Protección contra Director Regional de Aduana de Arica y Parinacota

Arica, ocho de abril de dos mil diecinueve.

VISTO:

nombre reservado, funcionario público, cédula de identidad N° RUT reservado, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra del Director Regional de Aduana de Arica y Parinacota, don Hugo Armando Yavar Oñate, con domicilio en domicilio reservado, por haberse vulnerado las garantías constitucionales previstas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que se desempeña como Oficial del Ejército de Chile, desde el año 2007, en Arica, y el 09 de octubre de 2018 fue notificado de su traslado a la ciudad de Santiago, al Regimiento en Peñalolén.

Agrega que el 14 de septiembre de 2018 adquirió en Arica el vehículo marca JEEP, modelo Wrangler Sport Unlimited, año 2016, color negro, placa patente KYCX58, y que cumpliendo con los requisitos para poder liberar el vehículo, se dirigió a la Dirección Regional de Aduanas de la ciudad, pero el 26 de febrero de 2019, por Oficio N°226 del 26 de febrero de 2019, rechazó su solicitud por cuanto el valor FOB de éste, excede al monto máximo de la franquicia a entregar, en este caso a USS 17.545,46, el cual se contempla en el inciso 12 del artículo 35 de la Ley N° 13.039.

Estima que el recurrido ha incurrido en ilegalidades, ya que el valor FOB no se encuentra válidamente determinado, indicando que se usaron web oficiales de venta de vehículos, las que no se señalan cuáles son.

Afirma que el valor FOB de un producto implica el costo del vehículo, el valor total que pagó, 14.228 USD, costo mucho menor al valor FOB que es límite para la franquicia.

Indica que no se ha considerado la normativa y criterios de valorización de mercaderías que el propio Servicio de Aduanas mantiene vigente, sobre la aplicación del acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio GAFF, sus anexos, y Reglamento, y que el vehículo que pretende liberar se encuentra exento del tope del valor FOB.

Finalmente, señala que estima vulnerada la garantía establecida en el numeral 2 del artículo 19 de la nuestra Carta Fundamental, y que, con el accionar del recurrido se ha hecho patente la vulneración a su derecho a usar y gozar de su vehículo a su entero arbitrio, por lo que solicita se acoja el recurso y se ordene al recurrido invalidar el Oficio N°226, de 26 de febrero de 2019, y, asimismo, autorizar la liberación de su vehículo, con costas.

En su oportunidad, la recurrida evacuó el informe solicitado por esta Corte, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

Señala, luego de exponer sobre la situación histórica de la internación vehículos usados al país, que la normativa aplicable al caso es la establecida en el artículo 35 de la Ley N° 13.039.

Agrega que la actora importó a nuestra nombre reservado de extensión el similar a un Station Wagon desde su país de fabricación, vehículo usado, marca JEEP, modelo WRANGLER U, año 2016, VIN N° 1C4I-OWDGOGL109609, vehículo que al salir de E.E.U.U. su odómetro marcaba 29.404 millas, pero entre sus características señalaba "SALVAGED 777IE' y "Primary Damage: REAR END", es decir, que el vehículo ha sido severamente dañado, o se ha decretado pérdida total por la aseguradora, y que el daño principal fue en la parte posterior del vehículo, por lo que el valor comercial claramente debía ser inferior a otro que se importa en condiciones normales. Lo mismo se observa en la Declaración de nombre reservado° 567455 (14-11-18), donde señala el valor de US$ 1.800.

Indica que con fecha 14 de noviembre del 2018, el actor inscribió el vehículo en nuestra ciudad, y el RNVM asignó la P.P.U. KYCX-58, vehículo usado con limitación de tránsito en nombre reservado de extensión, y habiendo presentado solicitud, el Departamento de Técnicas Aduaneras analizó la carpeta administrativa, buscando en la base de datos del RNVM del Registro Civil, donde la patente del Jeep tiene asociado a su primera inscripción una Declaración de nombre reservado, documento que señala valor aduanero de US$ 1,800, causando extrañeza el bajo valor, por tratarse de un vehículo del año 2016, por lo que se recabaron más antecedentes, y al revisar la salida del vehículo de E.E.U.U. arrojó que el vehículo tiene título de salvataje por colisión sufrida en su parte trasera, y de ahí el costo; y dado que se trataba de un valor tan bajo para un vehículo año 2016 se tuvo que determinar su precio de mercado, para así determinar si el valor comercial permitía importarse a régimeí general según el limite puesto por el legislador.

Indica que tuvo que buscarse valores FOB de vehículos de mismo año, modelo y kilometraje parecido pero que estuvieran en buenas condiciones, en Madisonville, en Tejas, de US$ 22.985, Pacoima en California de US$ 20.999, Monroeville, en Pensilvania de US$ 24.000, Georgetown en Kentucky por US$ 22.445, en Florida por US$ 25,991, claramente estos valores exceden el límite de US$ 17.454,46, y revisada la tasación para esa marca, modelo y año en la página del Servicio de Impuestos Internos, es de $15.820.000 pesos (US$ 23.626,05).

Agrega que el rechazo de la solicitud fue por exceder el máximo FOB de US$ 17.545,46 de la franquicia.

Añade que el actor erró la acción a emplear, dado que para situaciones como ésta el legislador estableció el Reclamo de Vulneración de Derechos, que es exclusivo contra el Servicio Nacional de Aduanas, y está contenido en la Ordenanza de Aduanas en el artículo 129 letra K.

