nombre reservado con SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION BIOBIO

Arica, veinte de abril dos mil veintidós.

VISTO:

Comparece Sandra Negretti Castro, abogada, en representación de nombre reservado, ingeniero, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliado en esta ciudad, e interpone recurso de protección en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, reprochando como ilegal y arbitraria la Resolución N° 1967 de 21 de diciembre de 2021, que dispuso como medida disciplinaria su destitución del referido Servicio, vulnerando con ello las garantías constitucionales consagradas en los numerales 3 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Refiere que el 1 septiembre del año 2011, el recurrente ingresó a prestar servicios a la Dirección Regional de Arica y Parinacota del Servicio de Registro Civil e Identificación, como profesional directivo, obteniendo siempre las máximas calificaciones y una hoja de vida que no registraba sanciones.

Respecto al sumario administrativo, indica que éste se dispuso por Resolución Exenta N° 085 de 13 de enero de 2017, con el objeto de “investigar hechos que denuncian en sendas cartas de funcionarias y funcionarios dependientes de la Dirección Regional Región de Arica y Parinacota, que exponen situaciones graves que involucran al Director Regional y otros empleados”, formulándose por el funcionario sus respectivos descargos.

Posteriormente, el 3 de enero de 2019, se ordenó reabrir el sumario para establecer la situaciones descritas en un memorándum de 6 de noviembre de 2019, retrotayéndose el proceso al estado de formularse cargos. Luego, el 4 de junio de 2021, el fiscal a cargo propuso el sobreseimiento por haber transcurrido más de cuatro años y haberse extinguido la facultad para imponer sanción administrativa. Sin embargo, el 30 de junio del mismo año, el Director Nacional ordenó nuevamente la reapertura del sumario, formulándose los siguientes cargos por el fiscal: 1) “Que, el día 13 de diciembre del año 2016, el Director Regional de Arica y Parinacota, remitió, en horas de trabajo, fotos calificadas de impropias y de connotación sexual que se hicieron públicas, lo que infringe las obligaciones funcionarias establecidas en el artículo 61 letras g) e i) del Estatuto Administrativo, que expresan el deber de todo funcionario en orden a; “observar estrictamente el principio de la probidad administrativa que implica una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre le privado; y demás disposiciones especiales” y “observar una vida social acorde con la dignidad del cargo” obligación ratificada en Dictámen 52.541/2012 de la contraloría General de la República que ha precisado el alcance de esta obligación más allá de la jornada laboral, por cuanto esta obligación funcionaria “impone le deber de vitar que con su actuar se amenace el interés del Servicio, aún cuando la conducta se produzca fuera de la jornada habitual” y; 2) “Realizar acciones caracterizadas como acoso laboral y sexual, por cuanto en el desempeño de su cargo como Director Regional, realizó conductas positivas con las cuales produjo menoscabo, humillación, aflicción y temor en las funcionarias denunciantes, incluso afectando su estabilidad económica, al menos en el caso de una de ellas, al privarla de su fuente de trabajo, hechos constituyen una infracción de normas, deberes y prohibiciones a los cuales se encuentran afectos todos los funcionarios, normas precisas establecidas en la Ley 18.834 , sobre Estatuto Administrativo, conforme con lo dispuesto en los artículos 61 letra c) y 84 letra m) y l) , como también incumplir normas e instrucciones del Servicio contenidas en el “Procedimiento de denuncia y sanción del Maltrato, Acoso Laboral y/o Sexual”, versión 2.0del Servicio, vigente a contar del 01.12.2016, específicamente los puntos 5.1 a 5.4 de dicho procedimiento denominados “Del Maltrato Laboral”, “Acoso Laboral” y “Acoso Sexual” , respectivamente”.

Precisa que el primer cargo habría acontecido el 13 de diciembre de 2016 y, respecto al segundo, no se precisa una fecha cierta y determinada, pero se desprende que corresponde al 19 de diciembre del mismo año.

Alega que, a pesar de haberse descartado en el proceso, corresponde aplicar la prescripción de la acción disciplinario, por cuanto los hechos que se le imputan ocurrieron el 18 de noviembre de 2016 y los cargos formulados fueron realizados el 13 de agosto de 2021, considerando que la Dirección Nacional del Servicio anuló el acto administrativo de la primera formulación de cargos, no suspendiéndose la prescripción como se pretende por la recurrida, por lo que la responsabilidad administrativa se habría extinguido.

En lo relativo a los cargos formulados, fustiga que éstos resultan vagos e imprecisos, careciendo la resolución de fundamentación y prueba alguna para tenerlos por verificados, infringiendo lo instruido por la Contraloría General de la República en el Dictámen N° 65.120, que reproduce. Reprocha, además, que no se le permitió ejercer el derecho a defensa, por cuanto se rechazó la apertura de un término probatorio extraordinario para rendir prueba testimonial, así como la vulneración del principio conclusivo, atendida la tardanza inexcusable de la Administración en afinar el proceso.

Arguye que la falta de fundamentación del acto recurrido, así como los demás vicios alegatos del procedimiento, transforman al Servicio recurrido en una comisión especial, vulnerando la garantía establecida en el inciso quinto del numeral 3 del artículo 19 de la Carta fundamental y, además, afectó el derecho de propiedad, consagrado en el numeral 24 del mismo artículo, en relación a derechos personales, como resulta la propiedad de desempeñar un cargo o función, inhabilitándolo, en la práctica, para ejercer otro cargo público.

