Protección contra CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA

Arica, catorce de julio de dos mil veinticinco Vistos:

Comparece MANUEL SALVADOR VILLARROEL ERECHE, abogado y deduce recurso de protección en representación y en beneficio de don nombre reservado, chileno, periodista, en contra de la CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA, RUT RUT reservado, representada por don nombre reservado, en su calidad de Contralor Regional, por haber dictado los siguientes actos ilegales y arbitrarios: i) La Resolución Exenta N°PD01465 dictada con fecha 30 de diciembre de 2024, que no ha sido notificada a su representado, pero de la que se tuvo conocimiento efectivo a partir del día 12 de mayo de 2025, que aprueba Sumario Administrativo instruido por la Municipalidad de Arica y tiene por acreditada la responsabilidad administrativa del Sr. nombre reservado; y ii) El oficio Folio E72450 de 02 de mayo de 2025, del que se tuvo conocimiento efectivo el día 13 de mayo de 2025, por intermedio de una nota de prensa publicada en el diario El Mostrador; siendo ambos actos infractores de las garantías constitucionales contenidas en los artículos 19 Nº2, 19 N°4, 19 N°6 y 19 N°24 todos de la Constitución Política de la República.

Relata que su representado tuvo conocimiento efectivo del primero de los actos ilegales y arbitrarios que motivan el presente recurso, el día 12 de mayo 2025, momento en el que pudo tener acceso al expediente del sumario administrativo instruido por la Contraloría Regional en la Municipalidad de Arica, por resolución exenta N°PD00026, de 2024. En cuanto al segundo de los actos ilegales y arbitrarios, tuvo conocimiento efectivo a contar del 13 de mayo de 2025 por intermedio de la prensa escrita en portal digital del diario El Mostrador, y posteriormente habiendo tenido conocimiento de la existencia del mismo, al revisar el video del Concejo Municipal de Arica, sesión Ordinaria N° 13 de 6 de mayo de 2025, en que el Secretario Municipal leyó la totalidad del oficio Folio E72450, conforme consta en video de YouTube, link https://www.youtube.com/watch?v=HD_HQiZ0ckE&t=7032s.

Los hechos que fundamentan el presente recurso se inician en el año 2016, cuando doña nombre reservado comenzó a prestar servicios para la Municipalidad de Arica, inicialmente a través de programas de convenio con el Ministerio del Interior. Posteriormente, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2019, se desempeñó como profesional contratada a honorarios en el marco de programas comunitarios del municipio. Luego, con fecha 1 de abril de 2019, fue nombrada en el cargo de Directora de Seguridad Pública mediante el decreto alcaldicio N°5.696, función considerada de exclusiva confianza del alcalde, sin que dicho nombramiento requiriera un concurso público.

Con fecha 14 de junio de 2021, la señora nombre reservado presentó su renuncia voluntaria al cargo directivo antes señalado, la que fue aceptada formalmente a través del decreto N°3.390, con vigencia desde el 1 de julio de 2021. Paralelamente, mediante el decreto N°3.289 de 17 de junio de 2021, se declaró vacante el cargo profesional N°35 de la planta de profesionales del municipio, grado 8°E.M., debido al nombramiento del funcionario que lo ocupaba como juez titular del Segundo Juzgado de Policía Local.

Posteriormente, el 27 de junio de 2021, doña nombre reservado fue electa Consejera General del Partido Liberal de Chile, representando a la región de Arica y Parinacota, posición que ocupó hasta su renuncia al partido, el 2 de octubre de 2021. En paralelo, mediante el decreto alcaldicio N°5.189 de 6 de agosto de 2021, la Municipalidad de Arica aprobó las bases del concurso público para proveer el cargo de Secretario Abogado del Tercer Juzgado de Policía Local. Las bases establecían que el objetivo del proceso era seleccionar al postulante más idóneo mediante criterios técnicos y objetivos, considerando formación profesional, experiencia laboral y aptitudes específicas.

El 22 de septiembre de 2021, el comité de selección, integrado por los tres funcionarios de planta municipal de mayor antigüedad y más alto grado en el rango de escalafón (que no eran funcionarios de la confianza de su representado) y por la jueza del Tercer Juzgado de Policía Local, remitió al alcalde la terna final de candidatos, en la cual la señora nombre reservado figuraba en ella con 72 puntos. El 27 de septiembre de 2021, el alcalde comunicó formalmente su decisión de seleccionar a la señora nombre reservado, haciendo uso de la facultad prevista en el artículo 20 del Reglamento N° 3/2020 sobre concursos públicos de la Municipalidad de Arica, que le permite elegir discrecionalmente entre los integrantes de la terna La designación se formalizó mediante el decreto alcaldicio N° 5.907 de fecha 30 de septiembre de 2021, que nombró a doña nombre reservado en el cargo vacante N° 35 de la planta de profesionales, para asumir como Secretaria Abogada del Tercer Juzgado de Policía Local a partir del 1 de octubre de 2021. Dos días después, el 2 de octubre de 2021, nombre reservado renunció a su cargo de consejera General y a su militancia del Partido Liberal.

Con fecha 12 de noviembre de 2021, se presentó una denuncia ante la Contraloría Regional de Arica y Parinacota, solicitando la investigación del proceso de designación y la eventual existencia de un conflicto de interés.

El 7 de enero de 2022, el entonces alcalde nombre reservado respondió al requerimiento de la Contraloría mediante el oficio N° 103, explicando las razones de su decisión y rechazando que existiera impedimento legal o conflicto alguno que le obligara a abstenerse.

Sin embargo, recién con fecha 13 de marzo de 2024, más de dos años después de los hechos, la Contraloría Regional informó la apertura de un sumario administrativo citándolo a prestar declaraciones; designando un nuevo fiscal instructor mediante resolución exenta N°PD00770 de 19 de julio de 2024, para formularle cargos el 8 de agosto del mismo año. Finalmente, el 30 de diciembre de 2024, se dictó la Resolución Exenta N°PD01465, aprobando el sumario administrativo y declarando la responsabilidad administrativa del señor nombre reservado por no haberse abstenido en el nombramiento de nombre reservado, argumentando que existía entre ambos una “relación potencial de confianza, cercanía y afinidad política” que habría comprometido su imparcialidad.

En suma, los hechos que se relatan no solo carecen de sustento normativo para configurar una infracción a la probidad administrativa, sino que el largo tiempo transcurrido, la naturaleza interpretativa de las imputaciones, la sanción desproporcionada, constituyen elementos que justifican plenamente la interposición del presente recurso de protección.

EL DERECHO Respecto de la Resolución Exenta N°PD01465 dictada con fecha 30 de diciembre de 2024. La aprobación del Sumario Administrativo de la Contraloría Regional de Arica y Parinacota, donde acredita la supuesta responsabilidad administrativa de don nombre reservado, vulnera sus derechos, excediendo de sus competencias el órgano contralor en la interpretación de la Ley, exigiendo aun más de lo que ésta indica y basándose solo en potenciales conflictos, aplicando una sanción desproporcionada y que vulnera su honra y afecta su derecho al trabajo y propiedad.

1. En efecto, indica la resolución recurrida de la Contraloría Regional de Arica y Parinacota: “II. Que, en el presente procedimiento se han logrado establecer los siguientes hechos:

a) Efectividad de la existencia de una relación potencial de confianza, cercanía y afinidad política entre doña nombre reservado y don nombre reservado.

b) Efectividad que el señor nombre reservado, en su calidad de alcalde de la municipalidad de Arica, no se abstuvo de nombrar a doña nombre reservado, en el cargo de secretario abogado del Tercer Juzgado de Policía Local de Arica, debiendo hacerlo.

c) La transgresión al principio de probidad administrativa y de las obligaciones y prohibiciones funcionarias por parte del señor nombre reservado.

III. Que, por los hechos expuestos precedentemente, se formuló el siguiente cargo: CARGO ÚNICO: En su calidad de Alcalde de la Municipalidad de Arica, no haberse abstenido de intervenir en el procedimiento de contratación de doña nombre reservado, en particular, al haber aprobado su designación para el cargo de Secretaria Abogada del Tercer Juzgado de Policía Local de Arica, a través del decreto alcaldicio N°5.907, de 30 de septiembre de 2021, de esa entidad edilicia, toda vez, que ambos militaban, a la fecha de la contratación, en el mismo partido político.

En efecto, se deduce de esa última circunstancia, la existencia de al menos una relación de confianza, cercanía y afinidad política, entre la autoridad edilicia y la mencionada persona, lo que, a lo menos, podría comprometer la imparcialidad del primero en la adopción de la decisión de que se trata.

Dicha conducta, implicó una vulneración al artículo 52, de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; los numerales 1 y 5, del artículo 12, de la Ley 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, y artículo 58, letra g), de la Ley N° 18.883, sobre Estatuto Administrativos para Funcionarios Municipales.” (El destacado es nuestro)

ANÁLISIS DE LAS NORMAS SUPUESTAMENTE INFRINGIDAS Respecto a las Causales desarrolladas por el Fiscal Instructor, supuestamente configuradas en el caso concreto. Se le acusa al Sr. nombre reservado de haber vulnerado al artículo 52, de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; los numerales 1 y 5, del artículo 12, de la Ley 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, y artículo 58, letra g), de la Ley 18.883, sobre Estatuto Administrativos para Funcionarios Municipales, ello por no haberse abstenido en la designación del concurso público, para proveer el cargo de Abogada Secretaria del Tercer Juzgado de Policía Local, por la “Efectividad de la existencia de una relación potencial de confianza, cercanía y afinidad política entre doña nombre reservado y don nombre reservado” como indica la letra a) del segundo considerando de la resolución sumarial. Dicha relación potencial con los fines que el fiscal plantea dentro del escrito, como es “un claro vínculo e interés personal en su elección”, no existen y solo se sustenta en situaciones posibles e interpretaciones forzosas de dictámenes.

Comenzando con lo que la Ley 19.880 estipula para la abstención y que, según el fiscal, mi representado habría vulnerado en los numerales 1 y 5 del artículo 12, norma que dispone: “Principio de abstención. Las autoridades y los funcionarios de la Administración en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas a continuación, se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente.

Son motivos de abstención los siguientes:

1. Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.

5. Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar”.

La acusación de haber vulnerado estos dos numerales de la Ley, y con ello, distintas leyes y reglamentos que velan por la probidad administrativa, se basa en lo que el fiscal señala, la “Efectividad de la existencia de una relación potencial de confianza, cercanía y afinidad política entre doña nombre reservado y don nombre reservado”, es decir, una posibilidad, que llevada a una mayor interpretación por los argumentos que entrega en el escrito, el fiscal pudo clasificar como una vulneración a lo que se indica en el numeral 1 de la norma citada en el párrafo anterior: “Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél”, situación que no es tal, solo corresponde a una interpretación del fiscal, lo cual se profundizará más adelante.

En tanto, en el numeral 5, no existe ninguna situación, ni prueba que haga presumir un tipo de relación, como la que expresamente ahí se explica, salvo que el fiscal interprete que el trabajo que realizó la señora nombre reservado en la Municipalidad de Arica antes del concurso sea un impedimento para postular a éste, como lo presentó la Contraloría en la formulación de cargo el 13 de marzo de 2024.

En efecto, la señora nombre reservado, trabajaba en la Municipalidad de Arica, desde antes que don nombre reservado asumiera como Alcalde, desde el año 2016 hasta junio del año 2021, inicialmente en un programa de convenio de terceros, es decir, en un programa del Ministerio del Interior que ejecutaba el municipio, hasta 2019 cuando asumió como prestadora de servicio para programas comunitarios de seguridad del municipio y finalmente, como Directora Municipal de Prevención y de Seguridad Humana hasta 2021.

