Protección contra CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

Arica, quince de julio de dos mil veinticuatro.

VISTO:

Comparece don nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, y deduce recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES, representada legalmente por nombre reservado, denunciando como actos ilegales y arbitrarios la realización de cobros intercajas y descuentos practicados en sus liquidaciones de remuneraciones, con vulneración de la garantía constitucional establecida en el numeral 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que con fecha 31 de agosto del año 2018, suscribe un pagaré en favor de la recurrida, por la suma de $5.824.967.- por concepto de un mutuo más los intereses correspondientes, obligación que debía ser pagada en 24 cuotas de $286.785.-, venciendo la primera de ellas el 31 de octubre de 2018, con la respectiva cláusula de aceleración.

Indica que fue desvinculado de su trabajo, perdiendo su única fuente de ingresos y cayendo por ello en mora a los pocos meses. En su oportunidad, demandó a su ex empleador, arribándose a una conciliación con fecha 13 de noviembre de 2019, generándose al respecto el correspondiente finiquito, el cual estaba destinado a pagar la obligación adquirida con caja Los Andes, e igualmente ante algún saldo pendiente existía la activación del fondo de cesantía solidario que cubriría un eventual remanente, todo ello conforme a los propios términos y condiciones del referido pagaré. Sin embargo, el 23 de febrero del 2024, en su entidad financiera, se le denegó un aumento de cupo en tarjeta de crédito por encontrarse como deudor en el boletín comercial de DICOM por cajas “Los Andes” y “La Araucana”, aduciéndose una operación “intercaja”. Hizo entonces acceso a sus antecedentes judiciales, encontrando que Caja de Compensación Los Andes interpuso en su contra una demanda ejecutiva, causa ROL C-924-2019, tramitada ante el 1° Juzgado de Letras de Arica, caratulada “CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES/nombre reservado”, ingresada con fecha 30 de abril de 2019. Ignoraba cualquier antecedente de la misma, no habiendo sido notificado ni requerido de pago, apareciendo en la causa que el tribunal archivó todos los antecedentes con fecha 07 de enero de 2020.

Agrega que con fecha 07 de marzo de 2024, obtuvo el detalle de las operaciones que Caja la Araucana realizo en su calidad de “intermediario”, donde aparecen 3 descuentos, los cuales habrían sido remesados a Caja Los Andes, de fechas 25 de febrero de 2019 y dos de fecha 26 de septiembre del mismo año, por $29.115, $84.643 y $182.366 respectivamente.

Señala que aparece que la recurrida tomó la abusiva determinación de cobrarse extrajudicialmente los montos detallados anteriormente, incluso antes de haber interpuesto la demanda ejecutiva, la que como expresó fue archivada por falta de prosecución en la tramitación de parte de la ejecutante.

Agrega que, por lo anterior, con fecha 02 de mayo de 2024 presentó un reclamo ante la Superintendencia de Seguridad Social, fue informado por caja los Andes con fecha 24 de mayo, en que desconocen tanto el pago de la obligación con cargo a su finiquito como los descuentos referidos, además de omitir intencionadamente el hecho de encontrarse judicializado el cobro del crédito supuestamente adeudado.

Expone que con fecha 30 de mayo de 2024, se remite a su correo electrónico su liquidación de remuneraciones, en donde figura un descuento por un monto de $95.424 por concepto de créditos personales CCAF, con lo que arbitrariamente y luego de más de 5 años, un porcentaje de su remuneración fue arrebatada en un actuar antojadizo de la recurrida, pues está reviviendo de manera unilateral un derecho que el art. 22 de la ley 18.833 le otorga a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente sus créditos.

Refiere que actualmente mantiene un trabajo estable, con la legítima expectativa de percibir su remuneración de manera íntegra y previsible, lo que resultó conculcado con la decisión unilateral de la recurrida en orden a ejecutar dicho descuento sin haberlo informado previamente, especialmente considerando que la recurrida, por voluntad propia, había judicializado el cobro de la deuda, por lo que considera que este actuar constituye un abuso de los preceptos legales que regulan el funcionamiento de estas entidades respecto al cobro oportuno de los créditos sociales conforme a la Ley N°18.833, descontando una proporción estructural de su remuneración líquida, de manera intempestiva, sin entregar información alguna a su persona ni a su empleador.

En cuanto al derecho, señala que se afecta su derecho de propiedad consagrado constitucionalmente, así como también lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley 18.833, al realizar un uso arbitrario e ilegal de las facultades que le otorga la ley en relación a la retención de los montos adeudados, conforme lo ha establecido la jurisprudencia de manera categórica y uniforme, al haber manifestado la voluntad de ejercer la cláusula de aceleración, produciendo el vencimiento anticipado de todas las cuotas pendientes, cobrando la totalidad de la deuda como de plazo vencido, por lo que ahora, ordenar la retención de montos a su conveniencia y mediante un mecanismo paralelo a la vía judicial por ellos promovida, sin informar previamente que iban a realizar los descuentos, ni explicar el por qué ni el cómo se llegó a esos montos ordenados a descontar, vulnera la garantía del numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, toda vez que se le ha privado y ha perturbado de su Derecho de propiedad sobre los montos de: $29.115, $84.643, $182.366 y la más actual $95.424 de su liquidación de sueldo, lo que puede repetirse en los próximos meses de remuneración mediante este mecanismo de pago paralelo a la vía judicial que la misma recurrida ejerció y promovió mediante el cobro ejecutivo del pagaré, citando jurisprudencia al efecto.

