nombre reservado con nombre reservado

Arica, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós.

VISTO:

Comparecieron don nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado; y nombre reservado, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, ambos con domicilio en esta ciudad e interpusieron recurso de protección en contra de doña nombre reservado, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, por privar y/o perturbar, en forma ilegal y arbitraria, los derechos que les garantiza el artículo 19 en sus numerales 4 y 21 de la Constitución Política de la República, al realizar difamaciones de manera pública, arbitraria e ilegal en múltiples oportunidades, transgrediendo su honor y moral.

Refiere que en el año 2020, emprende en el rubro de la construcción, mediante la constitución de la empresa DAMIC SpA, y en ese marco, es que el 25 de julio de 2022 celebró un contrato de ejecución de obra con nombre reservado, madre de la recurrida, obligándose a ejecutar la construcción de una vivienda en el sector del Valle de Lluta de esta ciudad, dando cuenta de los detalles técnicos de dicha construcción.

Señala que el valor de la obra fue fijada en $43.100.000, pagaderos en estados de pago diferenciados en mano de obras y materias, de los cuales se pagó $41.800.000.- Indica que el plazo de construcción sería de 11 semanas desde celebrado el contrato, no cumpliéndolo, encontrándose a la fecha en un estado de avance de 95%.

Indica que lo anterior se debió a la falta de experiencia en el rubro, toda vez que no previó el alza de los precios de los materiales de construcción, y por otro lado realizó un mal cálculo de los gastos de la obra, fijando un monto inferior al que efectivamente resultaría al término de la obra. En ese contexto es que es el principal interesado en resolver de la mejor manera posible dicho menoscabo a los interesados.

Sin embargo, a raíz de lo anterior, la recurrida ha procedido a acosar a ambos recurrentes, gritándoles por la calle, difamándolos con personas cercanas, llegando incluso a ir a su domicilio particular a molestar, incordiar, gritar, difamar e insultar, perturbando la calma con la que viven.

A lo anterior se suma que la recurrida el 27 de octubre de 2022 comenzó a difamar por redes sociales a ambos recurridos, exponiendo en su perfil de Facebook y en diversos grupos de dicha red social fotografías de ambos solicitando a la comunidad y amigos que la siguen en dicha red que compartan libremente la publicación, acusándolos de estafadores, de vivir del robo, de ser delincuentes, denostando con ello su honor y moral.

Así, lo anterior se ha traducido en una mala fama sobre ellos, pesando una duda en su entorno sobre la posibilidad real de ser o no estafadores, logrando con esta “funa” que el honor y moral sea puesta en duda constantemente.

Sostiene que dicho acto de difamación con publicidad mediante redes sociales es arbitrario, toda vez que podía haber concurrido a la justicia por el hecho; y por otro lado ilegal, pues se trata de una difamación con el solo objeto de provocar daño en su honor, transgrediendo normas del Código Penal, así como lo dispuesto en el artículo 19 en su numeral cuarto, de la Constitución Política de la República. Del mismo modo, el acto vulnera la garantía del numeral 21 del mismo cuerpo constitucional, en tanto dicha difamación ha significado un enorme problema pues ello ha producido problemas a la hora de desarrollar su trabajo, siendo cuestionado por sus clientes, significándole un enorme problema desde el punto de vista económico.

Por lo anterior es que solicita, como medio para reestablecer el imperio del derecho, que se retire definitivamente las publicaciones y fotografías que tenga en su perfil de Facebook LISS nombre reservado, ya sea personal o cualquier otro que tenga o pueda crear, referente a los recurrentes; y que se obligue a pedir disculpas públicas por la misma red social indicando que los insultos y denostaciones son falsas y que se abstenga de volver a realizarlas, y se condene en costas a la recurrida.

En su oportunidad, informó al tenor del recurso la recurrida nombre reservado, indicando que en relación a los hechos, su madre, doña nombre reservado, con fecha 25 de julio de 2022, celebró un contrato de obra para la construcción de su vivienda con UTACHAÑA SPA, representada por nombre reservado, quien previo a realizar el contrato, ya había entregado una cotización de la vivienda y carta Gantt de la misma, bajo la modalidad de obra terminada, con un valor de $43.100.000, cancelados de manera parcializada, en pagos semanales por avance de obra y grandes pagos de $10.000.000 mensuales, iniciando la obra el día 27 del mismo mes, debiendo ser entregada el 15 de octubre de 2022, al cumplirse las 11 semanas corridas.

Así, al inicio de la obra el recurrente le solicitó el primer pago por $10.000.000 para comenzar la ejecución, transcurriendo así los días y meses hasta la fecha de entrega, donde al 15 de octubre la vivienda se encuentra aun sin terminar, los maestros no asisten a trabajar hace ya varios días y se percataron que el recurrente los bloqueó y eliminó las páginas de redes sociales de la constructora así como su página web, no contestando sus llamadas.

Señala que luego de insistir por terceras personas, lograron reunirse en el lugar de la obra, donde les explicó que había tenido problemas con las personas con las que trabajaba, todos extranjeros e ilegales, quienes le habían robado sus herramientas, una camioneta tipo Porter y materiales de construcción de su vivienda como de otras obras; además, que había errado en la cotización, cobrando menos dinero del que requería y no poseía más dinero para avanzar y terminar; asimismo que por la crisis económica, había subido el valor de las cosas, por lo que no le alcanzaba el dinero, y que finalmente, entendía las molestias, pero le dijo en tono amenazado que si tomaban el camino legal les iría mal, ya que él no poseía bienes a su nombre y que la empresa tenía un capital muy bajo.

