nombre reservado con JUNIOR COLLEGE S.A.

Arica, veintidós de septiembre de dos mil veintidós.

VISTO:

nombre reservado, cédula nacional de identidad RUT reservado, madre del menor de 12 años de edad, nombre reservado, cédula nacional de identidad RUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado y dedujo recurso de protección en contra del establecimiento educacional Junior College S.A., representada legalmente por nombre reservado cédula de identidad Nº RUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, por su actuar ilegal y/o arbitraria que vulneran las garantías constitucionales de los numerales 1º, 2º y 3º inciso quinto del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 11 de agosto pasado, en dependencias del Colegio recurrido, en horas de la mañana, concurre a Inspectoría una alumna de octavo año “C” individualizada con las iniciales I.C. señalando que un alumno le había proferido dichos de connotación sexual del siguiente tenor: “Te lo quiero meter y te lo quiero chupar”. Que, la mencionada expresión se le atribuyó a su hijo, previa comisión formada por dos profesores y un inspector general, aplicándosele in actum la medida de suspensión por tres días, sin respetar sus derechos ni la presunción de inocencia, omitiendo el justo y racional procedimiento a que debe someterse toda persona y la inexistente aplicación del protocolo contenido en el nombre reservado del Colegio.

Señala que fue citada al Colegio y se le informó de la situación ocurrida, que la presunta afectada señaló a su hijo como el autor de las mentadas expresiones y que dos alumnas más del mismo curso habrían manifestado que “se han sentido en algún momento entre comillas acosadas, observadas, y han escuchado comentarios” por parte de su hijo, quien al ser consultado negó haberlas expresado. Finalmente, se le indica que de acuerdo al Manual de Convivencia del Colegio, se le aplicaría la sanción de SUSPENSIÓN.

Asevera que además, fue informada de que existen otras alumnas de sexto y octavo año básico que han señalado que su hijo, las estaba “mirando” sin mencionar nombre, ni respaldar las expresiones dichas en denuncias formales en un registro del Colegio, ello sumado a que su hijo solicitó que su madre estuviese presente cuando le tomaran declaración, cosa que no sucedió.

Sostiene que la sanción del hecho calificado como “falta muy grave” trae aparejada las siguientes consecuencias, que perjudican el desarrollo y bienestar de su hijo, al privarle de participar en la academia de fútbol del Colegio, entre otras actividades:

a. Suspensión del estudiante a clases de tres días y aplicación de condicionalidad (Inspectoría).

b. Suspensión de la participación del estudiante en actividades relevantes del Colegio, tales como: Aniversario, jornadas culturales, recreativas, licenciaturas, etc… (Inspectoría).

c. No renovación de matrícula, previo informe de Orientación e Inspectoría ratificado por el Consejo de Profesores al término del año lectivo.

Expresa que en el historial escolar de vida de su hijo no existe anotación alguna pretérita, ni existen casos de denuncias en ese sentido que confirmen una conducta reiterada en el tiempo con relación a situaciones similares.

Sostiene que el 17 de agosto de 2022, ingresó, de acuerdo al nombre reservado, una apelación al Departamento de Inspectoría General, solicitando en particular que se deje sin efecto la medida de suspensión impuesta, por no ajustarse a un justo y racional procedimiento por no haberse realizado una investigación ajustada al Manual de Convivencia, ponderando de forma arbitraria los antecedentes expuestos, y por las serias deficiencias en orden a arribar a la efectividad de la imputación realizada. Apelación que deberá ser resuelta en 5 días hábiles, lo que a la fecha no ha sido resuelto.

Expone que el 18 de agosto pasado, recibió un correo electrónico de parte del Colegio señalando que la apelación deducida fue cursada y que previo a una investigación y elaboración de un informe con todos los antecedentes que obran en poder del Colegio, u otros que se recaben, se resolverá si la sanción se mantiene a firme o se elimina del registro de sanciones. Con igual fecha interpuso una denuncia ante la Superintendencia de Educación por los hechos acaecidos; y el Colegio al contar del 25 de agosto, en forma totalmente arbitraria da por terminada toda comunicación directa con la denunciante y/o que no sea a través de la Superintendencia de Educación, infringiendo su deber de pronunciarse respecto de la Apelación presentada por esta parte.

