nombre reservado con BANCO ITAUCHILE

Arica, veintiséis de julio de dos mil veintitrés.

VISTO:

Comparece Rodrigo Eduardo Ramírez Delgado, abogado, en favor de doña nombre reservado, chilena, medio pediatra, domiciliada en esta ciudad, quien deduce recurso de protección en contra de TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, (y en contra del BANCO ITAÚ CORPBANCA, según el petitorio del recurso) por haber ordenado a este último, mediante Resolución Exenta, trabar o ampliar embargo sobre toda suma de dinero que mantenga depositada o entregadas en administración, afectando con ello su derecho de propiedad sobre sus remuneraciones, efectuada por las recurridas, a través de una acción arbitraria e ilegal que vulnera la garantía constitucional consagrada en el numeral 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Funda su arbitrio en que el 23 de mayo pasado, la Tesorería General de la República emitió la resolución referida, por lo que la institución bancaria retuvo el 01 de junio la totalidad de sus remuneraciones del recurrente por la suma de $2.366.837.- correspondientes a mayo de 2023.

Indica que el día siguiente remitió un correo al banco indicado para recuperar el monto embargado, ya fuere por aplicación de lo dispuesto en el artículo 170 N°6 del Código Tributario o del artículo 57 del Código del Trabajo, sin obtener resultado alguno.

Agrega que la representada trabaja como funcionaria a contrata en la Universidad de Tarapacá en labores docentes.

En cuanto a la garantía conculcada, refiere que el derecho de propiedad sobre las remuneraciones encuentra un límite, que establece el artículo 57 del Código del Trabajo, esto es 56 Unidades de fomento, correspondía solo proceder al embargo por la suma que excede los $2.016.280.-, por tanto solo pudo ser embargado el monto de $350.557.-, puesto que de mantenerse el acto se afecta con ello el sustento de su familia.

Tras citar jurisprudencia al efecto, solicita se acoja el recurso y se ordene se deje sin efecto el acto arbitrario e ilegal de retención, traba de embargo o ampliación del mismo, sobre las remuneraciones del recurrente, así como también la de continuar embargando las remuneraciones de la recurrente, con costas.

En su oportunidad informó la recurrida Banco Itaú, señalando que no ha incurrido en un acto arbitrario o ilegal, puesto que la retención de la suma de $2.366.837.- de la cuenta corriente de la recurrente se ajusta a lo ordenado por la Tesorería General de la República en el ejercicio de su actividad jursidiccional, habiéndole notificado el 01 de junio pasado la resolución que ordenó la traba o ampliación del embargo respecto del recurrente, quedando la entidad bancaria como depositario provisional y sujeto a las responsabilidades civiles y penales establecidas en el ordenamiento.

En este sentido, de haber incumplido la resolución referida, habría significado actuar contra derecho, exponiéndolo a las responsabilidades civiles y penales del caso, en particular, conforme al artículo 170 inciso 6° del Código Tributario, habría resultado solidariamente responsable del pago de la suma que hubiese dejado de retener.

En cuanto al hecho de haber embargado la totalidad de las remuneraciones de la recurrente, indica que la resolución que ordenó el embargo señaló que procedía respecto de “toda suma de dinero que mantengan depositadas o entregadas en administración”, que es lo realizado por el banco, no estando autorizado para discernir o determinar la procedencia de los fondos a retener, en particular, si la suma correspondía o no a sus remuneraciones, sin perjuicio de que tampoco hubiera estado en posición de hacerlo, toda vez que en la cuenta corriente del recurrente, en los últimos meses han existido abonos provenientes de distintas fuentes, así como diversos cargos, que imposibilitan discriminar si el saldo disponible al tiempo de efectuarse la retención tiene el origen afirmado por la recurrente, máxime que las liquidaciones de sueldo acompañadas por el recurrente con el recurso entregan montos de sus remuneraciones distintos para cada mes, agregando que incluso el monto retenido es inferior al que aparece como remuneración del mes de mayo de la recurrente.

Agrega que el recurso sería improcedente porque no se ejerce respecto de un derecho indubitado, no siendo esta instancia la oportunidad para dilucidar y/o dar por establecidas situaciones propias de procesos de lato conocimiento, así como cuestiones ajenas al amparo cautelar propiamente tal. Lo anterior, por cuanto se encuentra controvertido que el monto retenido por el banco y objeto del vale vista puesto a disposición de Tesorería corresponda al sueldo de mayo de 2023 de la recurrente, teniendo además en consideración que el banco no es el empleador de la recurrente, por lo que no está en condiciones de determinar a cuánto ascienden las remuneraciones, en especial si en marzo, abril y mayo su remuneración no fue constante.

Por lo anterior, es que el mismo Código Tributario regula en el artículo 170 que es el empleador del contribuyente moroso quien deba realizar la retención.

Así, sostiene que no retuvo ni generó un vale vista respecto de las remuneraciones de la recurrente ni es su empleador. Sin perjuicio de lo anterior, los hechos que fundan el recurso pueden ser discutidos y probados en el procedimiento de cobro tramitado en el expediente administrativo respectivo, pudiendo Tesorería como Juez Sustanciador conocer de dicha materia e incluso impugnar la resolución que motiva el recurso de autos, circunstancia que por si sola conlleva el necesario rechazo del presente.

