nombre reservado con SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES PROPIETARIOS DE TAXIS COLECTIVOS SOBRAYA AZAPA

Arica, diecisiete de octubre de dos mil veintidós.

VISTO:

Compareció el abogado Reinaldo Cristian Gómez Gallardo, en representación de nombre reservado, taxista, cédula de identidad N° RUT reservado, ambos domiciliados en esta ciudad y dedujo recurso de protección en contra del Sindicato de Trabajadores Independiente, propietarios, conductores Taxi Colectivo Sobraya Azapa, representada legalmente por su Presidente, nombre reservado (sic), por haber conculcado las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2 y 3 inciso quinto del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Fundamentó su recurso en que el 31 de agosto pasado, la Directiva del Sindicato recurrido le notificó mediante carta certificada su expulsión por notable abandono de deberes, en su calidad de ex tesorero del período 2016 a 2018, con infracción a lo previsto en el artículo 27 letras G, H y J del Reglamento del Sindicato.

Señaló que esta decisión fue tomada por asamblea ordinaria de 25 de noviembre de 2021, en votación secreta y ratificada en reunión ordinaria de 21 de abril del año en curso, sin tener un informe de la comisión revisora que dé cuenta de alguna investigación y sus resultados.

Refirió que los fundamentos esgrimidos para la expulsión son los acontecidos a mediados del año 2018.

Indicó que al momento de hacer entrega de su cargo y de los dineros existentes en la caja, la directiva entrante se negó a levantar un acta, como lo señala la letra H del artículo 27 del reglamento, a pesar de no tener información sobre el monto del dinero faltante, condicionó cualquier intervención o solicitud de información por parte del recurrente, al reconocimiento de la deuda.

Sostiene la inexistencia de un procedimiento previamente establecido, con un periodo de constatación, un término probatorio, un plazo para dictar sentencia y un recurso de reclamación o apelación. En la práctica, el recurrente no tuvo conocimiento de la acusación efectuada en su contra, por ende, no tenía la certeza sobre el monto supuestamente debido, es decir, no existía un expediente o carpeta donde constaren las actuaciones realizadas en proceso alguno. Señala que transcurrieron 3 años desde ocurridos los hechos sin que se haya tomado alguna decisión sobre las acusaciones que fueron realizadas en el año 2018.

En cuanto a las garantías constitucionales infringidas, señala como conculcadas, aquellas descritas en los numerales 2° “La igualdad ante la ley”, puesto que su representado tiene las mismas cualidades y capacidades que el resto de los socios y, 3° inciso 5: “Garantía de un juez natural”, en virtud del cual, nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que le señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta. En efecto, al recurrente se le inculpó como responsable de hechos que no cometió, sin un juicio previo, sin que haya ejercido su derecho a defensa, como lo ordena el artículo 46 del estatuto del Sindicato.

Pide se acoja el presente recurso y, en consecuencia, se restablezca el imperio del derecho, ordenando al Sindicato, a través de su directiva, la reincorporación del socio expulsado.

En su oportunidad el Sindicato recurrido evacuó informe, solicitando el rechazo del recurso con costas y expuso que no han incurrido en ninguna acción y omisión arbitraria o ilegal que hubiere conculcado los derechos constitucionales alegados por el recurrente.

Señala que si bien es efectivo que el recurrente se desempeñó en el cargo de Tesorero del Sindicato en el período 2016-2018, no es cierto que a su término, aquél realizara la respectiva rendición de cuentas ante la nueva directiva, con la entrega de boletas, dinero, libros y otros, conforme a su cargo. Tampoco es efectivo que lo haya realizado dentro del plazo establecido en el artículo 22 del Estatuto del Sindicato, esto es, 30 días posteriores a la elección del nuevo directorio. De hecho la rendición de cuentas debió ser prorrogada en varias oportunidades, sin que hasta la fecha se haya realizado la entrega de boletas que acrediten fehacientemente los ingresos y egresos del Sindicato.

Indica que de las Actas de 11 de enero, 21 de junio, 27 de agosto y 18 de octubre de 2018, 7 de febrero de 2019, 13 de febrero de 2020 y 15 de septiembre y 25 de noviembre de 2021, constan las oportunidades en que se solicitó al recurrente la rendición de cuentas actualizadas de su cargo, quien no las presentó argumentando diversas excusas, como que las cuentas no estaban al día. Tampoco cumplió su compromiso de efectuar este cometido en las asambleas siguientes. Por último, consta que sólo después de dos años entregó la cuenta, pero sin acompañar boletas de ingresos y egresos.

