nombre reservado con nombre reservado

Arica, trece de junio de dos mil veintidós.

VISTO:

Compareció nombre reservado, en representación de hecho de la Asociación Gremial “Feria Itinerante Pequeños Emprendedores Manuel Castillo Ibaceta (PYME)”, y dedujo recurso de protección en contra de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, por haber vulnerado con actos ilegales y arbitrarios las garantías fundamentales consagradas en los numerales 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que la “Feria Itinerante Pequeños Emprendedores Manuel Castillo Ibaceta (PYME)”, inscrita en el Registro de Asociaciones Gremiales del Ministerio de Economía está compuesta por veintiséis miembros, emplazados en una feria ubicada en Avenida San Ignacio de Loyola, entre las calles volcán Acotango y volcán Cotacotani, ciudad de Arica.

Agrega que dicha asociación se constituyó el quince de septiembre de dos mil veinte, quedando su Directorio conformado de la siguiente manera: a) Presidente: nombre reservado; b) Vicepresidente: nombre reservado; c) Secretario: nombre reservado; d) Tesorero: nombre reservado y, e) Director: nombre reservado.

Indica que el catorce de diciembre de dos mil veinte se informó al Ministerio de Economía, que el dos de diciembre del mismo año, en reunión con los socios, se tomó en forma unánime la decisión de disolver la directiva completa y elegir una nueva por problemas en la administración, falta de transparencia, abuso de poder y discriminación hacia los socios de la agrupación gremial, enviando carta notarial suscrita por veinticuatro de los socios a la presidenta y recurrida doña nombre reservado, solicitando la disolución de la directiva.

Señala que el siete de diciembre se eligió una nueva directiva, quedando conformada de la siguiente manera: a) Presidente: nombre reservado; b) Vicepresidente: nombre reservado; c) Secretario: nombre reservado; d) Tesorero: nombre reservado; y, e) Director: nombre reservado. Asimismo, el quince de diciembre, el Jefe de División de Asociatividad y Cooperativas del Ministerio de Economía, mediante ORD. N° 3241, informó que previo a la exclusión de los socios, se les debe notificar por escrito tal decisión, por lo que el uno de octubre de dos mil veintiuno, la nueva directiva notificó a cada socio de su expulsión, otorgándoles un plazo de diez días para que desalojen de forma pacífica el sector en que está emplazada la Feria, y finalmente mediante Ord. N° 3724 de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno el Jefe de División de Asociatividad y Cooperativas procede al registro de las exclusiones de los socios.

Alega que desde la notificación de sus expulsiones y cada semana en que la feria se instala, los recurridos desobedecen la decisión de expulsión acordada por la asociación, tomando ilegal y arbitrariamente los puestos comerciales de venta ubicados en el espacio de la feria libre destinado para los socios de la organización, vulnerando los derechos de la entidad y de sus miembros.

Agrega que hasta el mes de marzo del presente año se ha intentado buscar una la solución pacífica del conflicto, apelando a la ética y sentido común, sin embargo, cada vez que como directiva se acercan a pedirles que se retiren, reciben amenazas de agresión física, insultos racistas y la negativa de abandonar el lugar, haciéndose pasar los recurridos como miembros de la actual directiva ante la sociedad civil y algunas autoridades administrativas contraviniendo lo dispuesto en el artículo 27 el Decreto Ley N° 2.757 que “Establece normas sobre Asociaciones Gremiales”.

Estima que el actuar de los recurridos conculca el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, al hacer uso de un espacio físico exclusivo para los integrantes de la feria, quienes se ven imposibilitados de obtener legítimas ganancias mediante la operación de sus giros comerciales, vulnerando asimismo el derecho de propiedad de los miembros de la asociación, quienes cuentan con el derecho de uso y goce del terreno en que está emplazada la feria, el que fue otorgado por autorización de la Ilustre Municipalidad de Arica.

Pide que se acoja el recurso de protección ordenando el desalojo de los recurridos de la feria y así permitir la expulsión material de los mismos de la Asociación Gremial, con expresa condena en costas.

