Protección contra sociedad GESTORA MASHOGAR LIMITADA

Arica, dieciocho de mayo de dos mil veintiséis.

VISTO:

Comparece el abogado David Eduardo Munita Zambrano, en representación convencional de nombre reservado, jubilada, domiciliada en esta ciudad, interpone recurso de protección en contra de la sociedad GESTORA MASHOGAR LIMITADA, representada legalmente por nombre reservado, constructor civil, ambos con domicilio en Arica.

Refiere que es beneficiaria del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, regulado por el Decreto Supremo N°49 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el marco del proyecto habitacional denominado "Conjunto Habitacional Terrazas del Alto, Lote 9-B", emplazado en domicilio reservado de la comuna de Arica.

Dicho programa, administrado por el Serviu, tiene por objeto permitir que familias en situación de vulnerabilidad social accedan a una vivienda sin necesidad de contraer deuda hipotecaria, mediante la entrega de un subsidio estatal que financia total o parcialmente la construcción del inmueble.

El beneficio se materializa a través de la suscripción de un contrato de construcción entre el grupo organizado de beneficiarios, la Entidad Patrocinante y la empresa constructora, bajo la supervisión y fiscalización del SERVIU.

Señala que el 17 de julio de 2020, la recurrente, en su calidad de integrante del Grupo Organizado del proyecto, suscribió un contrato de construcción junto a los otros 219 beneficiarios, la Empresa Constructora Guzmán y Larraín SpA y la recurrida, Gestora MasHogar Limitada, actuando esta última en su calidad de Entidad Patrocinante del programa habitacional.

Conforme al referido contrato, la Constructora asumió la obligación de edificar 220 departamentos con una superficie útil promedio de 61,31 m² más balcón, en el Lote 9-B del sector El Alto de la comuna de Arica, terreno de propiedad del SERVIU. La Entidad Patrocinante, por su parte, asumió la obligación de coordinar el proceso administrativo y técnico del proyecto, incluyendo el proceso de escrituración para la transferencia del dominio de los departamentos, y de velar por el correcto cumplimiento de las obligaciones de la Constructora, incluyendo la facultad y el deber de hacer efectivas las multas contractuales ante incumplimientos.

En lo que resulta especialmente relevante para este recurso, la cláusula decimocuarta del contrato -modificada con fecha 16 de agosto de 2021- establecía que la Constructora debía efectuar los trámites de escrituración e inscripción de los títulos de dominio en el Conservador de Bienes Raíces, a nombre de cada beneficiario, dentro de un plazo de 150 días corridos contados desde la fecha del Certificado de Recepción Municipal Definitiva de la Obra.

Dicho certificado fue emitido por la Dirección de Obras Municipales con fecha 7 de mayo de 2024, por lo que el plazo contractual para escriturar venció el 4 de octubre de 2024.

Sostiene que, a la fecha de vencimiento del plazo señalado, ninguno de los beneficiarios había recibido copia de su escritura pública inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de Arica, ni la Entidad Patrocinante había completado el proceso de escrituración. Pero el incumplimiento no se limitó al atraso en la escrituración. Conforme al contrato de construcción, los departamentos debían contar con una superficie útil promedio de 61,31 m² más balcón. Sin embargo, una vez entregadas las unidades en enero de 2024, los propios beneficiarios realizaron sus mediciones, constatando que la superficie útil efectivamente construida alcanzaba aproximadamente 59 m², esto es, entre 2 y 2,18 m² menos que lo contratado. Tratándose de viviendas sociales de dimensiones acotadas, esta diferencia es ostensible y relevante, y no corresponde a una variación tolerable en la práctica constructiva.

Ante ambos incumplimientos -la diferencia de superficie y el atraso en la escrituración-, y luego de que el SERVIU tampoco respondiera a los requerimientos formales que le fueron dirigidos, el 23 enero de 2026 la recurrente, junto a otros 75 beneficiarios del proyecto, interpuso demanda civil en contra de la Empresa Constructora Guzmán y Larraín SpA, de la Gestora MasHogar Limitada y del SERVIU de Arica y Parinacota. Dicha demanda persigue principalmente la indemnización de perjuicios por el cumplimiento imperfecto del contrato de construcción -derivado de la entrega de departamentos con superficie inferior a la comprometida-, así como el pago de las multas contractuales devengadas por el atraso en la escrituración e inscripción de dominio. La causa se encuentra actualmente en tramitación ante el Segundo Juzgado de Letras de Arica, Rol C-124-2026.