Asevera que de estas actas también consta que el recurrente no reconoció la deuda, que pidió una nueva revisión de las cuentas y el compromiso de pagarlas en su totalidad. Asimismo, en ellas también se consigna que el recurrente se comprometió a pagar una suma mensual de $100.000 y que, no habiendo efectuado dicho pago, se le conminó a regularizar la deuda, de lo contrario sería notificado por carta certificada, otorgándosele un plazo de 30 días para ponerse al día. No habiendo cumplido el compromiso de pago mensual, la Asamblea decidió, de acuerdo al Estatuto del Sindicato, someter a votación secreta la aplicación de una sanción o la expulsión del socio, siendo esta última la opción más votada, por lo que el recurrente fue expulsado.

Expone que el artículo 27 del Estatuto establece las “Facultades y deberes del tesorero”, las que en definitiva no dio cumplimiento y que consecuencialmente llevaron a su expulsión.

Expresa que en cuanto a la “comisión especial” alegada por el recurrente, esta se encuentra regulada en el artículo 31 del Estatuto, el que establece la designación de una Comisión Revisora de Cuentas, la que estará compuesta por un número impar de miembros, con un mínimo de tres y un máximo igual al número de integrantes del directorio, los cuales no podrán tener la calidad de dirigentes. Dicha Comisión está facultada para comprobar que los gastos e inversiones se efectúen de acuerdo al presupuesto; fiscalizar el debido ingreso y la correcta inversión de los fondos sindicales; velar que los libros de ingreso y egreso, y el inventario, sean llevados en orden y al día, y confeccionar dentro de los primeros 90 días de cada año el informe financiero y contable del Sindicato, conforme a lo previsto en el inciso final del artículo 20 del Estatuto, pudiendo, para el mejor desempeño de su cometido, asesorarse por un contador cuyos honorarios serán siempre de costo del Sindicato.

Asevera que, sin rendir cuenta alguna, el recurrente entregó al tesorero de aquel entonces, don nombre reservado, la suma de $ 6.000.000 el día 18 de octubre de 2018 y la suma de $ 3.583.500 el día 22 de octubre de 2018, esto es, un total de $ 9.583.000, dineros que fueron depositados en la cuenta del Sindicato. Que en el mes de febrero de 2019 el recurrente entregó un libro escrito a mano, que contenía las sumas de los ingresos y egresos, sin acompañar los documentos que acreditaren dichas cuentas.

Expone que del estudio de dicho libro, la Comisión Revisora advirtió una deuda de $22.239.765, toda vez que la suma de los ingresos allí plasmados ascendía a $34.478.200 y los egresos a $12.238.435, por lo que habiéndose detectado un error se decidió prestarle ayuda, juntando los comprobantes que existían en poder del presidente y secretario de la época de su gestión. Así las cosas, de la reconstrucción de la contabilidad y considerando los pagos realizados por el accionante, la deuda ascendió a $3.119.951, que hasta la fecha no ha pagado.

Recalca que la Asamblea ha otorgado innumerables oportunidades al recurrente para que transparente la situación presentando las boletas faltantes y de esa manera poder defenderse, lo que tampoco ha sucedido. Por tanto no es efectivo que el Sindicato haya dado por superado el conflicto como lo asegura el recurrente, puesto que todo lo anterior obedece a un acuerdo arribado con el propio socio en cuanto al pago de la totalidad de la deuda y que la decisión adoptada por el Sindicato, dado el contexto del estallido social y la pandemia, debió ser tomada con posteridad, precisamente para cumplir con los quórums y requisitos exigidos por el Estatuto para la aplicación de esta medida, tal como lo estatuye el artículo 46, por lo que a su juicio no existe acto arbitrario o ilegal por parte del Sindicato de Trabajadores Independientes y Propietarios de Taxis Colectivos Sobraya Arica.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección, contemplado en nuestra Constitución Política, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, y por lo tanto cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo cuando estime vulnerados o amenazados por actos arbitrarios o ilegales, y la Corte de Apelaciones correspondiente en su caso deberá adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que en la especie, el hecho al que se reputa ilegalidad y arbitrariedad consiste en la pérdida de la calidad de socio del recurrente, por haber sido expulsado del Sindicato, a través de una carta certificada de 31 de agosto de 2022, sanción fundamentada en un procedimiento en contravención a las normas del debido proceso y lo previsto en el artículo 46 del Estatuto sindical.

