Protección contra CAPITANIA DE PUERTO ARICA

Arica, veintinueve de julio de dos mil veinticuatro.

VISTO:

Compareció debidamente representado el ciudadano peruano, nombre reservado, DNI RUT reservado, armador de la nave menor de bandera del Perú de nombre “JHOAN” y se dedujo recurso de protección en su favor y en contra de la CAPITANIA DE PUERTO ARICA, por vulneración de las garantías constitucionales de los numerales 2, 3 inciso quinto, 16, 21, 22 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al impedir el zarpe de la embarcación “JHOAN”, matricula PT-69264 CM de su propiedad, inhibiendo con ello la libertad de navegación de que goza el recurrente, el desarrollo de una actividad lícita, restringir la libertad de trabajo al disponer una prohibición de zarpe carente de fundamento y vulnerar el derecho de propiedad sobre su nave.

Señala que consta del Certificado de Matricula de Naves y Artefactos Navales otorgado por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú, que la nave “JHOAN”, matricula PT-69264 CM, embarcación de pesca artesanal, de materia de madera, eslora 11.53, manga 4.78, puntal 1.77 de arque bruto 24.87, es de propiedad del recurrente.

Expone que el 10 de mayo de 2024, la nave en cuestión fue fiscalizada por una Unidad de la Armada de Chile (ARCANGEL 4404), procedimiento que derivó en la detención y escolta de la nave “JHOAN” al puerto de Arica, la cual hasta la fecha se encuentra fondeada en la Poza de Arica.

Asevera que, desde esa fecha al día hasta el día de hoy, no ha sido notificado de resolución judicial alguna que haya dispuesto la prohibición de zarpe de la nave o de alguna resolución que haya dispuesto su arraigo y que para verificar aquello el día 3 de julio ingresaron a la página de la oficina judicial virtual y buscaron las causas iniciadas por la Autoridad Marítima recurrida, por estos hechos, y constataron que la información verbal dada al accionante carece de veracidad.

Expresa que existen en el sistema judicial las causas Rol C-1375-2024 y C-1783-2024 ambas del 2° Juzgado Civil de Arica, el cual por medio de resoluciones de 29 de mayo y 3 de julio, no da curso a las demandas, respectivamente. Agrega que en la causa C-1783-2024, al 5 de julio y sin escritos pendientes por resolver la causa se mantenía en el mismo estado.

Concluye que no existe orden judicial que prohíba el zarpe de la nave, siendo éste el único fundamento por el cual la Autoridad Marítima estaría habilitada para retener legítimamente la nave del accionante ha mantenido por casi dos meses restringida a la nave sin causa legal. Explica que debido a aquello el recurrente viajó desde Perú a fin de solicitar el zarpe el 05 de julio de 2024 a las 15:41.

Señala que el Suboficial Hernández, funcionario de la Capitanía de Puerto de Arica, le indicó que “estaban solucionando el problema en la “secretaria del Tribunal”, en circunstancias que el 3 de julio, el Juez de Letras del 2° Juzgado Civil de Arica resolvió no dar curso a la demanda y no obstante ello la cuestión es que a la fecha y en el horario que se solicitó el zarpe no existía antecedente alguno para negar el zarpe de la nave.

Cuestiona que coincidentemente y a unas pocas horas de ocurrido y relatado precedentemente, en la causa C-1783-2024 el Tribunal resolvió anular todo lo obrado, considerando que es evidente que la Autoridad Marítima está intentando irregularmente “arreglar” esta situación, no existiendo causa legal que impida el zarpe de la nave el día de 5 de julio de 2024 y que la Capitanía de Puerto de Arica niega el zarpe aduciendo que la orden judicial de prohibición de zarpe estaría “por salir”, lo cual no es coincidente con lo que consta en la referida causa, en la cual no existe una prohibición de esa naturaleza, lo que constituye un actuar ilegal y arbitrario.

Expone por otra parte que, nuevamente sin orden judicial, la Capitanía de Puerto de Arica destruyó toda la pesca que llevaba a bordo la nave “JHOAN” el 11 de mayo de 2024 consistente en 2.460 kilos de la especie “Mono” la cual era pesca fresca que estaba en buen estado, lo que se colige del acta de destrucción que se acompaña, sin indicarse que cuenta con la habilitación suficiente para destruir el producto incautado, ni el estado de esta.

