunción de inocencia; la posibilidad de alegar justificación o defensa; de la tipicidad; de la motivación, entre otros principios conculcados, de lo que se colige que lo obrado atenta contra derechos que expresamente consagra y protege nuestra Constitución Política de la República y en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humano ratificados por nuestra nación y que se encuentran plenamente vigentes, siendo el motivo por la cual se recurre a S.S.Iltma. con este recurso de protección constitucional.

Que, cabe consignar que la letra c) del Artículo 251 del DFL N°1 de 1997, “Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas”, citado por la recurrida como aval normativo de su decisión, establece que para invocarse la causal de Retiro Temporal permanencia sea perjudicial para el servicio: “…se deberá requerir los antecedentes u ordenar las investigaciones sumarias que le permitan verificar los hechos que le sirven de fundamento…”; obligación que no se observa señaladas en el acto administrativo recurrido, habida consideración que en el Ejército no se instruyó ninguna investigación sumaria; en tanto que los únicos antecedentes que se indican en ese acto, obedecen a que el caso fue difundido a través de todos los medios de comunicación social, electrónicos, televisivos y escritos, lo que obviamente resultan insuficientes e infundados como medio de prueba que avale la arbitraria decisión.

Que, la misma arbitrariedad se manifiesta en el proceso notificativo de la Resolución Exenta Comando de Personal del Ejército RA N°119291/1135/2025 de 15 de mayo de 2025, en cuanto se realizó en el marco de un alto grado de estrés al que estaba sometido este recurrente, más de 24 horas. sin dormir y sin consumir alimentos, estando aislado y sin posibilidad de requerir algún tipo de asesoramiento, dado que fue cercano a la 23:00 horas. del 15 de mayo de 2025, habiéndose requisado mi teléfono móvil, en tanto que la oficial designada para notificar, la Subteniente nombre reservado no le indicó ningún tipo de derecho que le asistiera, solo limitándose a señalar que había cometido un acto muy grave y que tenía que someterse a las consecuencias, es decir, en todos los niveles de mando, existía una condena previa sobre su persona.

Es en ese marco de acontecimientos que fue notificado, siendo el motivo por lo cual, además de su desconocimiento sobre este tipo de procedimientos, que no realizó recurso de Reposición en contra de la resolución que decretó el arbitrario Retiro Temporal, siendo solo ahora, y gracias a asesorías de conocidos que se enteró de los derechos que le asisten, entre los cuales se considera el recurso de protección.

Que, finalmente es dable consignar que la misma arbitrariedad e ilegitimidad en lo obrado por la autoridad, se verifica que resolvió privarlo de ingreso económicos al decretar el cese definitivo de sus remuneraciones, de beneficios económicos y de cualquier reintegro, cuestión que no señala la normativa atingente a este tipo de medida administrativa, en consideración a que la naturaleza de “Retiro Temporal” decretada, no implica que pierda la calidad de funcionario público, toda vez que la regla general establece que las remuneraciones son inembargables, tal como se prescribe en los artículos 95 y 96 de la Ley 18.884, lo cual, en aplicación de lo señalado en el artículo 139 del DFL (G) N°1 “Estatuto de las Fuerzas Armadas”, resulta plenamente aplicable a los funcionarios del Ejército, como resulta mi caso; derecho que también así lo consagra el artículo 57 del Código del Trabajo, todo lo cual permite verificar que esa medida, al no sustentarse en la normativa, deviene en arbitraria e ilegítima.

