Protección contra Policía de Investigaciones de Chile

Arica, nueve de febrero de dos mil veintiséis.

VISTO:

Se dedujo recurso de protección en favor de nombre reservado, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, por haber dictado la Resolución Exenta (R)

NUM000, de 28 de noviembre de 2025, que declaró su salud irrecuperable para el servicio institucional y dispuso su desvinculación de la Institución, conculcado sus garantías consagradas en el numeral 2º del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que la recurrente ingresó a la Policía de Investigaciones de Chile el 15 de noviembre de 2006 como Asistente Administrativo Grado 18º, siendo aceptada en el año 2015, en el escalafón de Técnica A/C Grado 10º y destinada a la Plana Mayor Regional Temuco. En el año 2020, fue destinada a la Plana Mayor Regional Arica y Parinacota, trasladándose a la ciudad de Arica, junto a sus dos hijos de 11 y 4 años respectivamente, de los cuales era la única adulta responsable, teniendo en los hechos el cuidado personal total de ambos. Desde esa fecha, su salud mental y física se ha visto profundamente afectada y deteriorada producto de la alta presión, carga laboral y acciones de acoso laboral por parte de sus superiores, particularmente desde la pandemia COVID-19, debió asumir cargas de trabajo extraordinarias en la Sección Salud.

Señala que en una ocasión encontrándose afectada emocionalmente, manifestó una frase de desahogo (“estoy aburrida de todo”), sin intención de autolesión, lo que fue interpretado y amplificada, activándose en su contra un “protocolo suicida”, materializado en la concurrencia de personal institucional a su domicilio y, especialmente, en la decisión de que un psicólogo institucional pernoctara en su hogar, pese a su oposición expresa, invocándose “órdenes del mando”, situación que describe como invasiva y atentatoria contra su privacidad.

Finalmente, el 06 de mayo de 2025, fue atendida por el psiquiatra institucional quien le otorgó inicialmente licencia médica parcial y le modificó el tratamiento farmacológico, recibiendo el 07 de mayo de 2025, en la jornada de la mañana, una videollamada del psiquiatra informándole que por orden del Jefe Regional debía cambiarse su licencia a jornada completa.

Señala que producto de las secuelas del tratamiento médico previamente indicado por el psiquiatra institucional, hizo uso de licencia médica por 15 días desde el 16 al 28 de junio de 2025 extendida por su médico tratante extra institucional, instancia en la que igualmente fue citada y compelida a concurrir a una evaluación psicológica institucional, bajo el apercibimiento explícito de que su inasistencia podría ser considerada “falta grave a la disciplina”, situación que constituye una forma de presión improcedente, desproporcionada y atentatoria contra la dignidad funcionaria, en un contexto de fragilidad clínica y emocional conocida por su jefatura.

Indica que se evacuó Informe Técnico (R) NUM001, de 7 de agosto de 2025, emitido por la Jefatura Nacional de Salud, notificado directamente a la recurrente pese a tener apoderado formalmente constituido y debidamente informado a la institución desde el 13 de junio de 2025, y, más grave aún, se le negó expresamente la posibilidad de comunicarse de inmediato con su defensa en el acto mismo de notificación, privándola de orientación jurídica en un momento crítico. A ello se suma que, el mismo 02 de septiembre de 2025, su defensa requirió formalmente a la Jefatura Nacional de Salud la entrega de antecedentes esenciales órdenes de evaluación, instrucciones de aplicación de pruebas, evaluaciones psicológicas y ficha clínica, entre otros, solicitud que fue reiterada el 04 de septiembre y nuevamente el 09 de septiembre de 2025, todo ello sin obtener respuesta alguna por parte de la autoridad requerida y encontrándose dentro de plazo para interponer el recurso procedente contra el Informe Técnico (R)