En este contexto, la Entidad Patrocinante ha procedido a convocar a algunos de los beneficiarios del proyecto para suscribir las respectivas escrituras de transferencia de dominio. Sin embargo, no a la recurrente, quien fue excluida de dichas convocatorias.

Consta en correo electrónico de nombre reservado, funcionaria de la Gestora MasHogar Limitada, de 16 de abril de 2026: "Estimada Buenas Tardes en su caso, usted presenta marca de propiedad y presentó una demanda en contra de Serviu, Constructora y EP, por lo tanto, no figura en los listados de las personas que serán citadas a firmar saludos." Al requerir la recurrente que se le indicara la norma que fundaba esa exclusión, la Gestora no aportó respuesta jurídica alguna, limitándose a ofrecerle agendar una reunión presencial en sus oficinas.

En cumplimiento de esa sugerencia, concurrió personalmente a las oficinas de la Gestora MasHogar, a fin de obtener una explicación sobre los fundamentos de su exclusión. Sin embargo, en dicha instancia tampoco se le proporcionó justificación jurídica alguna ni se le indicó norma habilitante que respaldara la decisión de no convocarla a la firma de escritura.

Si bien el correo electrónico referido indica como uno de los motivos de exclusión que la recurrente "presenta marca de propiedad", dicha circunstancia se encuentra aclarada y resuelta, y en modo alguno constituye un impedimento jurídico para que la recurrente concurra a la firma de su escritura como se puede evidenciar en las escrituras acompañadas donde el inmueble fue transferido en el año 2006, 20 años atrás.

Aun cuando, solo a efectos argumentativos, se estimará que pudiera existir alguna situación vinculada a lo que la recurrida denomina “marca de propiedad”, lo cierto es que la aplicación del artículo 61 del Decreto Supremo N°49 no puede realizarse de la forma en que ésta lo ha hecho.

Dicha norma contempla eventuales infracciones al reglamento, pero su aplicación supone necesariamente la existencia de un procedimiento administrativo previo, legalmente tramitado, en el cual el beneficiario sea informado de los hechos que se le imputan, pueda formular sus descargos y se dicte una resolución fundada por la autoridad competente, que en este caso es el SERVIU, y no la Entidad Patrocinante.

En la especie, nada de eso ha ocurrido. No existe procedimiento alguno, no se han formulado cargos, no se ha dado oportunidad de defensa y, en definitiva, no hay acto administrativo que respalde la decisión adoptada. Por el contrario, la exclusión de su representada se comunica de manera informal, a través de un correo electrónico, sin fundamento jurídico y sin intervención de la autoridad que la ley establece.

En consecuencia, incluso si se aceptara la premisa, que se niega, de que existiera una infracción reglamentaria, la actuación de la recurrida igualmente resulta ilegal, por haberse adoptado al margen de todo procedimiento y por una entidad que carece de competencia para aplicar este tipo de medidas.

Así, la única causal real y subsistente para la exclusión comunicada por la Entidad Patrocinante es haber interpuesto la demanda judicial en su contra.

No existe en el ordenamiento jurídico causa legal, ni siquiera de índole administrativa, que habilite a la recurrida a excluir a su representada del proceso de escrituración fundado en el ejercicio legítimo de su derecho a acudir a la Justicia.

Señala que el acto recurrido consiste en la decisión de la Entidad Patrocinante de excluir a doña nombre reservado del listado de personas convocadas a suscribir escritura de transferencia de dominio, fundando esa exclusión en la circunstancia de haber interpuesto una demanda judicial en contra de la propia recurrida, de la Constructora y del SERVIU.

Dicho acto carece de toda base normativa y, por tanto, es manifiestamente ilegal.

Teniendo en consideración que la recurrida actúa en el marco del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda como Entidad Patrocinante, en virtud del convenio suscrito con el SERVIU conforme a los artículos 52 y siguientes del DS 49. En ninguna parte del DS 49 ni de su convenio con el SERVIU se le confiere a la Entidad Patrocinante la facultad de excluir a un beneficiario del proceso de escrituración, y menos aún por razones ajenas al Reglamento.