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES CONCULCADAS: La igualdad ante la Ley. El hecho de haberse dispuesto su Retiro Temporal y cese inmediato de sus remuneraciones, con el fundamento de que mi permanencia resulta perjudicial para la imagen del Ejército, solo sobre la base que el caso en que se vio comprometido fue difundido por medios de comunicación social, tanto escrito, visuales y electrónicos, resultando indiferente para el recurrido que el tribunal decrete su inocencia, y prescindiéndose del supuesto consagrado en la letra c) del artículo del Artículo 251 del DFL N°1 de 1997, “Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas”, importa que se le vulnera el derecho de ser tratado sin establecer diferencias arbitrarias, como acontece con cualquier funcionario público del Estado de Chile, quienes viéndose afectos al escarnio público, como acontece, por ejemplo, con los afectados por temas de probidad en el marco de Fundaciones, Licencias médicas, intervención de teléfonos y otros casos de amplia cobertura nacional e internacional, se les mantiene en sus cargos mientras no concluyan los procesos judiciales y/o administrativos incoados al efecto.

En su caso, señala, ni siquiera fue objeto de un proceso sumarial, siendo decretada la medida solo como efecto de lo difundido por los medios de comunicación social y encontrarse privado de la libertad, respecto de lo cual, la parte recurrida deja expresa constancia como fundamento de su decisión en el acto administrativo, todo lo cual permite verificar que es discriminado y objeto de diferencias arbitrarias ante la ley, agravado con que se le cesó el sueldo, cuestión que la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago decretó que resulta ilegitima, según consta en la Sentencia N°5156-2024 de 20 de febrero de 2025, atingente a un funcionario público, Carabinero, en contra quien se decretó su Retiro Temporal y cese de sueldo; sentencia que deja sin efecto el cese de sueldo.

La igual protección de la ley en el ejercicio de derechos. El hecho que la autoridad haya utilizado una herramienta de tipo discrecional, como acontece con la especial atribución que prescribe el artículo 251 del DFL (G) N°1 “Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas”, de modo alguno implica arbitrariedad y carencia de raciocino, habida consideración que esa facultad debe ser fundada, en plena armonía con lo señalado en el artículo 6° de nuestra Carta Magna: “Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República”; principio que se observa totalmente ausente en el acto recurrido, siendo procedente recordar que la autoridad funda su decisión solo por el daño a la imagen de la institución debido a lo difundido por los medios de comunicación social, todo lo cual permite verificar que se conculcó mi derecho de presunción de inocencia; de acceder a un procedimiento que contemple la existencia de contradicción; de la garantía de que nadie puede ser condenado sin ser oído y del derecho de ser asistido por un asesor, de lo que se colige que la recurrida en ningún momento del procedimiento, el cual solo se incoó en unas pocas horas, otorgó las garantías de un proceso racional y justo, pudiéndose entender que no fue su intención obrar en justicia y en el marco de la ley, sino que solo “cuidar la imagen institucional”, y por tanto resultando toda su actuación arbitraria e ilegítima, ajeno a toda acto mínimo de humanidad.

El Derecho a La Propiedad El artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República consagra el Derecho a la Propiedad, en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, como lo es el cargo en la planta que ocupo en el escalafón del Cuadro Permanente del Ejército de Chile, en su condición de Sargento Segundo.

Dentro de los derechos incorporales se encuentran precisamente la estabilidad en el empleo y las remuneraciones que percibo, lo cual fue violentado con la medida expulsiva Temporal decretado por el recurrido de manera arbitraria, en virtud de que su determinación resultó infundada e inmotivada, como, asimismo, que se actuó con desidia, prescindencia de la Ley y del mínimo respeto hacia mi persona.

Tal como se expuso. de este escrito, la medida administrativa recurrida “Retiro Temporal”, implica que no pierde la calidad de funcionario público, lo que solo se alcanza con el “Retiro Absoluto”.

El Retiro Temporal, al obedecer a una medida de tipo cautelar, no definitiva en los términos que fija la normativa de rango constitucional, implica que no lleva asociado el cese de remuneraciones, toda vez que tal condicionante no está contemplada en alguna disposición legal que lo imponga; en tanto que la regla general establece que las remuneraciones son inembargables, tal como se prescribe en los artículos 95 y 96 de la Ley 18.884, lo cual en aplicación de lo señalado en el artículo 139 del DFL (G) N°1 “Estatuto de las Fuerzas Armadas”, resulta plenamente aplicable a los funcionarios del Ejército, como resulta su caso, como también así lo consagra el artículo 57 del Código del Trabajo, razón por la cual, solo es posible hacer los descuentos o suspender el pago de remuneraciones en los casos expresamente permitidos por la ley. Por tanto, la decisión de la recurrida de cesar mis remuneraciones, a pesar de que no existe proceso disciplinario o sumarial ni resolución firme ejecutoriada, mediando una determinación carente de fundamentos, implica que se afecta este derecho constitucional.