Da cuenta que el recurrente es el armador de la embarcación afectada, el cual sustenta el desarrollo de su actividad económica en la actividad pesquera extractiva y que la afectación dice relación con la imposibilidad de realizar faenas de pesca en Perú con ocasión de la decisión que se impugna, pues de acuerdo al artículo 22 de D.L N° 2.222, Ley de navegación y su reglamento de Recepción y Despacho de Naves, para hacerse a la mar desde un puerto de la República, toda nave requiere la previa autorización de zarpe de la Autoridad Marítima, la que se denomina “despacho”, el que solo podrá negarse por causa reglamentaria, orden judicial o a solicitud de autoridad competente, causales que a su juicio con taxativas y especiales, ninguna de las cuales se cumplen en la especie. Que, en la especie, la nave “JHOAN” cumple con las condiciones que exige la Ley de Navegación para otorgar su despacho toda vez que cuenta con la tripulación necesaria y competente para su navegación segura y, junto con ello cuenta con toda su documentación vigente, no existiendo razones o fundamentos para que la Capitanía de Puerto de Arica negara el zarpe de la nave.

En consecuencia, al no existir una causal que habilite a la Capitanía de Puerto negar el zarpe y con ello restringir ilegalmente la libertad de navegación del recurrente, la decisión de dicha repartición en orden a negarle el zarpe es ilegal y atendido que la nave se encuentra retenida hace dos meses ilegalmente por la Capitanía de Puerto de Arica invocando para ello la existencia de procesos judiciales pendientes los cuales o no han prosperado o no se han dictado resolución alguna en ellos que prohíban el zarpe o que disponga el arraigo de la nave, decisión que cataloga también de irracional y arbitrario.

En cuanto a la vulneración de las garantías constitucionales señala que la conculcación de la igualdad ante la ley está dada por el hecho que a esta parte no le cabe la menor duda que la Autoridad Marítima ha otorgado zarpe a las naves que cumpliendo con los requisitos legales y reglamentarios, ésta se los ha otorgado, no existiendo razón para que en este caso lo prohíba. De la vulneración al artículo 19 N° 3, inciso quinto, señala que la Capitanía de Puerto de Arica por si y ante sí ha decidido negar el zarpe a la nave “JHOAN” fundado en la falsa existencia de una resolución judicial que la prohíbe, en el contexto de una causa judicial por infracción a la ley de pesca y sin que exista procedimiento administrativo que la habilite para ello. Por lo mismo sea constituido de hecho en una comisión especial que arrogándose facultades jurisdiccionales que no posee, impide el zarpe de una nave, en forma irregular y arbitraria. En cuanto al numeral 16 del artículo 19 de la Carta Magna -Libertad de Trabajo- indica que la recurrida en su actuar ha inhibido el desarrollo de trabajo del recurrente toda vez que la autoridad, fundado en una supuesta infracción a la Ley General de Pesca, la Capitanía de Puerto de Arica, invoca una prohibición de zarpe ordenada por resolución judicial que no existe, no permitiendo que la nave ilegalmente retenida pueda operar comercialmente para el giro que ha sido adquirida: pesca artesanal.

En cuanto derecho a la libertad personal y a la seguridad individual, señala que siendo conscientes que esta garantía constitucional no está resguardada por la acción de protección, no es menos cierto que resulta importante indicar en esta presentación la afectación de este derecho de residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio, a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley y salvo siempre el perjuicio de terceros, vulneración que concurre ante cualquier restricción a movilizarse dentro de país o salir de él, restricción que debe estar en la ley, como se da en el artículo 131 de la Ley de Pesca en la especie, que establece la excepción a esta garantía. De este modo, se impide el ejercicio de la libertad de navegación y zarpar a Perú ilegal y arbitrariamente.

Finalmente, sobre el derecho de propiedad expone que la ley de pesca, aplicable en la especie, establece la excepción a esta garantía constitucional al disponer en el “Artículo 131.- En los casos en que la infracción denunciada sea de aquéllas de que trata el artículo 110, 110 bis y 110 ter y que los fiscalizadores, junto con constatar el hecho, hayan incautado las especies hidrobiológicas, poniéndolas a disposición del juez de la causa del modo antes señalado, podrá́ éste decretar se prohíba el zarpe de la nave infractora desde el puerto o lugar en que se encuentre, mientras no se constituya una garantía suficiente para responder del monto de la sanción correspondiente…”, “…Esta medida se cumplirá́ mediante notificación a la autoridad marítima del lugar en que aquélla se encuentre, por oficio o notificación al Director General del Territorio nombre reservado…”. En la especie, no hay ningún proceso en que se haya notificado a la Capitanía de Puerto y/o al Señor Director General del Territorio nombre reservado de la prohibición de zarpe de la nave que nos ocupa.

De este modo, se impide que mi representado pueda ejercer el uso goce de su nave al prohibirle el zarpe a la nave detenida ilegal y arbitrariamente, no pudiendo siquiera mover o cambiar su lugar de fondeo, no puede navegar, ni zarpar para abandonar el país, como es la decisión del recurrente.