El DS 49 regula de manera taxativa las causales que permiten afectar la condición de beneficiario de un subsidio habitacional. El artículo 61, que lleva por epígrafe "Infracciones a las Disposiciones de este Reglamento", contempla como únicas causales de exclusión o sanción las infracciones a las obligaciones reglamentarias del propio beneficiario: inexactitud en los documentos de postulación, incumplimiento de los requisitos de selección, o infracciones detectadas con posterioridad a la aplicación del beneficio, sin habilitar exclusión alguna del proceso de escrituración cuando la vivienda ya ha sido construida y entregada y la interposición de una demanda judicial no aparece en ninguna de esas causales, ni puede razonablemente desprenderse de ninguna de ellas.

Alega además que el acto impugnado es también manifiestamente arbitrario. En el presente caso, la Entidad Patrocinante está convocando a los demás beneficiarios del proyecto a suscribir sus respectivas escrituras de transferencia de dominio, los que se encuentran en la misma situación jurídica que la recurrente: son beneficiarios del mismo subsidio habitacional, suscribieron el mismo contrato de construcción, recibieron materialmente sus unidades y se rigen por las mismas normas del DS 49.

La única circunstancia que diferencia a la recurrente de algunos de los beneficiarios convocados es que ella es parte demandante en la causa civil actualmente en tramitación. Esa circunstancia no constituye, como se ha demostrado, una causal reglamentaria de exclusión. Tampoco es una diferencia jurídicamente relevante que justifique un trato distinto en materia de escrituración: todos los beneficiarios tienen el mismo derecho a que se les transfiera el dominio de su vivienda, con independencia de si han litigado o no contra las partes encargadas de gestionar ese proceso.

La diferencia de trato, por tanto, carece de fundamento racional y obedece exclusivamente a una motivación ilegítima, que no es otra que castigar a la recurrente por haber ejercido sus derechos ante los tribunales.

En cuanto a los derechos garantizados por la Constitución:

1.- Derecho a la igualdad ante la ley (artículo 19 N°2 CPR), sobre este punto señala que la Entidad Patrocinante convocó a la firma de escritura a todos los beneficiarios del proyecto, con excepción de la recurrente, utilizando como único criterio de diferenciación es el haber sido demandado.

2.- Derecho a no ser juzgado por comisiones especiales (artículo 19 N°3 inciso cuarto CPR), indica que al excluir a la recurrente del proceso de escrituración debido a haber demandado, la Entidad Patrocinante se arroga una potestad sancionatoria que no le corresponde, en efecto, al actuar al margen de todo procedimiento legalmente establecido y sin ser un órgano jurisdiccional ni administrativo competente para ello, la recurrida juzga la conducta procesal de la recurrente y le aplica una sanción de facto: la exclusión de la firma.

3.- Derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva (artículo 19 N°3 inciso quinto CPR), refiere que el acto impugnado busca tener un efecto disuasivo y castigador sobre el derecho de la recurrente a litigar. Al condicionar el acceso a la escrituración a que la recurrente desista de las acciones judiciales que ha interpuesto legítimamente, la Entidad Patrocinante la presiona para que abandone el ejercicio de sus derechos ante los tribunales, bajo la amenaza implícita de mantenerse excluida del proceso de transferencia de dominio.

Esa presión no solo viola la garantía del debido proceso, sino que atenta contra la independencia del ejercicio de las acciones judiciales, que debe estar libre de toda coerción, represalia o condicionamiento proveniente de quien es parte contraria en el juicio y permitir que una Entidad Patrocinante castigue a un beneficiario por demandar significaría, en la práctica, que quienes se adhieren a programas habitacionales estatales renuncian implícitamente a su derecho de reclamar judicialmente el cumplimiento de las obligaciones contractuales contraídas en su favor. Eso es simplemente incompatible con el Estado de Derecho.

Pide se acoja el presente recurso y se ordena a Gestora MasHogar Limitada incluir de inmediato a doña nombre reservado en el proceso de escrituración y transferencia de dominio de su unidad habitacional en el proyecto Terrazas del Alto, convocándola a suscribir la escritura correspondiente en igualdad de condiciones que los demás beneficiarios del proyecto, y que la Gestora MasHogar Limitada a que se abstenga de realizar todo acto de exclusión en contra de su representada y que resulten de la existencia de acciones judiciales pendientes en su contra y que pueda constituir obstáculo, condición ni causal de exclusión de ninguna especie, con costas.

