nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A

Arica, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós.

VISTO:

Compareció Fernando González Vásquez, abogado, en favor de nombre reservado, jubilado, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, e interpuso recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., representada legalmente por nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, por vulnerar la garantía constitucional prevista en el numeral 24º del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que está afiliado a Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A. y que mantiene una deuda previsional con la recurrida.

Indica que con fecha 18 de Octubre de 2022, la empresa que trabaja en la cobranza, la cual se identifica como “Estudio Jurídico ORPRO S.A.”, mediante correo electrónico, enviado por la ejecutiva nombre reservado desde el correo correo reservado al correo personal del recurrente que es correo reservado, le comunica lo siguiente: “Informamos a usted que nuestro cliente AFP Habitat Judicial autorizó la presentación de la solicitud de orden de arresto en la demanda ejecutiva en su contra, RIT P-731-2013, Jdo. de Letras del Trabajo de Arica, por cotizaciones previsionales impagas, la que se ingresará en los próximos días. Todo ello de conformidad a lo establecido en el artículo 12 de la ley 17322, sobre cobranza judicial de cotizaciones previsionales. Le sugerimos dar una pronta solución a esta deuda y regularizar esta situación dentro de los próximos 3 días hábiles comunicándose con el(la) ejecutivo(a) que firma este correo.”

Refiere que lo anterior perjudica sicológicamente a tanto al actor, como a su familia, debido a que ya tiene un gran estrés y angustia por encontrarse demandado por la deuda, como para que además le estén enviando correos electrónicos amenazándolo con dictar orden de arresto en su contra, viéndose el recurrente, a fin de evitar problemas mayores, obligado a cambiar su correo electrónico.

Pide que se acoja el presente recurso y en definitiva, se ordene a la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., terminar con el acoso y toda forma de comunicación que ha sido objeto el recurrente para pagar una obligación que ya se encuentra judicializada, con costas.

En su oportunidad informó la recurrida, AFP Habitad SA., solicitando el rechazo del recurso y exponiendo que el recurso de protección constituye una acción de carácter cautelar, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos claramente preexistentes y no discutidos, mediante la adopción de medidas urgentes de resguardo, que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, moleste o amague ese ejercicio. A este respecto señala que el recurrente no ha sufrido, privación, perturbación o amenaza alguna de carácter arbitrario o ilegal de un derecho que le impida, moleste o amague su ejercicio por lo que es improcedente reclamar por esta vía el derecho pretendido.

Señala que el 18 de octubre de 2022, el recurrente recibió un correo electrónico del Estudio Jurídico Orpro S.A., donde se le informa que, atendido que mantiene una deuda por cotizaciones previsionales impagas (causa Rit P-731- 2013 del Juzgado de Letras del Trabajo de Arica), se ha autorizado solicitar al Tribunal correspondiente una orden de arresto, en conformidad a lo establecido en el Art. 12 de la Ley N° 17322, sobre cobranza judicial de cotizaciones previsionales. Además, se lo invita a regularizar esta deuda.

Agrega que el recurrente reconoce expresamente en su recurso que mantiene una deuda previsional no pagada con la AFP, respecto de diversos trabajadores de su dependencia, en base a esto, siendo que dichas cotizaciones no se pagaron dentro del plazo legal, se iniciaron una serie de acciones de cobranza en su contra, todas seguidas de conformidad a instrucciones de la Superintendencia de Pensiones y a la normativa previsional vigente.

En lo que respecta al envío del correo electrónico al recurrente, sostiene que esto no constituye ni un acto de hostigamiento ni una pretensión de arrogarnos facultades jurisdiccionales, sino que se trata de un aviso con información sobre el proceso que se lleva adelante en su contra y en donde se indica expresamente que la Administradora demandante ha autorizado la presentación de la solicitud de arresto al tribunal, no configurándose así la hipótesis de cobranza extrajudicial ni tampoco se ha pretendido buscar el abuso de la facultad jurisdiccional, sino que se persigue cumplir con la finalidad de instar por el cobro de las cotizaciones previsionales en cumplimiento del imperativo legal que pesa sobre la AFP.