Tras indicar detalles de la negociación previa, indica que, como vía alternativa de solución, había indicado el recurrente que vendería herramientas que le quedaban para ir comprando material, por lo que le solicitan que hiciera llegar todos los materiales, pero solo llegaron dos cajas de cartón con tubos de PVC, lo que no era el acuerdo, pues esperaban los materiales sustraídos de la vivienda y aquellos para finalizar las obras, lo que se ve agravado pues la persona que le lleva dichos elementos utiliza un lenguaje amenazante, por lo que interpone una denuncia por dichos comentarios, por miedo a la seguridad de su familia.

Ese mismo día logra tomar contacto con otra familia afectada por el recurrente, bajo la misma modalidad, por lo que se ponen de acuerdo para ir al domicilio del recurrente a pedirle explicaciones en conjunto, no siendo atendidos por éste.

De esta forma, decide realizar la “funa” para encontrar más afectados, encontrando dos familias más en dichas circunstancias, para poder realizar todo de forma legal y poner en alerta a las demás personas de lo que estaban pasando.

Indica que la funa no fue realizada con la intención de dañar a nadie, sino buscar más afectados, y que en ningún momento los acosó ni persiguió por la calle, ni mucho menos los amenazó, como indica el recurso.

Respecto de la otra recurrente, la cónyuge del principal, indica que la veía cuando lo acompañaba a la obra, pero no la conoce ni la ha visto en la calle y solo sabe de ella cuando el marido señaló que no podían quitarle nada pues todo estaba al nombre de ella y sus familiares y que estaba casado con bienes separados.

Por lo anterior es que se sintió en el derecho y libertad de expresar su opinión por la pérdida tan grande sufrida por su madre, que dice relación con el dinero perdido y que había obtenido de la venta de su propiedad que le habían entregado cuando ella era una niña, y que decidió venderla para vivir en la parcela de la recurrida y así poder estar más cerca de su hija y nieto, con la esperanza de tener una vejez tranquila, lo que los llevó a una situación de rabia e impotencia, además de una presión sicológica importante puesto que la madre no tiene más dinero o ingresos para terminar su casa, viviendo al día de presentación del informe de allegada en su vivienda, que no es de gran tamaño, habiendo incluso pagado más dinero del originalmente indicado.

Ahora bien, y no habiendo dimensionado en su momento la gravedad de la situación, sin perjuicio de que las acusaciones no son falsas, ya que además hay más personas dañadas, pero con el solo ánimo de terminar la situación, indica que retiró la publicación realizada en sus redes sociales.

Por lo anterior es que solicita tener por evacuado el informe y rechazar el recurso, al haber bajado la publicación, y que no se le condene en costas, por cuanto la intención de la publicación era encontrar otros afectados y no la que se atribuye en el recurso.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el recurso de protección, contemplado en nuestra Constitución Política, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, y por lo tanto cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo cuando estime vulnerados o amenazados por actos arbitrarios o ilegales, y la Corte de Apelaciones correspondiente en su caso deberá adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado.

SEGUNDO: Que, a juicio de los recurrentes la arbitrariedad cometida por la recurrida, consiste en las publicaciones que realizaron a través de su perfil de la red social Facebook, de carácter difamatorio, afectando con ello su honor y moral.

TERCERO: Que del mérito del recurso, el informe y la documentación acompañada, se desprende que, previo a las publicaciones existió un incumplimiento contractual, reconocido por ambas partes, que conllevó a que la recurrente realizara sendas publicaciones en la red social Facebook. A su vez, el recurrente acompañó como antecedente, copia de las publicaciones efectuadas en la red social mencionada, por parte de la recurrida, las que ésta reconoce, justifica y replica, sosteniendo haberlas eliminado.

CUARTO: Que, con todo, esta Corte estima, en primer término, que las imputaciones que se efectúan no se vislumbran de una gravedad tal que permitan estimar vulneradas las garantías que los recurrentes señalan, toda vez que, si bien se señala el concepto de estafador, y de delincuente, lo que trasunta a la publicación, dice relación con el incumplimiento contractual reconocido por las partes y no resuelto aun jurisdiccionalmente. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso que el recurrente estimare constitutivo de delito dichas circunstancias, como se desprende del recurso, tiene a salvo las acciones penales para su persecución, no siendo esta vía la idónea para realizar el juicio de reproche que efectúa, conforme a la segunda pretensión del petitorio del arbitrio incoado.

Asimismo, tampoco resulta del todo acreditado que la publicación se mantenga en el perfil de la recurrida hasta la actualidad, ya que el documento que acompaña no tiene fecha alguna, salvo aquellos comentarios que indican que se realizaron hace cinco semanas.

Finalmente, y de ser efectivo que la recurrida haya eliminado las publicaciones en cuestión, como ha sostenido en su informe, este recurso ha perdido oportunidad, toda vez que con ello se entiende satisfecho el recurrente en la primera de sus pretensiones.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por nombre reservado y nombre reservado, en contra de doña nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Rol N° 2541-2022 Protección.