Informa la recurrida, GESTORA MASHOGAR LIMITADA, solicitando el rechazo del recurso, con costas y expone que actuando en el marco del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, regulado por el Decreto Supremo N°49 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en su calidad de Entidad Patrocinante debidamente acreditada y vinculada por convenio al Serviu, presta asistencia técnica, jurídica y social a los beneficiarios del proyecto habitacional “Conjunto Habitacional Terrazas del Alto, Lote 9-B”, coordinar con el SERVIU el proceso administrativo del programa y gestionar las etapas operativas del proceso de escrituración, no siendo ellos quienes deciden ni autorizan la escrituración, lo que corresponde a Serviu.

Agrega que el proyecto fue objeto de 6 modificaciones contractuales, todas la cuales implicaron aumento de plazo de ejecución y mejoras del proyecto en beneficio de los futuros adquirentes, todo esto desde el 17 de julio de 2020.

Dichas modificaciones obedecieron, en lo sustancial, a la incorporación de aportes adicionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que elevaron el precio del contrato de UF 326.869,372 a UF 396.464,034, esto es, un incremento de aproximadamente UF 69.594 destinado íntegramente en favor de los 220 beneficiarios, y al ajuste de los plazos de ejecución del proyecto en función de las exigencias técnicas y del programa habitacional. La sexta y última modificación, de 25 de julio de 2023, extendió el plazo de ejecución de las obras de 720 a 870 días corridos contados desde el Acta de Entrega del Terreno.

Sostiene que el proyecto se encuentra en una fase de escrituración parcial y progresiva en virtud de 3 factores, a saber:

a) Que el beneficiario no presente impedimentos reglamentarios que afecten su condición de tal. Estos son los del artículo 4° en relación con el artículo 71° del DS 49:

• La pérdida de los requisitos que lo hicieron beneficiario del subsidio, tales como haber adquirido otra vivienda o que un integrante del núcleo familiar haya sido beneficiado con otro programa habitacional antes de la escrituración.

• La existencia de prohibiciones o infracciones a las normas de ocupación y acreditación de la condición socioeconómica que invaliden la vigencia del beneficio al momento de la firma.

b) Que se cuente con la firma habilitada del Director(a) del SERVIU o de quien legalmente le subrogue con facultades para ello; y c) Que el SERVIU haya validado y autorizado el llamado para la firma de cada grupo de beneficiarios.

En cuanto a la situación concreta de la recurrente y el contenido del correo electrónico, precisa que la recurrente la ha aislado y descontextualizado la referencia al litigio pendiente, omitiendo el primer antecedente expresado en el correo, esto es, que conforme a los registros administrativos con que entonces contaba la recurrida, figuraba a su respecto una “marca de propiedad”, antecedente que era suficiente, por sí solo, para impedir la convocatoria a la firma de la escritura, y cuya verificación y eventual cancelación corresponde exclusivamente al SERVIU y al Servicio de Impuestos Internos.

A ello se suma un impedimento de carácter institucional y general que afecta por igual a todos los beneficiarios pendientes del proyecto, dado por el hecho de que, a la fecha de este informe, el SERVIU de Arica y Parinacota se encuentra sin Director(a) titular en ejercicio, por renuncia de la anterior titular, sin que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo haya designado todavía un sucesor con las facultades de firma habilitadas.

Esto impide que a esta fecha se pueda escriturar alguna compraventa en favor de cualquier beneficiario.

Asevera que las razones por las cuales la recurrente no ha sido convocada a la firma, es en que mantienen la “marca de propiedad” sobre un inmueble inscrito a su nombre, de manera que el Serviu en caso de detectar esto debe paralizar la escrituración hasta que la situación sea aclarada y regularizada (ella tenía 2 inscripciones una en que recibía parte de un inmueble, en 2006, y una segunda en que vendía en el año 2011, siendo los únicos llamados a cancelar esta marca es el SII y Serviu.

Para los efectos de este recurso, es que a la fecha del correo los antecedentes con los que contaba su representada justificaban razonablemente no incluir a la recurrente en la convocatoria a firma; y, que la eventual cancelación de dicha marca, a partir de los nuevos antecedentes ahora puestos en conocimiento del SERVIU y del SII, es de resorte exclusivo de dichos organismos.

