BUSTAMANTE Y RIBERA LTDA. con SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE

Arica, tres de junio de dos mil veintiuno.

VISTO:

Compareció don Williams Astudillo Santibáñez, Abogado, en representación convencional de Sociedad Bustamante y Ribera Ltda., representada legalmente por doña nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, y dedujo recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente, representada legalmente por don nombre reservado, en su calidad de Superintendente del Medio Ambiente, ambos con domicilio en domicilio reservado, cuya oficina regional se ubica en domicilio reservado, en razón de la dictación de la resolución N°621 de fecha 09 de mayo del 2019, que resuelve el procedimiento administrativo sancionatorio Rol: D-049-2018, seguido en contra de la recurrente, atribuyéndosele arbitrariamente la propiedad del “Bar Restaurant La Posta” en la ciudad de Arica, e imponiéndosele una multa pese a no ser dueña de dicho establecimiento.

Expone que con fecha 15 de diciembre de 2017, la recurrida, recibió una denuncia en contra del Bar Restaurant "La Posta", por emisión de ruidos provenientes de las instalaciones ubicadas en domicilio reservado, por lo que los días 16 y 17 de febrero de 2018, se llevó a cabo una actividad de fiscalización ambiental de la que se dejó constancia en el Informe de Fiscalización Ambiental DFZ-2018-949-XV-NE-IA, la que forma parte del procedimiento administrativo sancionatorio Rol: D-049-2018.

Añade que este procedimiento condujo a la formulación de cargos en contra de la sociedad recurrente, con fecha 1 de junio de 2018, pese a que no tiene la propiedad de restaurant en cuestión y de que todo el trámite administrativo fue realizado con intervención de don nombre reservado, dueño y representante del bar restaurant.

Indica el recurrente, haber entregado un poder simple a nombre reservado, para que este realizara trámites ante la recurrida, a fin de lograr el traspaso de una patente de alcoholes, pero no para representarla en algún expediente administrativo.

Alega un actuar arbitrario de la recurrida, que ha causado no solo la imposición de una multa en su contra, sino además, la imposibilidad de realizar cualquier actuación en pos de su defensa al desconocer la existencia de este procedimiento, del que ha tomado conocimiento sólo por la cobranza realizada por la Tesorería General de la República, quien a través de carta certificada de fecha 13 de abril del 2021, realizó el cobro de la multa impuesta, ya que ninguna notificación fue dirigida a su domicilio, sino al de la Sociedad Malliña Ltda., que corresponde a la misma del Bar Restaurant.

Como garantías constitucionales vulneradas, alude a la del artículo 19 N°3, alegando la falta de emplazamiento en el procedimiento sancionatorio, apuntando a las normas internacionales acerca del racional y justo procedimiento.

Pide como medidas para restablecer el imperio del derecho, acoger este recurso, con costas, y declarar la ilegalidad y arbitrariedad del proceso administrativo sancionatorio realizado por la Superintendencia de Medio Ambiente; se declare que se ha privado a la recurrente de un debido proceso administrativo, afectada con la sanción de multa y del derecho a un justo y racional procedimiento establecido en la Constitución; que existe una relación de causa a efecto entre los actos y omisiones ilegales y arbitrarias de la recurrida y el agravio a los derechos fundamentales mencionados; y que se adopte todo tipo de medidas para asegurar la tutela de los derechos fundamentales violados; dejando sin efecto el procedimiento administrativo Rol: D-049-2018, revirtiendo la sanción y consecuente multa.

Informó la recurrida, la que previas consideraciones relativas al plazo de interposición del recurso, debido a que la recurrente no acompaña la supuesta notificación que le habría practicado la Tesorería General de la República, pero sin alegar derechamente la extemporaneidad, pidió el rechazo de esta acción.