Arguye que su hijo cuestiona su sentir ante la exposición y acusación directa de la estudiante, no sabe cómo enfrentar su regreso al colegio, sintiéndose vulnerado en su bienestar emocional, y señaló no haber sido resguardado en su integridad psicológica, ya que manifiesta que no recibió apoyo y contención por parte de ningún miembro de la Comunidad Escolar, siendo sometido a una especie de comisión de Facto, en dependencias de Inspectoría, interrogándolo sobre lo ocurrido y que solamente se realizó la contención respecto de una de las partes involucradas.

Argumenta que el actuar de las autoridades del Colegio Junior College, fue arbitrario en el sentido que para calificar el hecho como “Falta muy Grave” se formó una Comisión que se aparta del Protocolo establecido para este tipo de situaciones, no respetando la integridad psíquica del niño, ni sus derechos, citando para ello el nombre reservado 2022-2023 del Colegio Junior College, Título XV “PROTOCOLO EN SITUACIÓN DE PRACTICAS ABUSIVAS SEXUALES ENTRE PARES” en el que se establece un procedimiento reglado, que da cuenta de las medidas a tomar y que en ningún caso se aplicaron a su hijo, a lo que se debe sumar como un acto reprochable el hecho que el Colegio aún no se pronuncia sobre la apelación interpuesta el 17 de agosto del 2022, a efectos que informe el procedimiento aplicado, si se garantizó los derechos del menor de edad, y por lo demás, se pronuncie sobre la eliminación o no de los antecedentes en el Registro de Sanciones.

Señala como GARANTÍAS vulneradas las establecidas en los numerales 1º, 2º y 3º inciso quinto del artículo 19 de la Constitución Política de la República, como asimismo los artículos 16, 28 y 40 de la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO.

Pide se acoja el presente recurso y se ordene al recurrido dejar sin efecto la medida de suspensión, así como toda sanción accesoria de la misma, además se elimine del Registro del Libro de clases y de su hoja de vida, toda anotación que dé cuenta de la medida impuesta; que se ordene al colegio, adopte las medidas tendientes a reparar la honra del niño frente a la comunidad estudiantil, adoptando procedimientos y protocolos adecuados y compatibles con la dignidad de su hijo y cualquier otra medida que esta Corte estime que sean conducentes al restablecimiento y protección de la integridad psíquica del menor, con costas.

Informó en su oportunidad el Colegio recurrido, negando la totalidad de las alegaciones efectuadas por la recurrente, exponiendo que la Inspectoría General del Colegio, en uso de sus atribuciones, aplicó la sanción de suspensión al estudiante nombre reservado, de acuerdo a lo estipulado en el nombre reservado, luego de recabar toda la información entregada por la alumna denunciante, las versiones entregadas por los alumnos testigos y las propias versiones del alumno denunciado, proceso que se entiende como investigación de los hechos, recogiendo las versiones de todos los involucrados las respectivas profesoras jefas.

Señala que el alumno no fue interrogado por una comisión especial ni que haya sido sancionada por esta y que el niño siempre fue objeto de protección de cualquier acto arbitrario o de discriminación, por parte de la Inspectoría del establecimiento y que no hubo aplicación de sanción alguna sin haber escuchado previamente las versiones y descargos de las partes.

Indica que la sanción impuesta no implica la condicionalidad o no renovación de la matrícula como tampoco la no participación en actividades relevantes del colegio, puesto que las mismas se aplican solo en caso de reiteración de aquellas faltas tipificadas como “muy graves”, previo informe de la Inspectoría General, Unidad de orientación y la proposición del Consejo de Profesores.