Pide se acoja el recurso y se adopte celeridad las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del recurrente.

Informa la recurrida por medio del Comandante de la División de Personal, señala que los antecedentes previos al retiro temporal decretado, el 14 de mayo de 2025 en horas de la noche, el recurrente realizaba labores de vigilancia en los puestos de observación fronteriza de la facción “Cerrito Prieto 2”, dependiente de la Segunda Brigada Acorazada ubicada en la Región de Iquique; y que abusando de su cargo, coordinó vía telefónica con una migrante venezolana el ingreso irregular de ésta al país desde Bolivia.

Se informó a la Fiscalía Militar de Iquique y luego al Ministerio Público, instruyendo éste la intervención del Departamento OS-9 de Carabineros de Chile para proceder con la detención del recurrente, quien figuraba en ese entonces como potencial autor del delito de tráfico de migrante, en virtud de lo relatado por la venezolana y los audios registrados en su celular.

En audiencia de formalización y control de detención, el Juzgado de Pozo Almonte ordenó la prisión preventiva del recurrente, cumpliéndola al efecto en un recinto militar.

Es así como el Ejército tomó conocimiento el 15 de mayo de 2025 de los hechos delictuales señalados, generándose la debida comunicación entre mandos institucionales, desde recopilación de antecedentes por parte de la Unidad a la que pertenecía el Sargento. La noticia de público conocimiento, derivó a que la División de Personal, en la misma fecha, dispusiera mediante Resolución Exenta RA N°119291/1132/2025 el retiro temporal del recurrente nombre reservado.

Señala que la resolución está debidamente fundada, que tuvo como motivación primeramente la potencial repercusión negativa a la imagen institucional del ejército de Chile, donde los hechos comprometen su prestigio y la confiabilidad de la ciudadanía con esa institución castrense, menoscabando a su vez el ejercicio del mando institucional al incumplir el recurrente su deber de evitar cuestionamientos por parte de los subordinados y civiles con acciones como la ocurrida.

Señala que cabe hacer presente que el Sargento fue destinado a la zona fronteriza norte en cumplimiento del plan acordado por el Consejo de Seguridad Nacional, que el Presidente convocó el 5 de febrero de 2024, debido a la crisis de seguridad que enfrenta nuestro país. Además, se tuvo presente al dictar la resolución recurrida, que el recurrente se encuentra en prisión preventiva, medida cautelar, que a nivel administrativo genera problemáticas en su relación estatutaria con el Ejército, puesto que al estar privado de libertad se genera una alteración en su actividad funcionaria y en la misma función militar, ya que dicha medida impide que éste pueda prestar los servicios que realizaba, afectando la eficiencia y eficacia operacional.

Respecto de la fundamentación legal señala que el artículo 7 inciso tercero de la L.O.C. de las Fuerzas Armadas, Ley 18.949, dispone el medio a través del cual se debe materializar el retiro del Cuadro Permanente, siendo competente la División de Personal, en este caso la resolución se fundó en – Necesidades del Servicio – por pérdida de vocación militar y perjudicial permanencia funcionaria en el Servicio, debido a la afectación de la imagen institucional. El artículo 56 de la misma ley regula el retiro temporal, establecido en la letra b) las necesidades del servicio.

Luego, para complementar, el artículo 251 del Estatuto del Personal de Fuerzas Armadas dispone que el retiro temporal por causales de necesidades del servicio podrá disponerse discrecionalmente por el Director del Personal o Comandante del Comando de Personal cuando concurra alguno de los presupuestos establecidos, en este caso: pérdida de vocación militar.