Arguye que se informó responsablemente al recurrente de la situación procesal en la que se encuentra, descartando así la configuración de cualquier ilegalidad y arbitrariedad sobre los hechos relatados, como también toda amenaza o perturbación de la libertad personal o seguridad individual, toda vez que el apremio solicitado tiene su fundamento en la propia ley 17.322, en su artículo 12, además que se trata de un apremio legítimo, que persigue un fin de interés público, es proporcionado a su objeto y se lleva a cabo en el marco de un procedimiento legalmente tramitado, racional y justo, concluyendo así que la orden de arresto solicitada en contra del recurrente, se enmarca dentro del ordenamiento jurídico, decisión que se ha adoptado por una institución investida Alude que el sistema de seguridad social tiene su fundamento en el artículo 19 N° 18 de la Constitución Política de la República que establece “El derecho a la seguridad social”, encontrándose dentro de este marco constitucional el Decreto Ley 3500, que en su Art. 1º establece que el Sistema de Pensiones de Vejez, Invalidez y Sobrevivencia está basado en la capitalización individual de los afiliados, que se efectúa en las Administradoras de Fondos de Pensiones, asimismo, indica que el artículo 2 de dicho Decreto establece la obligatoriedad de cotizar al Sistema de Pensiones, el que, como contrapartida, les entrega el derecho a las prestaciones contenidas en dicha ley, la que se ve reflejada en su artículo 17 que prescribe la obligación de cotizar en su cuenta de capitalización individual el 10% de sus remuneraciones imponibles.

Indica que el artículo 19 del Decreto Ley 3500 estatuye que las cotizaciones establecidas en este Título deberán ser declaradas y pagadas por el empleador quien, deducirá las cotizaciones de las remuneraciones del trabajador y pagará las que sean de su cargo. A su tiempo, refiere que las Administradoras de Fondos de Pensiones estarán obligadas a seguir las acciones tendientes al cobro de las cotizaciones adeudadas y sus reajustes e intereses, aun cuando el afiliado se hubiere cambiado de ella, siendo aplicable para perseguir dicho fin las disposiciones contenidas en la Ley N° 17.322, incluso las sanciones penales establecidas en dicho cuerpo legal para los empleadores que no consignen las cotizaciones que hubieren retenido o debido retener, las que podrán hacerse extensivas, en su caso, a las entidades pagadoras de subsidios, sin perjuicio de las penas aplicables de conformidad a lo dispuesto en el artículo 467 del Código Penal.

Concluye que AFP Habitat ha actuado en conformidad a la Constitución Política de la República, al DL 3.500, de 1980 y demás leyes aplicables y a la normativa previsional dictada por la Superintendencia de Pensiones, no existiendo, en consecuencia, acto ilegal por parte de la recurrida, toda vez que sólo se aplicó la legislación vigente y se cumplió con la obligación legal de seguir todas las acciones tendientes al cobro de las cotizaciones previsionales adeudadas a los trabajadores.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, conforme a lo preceptuado en el artículo 20 de la Carta Fundamental, para la procedencia del recurso de protección, se requiere en primer término que quien la interponga sea el que por causa de actos u omisiones, arbitrarias o ilegales, sufra perturbación, privación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 en los numerados que menciona a continuación.

SEGUNDO: Que, es preciso destacar que el acto que se moteja de arbitrario e ilegal, por entender el recurrente que se trata de una conducta abusiva y de acoso, es el correo electrónico remitido por la empresa Orpro S. A. , por mandato de la recurrida, con fecha 18 de octubre de 2022 al recurrente, donde se le informaba que, por mantener una deuda por cotizaciones previsionales impagas en la causa Rit P-731- 2013 del Juzgado de Letras del Trabajo de Arica, se les había autorizado para solicitar al Tribunal correspondiente, una orden de arresto en su contra, en conformidad a lo establecido en el Art. 12 de la Ley N°17.322, sobre cobranza judicial de cotizaciones previsionales, invitándolo a regularizar la deuda.

TERCERO: Que, a juicio de esta Corte, el hecho fundante del recurso no cumple los presupuestos necesarios para que esta acción de protección pueda prosperar, pues en la especie no se advierte por parte de la recurrida una conducta abusiva o que pueda ser calificada de hostigosa o amenazante como afirma el recurrente.

CUARTO: Que, en las circunstancias precedentemente descritas no es posible tener por configurado un actuar abusivo de la recurrida, pues la naturaleza del hecho descrito en el recurso no permite calificarlo de esa forma y, a mayor abundamiento, el ordenamiento jurídico permite la realización de gestiones de cobranza extrajudicial, sin que se encuentre establecido que se haya vulnerado alguna infracción a la reglamentación vigente en el ejercicio de las mismas respecto de la reclamante.

Por las anteriores consideraciones y lo dispuesto en las normas citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE RECHAZA el recurso de protección deducido por el abogado Fernando González Vásquez, en favor de don nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

Rol N° 2516-2022 Protección.