NUM001, pero privada de los antecedentes mínimos para ejercerlo de manera fundada por causas imputables a la propia Administración, con fecha 09 de septiembre de 2025 se dedujo formalmente ante la Jefatura Nacional de Salud de la Policía de Investigaciones de Chile un impedimento de defensa, con el objeto de impedir que el derecho de mi representada a impugnar ese pronunciamiento se tornara meramente ilusorio. Dicha presentación tuvo por finalidad dejar constancia de las irregularidades que afectaron directamente la validez de la tramitación y el ejercicio efectivo de la defensa, particularmente: la notificación practicada directamente a la funcionaria pese a existir representación; la negativa a permitir comunicación inmediata con su abogado al momento de la notificación; la omisión reiterada de entrega de antecedentes clínicos y técnicos solicitados en tres oportunidades; y la consecuente infracción a principios básicos del procedimiento administrativo, tales como inexcusabilidad, celeridad y debido proceso, junto con la transgresión a la prohibición de dilatar o someter a tramitación innecesaria asuntos entregados al conocimiento de la autoridad, prevista en el artículo 84 letra e) del Estatuto Administrativo, lo que demuestra que, desde el primer hito médico relevante, el procedimiento se condujo de forma tal que impidió a la afectada controvertir oportunamente y con conocimiento suficiente los fundamentos del informe que, posteriormente, sería utilizado como base para decisiones de máxima gravedad administrativa.

Indica que mediante la Resolución Exenta (R) NUM000, de 28 de noviembre de 2025, dictada por la Dirección General, se declara la salud irrecuperable de la recurrente, sin que se hubiere dado pronunciamiento alguno a las presentaciones efectuadas por su defensa destinadas a denunciar las graves irregularidades que afectaron la posibilidad real de impugnar dicho informe.

Dicho acto administrativo reconoce expresamente, tanto en su parte considerativa como resolutiva, que la decisión adoptada se funda de manera directa, exclusiva y determinante en el contenido del Informe Técnico (R) NUM001 de 07 de agosto de 2025, emanado de la Comisión Médica Institucional, sin incorporar antecedentes nuevos ni efectuar un análisis autónomo distinto del ya contenido en dicho informe, limitándose a reproducir el razonamiento del órgano médico colegiado, desarrollando extensamente las conclusiones clínicas, diagnósticas y funcionales allí contenidas, invocando como fundamento normativo las disposiciones estatutarias que atribuyen a la Comisión Médica Institucional la competencia técnica exclusiva en materias de salud funcionaria, y señalando, en concordancia con la jurisprudencia administrativa citada, que la Dirección General se encuentra jurídicamente impedida de alterar lo resuelto por dicho órgano, correspondiéndole únicamente formalizar sus conclusiones mediante el acto administrativo terminal.

Alega que la Resolución Exenta (R) NUM000 no constituye un pronunciamiento independiente ni autónomo respecto de la recurrente, sino que se erige como una consecuencia directa e inmediata del Informe Técnico (R)

NUM001, asumiendo íntegramente sus fundamentos fácticos y técnicos, y proyectando sus efectos jurídicos más gravosos sobre la esfera estatutaria, laboral y personal de la funcionaria, tales como la liberación de la obligación de prestar servicios, el inicio del plazo para el retiro forzoso y la eventual declaración de vacancia del cargo.

Señala que la resolución impugnada se dictó pese a encontrarse pendientes presentaciones formales relativas a la imposibilidad material de ejercer una impugnación fundada del Informe Técnico (R) NUM001, circunstancia que fue oportunamente puesta en conocimiento de la autoridad administrativa y que, sin embargo, no fue resuelta antes de la adopción del acto terminal.