Si así fuera la interpretación, es necesario explicar que la señora nombre reservado, no trabajó, ni prestó servicios para mi representado, sino que, para la Municipalidad de Arica, como indica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y los funcionarios no son empleados del alcalde como se infiere.

Por lo anterior, señalan que no existe ninguna prueba, ni testimonio, ni hecho, que indiquen que la señora nombre reservado haya prestado al Alcalde servicios laborales o profesionales alguno, ni que hubiera trabajado para éste como persona natural, por lo que el acusarlo de haber vulnerado el numeral 5 del artículo 12 de la Ley 19.880, no tiene fundamentación alguna, ni tampoco se justifica en el documento sumarial, lo que muestra una falta de prolijidad del fiscal y el órgano contralor en un sumario, cuyo resultado y sentencia es delicada y de una gravedad única, como es acusar a don nombre reservado de falta a la probidad, con los efectos que ello tiene para su persona y para su trabajo.

Profundizando en el numeral 1 del citado artículo 12, dado que no existe ninguna sociedad, ni cuestión litigiosa pendiente entre ambas partes, descartamos estas dos razones como las vulneradas, quedando solo el “Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél”, el que podría haber sido lo que el fiscal acusa como vulnerado. Este supuesto que correspondería a la acusación del fiscal de la “Efectividad de la existencia de una relación potencial de confianza, cercanía y afinidad política” se basaría en que hubo una relación laboral municipal previa, ella como prestadora de servicios y funcionaria municipal, trabajando hasta finalizar la primera gestión alcaldicia del señor nombre reservado; además en que, al momento del concurso, ella militaba en su mismo partido político, donde además era Consejera Nacional. Ninguno de los dos argumentos, ni la unión de ambos constituyen una vulneración a este numeral.

Respecto al primero de los argumentos (relación laboral municipal previa), conviene tener presente que no es impedimento para postular a un concurso municipal, el ser o haber sido funcionario y prestador de servicio en el mismo municipio; la Ley 18.883 en su Título II De la Carrera Funcionaria, Párrafo 1, indica con precisión entre los artículos 15 y 21, el proceso de concurso y postulación a la planta municipal, señalando las inhabilidades, donde el haber trabajado para el municipio no figura como una causal. Si profundizan aún más en la interpretación del fiscal, el cargo que asumió la señora nombre reservado como Directora de Prevención y Seguridad Humana durante la primera gestión del señor nombre reservado, corresponde a una designación bajo la figura de cargo de exclusiva confianza que como lo indica de forma expresa el inciso cuarto del artículo 49, de la Ley 18.575, “Se entenderá por funcionarios de exclusiva confianza aquéllos sujetos a la libre designación y remoción del Presidente de la República o de la autoridad facultada para disponer el nombramiento”. Es decir, el concepto exclusiva confianza se refiere solo a la libre designación y remoción del cargo y no -literalmente- a una relación de confianza, cercanía y afinidad política, entre la funcionaria y el alcalde, como pudiera haber interpretado el fiscal. Reiterando, el que la señora nombre reservado haya trabajado en la Municipalidad de Arica, incluso desde antes que don nombre reservado asumiera como Alcalde y cesando sus labores cuando finalizó su primera gestión, no es argumento que implique cercanía alguna. De ser así, quedarían imposibilitados de postular a cargos municipales, todos aquellos funcionarios y prestadores de servicio municipales, así como todos aquellos que hayan asumido un cargo de exclusiva confianza e incluso aquellos, que subrogaron en estos cargos, generando una discriminación y afectación a la carrera funcionaria y a la libertad de empleo, garantía constitucionalmente resguardada, en su faz sobre la libertad sin limitaciones arbitrarias para acceder a un empleo.

Respecto del segundo argumento, que es el compartir la misma militancia política en el Partido Liberal, la Ley no restringe a las personas el militar o no en un partido político para postular a cargos del servicio público; por el contrario, de exigir independencia política a los postulantes a la administración pública, nos encontraríamos vulnerando lo prescrito en la Constitución Política de la República, la cual en su artículo N°19 16, consagra como Garantía Constitucional la Libertad de trabajo y su protección, indicando que: “Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución. Se prohíbe cualquiera discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la Ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos. Ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo que se oponga a la moral, a la seguridad o a la salubridad pública, o que lo exija el interés nacional y una Ley lo declare así. Ninguna Ley o disposición de autoridad pública podrá exigir la afiliación a organización o entidad alguna como requisito para desarrollar una determinada actividad o trabajo, ni la desafiliación para mantenerse en éstos...”.

Es así como el hecho de aplicar lo interpretado por el fiscal, se hubiera visto la señora nombre reservado restringida en su libertad al trabajo, por el sólo hecho de haber tenido una afiliación política al momento de postular y ser nombrada en el cargo. De perseverar esta interpretación de afinidad política como causa de inhabilidad, todo militante del mismo partido político de la autoridad electa de turno (alcalde, gobernador, Presidente de la República), quedará excluida de participar en un concurso para la administración pública respectiva, encontrándonos frente a una vulneración de garantías constitucionales.

Como corolario de lo anterior, el derecho a participar activamente en un partido político y estar afiliado a uno es una garantía no solo consagrada y amparada por las leyes y la Constitución Política de la República, sino que se encuentra consagrado a nivel Supraconstitucional. En las democracias modernas la participación política es en sí misma considerada como un derecho fundamental, y en tal sentido aparece reconocida expresamente tanto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (literal a del artículo 23), como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (literal a del artículo 25).

A mayor abundamiento, la resolución impugnada sostiene que el hecho de que doña nombre reservado ostentara el cargo de Consejera General del Partido Liberal al momento de postular al concurso implicaría, por sí solo, un interés personal del entonces alcalde en su designación. Así lo expresa la resolución recurrida, en su tercer párrafo letra i), señalando que “desde el 27 de junio de 2021, la citada funcionaria fue elegida Consejera General del Partido Liberal de Chile, encontrándose dentro de sus facultades la de designar a los candidatos de elección popular, incluido el de alcalde, por lo que al menos se advierte un interés personal por parte del señor nombre reservado en agraciar a la señora nombre reservado, por cuanto su decisión podría incidir al menos potencialmente en posteriores intereses políticos y electorales”. Sin embargo, esta afirmación no se sustenta en prueba alguna concreta y parte de una inferencia meramente especulativa, construida sobre la base de un prejuicio, derivado de la existencia de un vínculo orgánico partidario general, sin que se acredite que la señora nombre reservado haya intervenido efectivamente en designaciones electorales vinculadas al recurrente o que haya existido subordinación política alguna entre ambos.

Adicionalmente, dicha afirmación no encuentra sustento al analizar los Estatutos del Partido Liberal, cuyas últimas modificaciones están bajo escritura pública el 01 de junio de 2021 y donde se indica en el artículo décimo cuarto que “Los integrantes y representantes del Consejo General durarán dos años en sus cargos”, por lo que la señora nombre reservado, ya no estaría en el cargo de consejera para las siguientes elecciones municipales, pues ella asumió como consejera el 27 de junio de 2021, tal como lo informa el fiscal en el sumario, y cuyo cargo finalizaba el 27 de junio de 2023, un año antes de las siguientes elecciones y del proceso de definición de candidatos, ni tampoco ella participó en la decisión de las dos elecciones municipales en la que fue candidato, anteriores al concurso en cuestión. Además, este proceso de selección ocurrió posterior a la elección de alcalde de don nombre reservado por el segundo período, ocurridas el 15 y 16 de mayo de 2021, por lo que el recurrente no era ni siquiera candidato en ese momento.

De igual manera, es necesario precisar, que doña nombre reservado solo estuvo 3 meses como consejera, pues renunció al cargo y al Partido Liberal en septiembre de 2021, antes de asumir como Secretaría del III Juzgado de Policía Local.

Entendiendo que el fiscal del sumario estaba previendo o evitando un potencial conflicto por el interés que cabría en la persona del recurrente en designar a una persona que podría beneficiarlo en una futura candidatura, este potencial interés debería concurrir para todos los militantes del Partido Liberal, pues potencialmente cualquier militante puede postular al cargo de Consejero Nacional en la elección de 2023, como lo dicen los Estatutos del partido en el mismo artículo: “Para ser candidato a consejero general es necesario tener un año de afiliación previa, contado desde el día de la elección”, e incluso, en un caso aún más potencial, que raya en lo absurdo, pero que aplicaría al criterio usado por la Contraloría en el sumario, ello podría ocurrir con cualquier persona no militante Liberal, que podría después de ganar un concurso público, entrar a militar al partido y postular a ser consejero y beneficiar al recurrente como eventual futuro candidato.

Bajo tal interpretación, de coincidir con el criterio del fiscal, en adelante los afiliados al partido político del Alcalde en ejercicio y que desempeñan funciones en la Municipalidad, se verían seriamente vulnerados en la garantía constitucional indicada. Es por lo anterior que el legislador no ha establecido como una inhabilidad el hecho de ser afiliados a un mismo partido político, ni tampoco haber estado en un cargo de exclusiva confianza, porque se estarían vulnerando derechos y garantías constitucionales que se encuentran por sobre toda normativa. Entonces para evitar que se vulneren garantías anteriores y aplicando el criterio del fiscal ¿debería el alcalde abstenerse de elegir al candidato de entre la terna cuando se enfrenta a este conflicto? La respuesta no está establecida por el legislador, ni por el órgano contralor, sin embargo, el fiscal sí entrega una solución categórica, como indica la letra j) de su resolución “debió operar inmediatamente la regla de subrogación conforme el artículo 62 de la Ley 18.695 y artículo 77 de la Ley 18.883, lo cual no ocurrió”.

Señalan que si se revisa el artículo 62 de la Ley 18.695, éste dispone que: “El alcalde, en caso de ausencia o impedimento no superior a cuarenta y cinco días, será subrogado en sus funciones por el funcionario en ejercicio que le siga en orden de jerarquía dentro de la municipalidad, con exclusión del juez de policía local. Sin embargo, previa consulta al concejo, el alcalde podrá designar como subrogante a un funcionario que no corresponda a dicho orden”; mientras que el 77 de la Ley 18.883 dispone que: “en los casos de subrogación del cargo de alcalde, asumirá las respectivas funciones, por el solo ministerio de la Ley, el funcionario en ejercicio que le siga en orden de jerarquía dentro de la municipalidad, con excepción de los jueces de policía local. Sin perjuicio de lo anterior, el alcalde podrá designar como subrogante a un funcionario que no corresponda a dicho orden, para lo cual consultará al consejo de desarrollo comunal”.

Lo que el fiscal omite, y que resulta fundamental para la aplicación de su propuesta, es determinar cuándo procede jurídicamente la subrogación del alcalde. Conforme al artículo 76 de la Ley 18.883, “la subrogación de un cargo procederá cuando no esté desempeñado efectivamente por el titular o suplente”; en tanto, el artículo 62 de la Ley 18.695 establece que esta ocurre en caso de ausencia o impedimento no superior a cuarenta y cinco días”. Por lo tanto, para que operara válidamente la figura de la subrogación en el caso de autos, mi representado habría debido encontrarse ausente de su cargo al momento de la designación cuestionada, situación que no se dio.

Para configurar dicha ausencia, el único camino viable habría sido que el alcalde hiciera uso de su feriado legal, solicitara días administrativos o saliera en comisión de servicio o cometido funcionario. Esto implicaría que, para cumplir la tesis del fiscal, el recurrente debió utilizar derechos estatutarios consagrados en su beneficio, como el artículo 101 de la Ley 18.883, relativo al uso de feriado legal, y el artículo 108, sobre permisos administrativos, para fines ajenos a su naturaleza, transformando derechos personales en instrumentos forzados de abstención funcional, lo que constituye una afectación arbitraria de garantías laborales básicas.