CUARTO: Que de los antecedentes acompañados se desprende que la Asociación, luego de haber otorgado diversas oportunidades al actor para que cumpliera sus obligaciones estatutarias, decidió y le comunicó su expulsión del Sindicato, por notable abandono de sus deberes como tesorero durante el período 2016-2018, por no dar cumplimiento al deber de entregar a la nueva directiva las cuentas del estado de caja y por haber detectado una serie de conductas, como las descritas en el artículo 27 letras a), d), f), g), h), i) y j), y sancionadas en el artículo 46 del Estatuto Sindical, perdiendo, en consecuencia, la calidad de socio.

QUINTO: Que los Estatutos de la Asociación Gremial, en su artículo 27 señala que son facultades y deberes del Tesorero:

“a) Mantener bajo su custodia y responsabilidad los fondos, bienes y útiles de la organización;(…)

d) Llevar al día el libro de ingresos y egresos y el inventario;

f) Confeccionar mensualmente un estado de caja, con el detalle de entradas y gastos, copias de la cual se fijarán en lugares visibles de la sede sindical y sitios de trabajo. Estos estados de caja deben ser firmados por el presidente y tesorero y visados por la comisión revisora de cuentas que se menciona más adelante.

g) Depositar los fondos de la organización a medida que se perciban en una cuenta corriente o de ahorro abierta a nombre del Sindicato en la Oficina de un Banco no pudiendo mantener en caja una suma superior al 20% de los ingresos mensuales;

i) El tesorero será responsable del estado de la caja y tendrá la obligación de rechazar todo giro o pago no ajustado a la Ley o no consultado en el presupuesto correspondiente, entendiéndose asimismo, que hará los pagos contra presentaciones de facturas, boletas o recibos debidamente extendidos, documentos que conservará cuidadosamente en un archivo especial, clasificados por partida e ítem presupuestario en orden cronológico.

j) Proporcionar la información y documentación cuando esta le sea solicitada por alguno de sus asociados.”.

A su vez, el artículo 46 de dicho Estatuto señala que: “Cuando la gravedad de la falta o las reincidencias en ellas lo hicieron necesario, la asamblea, como medida extrema podrá expulsar al socio, a quien siempre se le dará la oportunidad para defenderse. La medida de expulsión solo surtirá efecto si es aprobada por la mayoría absoluta de los socios del sindicato.”.

SEXTO: Que al tenor de los documentos acompañados, especialmente de los dichos del propio recurrente y lo informado por la recurrida, es posible constatar que no existe discusión respecto a que el recurrente fue tesorero de la agrupación entre los años 2016 y 2018, que al finalizar su período no hizo entrega del estado de caja y que solo realizó esta actuación parcialmente, con más de dos años de atraso, sin entregar las boletas o la documentación necesaria e idónea que corroborara las cuentas entregadas.

SÉPTIMO: Que de los antecedentes allegados al recurso, se puede advertir que el recurrente conocía las imputaciones que se le efectuaban y tuvo oportunidad de defenderse adecuadamente conforme a la reglamentación del Sindicato, que, por otra parte, a pesar de haber transcurrido más de dos años desde el fin de su gestión para rendir cuenta y pagar al Sindicato, el recurrente no cumplió con dicha obligación, por lo que se desprende que aquél ha incurrido en acciones y omisiones descritas en la normativa estatutaria y, en consecuencia, la acción de la recurrida, en orden a sancionarlo disciplinariamente, no puede ser calificada de ilegal o arbitraria, ya que es una decisión que se encuentra apegada a los estatutos del Sindicato, debiendo concluirse que no existen las transgresiones a la Carta Fundamental alegadas por el accionante, lo que obliga a desestimar el presente recurso.

Por estas consideraciones y conforme lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, y sus modificaciones, se declara:

Que, SE RECHAZA el recurso de protección deducido el abogado Reinaldo Gómez Gallardo, en representación de nombre reservado, en contra del Sindicato de Trabajadores Independiente, propietarios, conductores Taxi Colectivo Sobraya Azapa.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Rol N° 2308-2022 Protección.