Solicita se acoja el recurso, declarando la prescripción de la acción administrativa y, en subsidio, se deje sin efecto la resolución que dispuso la destitución del recurrente, decretándose su sobreseimiento o absolución, o bien, en su defecto, se le aplique la medida disciplinaria de censura, todo ello con costas de esta causa.

Informó en su oportunidad, por la recurrida, el abogado Francisco Ruay Sáez, solicitando el rechazo del recurso, con costas, por cuanto no ha existido ninguna vulneración de derechos fundamentales que pueda imputarse al Servicio de Registro Civil e Identificación que, durante toda la tramitación del sumario respetó el debido proceso, sin perjuicio de entender que ha sido el criterio de los tribunales superiores de justicia, que el mérito de la decisión adoptada por la autoridad administrativa, no puede ser objeto de revisión por esta vía.

Sostiene que, además, la resolución que se impugna satisface los requisitos de fundamentación exigidos por nuestro ordenamiento jurídico, habiéndose acreditado las conductas impropias del recurrente, tanto en lo referido al despliegue de acción de acoso sexual y laboral respecto de funcionarios y funcionaras del Servicio, como a la falta de probidad manifestada en la acción de compartir contenido de material pornográfico, como consta en el expediente sumario.

Explica que el procedimiento disciplinario se originó por una solicitud presentada al Director Nacional del Servicio por un dirigente gremial, que acompañaba una decena de declaraciones firmadas por distintos funcionarios, y que daban cuenta de algunas conductas impropias del recurrente en su calidad de Director Regional de la Región de Arica y Parinacota, particularmente, de acoso laboral y sexual, comentando la tramitación del referido expediente.

Expresa que, en su oportunidad, el Director Nacional, no ordenó el reinicio íntegro del procedimiento sumario, sino que se realicen diligencias orientadas a la evaluación de los antecedentes aportados, a fin de reformular los cargos por la gravedad de los hechos que resultaron acreditados en la etapa indagatoria.

En cuanto a la apertura de un nuevo término probatorio, señala que el Fiscal resolvió no acoger la prueba testimonial, atendido que los testigos presentados por el recurrente eran las mismas ocho personas que ya habían declarado en su favor y, por lo tanto, estimó el Fiscal dentro de sus facultades, que si acogía nuevamente la referida testimonial provocaría la dilación innecesaria en la tramitación. Asimismo, tuvo por acompañada la documentación aportada la cual ya constaba en el expediente.

Afirma que, contrario a lo señalado por el recurrente, en el presente caso resultó plenamente aplicable la regla de la suspensión del plazo de prescripción una vez formulados los cargos, y esta reformulación de cargos en nada altera la aplicación de la regla de la suspensión de la prescripción, contando por lo tanto el Servicio con plenas facultades para proseguir con la tramitación del procedimiento sumario, hasta su culminación.

Agrega que el sumario aún no se encuentra afinado, pues el recurrente dedujo recurso de reposición, restando la emisión y comunicación de la resolución que lo resuelve, que la acción disciplinaria no se encuentra prescrita y que los cargos se encuentran formulados correctamente.

Finaliza indicando que lo pretendido por el recurrente es una reevaluación del mérito del sumario, mas habiendo sido tramitado conforme a derecho y por los funcionarios competentes, no puede considerarse la acción del Servicio como una que vulnera las garantías fundamentales alegadas en su acción, considerando, además, que no existe un derecho de propiedad sobre los cargos funcionarios.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la acción de protección contemplada en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Se trata de asuntos en que existe un derecho indubitado, y no disputado, garantizado constitucionalmente, que se encuentra en peligro o lesionado, por lo que se persigue su amparo o restablecimiento.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que el recurrente reprocha a la recurrida la ilegalidad y arbitrariedad de la Resolución Exenta N°1967 de 21 de diciembre de 2021, dictada por el Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, que dispuso a su respecto la aplicación de la medida disciplinaria de destitución, como consecuencia del Sumario Administrativo instruido en su contra el 13 de enero de 2017.

CUARTO: Que, el artículo 1° de la Ley N° 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos, dispone su aplicación supletoria a los procedimientos administrativos especiales que establezca la ley. En consecuencia, en lo no previsto por dichos cuerpos normativos, debe darse aplicación efectiva a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 11, esto es, el deber de motivación de los actos que “[…] afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos.”, y el inciso 4° del artículo 41, reiterando dicha obligación al momento dictar el acto administrativo terminal.

QUINTO: Que, por lo tanto, encontrándose pendiente el recurso de reposición interpuesto por el recurrente, sólo corresponde a esta Corte revisar si el acto terminal, esto es, la Resolución Exenta N°1967, dictada por el Director Nacional del Servicio, resulta ilegal o arbitraria, y vulnera alguna de las garantías fundamentales protegidas por esta vía cautelar.

SEXTO: Que, revisada la resolución que dispone la destitución del recurrente, aparece que ésta fue dictada por la autoridad competente, dando razones por las que estima justificado imponer dicha medida disciplinaria en relación a los dos cargos que le formularon y la prueba rendida, desestimando sus alegaciones, como la de prescripción de la acción disciplinaria, y expresando los motivos normativos por los que el sumario administrativo continuó, a pesar de su renuncia, analizando jurisprudencia administrativa atinente y aplicando las normas establecidas en la Ley N° 20.005 que tipifica y sanciona el acoso sexual; de modo que no se advierte por esta Corte ilegalidad o arbitrariedad alguna, que permita estimar que la recurrida devino en una comisión especial o vulneró su derecho de propiedad al disponer su destitución, por lo que el presente arbitrio deberá ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que, SE RECHAZA, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación.

Cúmplase, oportunamente, con lo establecido en el numeral 14° del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N° 264-2022 Protección