nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES.

Arica, cinco de octubre de dos mil veintidós.

VISTO:

Comparecen nombre reservado y nombre reservado, ambos abogados, en favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, todos domiciliados en esta ciudad, y deducen recurso de protección de garantías constitucionales en contra del Servicio Nacional de Migraciones, que de manera ilegal y arbitraria ha omitido pronunciarse sobre la solicitud de permanencia definitiva impetrada por el recurrente, vulnerando las garantías fundamentales consagradas en los numerales 1°, 2°, 9° inciso final, 16° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refieren que el recurrente ingresó en calidad de turista y estando dentro del país decidió cambiar su condición migratoria obteniendo una visa sujeta a contrato como titular. Posteriormente, el 4 de marzo de 2022, solicitó el beneficio migratorio de residencia definitiva, mediante solicitud N° 37762599.

Indican que han transcurrido más de 6 meses de ingresada la solicitud y el Servicio Nacional de Migraciones no ha respondido, ni se han liberado la orden de giro correspondiente al beneficio solicitado, manteniéndose en una situación de preocupación e incertidumbre ante un trámite por demás demorado..

Alude a la vulneración de las reglas contenidas en la Ley N° 19.880, de Bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, la que establece los principios de celeridad y economía procedimental, excediendo con creces el plazo contemplado en el artículo 27 de la referida ley. A su vez, sostiene que dicho acto afecta el derecho a la vida e integridad física y psíquica, pues la situación mantiene a la recurrente en un estado de permanente angustia y desesperación, al no poder ejercer prácticamente ningún derecho consagrado constitucionalmente ni en tratados de derechos humanos.

Pide ordenar a la recurrida que se pronuncie sobre su solicitud en un plazo no mayor a 30 días corridos otorgue, o que se adopten todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del Derecho, con costas.

Informó en su oportunidad el Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo del recurso, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria que atente contra las garantías fundamentales.

Señala que la recurrente ingresó por primera vez al país el 8 de diciembre de 2018. El 17 de marzo de 2020 la Gobernación Provincial de Arica y Parinacota otorgó al recurrente visa sujeta a contrato de trabajo, que mantuvo vigencia hasta el 27 de septiembre de 2020 y el 24 de marzo de 2021 se le otorgó una segunda visa en los mismos términos que se mantuvo vigente hasta el 9 de abril de 2022. El 4 de marzo el recurrente solicitó ante el Servicio Nacional de Migraciones el beneficio de permiso de residencia definitiva: Agrega que la solicitud del recurrente actualmente se encuentra en “estudio preliminar”, lo que incluye a) Verificación de cumplimiento normativo para acceder al beneficio impetrado, junto al estudio en que se revisa el cumplimiento de plazos de acuerdo a la actual normativa legal vigente; y b) realización del estudio preliminar de todo la documentación en general y particular de las solicitudes.

Asimismo, indica que la recurrente mantiene situación migratoria regular en el territorio nacional, por lo que entiende que no existe actualmente una conducta que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos protegidos por la acción de protección.

En cuanto al tiempo de tramitación, invoca lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N°19.880, donde se establece que el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, una pandemia de carácter mundial y el estado de emergencia en el cual se encontraba nuestro país, término que no resulta fatal para la Administración, citando jurisprudencia al efecto. Por último, sostiene que la vía idónea para reclamar sobre la falta de respuesta de la administración es el silencio administrativo de acuerdo a lo previsto en los artículos 64 y 65 de la citada Ley. Añade que el abuso de la vía judicial vulnera la garantía de igualdad ante la ley de los demás solicitantes de permiso de residencia.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, el acto considerado como ilegal y arbitrario corresponde a la omisión de pronunciamiento en que ha incurrido la recurrida respecto de su solicitud de permanencia definitiva presentada el 4 de marzo de 2022.

CUARTO: Que, en virtud de los antecedentes esgrimidos en el recurso y por el recurrido en su informe, se advierte que la solicitud de permanencia definitiva está siendo tramitada por la autoridad informante, puesto que se encuentra en etapa de estudio preliminar según da cuenta el informe.

QUINTO: Que, sin duda ha existido una demora excesiva en la resolución de la petición del recurrente. No obstante lo anterior, esta Corte no puede dejar de advertir que no es ésta la vía para lograr obtener una orden judicial que acelere el pronunciamiento que se pretende por el recurrente, aventajando de esta forma a quienes efectuaron igual solicitud a la suya con fecha anterior a la misma, dado que ello pudiere eventualmente vulnerar el principio de igualdad ante la ley, que consagra el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, precisamente respecto de aquellos que ven más demoradas aún las respuestas a sus pretensiones, frente a quienes de contrario, a través de alguna acción cautelar favorable, obtienen que la autoridad administrativa se avoque con prioridad y preferencia al análisis y a la resolución de sus requerimientos.

En este orden de ideas, aparece relevante reflexionar que en forma previa a disponer cualquier medida cautelar o de tutela de derechos, el órgano jurisdiccional debe realizar siempre la ponderación de idoneidad, necesariedad y proporcionalidad de aquellas que le son requeridas o de las que oficiosamente puedan ordenarse.

SEXTO: Que, si bien en fallos previos esta Corte ha objetado, la extrema demora en la tramitación de este tipo de solicitudes formuladas por extranjeros al Servicio Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, circunstancia que ciertamente transgrede los principios de celeridad y conclusivo que deben regir la actuación de la Administración, en beneficio del administrado y que en caso alguno puede escudarse en la situación de excepción que contempla el artículo 27 de la Ley N°19.880, no es posible soslayar hoy en día que las acciones constitucionales han sido paulatina y crecientemente interpuestas ante esta Corte de Apelaciones, con los fines descritos en el motivo que antecede, lo que no puede seguir tolerándose, por el motivo también analizado previamente, en relación a los efectos que éste tipo de arbitrios puede provocar en perjuicio de la situación procedimental migratoria de otros extranjeros.

SÉPTIMO: Que por otra parte, en la línea de lo apuntado en el fundamento quinto de este fallo, aparece importante recordar que los artículos 64 al 66 de la Ley N°19.880, aplicable a la actividad de toda la Administración del Estado, entrega al administrado la solución que por esta vía -inapropiada como se ha dicho-, se pretende, de manera que contando entonces las garantías que se reclaman transgredidas con el debido resguardo legal, que les plantea una solución definitiva de carácter administrativo, no advirtiendo esta Corte la indispensabilidad y conveniencia de un pronunciamiento favorable a través de esta acción constitucional y, más aún, observando que este tipo de decisiones pueden eventualmente contribuir involuntariamente a la afectación de derechos fundamentales de otros administrados que se encuentren en similar situación a la del actor, se desestimará el presente recurso.

OCTAVO: Que, conforme a lo reflexionado precedentemente, estos sentenciadores manifiestan de este modo un cambio en su criterio jurisprudencial sobre la materia.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE RECHAZA el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Cúmplase, oportunamente, con lo establecido en el numeral 14° del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 2240-2022 Protección.