Además, una comisión de servicio exclusivamente dispuesta para generar una subrogación con fines de abstención, sin un objeto institucional legítimo, acarrearía no solo un costo innecesario para el erario municipal (viáticos, pasajes, etc.), sino que también podría interpretarse como una utilización instrumental de un mecanismo público, eventualmente contraria al principio de probidad administrativa. Por ende, la solución que propone el fiscal no solo es jurídicamente improcedente, sino que conlleva consecuencias prácticas y legales que vulneran derechos fundamentales del recurrente y comprometen el buen uso de recursos públicos.

Ahora bien, resulta complejo, por no decir imposible, aplicar la tesis del fiscal sin conculcar derechos fundamentales ni alterar gravemente el normal funcionamiento institucional. Para dimensionar su aplicación práctica, resulta ilustrativo observar cómo operaría tal exigencia en la Municipalidad de Arica a la fecha del concurso público en cuestión (septiembre de 2021). Según consta en el acta del Concejo Municipal N°2/2021, de fecha 13 de julio de 2021, se estableció el orden de subrogancia del alcalde conforme al artículo 62 de la Ley 18.695, señalándose lo siguiente: “Presentación ante el Concejo Municipal sobre la subrogancia del sr. Alcalde en su ausencia en la institución, de acuerdo con la Ley 18.695, artículo 62, en el siguiente orden:

1.- Secretario Comunal de Planificación 2.- Administración Municipal 3.- Dirección de Desarrollo Comunitario 4.- Asesoría Jurídica 5.- Director de Seguridad Humana”

Todos los funcionarios designados como subrogantes en este listado ostentan cargos de exclusiva confianza del alcalde. Algunos, además, son militantes del mismo partido político que el recurrente y todos compartieron esa afinidad política. Bajo la lógica del fiscal, y aplicando el mismo estándar de “potencial conflicto de interés”, cada uno de estos directivos también debiera haberse abstenido de participar en el proceso decisorio por una supuesta falta de imparcialidad objetiva.

El resultado práctico de esta interpretación es un verdadero despropósito institucional: se traduce en una parálisis administrativa injustificada, motivada únicamente por un riesgo potencial y no probado de conflicto de interés, con afectación directa al principio de eficiencia, continuidad del servicio público y economía procedimental, todos pilares esenciales de la función administrativa. Esta conclusión absurda, que exige el retiro simultáneo de toda la línea jerárquica municipal para evitar un supuesto conflicto de interés, ilustra la improcedencia y desproporción de la solución propuesta por el fiscal.

A mayor abundamiento, en un escenario como el presente, en que ya se encontraban agotadas las posibilidades de subrogancia por parte de funcionarios de confianza designados por el alcalde, correspondería —según lo dispone el artículo 77 de la Ley 18.883— que asumiera como subrogante el funcionario de planta que le siga en orden de jerarquía dentro del municipio, con exclusión del juez de policía local. En el caso de la Municipalidad de Arica, dicha jerarquía corresponde, sucesivamente, al Secretario Municipal, al Director de Control y a la Directora de Administración y Finanzas, todos funcionarios de planta grado 5, cuyo orden se define por la antigüedad en el servicio.

Sin embargo, este mecanismo tampoco garantiza la imparcialidad pretendida por el fiscal, puesto que precisamente esos tres funcionarios integraron el Comité de Selección a cargo del proceso de concurso en cuestión. En virtud del artículo 19 de la Ley 18.883, dicho comité es el encargado de evaluar a los postulantes y proponer al alcalde una terna con los candidatos mejor evaluados. Por tanto, permitir que uno de sus miembros, en calidad de subrogante, elija al ganador entre los postulantes evaluados por el mismo comité al que pertenece, conlleva una evidente contradicción y riesgo de afectación a la objetividad e imparcialidad del procedimiento.

En consecuencia, siguiendo la lógica del fiscal, estos tres funcionarios también deberían haberse abstenido de participar, por lo que nos enfrentaríamos a la necesidad de que al menos ocho autoridades municipales, incluyendo al alcalde, se ausentaran simultáneamente para permitir una decisión "imparcial". Este escenario profundiza aún más el absurdo jurídico ya advertido, pues impone una carga operativa insostenible a la administración y amenaza directamente el principio de economía procedimental consagrado en el artículo 9 de la Ley 19.880, que impone a los órganos del Estado la obligación de actuar con la máxima eficacia y economía de medios, evitando trámites innecesarios o dilatorios. Se trataría, por tanto, no solo de una solución inviable en la práctica, sino contraria al marco legal que rige el actuar administrativo.

Como se ha demostrado, existe una evidente colisión de principios en los criterios interpretativos y en las propuestas de aplicación práctica sostenidas por el fiscal en este caso. La lectura que hace del marco normativo no solo es excesivamente extensiva, sino que omite considerar las condiciones institucionales concretas en que operan las autoridades municipales en este caso, generando un vacío normativo que deja sin orientación clara a quienes ejercen funciones decisorias en contextos análogos. Esta ausencia de directrices precisas, sumada a la falta de una solución operativa viable, propicia situaciones en que incluso el actuar más diligente, como el desplegado por parte de mi representado en el caso concreto, termina siendo sancionado bajo una lógica de responsabilidad estricta incompatible con el principio de juridicidad.

Se ha construido así un escenario de error inevitable, que debe entenderse como un error de derecho invencible, dado que ni la legislación vigente ni los dictámenes administrativos ofrecen una guía específica sobre cómo proceder ante un supuesto de potencial conflicto de interés basado únicamente en coincidencias políticas o vínculos funcionales pasados. La interpretación forzada del fiscal, desprovista de un marco de aplicación coherente, genera una incertidumbre jurídica persistente en la administración pública. En este sentido, resulta aplicable el aforismo jurídico “ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus” esto es, “donde la Ley no distingue, no le es lícito al intérprete hacerlo”. Forzar distinciones donde el legislador no las ha previsto no solo vulnera principios de legalidad y certeza jurídica, sino que debilita la legitimidad misma del Estado de Derecho.

Más preocupante aún es que esa resolución de la Contraloría carece de todo ánimo correctivo o preventivo. Su enfoque estrictamente punitivo, sin proponer una vía clara de actuación futura, deja a las autoridades en un estado de desprotección interpretativa. Es relevante destacar que no existe, hasta la fecha, jurisprudencia administrativa ni dictamen alguno que declare como causal de inhabilidad la mera pertenencia al mismo partido político o la existencia de una relación funcionaria previa, cuando esta ha cesado al momento de la designación. Frente a ello, el fiscal se limita a invocar el dictamen N°E204328 de 2022, que, si bien enfatiza la aplicación amplia del principio de probidad, no aporta una directriz específica para situaciones como la presente. Lo mismo ocurre con los otros nueve dictámenes citados: su función es ilustrativa, pero no resolutiva.

En este contexto, la actuación de la Contraloría no parece orientada a resguardar la legalidad administrativa de manera integral, sino únicamente a sancionar al funcionario en ejercicio, prescindiendo de los plazos razonables, de los principios de proporcionalidad y de la finalidad institucional del control. Prueba de ello es que el proceso sancionatorio fue iniciado más de dos años después de ocurridos los hechos y de que el funcionario seleccionado ya se encontraba en propiedad en el cargo, de acuerdo con los propios criterios del órgano contralor. La denuncia fue presentada el 12 de noviembre de 2021, mientras que el oficio de respuesta del municipio fue enviado el 7 de enero de 2022. No obstante, solo el 13 de marzo de 2024 se informa la apertura del sumario, evidenciando con ello una falta de oportunidad que desvirtúa el carácter preventivo que debiera tener todo procedimiento de control.

Finalmente, debe recordarse que, según la propia declaración institucional de la Contraloría General de la República, su misión no es solo sancionar, sino también “asegurar que la actividad de la Administración del Estado se ajuste al ordenamiento jurídico, la Constitución, las leyes y los tratados internacionales”, ejerciendo además “un rol protagónico en la prevención de la corrupción”. En el presente caso, esa función preventiva y orientadora ha sido completamente omitida, con lo cual se erosiona la confianza en el sistema de control y se incrementa la inseguridad jurídica para todas las autoridades sometidas a fiscalización.

A su juicio la resolución recurrida de la Contraloría Región de Arica y Parinacota se encuentra errada en su interpretación, carece de fundamentos sólidos legales y cuya conclusión se contrapone a derechos consagrados en nuestra Constitución como es la Igualdad ante la Ley (art 19 N°2), el derecho a la libertad de trabajo y su protección (art 19 N°16) y el derecho de propiedad (art. 19 N°24).

La sanción impuesta por la resolución recurrida, sugiere la destitución del cargo de alcalde, la cual no ocurrió, pues cuando se emitió el pronunciamiento don nombre reservado ya no ejercía como Alcalde, y/o además implica una posible acusación de notable abandono de deberes por parte del Concejo Municipal, lo que genera un daño a su trabajo y patrimonio. Esto último, pues en caso de concretarse una acusación tendría que incurrir en abogados para su defensa, lo que implica costos monetarios elevadísimos y que, de no hacerlo, quedaría inhabilitado por 5 años de poder trabajar en el servicio público, limitándose así, de manera injusta su posibilidad de trabajar.

Asimismo, tanto los argumentos fundantes de la resolución que se recurre en este acto, como la resolución en sí, vulneran su derecho al respeto y protección de su honra consagrado en la Constitución (art 19 N°4); pues junto con la sanción de transgredir el principio de probidad administrativa, dentro del escrito, el fiscal manifiesta graves acusaciones a su actuar, afirmando parcialidad en sus decisiones, intención de buscar beneficio personal, e incluso señalando situaciones falsas que don nombre reservado habría afirmado. Dicha resolución es pública por mandato del órgano contralor y daña además su hoja de vida funcionaria, con un cargo de alto impacto negativo como es falta a la probidad. Respecto a la “relación potencial de confianza entre doña nombre reservado y don nombre reservado”.

A juicio de esa parte, la resolución recurrida impone una sanción desproporcionada, cuyo fundamento descansa en construcciones hipotéticas sin base fáctica concreta. Los argumentos esgrimidos por el fiscal, lejos de reposar en hechos ciertos, se sostienen sobre interpretaciones extensivas y forzadas de dictámenes administrativos, utilizados para aplicar un criterio que ni el legislador ni la propia Contraloría han definido con claridad o generalidad normativa. El principal sustento de la acusación consiste en una mera conjetura: la “efectividad de la existencia de una relación potencial de confianza, cercanía y afinidad política entre doña nombre reservado y don nombre reservado”, según se consigna en el considerando segundo, letra a) del acto impugnado. Es decir, se configura una imputación de falta a la probidad a partir de una relación potencial, sin sustento en una conducta objetiva, verificable o acreditada.

El fiscal intenta justificar esa acusación recurriendo a una interpretación expansiva del principio de probidad administrativa. En efecto, se ampara en el dictamen N°E204328 de 2022, en el cual la Contraloría General sostiene que dicho principio debe orientar la interpretación del Derecho Administrativo, incluso superando visiones restrictivas sobre inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones. No obstante, este enfoque no puede operar al margen del principio de legalidad ni suplantar la exigencia básica de certeza jurídica. Más aún, en el dictamen E583640 de 2024, invocado por el mismo órgano de control, se reconoce expresamente que la existencia de un riesgo potencial de conflicto de interés no equivale, por sí sola, a una infracción. En dicho pronunciamiento, la Contraloría rechaza una denuncia a pesar de la existencia de un riesgo potencial, señalando que lo que corresponde en esos casos es “una correcta prevención de los conflictos de intereses” para evitar que tales situaciones se repitan, sin que ello implique necesariamente una sanción disciplinaria.

