Protección contra SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Arica, once de septiembre de dos mil veinticuatro.

VISTO:

Comparece José Manuel Mejido Henry, abogado, en representación de doña nombre reservado, boliviana, con domicilio en la ciudad de Putre, y deduce recurso de protección de garantías constitucionales en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, denunciando como ilegal y arbitrario la omisión, ilegal, en la dictación de la resolución exenta N°24314602 que rechazó su solicitud de residencia definitiva y dispuso el abandono de la extranjera, con vulneración de la garantía fundamental consagrada en los numerales 1°, 2° y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que la recurrente se encuentra regular desde los 17 años, con todos sus hermanos viviendo en Chile así como su madre que tiene permanencia definitiva. Indica que tiene arraigo familiar y económico en nuestro país, y que hubo largos años en que ni siquiera viajó a su país de origen atendido a que no tiene mayores vínculos en aquel.

Señala que el 10 de julio de 2022 presentó la solicitud de residencia definitiva y que tras casi dos años de espera, el 27 de junio pasado la recurrida ordenó el abandono del país al no adjuntar el documento en que consta la sanción por vencimiento de su residencia transitoria, siendo que sí había pagado la multa.

Así, la sanción de abandono del país es del todo gravosa, desproporcionada, ilegal y arbitraria pues nunca quiso ocultar información, pues cuando recibió la notificación de previo rechazo el 12 de marzo pasado, envió el comprobante de pago de la multa el mismo día en menos de una hora.

Agrega que la tardanza en resolver su solicitud constituye una discriminación arbitraria, vulnerando con ello la igualdad ante la ley, pues a otras personas en su misma situación se le ha dado respuesta positiva y en un plazo razonable, y si bien los plazos son de carácter administrativos y por ende discrecionales, la demora en casi dos años e s a lo menos excesiva.

En cuanto a las garantías esgrimidas como conculcadas, solo transcribe la normativa nacional e internacional relativa a la igualdad ante la ley.

Por lo anterior solicita se acoja el recurso y con su mérito se conceda la solicitud de permanencia definitiva y se deje sin efecto la orden de abandono, adoptando las demás medidas que se estime necesarias para cautelar los derechos fundamentales de la recurrente.

Informó en su oportunidad el Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo del recurso, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria que atente contra las garantías fundamentales del recurrente.

Señala, que la recurrente obtuvo una primera Visa MERCOSUR el 01 de agosto de 2019, solicitando múltiples prórrogas de esta. Indica que el 10 de julio de 2022se le aplicó una sanción por encontrarse en situación irregular en territorio nacional, al encontrarse vencido o expirado su permiso de residencia.

Agrega que al realizar el pago de la multa, la extranjera lo efectuó por una multa que no le corresponde y por un monto diferente, por lo que la solicitud se encuentra en estado completado con resolución rechaza con abandono, lo que se materializó en la Resolución Exenta N° 24314602 de fecha 27 de junio de 2024, reservándosele los recursos establecidos en la ley, los que no fueron ni han sido ejercidos, por lo que dicha resolución se encuentra firme, no constando el abandono voluntario del país, habiendo transcurrido el plazo para aquello.

Refiere que no se ha dictado acto administrativo que aplique la medida de expulsión, agregando que la orden de abandono no es compulsiva, sino que depende de la mera voluntariedad del extranjero en cumplir con aquella.

Finalmente, en cuanto a las eventuales vulneraciones de garantías constitucionales por parte de la autoridad, indica que su actuar fue conforme a las disposiciones normativas aplicables en la especie, de lo que resulta evidente que no hubo un acto u omisión ilegal o arbitrario que la prive, perturbe o amenace en las garantías constitucionales reconocidas en la Carta Fundamental, por lo que solicitan el rechazo de la acción, con condena en costas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, a juicio de la recurrente, el acto que denuncia como ilegal y arbitrario corresponde al hecho de haber rechazado su solicitud de residencia definitiva y haber decretado el abandono del país mediante la Resolución Exenta N° 24314602 de fecha 27 de junio de 2024 afectando con ello la igualdad ante la ley, así como también el derecho a la vida e integridad psíquica y la libertad de trabajo.

CUARTO: Que, como primera cuestión, no fue controvertido por los intervinientes la circunstancia de que el rechazo de la solicitud de residencia definitiva lo fue por no haber acompañado toda la documentación necesaria para su concesión, abonando a lo anterior el hecho que la propia recurrente acompaña con fecha 10 de septiembre de 2024 el comprobante de pago de la multa por dicha infracción, por lo que evidentemente no habría cumplido con aquella carga al momento de la dictación de la resolución que por esta vía está impugnando, lo que implica necesariamente que el órgano recurrido ajustó su actuar al marco legal y reglamentario al dictar la resolución materia de autos.

QUINTO: Que, en cuanto a la arbitrariedad, y relacionado con la garantía de igualdad ante la ley esgrimida como conculcada, tampoco se desprende del recurso la forma en que se produciría una discriminación en la persona del recurrente en relación con personas determinadas que se encuentran en su misma situación procesal, esto es, haber incurrido en un error en el pago de la multa establecida.

SEXTO: Que, finalmente, respecto de las demás garantías supuestamente afectadas, no se señala de modo alguno por la recurrente, como éstas se ven afectadas, al solo enunciarla, mas no analizarlas de modo alguno, lo que abona al rechazo del recurso.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que se RECHAZA el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Decisión acordada con el voto en contra de la Ministra señora Claudia Arenas González, quien fue del parecer de acoger el recurso, toda vez que la decisión administrativa se fundamentó en la infracción formal por haberse incurrido en un error en el monto y motivo de la infracción administrativa, cuestión que realizó la extranjera el día 10 de septiembre de los corrientes, razón por la cual, habiendo sido subsanado el error, correspondía acoger el recurso, solo en cuanto se ordene a la recurrida que vuelva a revisar los antecedentes de la recurrente con la finalidad de evaluar la solicitud.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°283-2024 Protección.