nombre reservado con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE ARICA

3 Arica, veintiséis de abril de dos mil dieciocho.

Visto y teniendo presente;

1°) nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, con domicilio domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de Inspección Provincial del Trabajo de esta ciudad, domiciliada en domicilio reservado.

Expuso en el mes de octubre del año 2017, dedujo demanda ante el Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, en contra de la empresa Transportes Cielo Ltda., y solidariamente en contra de la empresa SRT Cielo Minería, a fin de que dicho Tribunal, entre otras cosas, declare la Unidad Económica que existe entre ambas empresas, todo lo cual consta en causa RIT O-289-2017.

Refiere que llegado el día de la celebración de la audiencia preparatoria, lo que se verificó el día 12 de enero del año en curso, la recurrente solicitó que se oficiara a la Inspección del Trabajo, a fin de que, atendido al tenor de lo que señala el artículo 3 del Código del Trabajo, fiscalice a ambas empresas, con el propósito de que verifique si ellas constituyen una Unidad Económica.

Indica que, por razones de falta de tiempo, el 1 de febrero del presente año, según consta en la causa RIT O-289-2017, que no se pudo llevar a cabo la diligencia señalada anteriormente, razón por la cual, el Juez del Trabajo vuelve a oficiar a dicha institución, a fin de que se lleve a cabo la diligencia de rigor.

Añade que el 12 de marzo del presente año, se agregó en el expediente digital el informe de la Inspección del Trabajo, el cual señala que no pudo llevarse a cabo la diligencia correspondiente, aduciendo, entre otras cosas, que la empresa no ejercía sus funciones en el domicilio que ellos tenían registrado, sin perjuicio de haber enviado cartas certificadas a ambas empresas demandadas.

Respecto de esto último, se informó al Juez del Trabajo que el informe se había confeccionado con desapego a la ley, en cuanto al procedimiento aplicable para arribar a una conclusión, solicitando a esa magistratura que se oficie nuevamente a la Inspección del Trabajo a fin de que se confeccione un nuevo informe, petición que fue desestimada por el Juez laboral.

Argumenta que, en lo que respecta a la interposición del presente recurso, se ejerce en contra del informe de la Inspección del Trabajo, de 8 de marzo del año en curso, el cual se incorporó al sistema informático del Juzgado del Trabajo el 12 de marzo último lo que, por ende, se encuentra dentro de los plazos para deducir la presente acción constitucional, teniendo presente que, como aparece en el expediente digital, solo tomó conocimiento de aquel informe en ese momento.

Además, que se ejerce en contra de una resolución de carácter administrativo y no jurisdiccional, lo que hace de igual forma procedente el presente recurso de protección.

Estima la recurrente que se afecta la garantía constitucional prevista en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por cuanto, en su concepto fue privado de ejercer sus derechos ante la Inspección del Trabajo, tal cual como lo señala la normativa aplicable para estos procesos, es decir, la Circular Nº 61 y el manual del procedimiento de fiscalización de la Dirección del Trabajo, como de igual forma, dicho servicio en ningún caso actuó sujeto a las normas que regulan el caso.

Solicita que se ordene a la Inspección del Trabajo realizar una nueva fiscalización, con estricto apego a la normativa que regula esta materia (Unidad Económica), es decir, siguiendo los preceptos de la Circular Nº61 de año 2014 de la Inspección del Trabajo como sus demás normas complementarias.

2°) Que, doña nombre reservado, en representación de la recurrida, Inspección Provincial del Trabajo de Arica, primeramente, solicita que se declare improcedente el recurso, ya que el acto recurrido no es ilegal, el servicio actuó conforme a sus atribuciones legales, según las atribuciones de la Dirección del Trabajo que emanan de los artículos 3 y 505 del Código del Trabajo, artículos 5 y 20 del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo.

En cuanto al fondo, indica que el acto recurrido no es arbitrario ya que se encuentra fundado en las razones expuestas, ya que no fue posible realizar la fiscalización por no funcionar la empresa en el domicilio a fiscalizar.

Agrega que no existe vulneración alguna, ya que no se ha realizado un trato diferenciado o discriminatorio con el recurrente, ya que respecto de él no se ha privado de sus derechos establecidas por ley.

Indica finalmente, que existen otras vías de impugnación del acto administrativo reclamado, y que la resolución que causa un verdadero perjuicio al recurrente no es el actuar de la recurrida, sino que la decisión del Juez del Trabajo al no dar lugar a la solicitud de nueva diligencia para investigar la unidad económica.

3°) Que, la acción de protección contemplada en la Carta Fundamental, tiene como propósito cautelar debidamente los derechos de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero, puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

4°) Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio y reclamadas en el recurso en análisis, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

5°) Que, el recurso ha sido interpuesto el 09 de abril del año en curso, según se desprende de su redacción, el recurrente tomó conocimiento de los actos que estima arbitrarios, el día 12 de marzo del 2018, por lo cual el recurso se encuentra dentro de plazo 6°) Que, en relación al fondo, los hechos que motivan la presente acción constitucional, guardan relación con su disconformidad del recurrente con el resultado de la diligencia realizada por la Institución recurrida.

7°) Que, corresponde señalar que la diligencia encomendada a la Inspección Provincial del Trabajo de Arica, lo fue por orden del Juez de Letras del Trabajo de esta ciudad, en el contexto de un juicio laboral llevado a cabo en dicha sede, y ante la negativa del Magistrado a reiterar la diligencia impetrada por el demandante, en el sentido que dicha inspección informara al tribunal si la Empresa de Transporte Cielo Ltda., y la Empresa SRT Cielo Minera, constituyen una unidad económica.

8°) Que, en consecuencia, carece de total sustento el reproche de recurrente, quien debió ejercer los recursos que el referido procedimiento laboral contempla, lo que obliga a desestimar el presente recurso.

9°) Que, en todo caso, la actuación de la Inspección del Trabajo no fue llevada a cabo en su calidad de ente fiscalizador laboral propiamente tal, como lo sostiene el recurrente, sino por orden del Juez del Trabajo de esta ciudad.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Arica.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

Rol N°268-2018 Protección.