La imposibilidad material de escriturar por vacancia en la Dirección del SERVIU. Sin esa firma habilitada, la notaría no puede protocolizar, el Conservador no puede inscribir y la operación, en términos prácticos, no puede materializarse jurídicamente.

La circunstancia mencionada en el correo -la existencia de la demanda civil bajo el Rol C-124-2026 ante el Segundo Juzgado de Letras de Arica- corresponde a una referencia informativa y secundaria, aportada con el único propósito de transparentar ante la propia interesada el conjunto de antecedentes que, en su ficha, registraba la Entidad Patrocinante a esa fecha.

No constituye, ni pretendió constituir, la causa jurídica determinante de la no convocatoria.

Reconoce con franqueza que la redacción del correo electrónico pudo ser perfectible y que el orden en que se enumeraron los antecedentes no refleja adecuadamente su distinto peso jurídico. Sin embargo, la sola circunstancia de haberse demandado nunca ha sido, ni podría ser, una causa de exclusión del proceso de escrituración. Su representada no desconoce el derecho fundamental de la recurrente a acudir a la justicia, ni pretende sancionarlo.

De hecho, ese juicio civil sigue su curso con la regular participación procesal de su representada, como demandada, sin que se haya adoptado en su contra ningún tipo de represalia.

Alega la inexistencia de un acto ilegal de exclusión de la recurrente, sino que solo ha aplicado los filtros normativos del DS N°49, de igual modo niega la existencia de un acto arbitrario, pues la de trato corresponde a una causa objetiva, normativamente fundada y aplicable a cualquier beneficiario en su situación.

Aborda que la acción interpuesta no es la vía idónea, pues no es una vía declarativa de derechos y que esto corresponde a un juicio de lato conocimiento (que se decrete que tiene el derecho a escriturar), lo que excede las materias que deben conocerse mediante esta acción cautelar y de urgencia. Sin perjuicio que, además, lo pedido en esta acción tiene una identidad sustantiva con el objeto del juicio civil C-124-2026 del Segundo Juzgado de Letras de esta ciudad.

Se trajeron los autos en relación CONSIDERANDO.

PRIMERO: Que, la acción de protección contemplada en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Se trata de asuntos en que existe un derecho indubitado, y no disputado, garantizado constitucionalmente, que se encuentra en peligro o lesionado, por lo que se persigue su amparo o restablecimiento.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que el recurrente denuncia como hecho arbitrario e ilegal la exclusión del proceso de firma y entrega de una vivienda que fue adquirida a través de un susidio habitacional, por el hecho de haber iniciado una demanda civil en contra de la recurrida.

CUARTO: Que, de lo informado y lo alegado en estrado, es posible colegir que, si bien la carta emitida por la Entidad Gestora contiene como fundamento de la exclusión, la presentación de una demanda en contra de la recurrida no es menos cierto que la misma también contiene una causal legal establecida en el DS N°49, o la denominada “la marca de propiedad”, hecho suficiente para excluirla del proceso.

QUINTO: Que, sin perjuicio de ello, en los hechos la recurrente no ha sido excluida del proceso, ya que el correo electrónico en que se funda la presente acción es meramente informativo, como se desprende de su lectura, y en caso alguno, además, puede ser considerado como fuente de la exclusión denunciada, ya que quien lo omitió no tiene las competencias para ello, que sólo le asisten a SERVIU.

Y en lo que atañe a la falta de la firma de la autoridad, no puede estimarse ni arbitraria ni ilegal, dada la vacancia del cargo de Director Regional del Servicio de Vivienda y Urbanismo.

SEXTO: Que, en consecuencia, la presente acción constitucional no podrá prosperar, al no resultar ésta la vía idónea para resolver el caso de autos, pues no es posible afirmar que exista un derecho indubitado que esté siendo vulnerado y pueda ser protegido por un procedimiento esencialmente cautelar.

SEPTIMO: A todo lo anterior se suma el hecho que el impugnado no corresponde a un acto terminal, lo que excluye también la procedencia de la presente acción cautelar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que, SE RECHAZA, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Sociedad Gestora MasHogar Limitada.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N°260-2026 Protección.