Por tanto, la construcción del cargo formulado al recurrente, basada exclusivamente en una hipótesis de vinculación política y funcionaria pasada, carece de prueba suficiente, idónea y concreta. No se ha acreditado ni una subordinación jerárquica al momento del nombramiento, ni un beneficio directo, ni una influencia indebida, ni mucho menos una intencionalidad de favorecer a la postulante por sobre los demás candidatos. En consecuencia, los antecedentes reunidos no satisfacen el estándar probatorio exigido por la jurisprudencia del Poder Judicial para declarar la existencia de una falta a la probidad administrativa.

En efecto, la Excma. Corte Suprema, en el Recurso de Casación Rol N°318-2004, ha señalado que: “los hechos que constituyen una falta de probidad deben resultar nítidamente probados y revestir cierta magnitud, gravedad y significación”. A su vez, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, en la causa Rol N°160-2003, ha establecido que esta causal exige una acusación clara, grave y debidamente fundada, debiendo los hechos ser presentados con precisión en cuanto a su ocurrencia, época y circunstancias, de forma tal que no dejen lugar a dudas respecto de su existencia y configuración.

Por tanto, frente a una imputación tan seria como lo es la vulneración del principio de probidad, que afecta directamente el derecho a la honra y al trabajo del recurrente, no es admisible la mera alusión a una relación potencial o eventual. La falta de elementos objetivos para sostener la acusación y la ausencia de un marco normativo preciso que la respalde, permiten concluir que la sanción impuesta carece de proporcionalidad, de razonabilidad y de legalidad, transgrediendo así las garantías constitucionales que este recurso viene a tutelar.

GARANTIAS FUNDAMENTALES CONCULCADAS.

A. Afectación a la honra (Art. 19 N°4 CPR).

Como se indicó anteriormente, tanto los argumentos que fundan como la resolución en sí vulneran gravemente el derecho al respeto y protección de la honra del recurrente, consagrado en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República. Esta afectación se produce no solo por la calificación de “falta a la probidad” que se le atribuye, sino también por la forma en que se construye dicha imputación, sobre la base de supuestos, juicios subjetivos y afirmaciones que carecen de respaldo probatorio suficiente. El fiscal no solo cuestiona el actuar del recurrente como autoridad, sino que le atribuye parcialidad en sus decisiones, intenciones de obtener beneficios personales y la supuesta emisión de declaraciones falsas, todo lo cual configura una acusación de alta gravedad moral y profesional.

La sanción impuesta no es neutra. Por el contrario, conlleva una carga ética de profundo impacto reputacional. Ser sindicado públicamente como alguien que ha infringido el principio de probidad implica, más allá de cualquier consecuencia administrativa, una descalificación social y profesional. Se trata de una afectación directa a su imagen pública, a su dignidad personal y a su trayectoria funcionaria, máxime si se considera que esta calificación se registraría en su hoja de vida, constituyendo un antecedente de alto impacto negativo. Aunque a la fecha de dictación de la resolución ya no ejercía como alcalde, la carga simbólica y funcional de la sanción trasciende el cargo, comprometiendo su honra en términos personales y futuros.

Se trató, además, de una decisión final, no de un proceso en curso, lo que agrava la exposición pública. La afectación se vio aún más intensificada al descubrir que, conforme a lo informado por la propia Contraloría, el resultado del sumario ya había sido remitido al Concejo Municipal con fecha 14 de enero de 2025, sin que hubiese recibido comunicación oficial alguna. Solo pude conocer esta grave sanción al tener acceso al expediente del sumario, cuestión que solo ocurrió a solicitud del suscrito, a contar del día 12 de mayo de 2025. Este retraso no solo configuró una negación práctica del derecho a defensa, sino que permitió que la condena pública precediera a cualquier explicación institucional o recurso efectivo.

El fiscal sostiene, de manera explícita, que don nombre reservado obró sin objetividad y con preferencia hacia doña nombre reservado. Así lo afirma en los fundamentos del sumario, citando que “la Municipalidad como órgano de la Administración, debe actuar con objetividad, sin preferencia o animadversión con ningún interesado, a diferencia como lo hizo con doña nombre reservado en desmedro de los demás postulantes, a pesar de que estos la superaban en puntaje en el concurso público”. A ello añade, en el tercer párrafo letra i), que el señor nombre reservado habría tenido un interés personal en favorecerla, basándose únicamente en que ella, al momento del concurso, era Consejera General del Partido Liberal, con atribuciones para participar en la designación de candidatos de elección popular. Afirma que dicha circunstancia lo habría motivado a “agraciar” a la señora nombre reservado, por cuanto “su decisión podría incidir al menos potencialmente en posteriores intereses políticos y electorales”.

Esas afirmaciones no solo carecen de fundamento, sino que son profundamente lesivas para la honra de recurrente. Al insinuarse que el señor nombre reservado actuó con motivaciones políticas subalternas, en beneficio propio y con vistas a un futuro electoral, se le imputa una conducta que atenta contra la integridad más básica que se exige a cualquier servidor público. Lo anterior resulta inaceptable, no solo por su falta de sustento probatorio, sino por su carácter absolutamente especulativo y tendencioso. De hecho, como ya se ha explicado, el cargo de Consejera General del Partido Liberal que ostentaba la señora nombre reservado no tenía incidencia alguna en las decisiones electorales del periodo siguiente, y la relación dentro del partido era nula en lo operativo, como ella misma lo reconoció en su declaración sumarial de fecha 5 de marzo de 2025: “Con el alcalde no tenía contacto dentro del partido, debido a que no tuve una participación activa dentro de este, solo participé en una reunión, en la cual por temas de paridad de género me solicitaron asumir el cargo de consejera regional, y recuerdo haber participado en otra reunión, y ya luego de eso dejé de participar del partido”.

En este contexto, resulta evidente que la imputación efectuada por el fiscal, junto con carecer de respaldo y desbordar los límites de una evaluación razonada, ha producido una exposición pública injustificada, una condena anticipada en medios de comunicación y una afectación real, actual y concreta a la honra del señor nombre reservado, incompatible con los derechos que nuestra Constitución reconoce y protege. Esta situación no puede sino ser entendida como una vulneración directa a las garantías constitucionales que este recurso tiene por objeto restablecer.

Por otro lado, la resolución impugnada no solo incurre en imputaciones infundadas contra el recurrente, sino que construye dichas imputaciones sobre una tergiversación de sus propias declaraciones, afectando directamente su honra. El fiscal sostiene erróneamente que el recurrente habría negado toda relación con doña nombre reservado, lo que es abiertamente falso. Tanto en su declaración sumarial como en los descargos presentados, el recurrente reconoció expresamente la existencia de un vínculo laboral previo y la coincidencia en la militancia política, pero negó, y mantiene, que existiera entre ambos una relación de amistad íntima, subordinación o interés personal que justificara su abstención en el proceso de designación. A pesar de ello, la resolución insiste en construir una narrativa de parcialidad a partir de una interpretación sesgada, que atribuye al recurrente una supuesta intención de “agraciar” a la funcionaria por eventuales beneficios electorales futuros, sin respaldo alguno en hechos ni pruebas objetivas.

Dicha acusación no solo es infundada, sino que resulta especialmente grave por la naturaleza de la falta atribuida: una infracción al principio de probidad. El uso de expresiones como “relación potencial de confianza”, “vínculo político” o “subjetividad en la designación” busca configurar un escenario de conflicto de interés que no es tal, no está acreditado y que se contradice incluso con los antecedentes del proceso concursal, donde el recurrente ejerció una facultad discrecional legalmente reconocida, la de elegir entre los integrantes de una terna propuesta por un comité autónomo, conforme a lo dispuesto en el Reglamento N°3/2020 de la Municipalidad de Arica y a dictámenes de la propia Contraloría.

Más aún, la resolución omite hechos relevantes, como el que los otros postulantes poseían puntajes comparables y que la designación fue realizada por quien no formaba parte del comité evaluador. Al insistir en que debió abstenerse “aún en la hipótesis que la señora nombre reservado hubiese obtenido el máximo puntaje”, la resolución desnaturaliza el principio de mérito en los concursos públicos, reemplazándolo por un estándar indeterminado basado en apreciaciones subjetivas, lo cual abre la puerta a una sanción por criterios no legalmente previstos.

El daño a la honra del recurrente se materializa de forma concreta y directa: se le atribuyen intenciones dolosas sin prueba; se tergiversan sus declaraciones; se descalifica su decisión administrativa legítima; y se le impone una sanción que ensucia su hoja de vida funcionaria con un antecedente de la más alta connotación negativa, la falta a la probidad, sin justificación fáctica ni jurídica suficiente. Además, esta imputación afecta gravemente su proyección profesional, tanto en el ámbito público como privado, limitando injustamente su derecho al trabajo, y todo ello en un contexto en el que ya no ejercía como autoridad al momento de dictarse la resolución.

En definitiva, la resolución no se limita a sancionar un acto administrativo, sino que emite un juicio moral sobre la persona del recurrente, construyendo un reproche ético desproporcionado e injustificado, lo que configura una vulneración flagrante del derecho a la honra protegido por el artículo 19 N°4 de la Constitución, y hace plenamente procedente la presente acción de protección.

B. Vulneración del derecho a la libertad de trabajo y su protección. (Artículo 19 N°16 de la Constitución Política de la República).

La Resolución Exenta N°PD01465 de la Contraloría Regional de Arica y Parinacota, al declarar administrativamente responsable al recurrente por una supuesta falta al principio de probidad, vulnera gravemente su derecho fundamental a la libertad de trabajo y su protección, consagrado en el artículo 19 N°6 de la Constitución Política de la República.

Este precepto constitucional garantiza que toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo, prohibiendo expresamente cualquier forma de discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal. Además, establece que ninguna disposición de autoridad pública podrá exigir afiliación o desafiliación a determinada organización como requisito para el ejercicio de una actividad laboral. La garantía constitucional es, por tanto, doble: protege tanto el acceso como la permanencia en una actividad profesional, asegurando que la actividad laboral no sea restringida de manera arbitraria ni por presunciones ideológicas, ni por interpretaciones amplificadas del ordenamiento jurídico.

En el caso, la resolución recurrida impone una sanción que, en su efecto práctico, obstaculiza gravemente el acceso del recurrente a nuevos cargos en el servicio público y deteriora su perfil profesional incluso para el ejercicio de funciones en el ámbito privado. Se le atribuye una falta de la máxima gravedad ética, la transgresión del principio de probidad administrativa, sobre la base de una supuesta “relación potencial de confianza” con una funcionaria que participó en un concurso público, sin que tal vínculo haya sido nunca objetivamente acreditado, ni probado en los términos exigidos por el ordenamiento jurídico.

Esa imputación no solo afecta su reputación profesional y su derecho a competir en condiciones de igualdad, sino que tiene una manifestación concreta, cuál es su inhabilitación efectiva para ejercer funciones públicas, conforme a lo establecido en los artículos 119 y 125 de la Ley 18.883. Tal situación pone en serio riesgo su continuidad laboral en el sector estatal, siendo esta su principal fuente de desarrollo profesional. Se trata de una consecuencia directa del acto recurrido, y no de un mero efecto colateral, lo cual configura una afectación directa, real y actual del derecho a trabajar, en su dimensión tanto negativa (no ser impedido) como positiva (poder acceder y permanecer en una función). Esto es así, ya que, la resolución recurrida establece en su resuelvo tercero: “Remítase copia de la presente resolución al Concejo Municipal de Arica, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 51, inciso tercero de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades”, lo que constituye una amenaza a los derechos conculcados, y que de materializarse, es decir, de hacerse efectiva esa facultad presentándose por estos hechos un requerimiento de remoción en contra del recurrente, ante el Tribunal Regional Electoral de Arica y Parinacota, mutaría a una privación de las garantías constitucionales antes referidas.