Sostiene que la resolución fue notificada personalmente el 26 de diciembre de 2025, iniciándose desde ese momento el plazo perentorio para ejercer los recursos administrativos pertinentes dentro de término legal, viéndose obligada a promover un nuevo incidente de impedimento de defensa, esta vez directamente ante la Dirección General, el 5 de enero de 2026, precisamente para evitar que el derecho a impugnar se tornara meramente formal o ilusorio, dejando constancia fundada de que no era posible estructurar una impugnación real y debidamente informada pues la Administración pese a múltiples solicitudes reiteradas omitió entregar los antecedentes clínicos, técnicos y evaluativos esenciales que sirven de base inmediata al acto terminal, esto es, aquellos documentos expresamente reconocidos en el propio considerando primero de la Resolución NUM000 como sustento de la declaración de salud irrecuperable (ficha clínica, evaluación del Subprefecto (S) nombre reservado, entrevista semiestructurada y pruebas proyectivas, Test MMPI-2-RF, entre otros). Asimismo, en dicho incidente se expuso que la indefensión se veía agravada por la falta de resolución expresa a las presentaciones previas formuladas por esta defensa incluido el impedimento de defensa deducido con fecha 09 de septiembre de 2025 respecto del Informe Técnico (R) NUM001, y que, aun así, la Administración avanzó en dictar y notificar un acto terminal de máxima gravedad, sin despejar previamente esas incidencias, consolidando una situación de vulneración procedimental que impide ejercer defensa en condiciones mínimas de racionalidad y justicia. Sin embargo, y pese a la gravedad de lo planteado, a la fecha no existe pronunciamiento alguno sobre dicho incidente de impedimento de defensa deducido ante la Dirección General.

En consecuencia, la Resolución (R) NUM000 no solo adolece de una motivación insuficiente, sino que incurre en arbitrariedad material, al fundar una decisión de máxima gravedad estatutaria en un antecedente clínico inválido y desautorizado ya que la evaluación psicológica en que se sustenta fue realizada en el periodo en que se encontraba con licencia psiquiátrica, desconociendo deliberadamente información médica relevante y oportuna que impedía razonablemente arribar a la conclusión de salud irrecuperable. Tal proceder vulnera genera un trato desigual respecto de la recurrente respecto a otros funcionarios de la referida institución.

Concluye que la recurrida ha privado y perturbado el legítimo ejercicio de la garantía constitucional de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, desde que la recurrente fue sometida a un trato diferenciado, injustificado y carente de razonabilidad, en comparación con otros funcionarios que se encuentran en una situación estatutaria y clínica equivalente, siendo objeto de un procedimiento médico-administrativo que se apartó de los estándares mínimos de juridicidad, transparencia y regularidad exigibles, al incorporarse como fundamento decisivo evaluaciones psicológicas cuya práctica no fue debidamente ordenada mediante acto habilitante conocido, realizadas en un contexto clínico incompatible con su validez esto es, durante reposo médico absoluto y respecto de las cuales se negó sistemáticamente el acceso a la información esencial para su control y contradicción. Asimismo, la igualdad ante la ley se ve vulnerada cuando la Administración, frente a solicitudes formales y reiteradas de entrega de antecedentes y a la deducción de incidentes de impedimento de defensa, guarda silencio, avanza en la dictación de un acto terminal de máxima gravedad y luego utiliza dicha falta de impugnación formal provocada por la propia omisión administrativa como un elemento que refuerza la decisión adoptada.

Pide dejar sin efecto el referido acto administrativo, y disponer todas las medidas necesarias para el pleno restablecimiento del imperio del derecho.

Informó en su oportunidad la recurrida solicitando el rechazo del recurso, en primer lugar por no constituir la acción deducida una nueva instancia administrativa.

En cuanto al fondo sostiene el 7 de agosto de 2025 se emitió Informe Técnico (R) N° NUM001 de la Jefatura Nacional de Salud, con motivo de lo solicitado mediante SIDE N° NUM002 de 7 de mayo de 2025 de la Región Policial de Arica, de la Comisión Médica Institucional en donde se tuvo a la vista la Ficha Clínica, la evaluación suscrita por el Subprefecto (S) nombre reservado de 10 de junio de 2025, entrevista semiestructurada, pruebas psicométricas y técnicas proyectivas emitidos por el psicólogo clínico Profesional (A/C) Atyliano nombre reservado, dotación Plana Mayor Regional Iquique y Test MMPI-2-RF emitido por el Departamento de Apoyo en Salud Mental dependiente del Centro de Salud, donde se concluyó que: “La Comisión Médica Institucional, luego de la evaluación de los antecedentes de la Técnico A/C nombre reservado, determina que presenta un estado de salud irrecuperable para el servicio institucional, pronunciamiento acorde a lo enunciado en el Artículo 150, letra a),del D.F.L N°29, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.”.