Por lo anterior, es que solicita se ordene el cese de todo tipo de retención o descuento de la remuneración del recurrente, se restituya los descuentos efectuados, y proceder a la eliminación de sus antecedentes y/o datos personales del boletín comercial DICOM, condenando en costas a la recurrida.

En su oportunidad, evacuó informe la recurrida solicitando el rechazo del recurso fundado en que es efectiva la existencia del crédito señalado por la recurrente, por la suma de $5.824.967.-, a una tasa de 0,99%, en un plazo de 24 meses, con una cuota de $282.660.-, cuyo primer vencimiento fue el 31.10.2018. Con fecha 26.09.2019 se recibió la suma de $182.366. y con fecha 11.06.2024, se recibió la suma de $93.115.-, conformando un total de $275.481.-, por lo que con dicho monto se dio por pagada la cuota del mes de octubre de 2018 (1), y que las cuotas restantes se encuentran en cobranza judicial.

Da cuenta que los descuentos para el pago de cuotas de crédito social son informados al empleador del deudor de acuerdo al mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833 que establece que “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”. Así, se encuentra efectuando el cobro de una deuda cuya acción de cobro no ha sido declarada prescrita, destacando que la prescripción debe ser alegada, declarada judicialmente, y que no opera de pleno derecho, de tal manera que mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del Tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por la actora existe y es plenamente exigible. Agrega que, procesalmente, la vía idónea para alegar o excepcionar de prescripción no puede ser una acción de protección como la ventilada en autos sino un juicio de lato conocimiento.

Expone que el mecanismo del ‘descuento por planilla’ es un ‘mecanismo especial de pago’, inherente al régimen de ‘crédito social’ otorgado por las cajas de compensación, lo que tiende a disminuir el riesgo de éstas y permite que el costo del crédito sea menor, constituyendo un mecanismo que no depende de la voluntad o decisión de las cajas de compensación, porque las reglas del caso lo establecen de forma perentoria u obligatoria, teniendo el mismo grado de obligatoriedad que el pago de las cotizaciones previsionales. Agrega que la obligatoriedad del ‘descuento por planilla’ recae sobre el empleador y precisamente por eso es que el sistema legal establece que se entiende que el trabajador paga el crédito al momento de aplicársele el descuento, según se sigue del art. 22 inc. 2º de la Ley Nº 18.833. Asimismo, el trabajador no puede oponerse ni negarse al descuento por planilla, porque la obligatoriedad del mismo es un mecanismo normativo y propio del específico tipo de crédito otorgado, agregando que es técnica y fácticamente imposible sostener que el funcionamiento del descuento por planilla constituya una gestión de cobro por parte de la recurrida, puesto que dicho mecanismo aplica y funciona aun en el evento que ésta no haga nada o no lo desee, pues no obedece ni depende de la voluntad del acreedor, sino que se trata de una obligación legal y reglamentaria para este especial tipo de créditos sociales.

Finaliza señalando que, no obstante, lo informado precedentemente, y sin reconocer extinción de la deuda ni los hechos ni fundamentos de derecho que esgrime el recurrente en el presente recurso, Caja Los Andes ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado a la recurrente. Asimismo, dispondrá la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros desde marzo de 2023, con lo que solicita el rechazo de la acción de protección incoada por cuanto ha perdido oportunidad toda vez que mi representada ha accedido voluntariamente al cese de los descuentos y restitución solicitados.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la acción de protección contemplada en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Se trata de asuntos en que existe un derecho indubitado, y no disputado, garantizado constitucionalmente, que se encuentra en peligro o lesionado, por lo que se persigue su amparo o restablecimiento.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, el acto denunciado por la recurrente como ilegal y arbitrario corresponde a descuentos por las sumas de: $29.115, $84.643, $182.366 efectuados en los meses de febrero y septiembre de 2019, y de $95.424 de su liquidación de sueldo de mayo de 2024, fundado en un crédito impago que suscribió con la recurrida, pese a que la recurrida optó por la vía judicial de cobro.

CUARTO: Que, de acuerdo a lo señalado por la recurrida, sin perjuicio de sus alegaciones de derecho, ésta ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado a la recurrente y la restitución de las sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros desde marzo de 2023, por lo que a su respecto el presente recurso ha perdido oportunidad.

QUINTO: Que, en cuanto a las sumas reclamadas correspondientes a descuentos intercajas realizados el año 2019 por Caja la Araucana en favor de Caja Los Andes, éstos se adecuaron a la legislación vigente, es decir, a lo dispuesto en el art. 22 inc. 2º de la Ley Nº 18.833, por lo que no existe acto arbitrario o ilegal a su respecto.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que, SE RECHAZA, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N° 238-2024 Protección