Informaron en su oportunidad los recurridos, quienes señala que los hechos denunciados son absolutamente falsos, pues doña nombre reservado, en calidad de Presidente y don nombre reservado en calidad de Vicepresidente, en la actualidad permanecen en sus cargos, los cuales se encuentran vigentes tal como lo consigna la División de Asociatividad y Coorperativas de Subsecretaria de Economía Empresa Menor en certificado Nº 644221 de uno de febrero de dos mil veintiuno, agrega que el recurrente para acreditar sus dichos alude a documentación que acompañó a su recurso pero de manera que no se indique los socios vigentes y sus cargos.

Indica que existe un conflicto entre los socios e intenciones de disolver la asociación por parte del recurrente, debido a la mala administración de éste, en su calidad de Secretario de la misma, quien no ha cumplido debidamente con sus funciones, lo que ha generado conflictos al interior de la asociacion, quien formando su propia “Asociación” pretende que se le entregue la legitimidad, con engaños.

Menciona que es el propio recurrente quien con amenazas graves amedrenta a los recurridos con la intención de sacarlos de su lugar de trabajo. Así, don nombre reservado, de setenta años ha recibido amenazas de golpes por parte de don nombre reservado y doña nombre reservado, hija de don nombre reservado, también ha sido amenazada por el recurrente, presentando ésta una denuncia ante el Ministerio Público.

Señala que el recurrente presentó su carta de renuncia a la Asociación Gremial el cuatro de diciembre de dos mil veinte, posterior a ello formó una Asociación Gremial independiente con nuevos socios, en donde ocupa el cargo de Presidente, cargo al que pretende que se le dé legitimidad.

Asimismo, el nueve de marzo del año en curso el Jefe de División de Asociatividad y Cooperativas de la Subsecretaria de Economía de empresas en oficio Nº1207 informó antecedentes que el recurrente omite, pese a ser enviados a su correo electrónico y al de la recurrida doña nombre reservado, en el que se señala que “Previo al registro de las renuncias de nombre reservado y nombre reservado a los cargos de secretaria y tesorero, (cargo primer directorio) respectivamente y del registro del nuevo directorio, solicita informe aclaratorio (…)”, afirmando en consecuencia que aun está en tramitación en dicha entidad las renuncias tanto del señor nombre reservado como de la señora nombre reservado a los cargos respectivos del primer directorio, el que aún se mantiene vigente.

Sostiene que el recurrente no tiene legitimidad para invocar alguna vulneración a sus garantías constitucionales, pues no tiene la representación de la Asociación ya que no existe tal reconocimiento en la Subsecretaria de Economía y Empresas de menor tamaño, institución que aún reconoce a la recurrida nombre reservado como Presidenta de la Asociación Gremial.

Asimismo, sostiene que el recurrente no acredita turbación de derecho de propiedad alguno, debido que no acompaña tales antecedentes, buscando solo turbar el derecho que tienen los recurridos en la Asociación, pretendiendo resguardar meras expectativas, no siendo el recurso de protección la vía para la declaración de derechos, pretendiendo radicar en esta Corte de Apelaciones, a través de un procedimiento de tutela de derechos fundamentales, una controversia de naturaleza estrictamente administrativa en que inciden cuestiones de hecho y de derecho que escapan del ámbito constitucional y que, por tanto, corresponden resolverse en otra instancia.

Solicita el rechazo de la presente acción constitucional al no existir vulneración de derechos conculcados, y que se condene en costas a la parte recurrente.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la presente acción constitucional, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, el acto considerado por la recurrente como ilegal y arbitrario corresponde la ocupación ilegal y arbitraria que realizan los recurridos, desconociendo su expulsión de la asociación a la que pertenecían, del espacio físico exclusivo para los integrantes de la feria, quienes se ven imposibilitados de obtener legitimas ganancias mediante la operación de sus giros comerciales, haciéndose pasar los recurridos como miembros de la actual Directiva, desconociendo sus atribuciones.