En consecuencia, el 28 de noviembre de 2025 se declaró mediante Resolución Exenta (R) N° NUM000 de la Dirección General, la Salud Irrecuperable de la Técnico (A/C) nombre reservado.

En cuanto a la aparente ilegalidad del acto recurrido, cita el artículo 150 letra a) del Decreto con Fuerza de Ley N° 29 que Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo y el artículo 125 de la Orden General N° 1487 de 5 de febrero de 1997 que aprueba el Reglamento de Licencias Médicas, permisos y Feriados del personal de la Policía de Investigaciones de Chile, en razón de la cual la Jefatura de la recurrente tomó conocimiento de una situación particular, que preocupó al mando teniendo en consideración además, que la recurrente a la fecha ya contaba con 50 días de Licencia Médica por Salud Mental, (19.FEB.025 al 05.MAR.025 por 15 días; 06.MAR.025 al 19.MAR.025 por 14 días y del 03.ABR.025 al 23.ABR.025 por 21 días).

Agrega que el día 5 de mayo de 2025 se tomó conocimiento que en horas de la tarde se recibió un llamado por parte del Jefe de la Brigada Investigadora de Robos Arica, quien señaló que un funcionario de su dotación realizó un llamado telefónico a la Sra. nombre reservado, para solicitar una hora médica, momento en el cual la recurrente le indica que no se encontraría bien emocionalmente, señalando que tenía intenciones de atentar contra su vida. Es así, con motivo de lo anterior, que en virtud de lo mencionado por el artículo 25 de la Orden General N° 1487, es que se solicitó evaluación psiquiátrica por parte de la Comisión Médica Institucional.

En cuanto al Informe Técnico (R) N° NUM001 de la Comisión Médica Institucional, señala que efectivamente se determinó su salud irrecuperable por padecer un “Trastorno Grave de Personalidad”, concluyendo que la condición de salud mental que afecta a la funcionaria no se ajusta con su labor institucional y en consecuencia altamente impredecible su futura recuperación. Ahora bien, en su evaluación clínica se concluye que la patología que le afecta es de origen común y no a causa de circunstancias relacionadas con sus labores institucionales.

Agrega que en cuanto a su citación a una evaluación ante la Comisión Médica, dicho órgano colegiado evaluó su estado de salud conforme a lo mencionado en dicha oportunidad y además a sus antecedentes clínicos, con los elementos de juicio suficientes y antecedentes que constan en su ficha clínica, para realizar el examen acerca de su capacidad física de continuar en el servicio, atribución que posee conforme al artículo 73 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, que establece el Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile.

Además, dentro de los antecedentes clínicos y en el informe realizado se deja constancia del tratamiento farmacológico que estaba llevando la recurrente, por cuanto, este elemento se tuvo en consideración al momento de la realización de las consultas, test y exámenes pertinentes, por cuanto dicha alegación no puede ser atendida.

En relación al impedimento de defensa, refiere que el artículo 12 de la Ley N° 20.584, que regula los Derechos y Deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud, en su párrafo 6° que establece el Derecho de la Reserva de Información contenida en la Ficha Clínica, señala expresamente en su inciso final: “Toda la información que surja, tanto de la ficha clínica como de los estudios y demás documentos donde se registren procedimientos y tratamientos a los que fueron sometidas las personas, será considerada como dato sensible, de conformidad con lo dispuesto en la letra g) del artículo 2º de la ley Nº 19.628.”. En dicho sentido el artículo 8 de la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, regula el caso de que el tratamiento de los datos personales sea mediante mandato: “El mandato deberá ser otorgado por escrito, dejando especial constancia de las condiciones de la utilización de los datos. El mandatario deberá respetar esas estipulaciones en el cumplimiento de su encargo. En efecto, el mandato presentado por el abogado no incluye la facultad de dar tratamiento de datos personales y menos aún en el caso de datos sensibles. Debió haber sido la propia recurrente la que debería haber solicitado copia de sus antecedentes clínicos, y así dicha solicitud hubiese sido entregada.