Pide se acoja el presente recurso, por vulneración de las garantías constitucionales indicadas al impedir el zarpe de la embarcación “JHOAN”, matricula PT-69264 CM de propiedad, con costas.

En su oportunidad se evacuó informe por la Capitanía de Puerto Arica y expuso que efectivamente el 10 de mayo se fiscalizó a la embarcación menor peruana de propiedad del recurrente, la que almacenaba en bodegas ejemplares de “mono”, además de ser sorprendida con el arte de pesca en el agua, consistente en 1 red de cerco de media agua, hecho que constituye infracción a la normativa pesquera vigente de pesca extractiva en aguas de mar territorial chileno, artículo 115 de la Ley 18.892, por lo que se procedió apresar la nave y conducirla a puerto chileno, donde quedó retenida a disposición del tribunal competente.

Refiere que el 28 de mayo se remitieron los antecedentes al tribunal competente, causa Rol C-1375-2024 del Segundo Juzgado de Letras de esta ciudad, denuncia a la que no se le da curso de conformidad al artículo 256 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual el 28 de junio se remiten nuevamente los antecedentes al tribunal, generándose el rol C-1783-2024 del mismo tribunal. Que a esta denuncia tampoco se le da curso, por no haber incorporado el RUT o DNI de los denunciados, resolucion que fue dejada sin efecto de oficio por el tribunal el 5 de julio, declarando ha lugar a la tramitación de la denuncia el 8 de julio.

Sostiene que, en cuanto a la prohibición de zarpe, el tribunal resolvió no hacer lugar a ella, resolucion que fue recurrida de reposición, acogiéndose aquel arbitrio procesal y se accedió a la prohibición solicitada el 15 de julio.

Señala que ha dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley N° 18.892, especialmente al artículo 115 en orden a mantener retenida la nave menor del recurrente y ponerla a disposición del tribunal competente.

Indica que aun cuando no existiere un proceso judicial pendiente, la autoridad marítima se encontraba impedida de autorizar el zarpe en atención a que el armador al momento de solicitar el zarpe no dio cumplimiento a los artículos 22 y siguientes del D.L (M) N° 2.222 en relación con el Reglamento aprobado por DS (M) 364 en orden a acompañar la documentación necesaria para despachar una nave extranjera a puerto nacional.

En lo relativo a la destrucción de la pesca llevada a bordo de la nave, expresa que el 10 de mayo, la unidad técnica de alimentos de la Seremi de Salud de Arica y Parinacota, mediante certificado de aptitud de consumo, señaló que el producto no era apto parta el consumo humano, recomendando su desnaturalización para depositarlo bajo sepultación en el vertedero municipal, a lo cual se le dio cumplimiento el día 11 de mayo, destruyendo 2.460 kilogramos de mono de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento Sanitario de Alimentos De esta manera expresa que la Autoridad no ha incurrido en ninguna acción que pudiese calificarse de ilegal o arbitraria y que por el contrario ha dado cumplimiento a cabalidad sus obligaciones dentro del marco jurisdiccional y de competencia y entregando los antecedentes a disposición del tribunal competente, a objeto que se indaguen y se establezcan las eventuales responsabilidades derivadas del hecho.

Como medida para mejor resolver, se ordenó por esta Sala, traer a la vista de manera digital las causas Roles C-1375-2024 y C-1783-2024, ambas del Segundo Juzgado de Letras de esta ciudad.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la acción de protección contemplada en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

SEGUNDO: Que, en la especie, correspondería analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que, el acto considerado como ilegal y arbitrario corresponde a la es la negativa de la Capitanía de Puerto de otorgar el zarpe a la nave de pesca menor que enarbola bandera del Perú, de nombre “JHOAN” matricula PT – 69264 CM, solicitada el 5 de julio de 2024 por su armador y recurrente de autos, medida ilegal y arbitraria, puesto que no existe resolucion judicial alguna que ordene su prohibición a la fecha en que se solicitó el zarpe.

CUARTO: Que, atento los hechos del recurso, lo informado por la recurrida, la documentación allegada a la presente carpeta judicial, las causas traídas a la vista y especialmente de las normas legales que rigen las funciones y atribuciones que detenta la autoridad marítima recurrida, se colige que existe actualmente una medida cautelar de prohibición de zarpe decretada el día doce de julio por el señor juez del Segundo Juzgado de Letras de Arica, razón por la cual cualquier pronunciamiento en ese sentido por esta Corte, ha perdido oportunidad ya que dicha discusión corresponde al tribunal que conoce de dicha materia.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que SE RECHAZA el recurso de protección deducido en representación de nombre reservado.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

Rol N° 260-2024 Protección.