El acto de autoridad impugnado no solo sanciona al recurrente por el ejercicio legítimo de una atribución conferida expresamente por la Ley, la facultad de designar, entre una terna, a quien ocupará un cargo municipal, sino que reinterpreta retroactivamente dicha atribución, exigiendo un estándar no previsto en el marco legal. La supuesta obligación de abstenerse por afinidad política o laboral con una postulante no se encuentra contemplada en la Ley 18.575 ni en la Ley 19.880 en los términos que pretende la resolución, sino que responde a una construcción interpretativa de la fiscal basada en “potenciales conflictos de interés”, concepto que, por su indefinición, puede aplicarse de manera discrecional y expansiva, afectando el núcleo esencial del derecho fundamental protegido.

Más aún, si se aceptara este estándar, todo funcionario público afiliado a un partido político quedaría expuesto a la sospecha de parcialidad al momento de ejercer funciones decisorias sobre personas que compartan dicha militancia, transformando una legítima convicción ideológica, protegida constitucional y supraconstitucionalmente, en una causa de inhabilidad tácita, con efectos excluyentes para el ejercicio del cargo. Ello infringe no solo el derecho a la libertad de trabajo, sino también el principio de legalidad (art. 7 CPR), al crearse inhabilidades que no están previstas por la Ley, mediante actos administrativos sancionatorios de contenido innovador.

Debe destacarse que esta afectación no es meramente potencial ni futura. Desde que la resolución fue conocida públicamente, incluso antes de que el propio recurrente fuese notificado formalmente, su figura ha quedado asociada a una sanción de altísima connotación ética, que lo deslegitima frente a cualquier proceso de contratación, licitación, postulación a cargos de representación o ejercicio de funciones docentes, consultivas o administrativas dentro del sector público. La afectación también trasciende al ámbito privado, pues luego de haber tomado conocimiento de los actos que conculcan las garantías constitucionales de mi representado, él ha podido recabar que ha existido difusión por diversos portales noticiosos, lo que genera consecuencias reputacionales y laborales inmediatas, aún en ausencia de condena judicial.

El derecho al trabajo no se limita a su ejercicio actual, sino que comprende también la expectativa legítima de poder continuar desarrollándose profesionalmente, sin interferencias indebidas por parte de órganos del Estado. La resolución que motiva esta acción de protección constituye una restricción ilegítima al derecho del recurrente a ejercer libremente su profesión, al generar un efecto disuasivo sobre su reinserción en el aparato estatal y limitar su capacidad para desarrollar su actividad laboral, sin que exista base legal suficiente ni justificación proporcional que lo ampare.

En definitiva, la medida adoptada por la Contraloría Regional de Arica y Parinacota, al fundarse en supuestos y valoraciones subjetivas, sin respaldo probatorio, y sin cumplir con los estándares exigidos por el ordenamiento jurídico, vulnera de manera evidente el artículo 19 N° 6 de la Constitución, siendo procedente su invalidación mediante esta acción constitucional, a fin de restablecer el imperio del derecho y resguardar el ejercicio legítimo de la libertad de trabajo del recurrente.

C. Vulneración del derecho de propiedad (Artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República).

El acto administrativo impugnado también vulnera el derecho de propiedad del recurrente, garantizado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República. Este precepto no se limita a la propiedad sobre bienes materiales, sino que extiende su protección a toda clase de bienes incorporales que tengan un valor económico, como es el caso de la trayectoria funcionaria, el prestigio profesional acumulado, una hoja de vida que solo cuenta con una sanción por razones de errores procedimentales que debí asumir pero que tuvieron lugar durante el ejercicio del cargo del alcalde anterior, las oportunidades de contratación futura, y la posibilidad concreta de ejercer actividades remuneradas tanto en el sector público como en el privado.

La resolución dictada por la Contraloría Regional de Arica y Parinacota, al declarar que el recurrente ha incurrido en una falta al principio de probidad administrativa, no solo daña su honra y su derecho al trabajo, sino que además afecta directamente un bien jurídico de carácter patrimonial: su capacidad de generar ingresos, su habilitación para ejercer cargos públicos y, por tanto, su proyección económica y estabilidad futura. Esta afectación se produce sin que medie un debido proceso con garantías reforzadas, ni prueba suficiente, y sobre la base de consideraciones interpretativas ampliamente discutibles y subjetivas, lo cual resulta inconstitucional desde la perspectiva del principio de legalidad que también ampara el derecho de propiedad.

En efecto, la calificación de una conducta como falta a la probidad puede dar lugar, y de hecho lo hace, a la imposición de sanciones que conllevan consecuencias patrimoniales, tales como la inhabilitación para acceder a cargos públicos, la pérdida de posibilidades de empleo en entidades estatales, la imposibilidad de participar en licitaciones o asesorías para organismos públicos, y el daño directo a la reputación profesional en el mercado laboral en general. Esto se agrava cuando, como en el presente caso, el contenido de la resolución ha sido difundido públicamente a través de medios de comunicación antes de que el afectado haya sido notificado formalmente, impidiéndole ejercer oportunamente su defensa y controlar los efectos reputacionales y económicos derivados.

A ello debe sumarse el hecho de que, frente a esta sanción, el recurrente se ve obligado a incurrir en gastos significativos para su defensa legal, lo que implica un desembolso patrimonial directo, con cargo a su peculio, para neutralizar una imputación construida sobre fundamentos jurídicos débiles y hechos no acreditados. Así, la afectación al derecho de propiedad se manifiesta tanto en forma inmediata, al tener que financiar una defensa jurídica para evitar ser excluido del sistema público, como en forma proyectada, al verse limitado en su capacidad de generar ingresos futuros y en el acceso a espacios de desarrollo profesional.

Esa restricción al legítimo goce de su patrimonio, incluyendo su reputación funcional y las condiciones para desarrollar una actividad económica en igualdad de condiciones, no se encuentra debidamente justificada ni responde a un interés público relevante que permita considerar proporcional la medida adoptada. Por el contrario, se trata de una sanción administrativa que afecta un bien constitucionalmente protegido sin la existencia de una infracción legalmente tipificada ni de una conducta que pueda ser considerada objetivamente dolosa, indebida o incompatible con el estándar exigido para una sanción tan grave como la falta a la probidad.

En conclusión, la Resolución Exenta N° PD01465 afecta el patrimonio del recurrente en términos materiales e inmateriales, sin sustento normativo suficiente, sin proporcionalidad ni razonabilidad, y en contravención a las garantías establecidas en el artículo 19 N° 24 de la Constitución. Esta afectación ilegítima del derecho de propiedad refuerza la necesidad de acoger el presente recurso de protección, ordenando dejar sin efecto la resolución recurrida y restableciendo el imperio del derecho en favor del afectado II. Respecto del Oficio Folio NºE72450 de 02 de mayo de 2025 Como ya se ha expuesto, a propósito del primer acto recurrido, éste dispuso en su resuelvo tercero: “Remítase copia de la presente resolución al Concejo Municipal de Arica, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 51, inciso tercero de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades”.

La norma citada precedentemente, dispone: “Si como consecuencia de la investigación practicada, la que deberá respetar las reglas del debido proceso, dicho órgano considerase que se encuentra acreditada la responsabilidad administrativa del alcalde, deberá remitir los antecedentes al concejo municipal, para efectos de lo dispuesto en la letra c) del artículo 60”. A su vez, el artículo 60, expresa: “Artículo 60.- El alcalde cesará en su cargo en los siguientes casos: “…” c) Remoción por impedimento grave, por contravención de igual carácter a las normas sobre probidad administrativa, o notable abandono de sus deberes”. Agrega más adelante esta norma: “La causal establecida en la letra c) será declarada por el tribunal electoral regional respectivo, a requerimiento de, a lo menos, un tercio de los concejales en ejercicio, o por un concejal o concejala cuando el alcalde o la alcaldesa haya sido el denunciado o denunciada y se haya verificado en procedimiento de sumario administrativo instruido por la Contraloría General de la República, la concurrencia de las prohibiciones establecidas en el artículo 82 letras l) y m) de la Ley 18.883, en relación al artículo 126 del mismo cuerpo legal, caso en el cual se entenderá contravención de carácter grave a las normas sobre probidad administrativa, observándose el procedimiento establecido en los artículos 17 y siguientes de la Ley 18.593, de los Tribunales Electorales Regionales, para lo cual no se requerirá patrocinio de abogado. En el requerimiento, los concejales podrán pedir al tribunal electoral regional respectivo la cesación en el cargo o, en subsidio, la aplicación de alguna de las medidas disciplinarias dispuestas en las letras a), b) y c) del artículo 120 de la Ley 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales”.

El Oficio Folio E72450/2025 dispone, en lo pertinente: “Esta Contraloría General ha tomado conocimiento del oficio Nº107, de 2 de abril de 2025, del señor Secretario Municipal de Arica, quien en respuesta al oficio NºE49456, de 27 de marzo de 2025 de esta entidad de control, informa que la sesión ordinaria Nº2, de 14 de enero de 2025, del Concejo Municipal, se dio a conocer la Resolución Exenta NºPD01465 de 30 de diciembre de 2024, de la Contraloría Regional de Arica y Parinacota, que aprueba el sumario administrativo y propone la medida que allí se indica, al señor nombre reservado. Al respecto, revisada el acta remitida por el Secretario Municipal, se verificó que el referido asunto solo fue puesto en conocimiento ante el aludido Concejo Municipal, por lo que se solicita complementar la información enviada, remitiendo copia de un certificado que indique la decisión de ese Organismo Colegiado, respecto al resultado informado por este Órgano Contralor respecto a la situación del alcalde, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51, inciso final y 60, letra c), ambos de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades” (énfasis agregado).

Que, el acto infrascrito es abiertamente ilegal, pues transgrede en lo absoluto las facultades otorgadas legalmente al órgano recurrido, y, asimismo, exige la toma de una decisión colegiada, también excediendo los términos de la Ley.

En efecto, tal como se puede apreciar de la simple lectura del artículo 51 de la LOC de Municipalidades, la única obligación del órgano contralor es remitir los antecedentes al concejo municipal, para efectos de lo dispuesto en la letra c) del artículo 60”. Ahora bien, la única acción exigible al concejo municipal es informar a los concejales la existencia de este acto administrativo emanado de la Contraloría, pues, tal como refiere el citado artículo 60, los legitimados activos para ejercer la facultad de presentar un requerimiento de remoción por notable abandono de deberes del alcalde son un tercio de los conejales en ejercicio o un concejal o concejala, en los supuestos especificados en la norma. Es decir, la acción siempre es individual, en ningún caso, como órgano colegiado. Además, cabe hacer presente que el Concejo actual lo compone también el alcalde actual, quien también tiene voto, sin embargo, en ningún caso es legitimado activo para la acción en comento.

En consecuencia, mal puede el órgano recurrido exigir un certificado donde conste la decisión del órgano colegiado, pues este órgano no tiene ninguna materia que decidir, y serán los concejales que lo integran, quienes deberán ponderar el ejercicio de la acción en cuestión.

GARANTÍAS FUNDAMENTALES VULNERADAS Señala que de conformidad al artículo 6° de la Constitución Política de la República, “Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República”. A su vez, el artículo 7° de la Carta Fundamental dispone que: “Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la Ley. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la Ley señale.”

La Ley Orgánica Constitucional de Bases de Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. número 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretario General de la Presidencia, señala en su artículo 2° que “Los órganos de la Administración del Estado someterán su acción a la Constitución y a las leyes. Deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que expresamente les hayan conferido el ordenamiento jurídico. Todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades dará lugar a las acciones y recursos correspondientes”. Ahora bien, dentro de los órganos de la Administración del Estado y de conformidad al artículo primero del citado D.F.L. se encuentran las Municipalidades.