Enseguida, describe en el informe los antecedentes del procedimiento sancionatorio, indicando que los días 16 y 17 de febrero de 2018, personal técnico de la Superintendencia realizó una inspección ambiental, realizando mediciones de ruido de la fuente Restaurant Bar La Posta, las que describe en sus aspectos técnicos, y mediante la Res. Ex. N° 1/Rol D-049-2018, de fecha 01 de junio de 2018, se dio inicio a la instrucción del procedimiento sancionatorio Rol D-049-2018, con la formulación de cargos a Bustamante y Ribera Ltda., RUT N° RUT reservado, titular del establecimiento “Bar Restaurant La Posta”, ubicado en domicilio reservado, notificada personalmente en ese domicilio, con fecha 17 de agosto de 2018, según consta en acta de notificación personal.

Luego, el 07 de septiembre de 2018, el Sr. nombre reservadoçalves, presentó un escrito a través del cual solicitó la ampliación del plazo para la presentación de la defensa.

Más tarde, y a fin de resguardar las garantías y derechos procesales consagrados en la Ley N° 19.880, con fecha 07 de marzo de 2019, a través de la Res. Ex. N° 3/Rol D-049-2018, la Superintendencia resolvió fijar un nuevo plazo de 05 días hábiles para la presentación de los descargos, desde la notificación de dicha resolución y exigir la acreditación de la personería del Sr. nombre reservadoçalves para actuar en representación de Bustamante y Ribera Ltda., en conformidad al artículo 22 de la Ley N° 19.880, bajo apercibimiento de tener por no presentado su escrito de 07 de septiembre anterior, resolución notificada personalmente, con fecha 8 de marzo de 2019.

Añade que con fecha 15 de marzo de 2019, el Sr. nombre reservadoçalves presentó un escrito que tuvo por objeto presentar sus descargos. En dicha presentación, se acompañó un presupuesto referencial de construcción e instalación de paneles anti ruido, elaborado por la empresa EIGMA Ltda., y la factura N° 44, de fecha 14 de marzo del 2019, de la misma empresa, emitida a Bustamante y Ribera Ltda., por los servicios de “Estudio y Propuesta de Mitigación de Ruidos, en segundo piso local La Posta Restaurant”. Además, acompañó un poder simple otorgado por la Sra. nombre reservado, representante legal de Bustamante y Ribera Ltda., a través del cual le otorgó poder para actuar en su representación, respecto de trámites en la Superintendencia del Medio Ambiente, relacionados con el local comercial en cuestión.

Finalmente, por medio de la Res. Ex. N°621 de 9 de mayo del 2019, la SMA resolvió el procedimiento D-049-2018, sancionando a la empresa Bustamante y Rivera Ltda., titular del Bar Restaurant “La Posta” con una multa de siete coma cinco unidades tributarias anuales (7,5 UTA). Con fecha 22 de abril de 2021 (antes del ingreso de este recurso), la recurrente presentó un escrito, con las mismas alegaciones que éste.

Destaca que la superintendencia no instruye procedimientos contra los propietarios de un inmueble, sino contra el titular del proyecto o actividad, que es la persona, natural o jurídica, que ejecuta o controla la actividad, en este caso, la fuente emisora de ruidos, y que no consideró en ningún caso que la recurrente era el propietario del inmueble, sino, como consta en la formulación de cargos, que la sociedad recurrente era arrendatario y detentor de la patente comercial.

Comenta que en el procedimiento sancionatorio, se formularon cargos por infracción a la Norma de Emisión de Ruidos, aprobada por Decreto Supremo N° 38 de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente, que Establece Norma de Emisión de Ruidos Molestos Generados por Fuentes que Indica (en adelante, “D.S. N° 38/2011”), conforme a lo establecido en el artículo 35 letra h) de la LOSMA, en cuanto incumplimiento de Normas de Emisión. El infractor de los límites fijados en la norma de ruidos es quien realice, ejecute o controle la actividad, proceso, operación o dispositivo en que consista la fuente emisora, independientemente de su calidad de dueño, arrendatario o usufructuario, y en este caso es la arrendataria del inmueble y de la patente comercial, y por lo tanto quien efectivamente tenía el control directo sobre la ejecución de las actividades de esparcimiento efectuadas en el Restaurant a la época de la infracción, como, además, se desprende del contrato de arrendamiento del local comercial, contrato de arrendamiento de patente comercial y visación de contrato de patente de alcoholes.