Además, en el Decreto 1445 del Ministerio de Defensa del año 1951 se expresa en el artículo 35 que no procederá la Investigación sumaria administrativa cuando la falta conste hasta la evidencia, sea por la propia observación, parte oficial, otros antecedentes verbales o escritos o por la propia confesión del inculpado. No procederá en aquellos casos en que los hechos que podrían originarla aparezcan claramente establecidos en los partes, denuncias y diligencias preliminares.

Acompaña jurisprudencia a su favor.

Explican que el recurso de protección es improcedente, que no se cumplen las condiciones y requisitos exigidos por el artículo 20 de nuestra Constitución, por cuanto no sería la vía idónea para impugnar el acto invocado como arbitrario o ilegal, no se vulneran derechos fundamentales y tampoco existe un derecho indubitado por parte del actor, por cuanto el retiro temporal fue dispuesto correctamente y notificado válidamente.

El acto recurrido, señala, es un efecto lógico e inevitable de la determinación institucional, por lo que se comprobó que se encuentra fundamentado según lo establecido en los artículos 10, 11 y 41 de la Ley 19.880.

Que la única vía que tendría en recurrente para volver a la institución es dentro de los tres años siguientes, una vez recuperada su aptitud para el servicio, solicitando su reincorporación antes de pasar a su retiro absoluto.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección, contemplado en nuestra Constitución Política, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional indicados en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, frente a situaciones que de no mediar una pronta acción provocarían un detrimento en las garantías constitucionales de quien lo deduce, por ello es que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para perseguir su amparo cuando crea que sus derechos constitucionales o los de otro, son amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, y la Corte de Apelaciones competente deberá adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado.

SEGUNDO: Que, concordante con lo anterior lo que se pretende con la interposición de un recurso de protección es provocar la intervención jurisdiccional de la Corte de Apelaciones en resguardo de la observancia de los derechos constitucionales conculcados.

TERCERO: Que, el asunto sometido a la decisión de esta Corte y que se indica como acto arbitrario o ilegal que priva, perturba o amenaza las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19° N°2, N°3 y N°24 de la Constitución Política de la República, es la dictación de la Resolución Exenta Comando de Personal del Ejército RA N°119291/1135/2025 de 15 de mayo de 2025 y notificada el mismo día a las 22:40 horas, mediante la cual se dispone el Retiro Temporal del Ejército del recurrente y cese de sueldo, señalándose como motivación que fue sorprendido favoreciendo migración irregular a nuestro país.

CUARTO: Que, de lo anteriormente expuesto, no cabe sino concluir que la resolución recurrida ha sido dictada dentro del marco de legalidad y, por tanto, no es susceptible de ser dejada sin efecto por vía de protección, toda vez que el procedimiento que afecta al recurrente se encuentra regulado en la Ley 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, el DFL 1 de 1997, que establece el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, especialmente en su artículo 251 y el Decreto 1445 del Ministerio de Defensa del año 1951, que contiene el Reglamento de disciplina de la institución, en cuyo artículo 35 se contiene expresamente la facultad ejercida, así como resulta ser un hecho público y notorio la conmoción a nivel nacional que produjo la situación en que se vio envuelto el recurrente quien, en sede penal, fue formalizado por el delito de tráfico de migrantes, en cuyo contexto se tuvieron por concurrentes los requisitos para el establecimiento de la existencia del delito de tráfico de migrantes, como fluye de la causa tenida a la vista, todo lo cual autoriza al recurrido a actuar de la manera que lo hizo, por lo que necesariamente esta Corte debe rechazar el recurso en análisis.

QUINTO: Que se descarta, igualmente, la arbitrariedad, toda vez que no se advierte de ninguna de las piezas de esta causa que la recurrida haya expedido la resolución impugnada por un mero capricho.

Por las anteriores consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE RECHAZA el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra del Ejército de Chile.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol 283 – 2025 Protección.