El principio de legalidad que se encuentra reconocido por nuestro ordenamiento jurídico, rige a todos los órganos de la Administración del Estado, debiendo dar estricto cumplimiento a la constitución y a las leyes. El artículo 15 del DFL 1 N°1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia señala que: “El personal de la administración del estado se regirá por las normas estatuarias que establezca la Ley, en las cuales se regulará el ingreso, los deberes y derechos, la responsabilidad administrativa y la cesación de funciones.”

Este principio es obligatorio, desde luego, para el órgano contralor. En consecuencia, al emanar el acto ilegal que trata este acápite, estamos ante una evidente actuación, que transgrede la garantía de igualdad ante la Ley.

En efecto, el articulo 19 números 2 de nuestra Carta Fundamental señala el derecho de La igualdad ante la Ley, estableciendo que “En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la Ley. Ni la Ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”. Respecto a lo anterior, el docente don nombre reservado, profesor de Derecho Constitucional explica en sus separatas apuntes que: “Las discriminaciones arbitrarias, si se tratan de las innovaciones, pues introduce el concepto de diversidad justa, prohibiendo las discriminaciones contrarias a la justicia, o la razón infundada o desproporcionadas a los fines perseguidos”.

Por su parte, la Corte Suprema ha señalado que “Por discriminación arbitraria ha de entenderse toda diferenciación o distinción realizada por el legislador o por cualquier autoridad pública que aparezca como contraria a la ética elemental o a un proceso elemental de análisis intelectual; en otros términos, que no tenga justificación racional o razonable, lo que equivale a decir que el legislador no puede por ejemplo dictar una Ley que imponga distintos requisitos u obligaciones a personas distintas en iguales circunstancias.” (Corte suprema año 1991, fallo publicado en Revista de Derecho y Jurisprudencia tomo LXXXVIII, Nº 2, sección V, pagina 178.).

Así,lo resuelto por la Contraloría General de la República, constituiría una violación clara del principio de legalidad administrativa que rige su actuar, haciendo claramente ilegal e ilegítima la actuación, y que se diferencia de otros cientos de actuaciones del mismo órgano contralor en otros casos, donde si ha respetado el principio de legalidad.

Con este oficio emanado del organismo de control, existe una clara vulneración de la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, esto es, la igualdad ante la Ley, toda vez que ha hecho caso omiso al ordenamiento jurídico actual, no respetando las normas dictadas a propósito del requerimiento de remoción de un alcalde, por notable abandono de deberes.

Todo lo anterior se ve refrendado por la Excma. Corte Suprema, que ha dispuesto: “la Contraloría General de la República en su actuación debe respetar la Constitución y la Ley y se encuentra sometida al principio de legalidad, correspondiendo a los tribunales de justicia verificar y ejercer el control jurisdiccional de sus actos a través de las acciones contencioso-administrativas que se interpongan”. (Sentencia Corte Suprema (SCS), 03 de Julio de 2008, Rol 2791-2012, considerando 7º).

Evidentemente para su representado esta vulneración es grave y afecta sus garantías, al no recibir por parte del órgano recurrido un trato igualitario, al exigírsele al Concejo Municipal de Arica, en un plazo de 10 días, que tome una decisión como órgano colegiado, en torno a accionar en su contra, en circunstancias que tal exigencia escapa del todo de los márgenes de la Ley, como ya se ha expresado.

Pide se acoja el recurso en todas sus partes, declarando y disponiendo las medidas necesarias para la debida protección de los derechos vulnerados, tales como:

1. Que se declare ilegal la Resolución Exenta N° PD01465 dictada con fecha 30 de diciembre de 2024 dictada por la recurrida.

2. Que se declare ilegal el Oficio Folio E72450/2025 de 02 de mayo de 2025 emitido por la recurrida.

3. Que se disponga prudencialmente cualquier otra medida de protección para la debida seguridad de los derechos del recurrente.

4. Que se condene en costas a la recurrida, al ser responsable de los actos ilegales y arbitrarios que motivan esta acción cautelar.

Informa la recurrida y señala que el recurso de autos ha sido deducido en contra de la resolución exenta N° PD01465, de 30 de diciembre de 2024, de este origen, que aprobó el sumario administrativo instruido por Contraloría General, en la Municipalidad de Arica, proceso en el cual se determinó que se encuentra acreditada la responsabilidad administrativa del señor nombre reservado, alcalde a la época de los hechos investigados, procediéndose a remitir los antecedentes al Concejo Municipal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 51, inciso segundo y tercero, de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en relación con lo dispuesto en el artículo 60, letra c), del mismo cuerpo legal.; y, contra el oficio N°E72450, de 02 de mayo de 2025, de la Fiscalía de la Contraloría General de la República, que tomó conocimiento del oficio ordinario N°107, de 2025, de la Municipalidad de Arica y solicita complementar la información enviada, remitiendo copia de un certificado que indique la decisión del concejo.

Sobre el particular, indica que mediante resolución exenta N°PD00026, de 16 de enero de 2024, de esta Contraloría Regional, se ordenó instruir sumario administrativo en la Municipalidad de Arica, para investigar la eventual responsabilidad administrativa por los hechos consignados en el oficio N°E438962, de 2024, de este origen, que atendió una denuncia en contra del proceso del concurso convocado por la Municipalidad de Arica para proveer el cargo de Secretario Abogado(a) del Tercer Juzgado de Policía Local de Arica, el cual finalizó con el nombramiento de doña nombre reservado, reclamándose una eventual falta a la probidad administrativa por parte del Alcalde del referido municipio en dicha designación.

En dicho contexto, en el sumario administrativo se formuló el siguiente cargo al señor nombre reservado: “En su calidad de Alcalde de la Municipalidad de Arica, no haberse abstenido de intervenir en el procedimiento de contratación de doña nombre reservado, en particular, al haber aprobado su designación para el cargo de Secretaria Abogada del Tercer Juzgado de Policía Local de Arica, a través del decreto alcaldicio N°5.907, de 30 de septiembre de 2021, de esa entidad edilicia, toda vez, que ambos militaban, a la fecha de la contratación, en el mismo partido político.

En efecto, se deduce de esa última circunstancia, la existencia de al menos una relación de confianza, cercanía y afinidad política, entre la autoridad edilicia y la mencionada persona, lo que, a lo menos, podría comprometer la imparcialidad del primero en la adopción de la decisión de que se trata.

Dicha conducta, implicó una vulneración al artículo 52, de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; los numerales 1 y 5, del artículo 12, de la Ley 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, y artículo 58, letra g), de la Ley 18.883, sobre Estatuto Administrativos para Funcionarios Municipales.”

Al respecto, mediante la resolución exenta N°PD01465, de 30 de diciembre de 2024, de este origen, se resolvió aprobar el sumario administrativo, teniéndose por acreditada la responsabilidad administrativa del señor nombre reservado, Alcalde de Arica en la época de los hechos objeto de cargo, procediéndose a remitir los antecedentes al Concejo Municipal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 51, inciso segundo y tercero, de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en relación con lo dispuesto en el artículo 60, letra c), del mismo cuerpo legal.

Luego, mediante oficio N°E180, de 2 de enero de 2025, de esta Sede Regional, se remitió al Secretario Municipal de la Municipalidad de Arica, copia del expediente y de la antes referida resolución exenta, con el fin que dichos documentos fuesen entregados al Concejo Municipal y éstos pudiesen determinar las acciones a realizar en razón del citado acto administrativo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 51, inciso final y 60, letra c), ambos de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Posteriormente, por oficio N°E49456, de 2025, de la Fiscalía de esta Contraloría General, se pide cuenta al Secretario Municipal de la información antes remitida, a efectos que entregase un informe con lo determinado por el Concejo Municipal respecto a la responsabilidad administrativa del señor nombre reservado, en un plazo de 10 días hábiles, contado desde la fecha de recepción del señalado oficio.

Debido a lo anterior, el Secretario Municipal, por ordinario N°107, de 02 de abril de 2025, da cuenta de que en sesión ordinaria N°02, de 14 de enero de 2025, del Concejo Municipal fue dada a conocer la resolución exenta N°PD01465, de 2024, sin que conste que el cuerpo colegiado emitiera un pronunciamiento.

En el mismo sentido, mediante oficio N°E72450, de 02 de mayo de 2025, esta Entidad de Fiscalización acusó recibo del oficio ordinario N°107, de igual año, solicitando complementar la información emitida, a fin de que el secretario municipal remita copia de un certificado que indique la decisión que adopte el concejo municipal, respecto al resultado informado por este Órgano Contralor en cuanto a la situación del señor nombre reservado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51, inciso final y 60, letra c), ambos de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

En este contexto, el recurrente interpuso la presente acción cautelar estimando que en la especie concurriría un actuar ilegal y arbitrario de este Organismo Fiscalizador, que vulneraría las garantías fundamentales contempladas en los Nos 2, 4, 6, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando que se declare ilegal la resolución exenta NºPD01465, de 2024 y el oficio N°E72450, de 2025 y se arbitren las medidas para reestablecer el imperio del derecho, con costas.

Extemporaneidad del presente recurso de protección. Al respecto, cabe hacer presente que, si bien el recurrente indica que la acción cautelar ha sido interpuesta formalmente en contra de dos actos emanados de esta Entidad de Control, lo que en definitiva, se impugna es la resolución exenta N°PD01465, de 30 de diciembre de 2024, de este origen, que aprobó el sumario administrativo instruido por Contraloría en la Municipalidad de Arica, proceso en el cual se determinó que se encuentra acreditada la responsabilidad administrativa del señor nombre reservado, en los hechos investigados.

En la especie, el recurrente indica que habría tomado conocimiento de los actos que motivaron el presente recurso con fecha 12 de mayo de 2025, momento en el que habría podido tener acceso al expediente del sumario administrativo instruido por esta Contraloría Regional en la Municipalidad de Arica, por resolución exenta N°PD00026, de 2024.

Sin embargo, de la revisión de los Sistemas Informáticos de esta Entidad de Control, consta que con fecha 17 de febrero de 2025, el señor nombre reservado, ingresó mediante correo electrónico una solicitud de información ante la Contraloría, requiriendo la remisión del expediente sumarial, su hoja de vida funcionaria y copia del resultado del sumario con la información enviada a la Municipalidad de Arica.

Dicha presentación fue atendida mediante el oficio E41180, de 13 de marzo de 2025, por el cual se indicó remitir al correo electrónico indicado por el señor nombre reservado, el enlace con la información solicitada. El citado correo por el cual se compartió el acceso al expediente -según documentación que se acompaña al presente recurso- fue enviado con fecha 26 de marzo de 2025, de este modo consta que el recurrente tomo conocimiento efectivo de la resolución exenta N°PD01465, de 2024, con fecha 26 de marzo de 2025.

Por su parte, respecto al segundo oficio impugnado correspondiente al E72450, de 02 de mayo de 2025, de la Fiscalía de la Contraloría General de la República, del cual señala haber tomado conocimiento el 13 de mayo de la misma anualidad, cabe hacer presente que tal como se indicó en el acápite anterior, este se dirige a la Municipalidad de Arica y únicamente acusó recibo del oficio ordinario N°107, de 2025, solicitando complementar la información, a fin de que el secretario municipal remita copia de un certificado que indique la decisión que adopte el concejo municipal, respecto al resultado informado por este Órgano Contralor en cuanto a la situación del ex alcalde.

De lo expuesto, es posible verificar que el interesado pretende fabricar artificialmente un nuevo plazo para recurrir de protección, contabilizando el plazo para interponer la acción de protección desde el 13 de mayo de 2025, fecha en que esta Contraloría, luego de ya haber pedido cuenta al Secretario de la Municipalidad, acusa recibo de la información remitida y solicita se complemente la información.