Por cuando, no puede ser resorte de la administración, y en este caso de la Institución, la no entrega de la Información. Además, tal como señaló la recurrente solicitó la entrega de dicha información mediante Portal de Transparencia de la Policía de Investigaciones de Chile, la cual fue exitosamente respondido el 16 de enero de 2026.

En cuanto a la motivación y fundamento, se puede informar que el principio de motivación de los actos administrativos, donde la Administración se encuentra en el deber de fundamentar las decisiones que adopte en el ejercicio de sus potestades, sean éstas regladas o discrecionales, se constata de la lectura de la Resolución Exenta (R) N° NUM000, ya singularizada, que la fundamentación de la decisión adoptada se ha realizado en términos que resultan suficientes para su acertada inteligencia, no usándose expresiones genéricas, toda vez que se precisa que el motivo de la destinación. Concluye que no existe afectación a garantías fundamentales.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección, contemplado en nuestra Constitución Política, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional indicados en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, frente a situaciones que de no mediar una pronta acción provocarían un detrimento en las garantías constitucionales de quien lo deduce. Concordante con lo anterior lo que se pretende con la interposición de un recurso de protección es provocar la intervención jurisdiccional de la Corte de Apelaciones en resguardo de la observancia de los derechos constitucionales conculcados.

SEGUNDO: Que, el hecho que se califica de arbitrario o ilegal corresponde a la Resolución Exenta (R) NUM000, de 28 de noviembre de 2025, que declaró su salud irrecuperable para el servicio institucional y dispuso su desvinculación de la Institución.

TERCERO: Que, teniendo únicamente presente que la propia recurrida reconoce en su informe no haber entregado copia oportunamente de los antecedentes fundantes de Informe Técnico (R) NUM001, de 7 de agosto de 2025, emitido por la Jefatura Nacional de Salud, que a su vez sirve de base para la dictación de la resolución impugnada, aludiendo a normas contenidas en la Ley N° 20.584, que regula los Derechos y Deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud, y en la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, las que claramente aluden al tratamiento de datos personales e información sensible respecto de terceros, no resultando aplicables en la especie a la relación del letrado recurrente con su representada, por representar éste, justamente, sus intereses personales frente a la institución recurrida, de lo cual se desprende que el impedimento alegado para otorgar los antecedentes fundantes de la resolución ya indicada no evidencian un sustento legal que lo autorice, privando de este modo a la recurrente de los antecedentes suficientes para impugnar el informe técnico que sirvió de fundamento a la resolución recurrida que declaró la salud incompatible y consecuentemente su destitución.

CUARTO: Que, de acuerdo con lo expuesto queda de manifiesto que en la tramitación del procedimiento administrativo que culminó con la declaración de salud irrecuperable para el servicio institucional, se privó injustificadamente a la recurrente del acceso a la información necesaria para ejercer su derecho a defensa vulnerando la garantía prevista en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es la igualdad ante la ley en relación al derecho a un debido proceso.

Con lo razonado y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que SE ACOGE el recurso de protección deducido por en favor de nombre reservado, y en consecuencia se deja sin efecto Resolución Exenta (R)

NUM000, de 28 de noviembre de 2025, debiendo la Policía de Investigaciones de Chile retrotraer el procedimiento hasta el estado de notificar válidamente al apoderado de la recurrente el Informe Técnico (R) NUM001, de 7 de agosto de 2025, proporcionándole todos los antecedentes fundantes del mismo, como los exámenes realizados a la trabajadora y su ficha clínica.

II-. Que se deja sin efecto la orden de no innovar decretada en autos.

Comuníquese.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 23-2026 Protección.