Finalmente sostiene que no existe privación, perturbación o amenaza de la garantía constitucional denunciada, puesto que el acto cuestionado correspondió al cumplimiento de una resolución dictada por un órgano en el ejercicio de funciones jurisdiccionales y porque no consta que la retención ordenada corresponda a la remuneración de mayo, lo que debe ser discutido y establecido en el procedimiento de cobro administrativo ante el Juez Sustanciador de Arica y Parinacota.

Por lo anterior solicita el rechazo del recurso, con costas.

Asimismo, informó al tenor del recurso el Tesorero Regional de Arica y Parinacota, quien alegó la inadmisibilidad del recurso, por no ser la presente la vía idónea para reclamar en contra de lo resuelto mediante la resolución judicial impugnada, no siendo tampoco un derecho de carácter indubitado.

Respecto al fondo, señala que respecto del procedimiento de cobro, no se han efectuado alegaciones a propósito de su notificación, y no existieron oposiciones, por lo que se procedió a la traba de embargo de acreencias bancarias, y al ser bienes que se encuentran en una entidad bancaria, queda ésta como depositario provisional, en este caso, de la suma de $2.366.837.- En cuanto al embargo, en ningún caso fue de remuneraciones, como lo menciona el recurrente, sino de acreencias bancarias, procediendo conforme a la normativa prescrita en el Código Tributario, no siendo arbitrario ni ilegal ni vulnerando derechos fundamentales, sino que es fundamentado bajo las normas legales del procedimiento de cobro de obligaciones tributarias y la Ley Orgánica del Servicio de Tesorerías.

Agrega que en ningún caso se han embargado remuneraciones, puesto que expresamente se indicó que debía corresponder a las acreencias bancarias, esto es, dineros en productos bancarios como cuentas, fondos mutuos, depósitos a plazo o inversiones de carácter bancarias en general, tanto en moneda nacional como extranjera y en ningún caso a remuneraciones, incurriendo del mismo modo en un error el recurrente en cuanto a la cita respecto a la inembargabilidad de las remuneraciones.

Finalmente, en cuanto a la vulneración del derecho de propiedad denunciado, indica que ello no se aprecia, al ser una facultad de carácter legal amparado por la ley en un procedimiento de cobro regulado por el código tributario y en la ley orgánica del Servicio de Tesorerías, procediendo siempre conforme a la ley.

Por lo anterior, solicita se desestime el recurso en todas sus partes.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, conforme a lo preceptuado en el artículo 20 de la Carta Fundamental, para la procedencia del recurso de protección, se requiere en primer término que quien la interponga sea el que por causa de actos u omisiones, arbitrarias o ilegales, sufra perturbación, privación a amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 en los numerandos que menciona a continuación. Esto es, exige que sea el titular del derecho o garantía que requiere de protección, quien la deduzca, y en el caso que lo haga un tercero a nombre de otro, es este último el que debe detentar la calidad de personalmente afectado con la acción u omisión arbitraria o ilegal que lo motiva.

SEGUNDO: Que, a juicio del recurrente, la arbitrariedad cometida por la recurrida corresponde a la orden por parte de Tesorería General de la República y posterior embargo de los fondos que se encontraban en productos bancarios en el Banco Itaú, que, a su juicio, corresponden a sus remuneraciones, siendo ellos una actuación ilegal y arbitraria con la que se ha conculcado su derecho a la integridad física y psíquica y su derecho de la propiedad de sus remuneraciones.

TERCERO: Que, como primera cuestión, de los antecedentes aportados por los intervinientes no puede desprenderse fehacientemente que los fondos que fueron embargados por parte de Tesorería General de la República, en el marco de un procedimiento de cobro de impuestos, respecto del cual se cumplió por parte de la entidad bancaria recurrida, correspondan efectivamente a sus remuneraciones, toda vez que no se acompañaron antecedentes, como cartolas en que aparezca el depósito, que sean coincidente con los valores que se indican en las liquidaciones de remuneraciones, máxime que no existe identidad entre lo embargado y el valor que aparece a pago en la liquidación de sueldo del mes de mayo.

CUARTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, existe una vía idónea al efecto de carácter especial, no de carácter de urgencia como corresponde a la presente acción cautelar, donde se puede discutir de manera más extensa la procedencia de lo solicitado por vía de la presente acción, rindiéndose la prueba al efecto para acreditar que dichas sumas corresponden efectivamente a remuneraciones, por lo que esta Corte se encuentra vedada de conocer del presente recurso por la vía indicada.

QUINTO: Que, a mayor abundamiento, y entrando al fondo de la acción, del mérito de los antecedentes expuestos puede desprenderse que el actuar de las recurridas se fundamentó en las facultades legales que le otorga la legislación tributaria para la persecución del cobro de impuestos adeudados, razón por la cual la decisión no aparece -en esta sede- como ilegal ni arbitraria, sino basada en la causal legal referida, por lo que no se cumple con los presupuestos necesarios para poder dar lugar a la presente acción cautelar, razón por la cual, será desestimada.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que SE RECHAZA el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la Tesorería General de la República y del Banco Itaú.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N° 270-2023 Protección.