En ese sentido, el recurso de autos resulta extemporáneo y debe, en consecuencia, ser rechazado en esta causa, comoquiera que, al momento de su interposición, -el 11 de junio de 2025-, ya había transcurrido el plazo fatal de treinta días corridos contados desde que el recurrente tuvo conocimiento de los hechos en que se funda, de acuerdo con lo expresado en el N°1 del auto acordado que regula la tramitación y fallo de la acción de protección.

El acto recurrido no constituye un acto terminal respecto del proceso disciplinario. La resolución impugnada -si bien forma parte del procedimiento disciplinario que esta Sede Regional de Control llevó a cabo de acuerdo con sus facultades constitucionales y legales- no constituye el acto terminal de ese sumario administrativo, toda vez que se trata de una actuación emanada dentro de un proceso todavía no afinado, por lo que la resolución de esta Entidad de Control constituye sólo una determinación de responsabilidad, que debe ser enviada al Concejo Municipal a efectos de que dicho órgano pluripersonal determine si formulará un requerimiento de a lo menos un tercio de los concejales en ejercicio ante el Tribunal Electoral Regional respectivo.

En efecto, de acuerdo con los dispuesto en la Ley 18.695, la Contraloría General de la República está facultada para instruir un procedimiento disciplinario al alcalde cuando se adviertan acciones u omisiones de su parte, que afecten la probidad administrativa o que impliquen un notable abandono de deberes, debiendo remitir los antecedentes al concejo municipal, para efectos de lo dispuesto en la letra c), de su artículo 60.

Así, los incisos cuarto y quinto de este último precepto legal disponen que a requerimiento de a lo menos un tercio de los concejales en ejercicio, el Tribunal Electoral Regional respectivo declarará la causal de cesación en el cargo de alcalde o, en subsidio, los integrantes del citado órgano pluripersonal pueden pedir la aplicación de alguna de las medidas disciplinarias de las letras a), b), y c) del artículo 120 de la Ley 18.883, estas son, censura, multa y suspensión del empleo desde treinta días a tres meses, con privación de un cincuenta a un setenta por ciento de la remuneración mensual.

En consecuencia, en atención a la normativa y a las consideraciones expuestas, esta Entidad de Control tiene competencia para instruir un proceso disciplinario a un alcalde, cuando se adviertan acciones u omisiones de su parte que puedan afectar la probidad administrativa, limitándose este Órgano de Fiscalización a establecer la existencia de responsabilidad administrativa, debiendo remitir los antecedentes al Concejo Municipal, el cual -de conformidad con lo dispuesto por el aludido artículo 60 de la Ley 18.695- podrá requerir al Tribunal Electoral Respectivo la aplicación de una sanción prevista por el Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales o, en su caso, solicitar la remoción del alcalde en los casos señalados, entidad en la cual, en definitiva, se radica la potestad disciplinaria.

De esta forma, al no encontrarse afinado el procedimiento, sus resultados no podrían afectar la situación del recurrente, pues se trata de un acto trámite y como tal no causa agravio.

Cita Jurisprudencia en favor de su postura.

El recurso de protección no es la vía idónea para impugnar un sumario administrativo. Ahora bien, resulta importante señalar que en definitiva lo pretendido por el señor nombre reservado consiste que esta Iltma. Corte dicte una nueva resolución que no tenga por acreditada la responsabilidad administrativa del exedil, ya que, debido a las consideraciones que expone, en su opinión, no existiría falta alguna a la probidad administrativa.

Al respecto, es útil manifestar que el recurso de protección no es un medio idóneo para impugnar el fondo y forma de los procedimientos disciplinarios, como pretende el actor, ya que las normas que regulan su tramitación contienen todos los elementos necesarios para configurar un debido proceso y asegurar una adecuada defensa del sumariado, estableciendo, entre otros aspectos, las autoridades llamadas a conocerlos; los plazos dentro de los cuales deben realizarse las actuaciones; las formalidades de las notificaciones que deben efectuarse a los servidores; la formulación de cargos y su debido emplazamiento; la admisibilidad de los medios de prueba de que estos puedan hacer uso; los medios de defensa de los inculpados, etc.

Ausencia de ilegalidad o arbitrariedad. En relación con este punto, el actor manifiesta que los actos Ocurridos, son actos ilegales y arbitrarios al no considerar ninguna de las alegaciones vertidas en su reclamación.

Al respecto, no se advierte de qué manera la resolución exenta que se impugna ha podido ser ilegal, toda vez que esta Entidad de Control se limitó a ejercer las competencias que le han sido asignadas en virtud de lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 98 de la Constitución Política de la República; artículo 133 y siguientes de la Ley 10.336 y artículos 51 y 60 de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades; por lo que la actuación recurrida se ha emitido de acuerdo a la habilitación que las mencionadas normas constitucionales y legales han otorgado a la Contraloría General, con estricto apego y respeto al ordenamiento jurídico que rige la materia. Así lo dispone el artículo 133 de la Ley 10.336 -ubicado en el Título VIII denominado “Investigaciones y Sumarios”.

La Institución Fiscalizadora está facultada legalmente para tramitar procesos disciplinarios en los servicios bajo su tuición o fiscalización a fin de establecer si existe responsabilidad administrativa respecto de los hechos de que se trate, proponiendo a la autoridad competente las sanciones que se estimen procedentes aplicar acerca de los inculpados, su absolución, el sobreseimiento de éstos, o del sumario administrativo.

A su vez, en lo que dice relación con los alcaldes, el citado artículo 51 de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

En un sentido similar, el artículo 36, inciso tercero, de la resolución N°510, de 2013, de esta Entidad de Control, que aprueba el Reglamento de Sumarios Instruidos por la Contraloría General de la Republica.

De igual modo, cabe hacer presente que en el marco del sumario administrativo en análisis, se respetaron las reglas del debido proceso, puesto que el recurrente prestó declaración en la etapa de indagatoria, fue notificado de los cargos formulados en su contra, evacuó sus descargos o defensas, tuvo la oportunidad de solicitar la apertura de un término probatorio, de rendir prueba testimonial, y fue notificado de la resolución que aprobó la vista fiscal, la que se encuentra debidamente motivada.

Asimismo, se advierte que el persecutor administrativo analizó los argumentos y medios de prueba que sustentaron el cargo único formulado, arribando a la conclusión de que el recurrente incurrió en la falta reprochada.

En consecuencia, no es posible advertir ninguna ilegalidad o arbitrariedad en la actuación de esta Entidad Fiscalizadora al dictar la resolución exenta NºPD01465, de 2024 y el oficio N°E72450, de 2025, por lo que cabe desestimarse la acción de protección deducida.

Sobre el fondo del asunto planteado 1. En cuanto de la Resolución Exenta N°PD01465, de 2024, de la Contraloría Regional de Arica y Parinacota. Al respecto, es importante señalar a SS. Iltma. que mediante la resolución exenta N°PD01465, de 2024, de esta Entidad Fiscalizadora, fue aprobado el sumario administrativo instruido mediante resolución exenta N°PD00026, de 2024, teniendo por acreditada la responsabilidad administrativa del recurrente, remitiendo copia de la señalada resolución exenta al Concejo Municipal de Arica conforme al inciso tercero del artículo 51 de la Ley 18.695.

En la especie, del análisis efectuado por el fiscal administrativo en la resolución exenta NºPD01465, de 2024, se advierte que en el procedimiento disciplinario que, en su calidad de Alcalde de la Municipalidad de Arica, el actor debió abstenerse de resolver el nombramiento del cargo de Secretario Abogado del Tercer Juzgado de Policía Local de Arica, toda vez que entre este y la citada postulante, se verificó que existía un vínculo laboral y político que, al menos potencialmente, le restaba objetividad e imparcialidad para resolver ese concurso, dado que existían claras circunstancias al haber sido esa una funcionaria de su exclusiva confianza por al menos los dos años anteriores al concurso y por ser ambos militantes del mismo partido político desde antes de ese nombramiento y que se mantuvo tanto durante su selección como hasta después de aceptado el cargo.

Lo anterior, guarda armonía con la obligación funcionaria prevista en el artículo 58, letra g), de la Ley 18.883 que aprueba Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, en cuanto a observar estrictamente el principio de probidad administrativa, el que conforme lo previenen los artículos 52 y 53, de la citada Ley 18.575, exige una conducta funcionaria intachable, un desempeño honesto y leal de la función y cargo y la preeminencia del interés general sobre el particular, el cual se expresa, entre otras cosas, en el empleo de medios idóneos de diagnóstico y de decisión para concretar, dentro del orden jurídico, una gestión eficiente y eficaz; el recto y correcto ejercicio del poder público; en lo razonable e imparcial de sus decisiones; y en la rectitud de ejecución de las normas.

En un sentido similar, el artículo 11 de la Ley 19.880 de Procedimiento Administrativo, prescribe a propósito del principio de imparcialidad que la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte.

A su vez, la abstención requerida al recurrido no implicaba, per se, una delegación de funciones como aquel lo entiende, por cuanto, si bien es efectivo que el alcalde no puede delegar sus facultades exclusivas como nombrar y remover al personal de su dependencia, lo cierto es que al abstenerse de participar en el nombramiento de la señalada postulante, al presentarse, al menos potencialmente, un conflicto de intereses en esa decisión, debió operar inmediatamente la regla de subrogación conforme el artículo 62 de la Ley 18.695 y artículo 77 de la Ley 18.883, lo cual no ocurrió.

2.- Sobre la proporcionalidad de la decisión final. Al respecto, corresponde precisar que, en el procedimiento disciplinario instruido por Contraloría, no se aplica ni propone respecto del recurrente sanción alguna, sino que ese Órgano de Control, en ejercicio de sus atribuciones legales, se limitó a remitir los antecedentes al concejo municipal, entidad pluripersonal que deberá determinar si efectúa el correspondiente requerimiento ante el Tribunal Electoral Regional.

En efecto, la resolución recurrida no pone término al procedimiento de que se trata, sino que lo conduce a una etapa posterior tras la cual habrá de definirse, por los órganos pertinentes, el resultado de este, no advirtiéndose en consecuencia como el actuar de esta Sede Regional de Control puede ser calificada como una de carácter desproporcionada.

A su turno, cabe señalar que no resulta procedente que por medio de la presente acción cautelar el actor pretenda reemplazar la labor de la administración, lo que se desprende de la lectura del recurso, puesto que el recurrente solicita se ordene dejar sin efecto la Resolución Exenta N°PD01465, de 2024 y se determine que no infringió la probidad administrativa aspecto que debe ser apreciado por quien sustancia el procedimiento disciplinario y por la autoridad sancionadora.

En este sentido, además cabe precisar que, en cuanto a la gravedad de la conducta reprochada, así como respecto de las eventuales circunstancias modificatorias de responsabilidad que le puedan asistir, corresponde pronunciarse al Tribunal Electoral Regional, en el evento de que los integrantes del concejo municipal determinen formular el requerimiento correspondiente ante el aludido órgano jurisdiccional.

3. En relación con el oficio N°E72450, de 02 de mayo de 2025. Al respecto, el recurrente por la vía de protección cuestiona el oficio N°E72450, de 2025, mas no se advierte de qué manera el documento señalado podría ser arbitrario, pues esta Entidad de Control legítima expectativa de ser elegidos y desempeñarse en la municipalidad, se limitó a ejercer sobre la Municipalidad de Arica las competencias y facultades establecidas en el artículo 9° de la Ley 10.336.