Señala que de los documentos acompañados por la recurrida, se desprende que participó directamente en la subvaloración del vehículo, donde se canceló el impuesto sobre US$ 1.800, en vez de alrededor de US$ 14.000, que correspondía en realidad.

Aclara que incurre en error el recurrente al señalar que para vehículo tipo SUV (Chile asimilado Station Wagon), no hay valor FOB, ya que ésta limitante fue eliminada por la ley N°19.827.

En resumen, arguye no existe vulneración a ningún derecho o garantía constitucional, y que el rechazo de esta solicitud de trámite aduanero está dentro del procedimiento aplicable, con costas.

CON LO RELACIONADO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que la acción de protección, contemplada en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

SEGUNDO: Que, el asunto sometido a la decisión de esta Corte y que se indica como acto arbitrario o ilegal que priva, perturba o amenaza las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, es lo resuelto por la Dirección General de Aduanas de Arica y Parinacota, en el Ord. N°226, de 26 de febrero de 2019, por el cual no acogió la solicitud del recurrente en cuanto a liberar su vehículo, el cual había sido importado a nombre reservado.

TERCERO: Que cabe tener presente lo que dispone la Ley N°13.039, que crea la "Junta de Adelanto de Arica", en su artículo 35, inciso primero, dispone que “Los residentes, con único domicilio en el Departamento de Arica, que se trasladen definitivamente de él, podrán internar al resto del país, si cumplen con los requisitos que se establecen en el presente artículo el menaje usado, de su propiedad, y herramientas de mano, siempre que éstos provengan del lugar de su domicilio y aun cuando sean mercaderías de importación prohibida…”.

Que el inciso quinto establece que “Las mismas personas a que se refiere el inciso 1° de este artículo, podrán internar al resto del país un vehículo motorizado, usado, de su propiedad y siempre que acredite haberlo adquirido, a lo menos, dos meses antes de la fecha del traslado.”.

Por su parte el inciso número doce indica que “No obstante, para gozar de estas franquicias el vehículo de que se trata estará sujeto, además de las exigencias ya señaladas en la ley, a las siguientes restricciones:

1°.- El vehículo motorizado no podrá tener un valor FOB superior a US$17.545,46.- y los accesorios opcionales no podrán exceder en valor FOB del 15% sobre dicho monto. Para los vehículos para el transporte de mercancías que se clasifican en la posición arancelaria 87.02.04, el valor límite será de US$14.513,23.- FOB.

2°.- El vehículo no podrá ser objeto de negociación de ninguna especie, tal como compraventa, arrendamiento, comodato, o cualquier otro acto jurídico que significa la tenencia, posesión o dominio por persona extraña al beneficiario de la franquicia, dentro de los dos años siguientes a la fecha de la resolución que la conceda; salvo que previamente se haya pagado el saldo de los derechos e impuestos vigentes en el resto del país que deberían haberse percibido al momento de la importación del vehículo en la zona liberada, sin las rebajas establecidas en los incisos precedentes.

Esta desafectación quedará gravada con el Impuesto al Valor Agregado contenido en el Título II del decreto ley Nº 825, de 1974.

3º.- Para el cálculo de estos derechos e impuestos, la base imponible estará constituida por el valor aduanero del vehículo, menos la depreciación por uso.

Dicha depreciación ascenderá a un diez por ciento por cada año completo transcurrido entre el 1º de enero del año del modelo y el momento en que se pagan dichos derechos e impuestos, con un tope de 70%...”

A su vez, el Decreto Ley N° 329 del año 1979, Ley Orgánica del Servicio Nacional de Aduanas, en sus artículos 1, 22 y 24, contempla la facultades que dicho ente administrativo tiene respecto de las mercancías y vehículos que salen del país o ingresan.

CUARTO: Que según se desprende del documento que contiene el Ord. N°226, de 26 de febrero de 2019, la decisión de la recurrida se fundó en que, revisado en las páginas web oficiales de precios de vehículo automotrices, este vehículo excede el monto máximo de la franquicia del valor FOB US$17.545,46, contemplado en el inciso 12 del artículo 35 de la Ley N° 13.039.

QUINTO: Que, a juicio de esta Corte, conforme a la normativa que regula la materia y a los hechos reseñados, se desprende que la recurrida ha actuado en cumplimiento a sus deberes institucionales, aplicando las disposiciones legales que corresponden, atendido a que el vehículo del recurrente no cumplía con los requisitos que establece la Ley N°13.039 en específico, no cumple con el requisito que contempla respecto al monto del valor FOB del vehículo en cuestión, el que debió ser determinado por el Departamento de Técnicas Aduaneras, atendido a que en la Declaración de nombre reservado éste señala un valor de US$1800, monto que no se condice con el tipo de vehículo y año de fabricación.

SEXTO: Que, no concurriendo los requisitos que la Constitución exige para que la acción de protección prospere, debe ser rechazada. En consecuencia, no existe vulneración alguna a las garantías constitucionales que protege el artículo 20 de la Carta Fundamental, y por ende, las consagradas en el numeral 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara: Que SE RECHAZA el recurso de protección deducido por nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y comuníquese, en su oportunidad.

Rol Nº 233-2019 Protección 4