CUARTO: Que, previo al análisis de fondo, corresponde a esta Corte pronunciarse sobre la legitimación activa del recurrente, desprendiéndose de los antecedentes que el recurrente es miembro de la directiva de la “Asociación Gremial “Feria Itinerante Pequeños Emprendedores Manuel Castillo Ibaceta (PYME)”, e impetra su arbitrio cautelar en favor de la misma, y en resguardo de los intereses de sus miembros, entre los cuales se encuentra, quedando demostrado su interés jurídico en el resultado de la acción, atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, el que señala que está legitimado para interponer el recurso “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”. Asimismo, el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, dispone que “El recurso se interpondrá por el afectado o por cualquier otra persona en su nombre…”. De lo anterior queda demostrado un interés directo e inmediato en la protección de sus derechos y de los derechos de la asociación en favor de quien acciona, motivo por el que la alegación de falta de legitimación activa del recurrente será desestimada.

QUINTO: Que, en cuanto al fondo del asunto, las recurridas en términos generales han desconocido su participación en los hechos denunciados por la recurrente, consistentes en la ocupación ilegal del terreno en que se encuentra emplazada la feria itinerante a la que pertenecen, como asimismo, la existencia de una nueva Directiva de la que el recurrente es presidente, por lo que solicitan el rechazo de la acción deducida.

SEXTO: Que, conforme a lo expuesto por recurrente y recurrido, se desprende que lo impugnado en la especie dice relación con la vigencia de la Directiva de la asociación gremial, pues el recurrente funda su acción en el presupuesto que los recurridos formarían parte de la antigua y extinta directiva de la asociación, que fuera disuelta al haber sido expulsados los recurridos de la misma, cuestión que estos niegan en su informe, acompañando el Certificado N° 644221 de la Subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño emitido el trece de octubre de dos mil veintiuno, en el que aparecen los recurridos nombre reservado y nombre reservado como presidenta y vicepresidente respectivamente. Sin embargo, del Certificado N° 677055 de doce de abril del presente año, emitido por la misma autoridad, se desprende que el cargo de Presidente de la asociación permanece vacante y el de Vicepresidente se encuentra pendiente, de lo que se desprende que no es efectivo lo afirmado por el recurrente en cuanto a la existencia de una nueva directiva en la que detentaría el cargo de Presidente, no siendo posible dar por establecido el hecho vulnerario atribuido a los recurridos, en cuanto dice relación con que estos se atribuyen funciones directivas que actualmente no detentan en desmedro de la actual directiva legítimamente escogida, pues de los antecedentes acompañados, se evidencia que la directiva vigente de la asociación gremial, no está compuesta por las personas indicadas en el recurso. Por lo anterior, existiendo controversia en cuanto a los puntos señalados, no corresponde que el asunto sea discutido por esta vía ya que el recurso de protección impetrado no busca amparar el ejercicio legítimo de un derecho indubitado y no disputado, lo que es absolutamente ajeno a la finalidad propia del acción constitucional, cual es, constituir una vía urgente, eficaz y extraordinaria, destinada a reparar situaciones de hecho ilegales o arbitrarias que afecten un derecho constitucional no discutido, derecho que en la especie, como se ha referido, aparece expresamente controvertido, lo que es motivo suficiente para desestimar el presente recurso.

SÉPTIMO: Que, en cuanto a las alegaciones referidas la ocupación ilegal y arbitraria que realizan los recurridos, desconociendo su expulsión de la asociación, no se ha allegado prueba alguna que permita acreditar la efectividad de los hechos y todavía más, la participación de los recurridos en los mismos, por lo que es imposible atribuir participación en los hechos denunciados a alguno de los recurridos, lo que obliga a rechazar la acción deducida.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE RECHAZA el recurso de protección deducido por nombre reservado, en representación de la Asociación Gremial “Feria Itinerante Pequeños Emprendedores Manuel Castillo Ibaceta (PYME)”.

Cúmplase, oportunamente, con lo establecido en el numeral 14° del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 228-2022 Protección.

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