En ese sentido, este Órgano de Control cuenta con atribuciones para solicitar a las jefaturas o funcionarios de las entidades sometidas a su fiscalización, los datos e informaciones que necesite para el desempeño de sus labores, contando con la facultad de requerir los antecedentes a los servidores que, según estime, puedan proporcionarlos con mayor eficiencia de acuerdo con la naturaleza del asunto expuesto.

Derechos constitucionales supuestamente vulnerados.

1. Derecho contemplado en el artículo 19 Nº2 de la Constitución Política de la República. El recurrente considera que ha visto vulnerada su garantía de igualdad ante la Ley, al no recibir por parte de está Contraloría General un trato igualitario, al exigirle al Concejo Municipal de Arica, en el plazo de 10 días, que tome una decisión como órgano colegiado sobre la propuesta remitida.

En relación con ello, el actor no proporciona elementos de juicio, ni ha acreditado la existencia de diferencias arbitrarias que lesionen su derecho a la igualdad ante la Ley, ni de qué forma la actuación por parte de esa Institución Contralora habría conculcado la aludida garantía constitucional, principio que ha sido estrictamente respetado por ese Órgano Fiscalizador, razón por la que mal podría suponerse que la resolución impugnada haya significado dar al recurrente un trato discriminatorio que produzca la vulneración del derecho de que se trata.

Dicho esto, cabe señalar que en la aludida resolución exenta NºPD01465, de 2024, se aplicó la reiterada jurisprudencia de esta Entidad de Control, contenida en los dictámenes Nos 35.738 y 75.791, ambos de 2011, 9.722, de 2012, 50.168, de 2013 y 23.929 de 2015, conforme con los cuales el principio de probidad administrativa impone a las autoridades o funcionarios respectivos el deber de evitar que sus prerrogativas o esferas de influencia se proyecten en su actividad particular, en virtud de circunstancias que objetivamente puedan alterar la imparcialidad con que éstos deben desempeñarse aun cuando la producción de un conflicto sea sólo potencial.

Asimismo, se aplicó la jurisprudencia contenida en los dictámenes Nos 5.856 de 2018 y 22.989 de 2019, conforme con los cuales el principio de probidad tiene por objeto impedir que las personas que desempeñan cargos o cumplen funciones públicas puedan ser afectadas por un conflicto de interés en su ejercicio, aun cuando sea potencial, para lo cual deberán cumplir con el deber de abstención que impone la Ley, por lo que al proceder de la manera que lo hizo el recurrente, infringió el señalado deber de abstención.

Así, de haberse obviado la aplicación de la referida jurisprudencia administrativa, se habría constituido al actor en una situación de privilegio, cuestión que se encuentra proscrita precisamente por el N°2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

2. Derecho contemplado en el artículo 19 N°4 de la Constitución. En el libelo se sostiene que se le ha sindicado públicamente como alguien que ha infringido el principio de probidad, lo que implicaría una descalificación social y profesional afectando su dignidad personal y su trayectoria funcionaria.

En relación con lo anterior, cabe manifestar que no puede entenderse afectada ilegalmente la garantía constitucional invocada, referida a la honra de la persona y su familia, cuando un servidor es objeto de un proceso administrativo formal, legítimamente incoado y que finalmente se ha encontrado acreditada su responsabilidad administrativa, como ha acontecido. Afirmar lo contrario significaría que cualquier imputación efectuada en un sumario administrativo en contra de alguien, una vez que este se hace público de acuerdo con la Ley, atentaría contra la indicada garantía, impidiéndose el ejercicio de la potestad disciplinaria.

3. Derecho contemplado en el artículo 19 Nº6 de la Constitución Política de la República. En el libelo se sostiene que la resolución exenta PD01465, de 2024, de este origen, habría provocado en el recurrente una afectación a la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público, sin acompañar prueba alguna vinculada a la afectación de conciencia a la que dice ser objeto.

Al respecto, cabe señalar que la libertad de conciencia guarda relación con la facultad que se reconoce a todas las personas para profesar los cultos y creencias que estimen pertinentes, siempre y cuando no se opongan a la moral, las buenas costumbres o el orden público. En este sentido, se ha indicado que esta “protege el proceso racional, reflexivo, la elaboración intelectual del ser humano y su adhesión o no a concepciones valóricas o creencias, sean estas religiosas, filosóficas, ideológicas, políticas o de cualquier otra naturaleza, como asimismo a rechazar aquellas que considera erróneas; proceso que corresponde al fuero interno de la persona que tiene un carácter inviolable, el cual plantea una exigencia de comportarse exteriormente de acuerdo con tales concepciones”.

Pues bien, no se advierte cómo la tramitación de un sumario administrativo, destinado a determinar la responsabilidad administrativa del señor nombre reservado, podría atentar siquiera mínimamente en contra del derecho del recurrente a profesar el culto religioso que estime pertinente o a formar sus propias ideas, juicios morales y a ordenar, en definitiva, su fuero interno.

4. Derecho contemplado en el artículo 19 Nº 16 de la Constitución Política de la República. El actor señala que la resolución recurrida impone una sanción que obstaculizaría gravemente el acceso del recurrente a nuevos cargos en el servicio público y deterioraría su perfil profesional incluso para el ejercicio de funciones en el ámbito privado. Al respecto, no se advierte cómo la emisión de la resolución exenta NºPD01465, de 2024, de esta Contraloría Regional pudo amenazar, perturbar o privarle de su derecho a buscar, obtener, ejercer o desempeñar cualquier actividad remunerativa, profesión u oficio lícitos, es decir, cualquier empleo que no se oponga a la moral, a la seguridad y a la salubridad públicas.

En la especie, la sola actuación de este Organismo de Control no ha significado la imposición de ninguna inhabilidad o prohibición de ejercicio laboral o profesional en contra del recurrente.

En este sentido, es menester reiterar lo señalado precedentemente, en orden a que no será ni ha sido esta Contraloría Regional la que sancione al alcalde, pues corresponde al Concejo Municipal decidir interponer el requerimiento respectivo ante el tribunal electoral regional quien decidirá a su turno acoger o no la acción deducida.

5. Derecho contemplado en el artículo 19 Nº24 de la Constitución Política de la República. Al respecto, cabe señalar que el recurrente en parte alguna de su recurso indica cual sería la forma en que las actuaciones de esta Entidad de Control afectarían su derecho de propiedad, sino que reitera alegaciones relativas a la honra de su persona, por lo que tal como se indicó en los numerales anteriores, no se ve de qué modo esta se pudo ver afectada, pues el recurrente fue objeto de un proceso administrativo formal y legítimamente incoado.

A su vez, no se entiende de qué manera el actuar de esta Contraloría Regional afectaría el cargo y remuneración asociada al recurrente, puesto que al momento en que se tiene por acreditada la responsabilidad administrativa del señor nombre reservado, 30 de diciembre de 2024, ya no servía puesto alguno en la Administración del Estado, toda vez que había cesado previamente su cargo en la Municipalidad de Arica el 06 de diciembre de 2024, por su renuncia voluntaria al puesto de Alcalde de esa corporación.

En tercer término, en este apartado también menciona que la sanción y la inhabilidad de ingreso temporal a la Administración, asociada a dicho castigo, perjudicarían gravemente su derecho a postular a algún otro cargo público en el futuro.

A tal respecto, cabe responder, en base a lo anteriormente expuesto, que dicha materia no puede ser objeto de la protección que la Carta Fundamental reconoce sobre el derecho de propiedad, sino que eventualmente, de aquel contemplado en el artículo 19 N° 17 de la Constitución Política, derecho que, sin embargo, no puede ser materia del recurso de protección de autos, como lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Pide teniendo presentes las disposiciones citadas, así como las atribuciones constitucionales y legales de esta Entidad Fiscalizadora, se solicita desestimar en todas sus partes el recurso de protección deducido en estos autos.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la acción de protección contemplada en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Se trata de asuntos en que existe un derecho indubitado, y no disputado, garantizado constitucionalmente, que se encuentra en peligro o lesionado, por lo que se persigue su amparo o restablecimiento.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la Ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, los actos considerados por la recurrente como arbitrarios e ilegales son: i) La Resolución Exenta N°PD01465 dictada con fecha 30 de diciembre de 2024, que aprueba sumario administrativo, estableciendo la responsabilidad del recurrente en el nombramiento de la Secretaria del Tercer Juzgado de Policía Local de esta ciudad y ordena la instrucción de otro por la Ilustre Municipalidad de Arica y ii) El oficio Folio E72450 de 02 de mayo de 2025, emitido por la Contraloría General de la República a través del cual solicitó a la Ilustre Municipalidad de Arica la certificación de lo resuelto por el Concejo Municipal y del cual el recurrente habría tomado conocimiento efectivo el día 13 de mayo de 2025, por intermedio de una nota de prensa publicada en el diario El Mostrador.

CUARTO: Que, respecto a la excepción de extemporaneidad formulada por la recurrida, esta será desechada, pues no fue posible constatar la disponibilidad de acceso que habría tenido el recurrente en la fecha indicada por aquella.

QUINTO: Que el primer acto recurrido, la resolución exenta N°PD01465 dictada con fecha 30 de diciembre de dos mil veinticuatro no sólo no aplica sanción de ningún tipo al recurrente, sino sólo se limita a establecer la existencia de la responsabilidad administrativa del ex Alcalde y ordena pasar los antecedentes al Concejo Municipal, quienes podrán, en uso de sus facultades legales, llevar el asunto ante el Tribunal Electoral, órgano que efectivamente tiene competencia para aplicar sanciones, según lo dispone el artículo 60 de la Ley 18.695, sin participación en esa etapa de la recurrida, que sólo ha actuado en la etapa sumarial dentro de la esfera de sus atribuciones legales y administrativas que se le confieren por los artículos 131 y siguientes de la Ley 10.336, que regula la materia, de lo que se sigue entonces que no se trata éste de un acto terminal, sino de uno trámite que ordena el ejercicio, o no, del ente titular de la acción para proceder a la persecución de la eventual responsabilidad del recurrente, oportunidad en la cual deberá rendirse toda la prueba pertinente, salvaguardando así los principios formativos del procedimiento y las garantías procesales de las partes.

A lo anterior cabe agregar que no podría esta Corte dejar sin efecto la citada Resolución, como solicitó el recurrente, en virtud del principio de deferencia que le asiste respecto de la recurrida.

SEXTO: Que, el artículo 36 inciso final de resolución 510, que aprueba el reglamento de sumarios instruidos por la Contraloría General de la República dispone: “Si alguno de los inculpados lo fuere en razón del desempeño del cargo de Alcalde, la parte dispositiva de la referida resolución se limitará a establecer la existencia o no de responsabilidad administrativa por parte de aquél. En tal caso se dispondrá la remisión de copia de la misma al Concejo Municipal respectivo”.

SEPTIMO: Que, del mismo modo, no advierte esta Corte ilegalidad o arbitrariedad alguna con la expedición del oficio impugnado, toda vez que a su través la recurrida sólo solicitó una certificación que diera cuenta del destino de la resolución analizada precedentemente, ejercicio que no se encuentra prohibido en la ley y, al contrario, se encuentra expresamente facultado en el artículo 9 de la Ley N° 10.336.

OCTAVO: Que, en las condiciones anotadas esta Corte no divisa ilegalidad en el actuar de la recurrida, pues la Contraloría General de la República ha actuado según las normas legales ya señaladas y dentro de la esfera de sus facultades como ente administrativo y contralor, ni tampoco arbitrariedad, pues no se advierte de ninguna pieza de estos antecedentes diferencia o vulneración del derecho de igualdad ante la ley.

Por las anteriores consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se declara:

Que, SE RECHAZA el recurso de protección deducido en el folio 1 por nombre reservado en contra de la Contraloría Regional de la República.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese.

Rol 225 – 2025 Protección.