Además conforme la carta y factura aludidas, las que reitera y consisten en intentos por subsanar el problema de los ruidos molestos, puede colegirse que se encontraba en conocimiento del procedimiento administrativo, lo que se ve reafirmado con el poder otorgado por doña nombre reservado, en su calidad de representante legal de la sociedad Ribera y Bustamante Limitada, a don nombre reservadoçalves nombre reservado el 13 de marzo de 2019, esto es, dos días antes de la presentación en el procedimiento sancionatorio.

Por otro lado, antecedentes que acompaña el recurrente que relacionan a la empresa Malliña Limitada con el restaurant, son posteriores a la infracción cometida (e incluso al procedimiento sancionatorio).

Estima que la garantía invocada no se encuentra amparada por el recurso de marras, y de serlo, no es la vía idónea para impugnar el procedimiento sancionatorio llevado a cabo por la SMA, ya que el presente recurso no es declarativo ni constitutivo de derechos, además de que la SMA no ha incurrido en un acto u omisión ilegal o arbitrario.

Pide, en consecuencia, el rechazo del recurso, Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO, Y CONSIDERANDO.

PRIMERO: Que, la acción de protección contemplada en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que de lo que expone el recurrente en el libelo y la respuesta que se contiene en el informe de la recurrida, resulta claro que lo que debe dilucidarse en este recurso es el efectivo conocimiento que la actora tuvo del procedimiento administrativo sancionatorio, desde que se plantea como un tercero absoluto, ajeno al mismo y desconocedor de su existencia, naturaleza y consecuencias.

CUARTO: Que, desde ya, ha de precisarse que los documentos que acompaña a la carpeta electrónica la parte recurrente, relativos a una tercera sociedad y de períodos muy posteriores a la fiscalización que originó la multa, no contribuyen sustancialmente a dilucidar el recurso, incluso la declaración jurada de abril de 2021, fecha cercana a la interposición de esta acción, en que la sociedad recurrente aclararía que el poder otorgado al señor nombre reservado, en 2019, para efectuar trámites en la Superintendencia del Medio Ambiente, no lo era para representarla en el procedimiento administrativo.

QUINTO: Que, cuestión distinta acontece con lo informado y acreditado por la recurrida, quien acompaña un contrato de arrendamiento de 20 de febrero de 2015, del local comercial ubicado en domicilio reservado, correspondiente al Restaurant Bar La Posta, a Ribera y Bustamante Ltda.; un contrato de arrendamiento de patente comercial, de 20 de marzo de 2015, correspondiente a Restaurant Bar La Posta, ubicado en domicilio reservado, a Ribera y Bustamante Ltda., y visación de contrato de patente de alcoholes a Ribera y Bustamante Ltda., de giro Restaurant de Alcoholes diurno y nocturno, ubicado en domicilio reservado, Arica ante la Dirección de Administración y Finanzas de la I. Municipalidad de Arica.

Corroboran dichos antecedentes que, como lo sostiene la recurrida, la sociedad recurrente efectivamente tenía el control directo sobre la ejecución de las actividades de esparcimiento efectuadas en el restaurant a la época de la infracción; como asimismo los documentos incorporados en el informe y que provienen del expediente administrativo, en que es la propia recurrente la que acompañó a aquél facturas con presupuestos de trabajo de mitigación de ruidos.

En consecuencia, y analizados los antecedentes de conformidad a las normas de la sana crítica, no resultan acreditados en esta acción constitucional los extremos de la misma, de modo que esta Corte no habrá de adoptar medida alguna, toda vez que no se advierte vulneración alguna de garantías protegidas por este arbitrio.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que se RECHAZA la acción constitucional deducida por Sociedad Bustamante y Ribera Ltda., representada legalmente por doña nombre reservado, en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Rol 276-2021 Protección.