Refiere que adoptada la decisión de sancionar al alumno, la Inspectoría General, cita a la apoderada y comunica la resolución para posteriormente derivar el caso a la unidad de nombre reservado para efectos de realizar el trabajo formativo que corresponda. Es en esta instancia en que la recurrente, luego de escuchar las acusaciones vertidas en contra de su hijo y oír la versión del niño, acepta la resolución sin presentar objeciones, lo que consta del documento -Anexo Nº3- que acompaña a su informe.

Expone que el 17 de agosto la apoderada hace uso de su derecho y apela de la resolución de suspensión del niño, la que fue ingresada a trámite para dar respuesta en el plazo de cinco días hábiles, lo que fue notificado al día siguiente. Consta que el mismo 18 de agosto, la recurrente presentó una denuncia ante la Superintendencia de Educación.

Asevera que el 19 de agosto la Superintendencia propuso, un proceso de mediación entre las partes, lo que fue aceptado por el establecimiento educacional y que con fecha 23 del mismo mes la apoderada decide continuar con la denuncia presentada, incumpliendo a juicio del informante, con lo previsto en el Capítulo 8 letra b, Nº 4 del nombre reservado, sobre los deberes de los apoderados, razón por la cual el colegio decide suspender el proceso de apelación iniciado por la accionante, al haber decidido continuar la instancia superior de la Superintendencia.

Reconoce que en la hoja de vida del alumno no existe registro de conductas anteriores merecedoras de sanciones, no obstante aquello pide tener presente que la apoderada fue informada de un comportamiento similar de su pupilo en el mes de octubre de 2021, oportunidad en la que se solicitó su colaboración para evitar la repetición de estas conductas, lo que acredita con el Anexo Nº4 de los documentos que acompaña al recurso.

Finalmente, sostiene que el Colegio no ha actuado discriminatoriamente ni ha vulnerado los derechos del niño sancionado, que su actuar se ha ajustado a los antecedentes recogidos durante su investigación y en concordancia al nombre reservado que los rige, con el solo objeto de corregir una conducta impropia que afecta la integridad psicológica de una menor.

Por su parte, evacuó un informe la Superintendencia de Educación de esta ciudad, que luego de referirse a las competencias del Servicio y sus regulaciones legales, y sobre los hechos puestos en su conocimiento, expresa que la recurrente con fecha 18 de agosto de 2022, presentó una denuncia en contra del establecimiento recurrido por “situaciones de connotación sexual entre estudiantes y/o párvulos”, asignándosele el código CAS-19140-M6H3X8.

Refiere que atendido la denuncia, la Superintendencia abrió un periodo de información previo con el fin de conocer las circunstancias del caso, lo que se traduce en que la Unidad de Comunicaciones y Denuncias de la Dirección Regional solicita al Director del establecimiento educacional, informe acerca de los hechos denunciados y acompañe los documentos que dieran cuenta de las acciones adoptadas por ellos para dar cumplimiento a las disposiciones de la normativa educacional. A partir de la revisión de la documentación acompañada y de los antecedentes entregados por la denunciante, se determina si existen eventuales infracciones a la normativa, las que en el caso de existir, se derivaran a la Unidad de Fiscalización, para que ésta realice un procedimiento de fiscalización, cuyo fiscalizador como ministro de fe, dejará constancia en un acta de la existencia de contravenciones a la normativa educacional, debiendo en el caso, instruirse un procedimiento administrativo sancionador en contra del establecimiento, pudiendo formularse cargos, sobreseer o aplicar las sanciones del artículo 73 de la Ley Nº 20.529.

Sostiene que en el presente caso, analizados y revisados los antecedentes aportados, se han detectado presuntos incumplimientos a la normativa educacional vigente, por lo que la denuncia ha sido derivada a la Unidad de Fiscalización Regional, para que se evalúe el inicio de un procedimiento de fiscalización en el cual se debe tener presente, entre otros, que el sostenedor del establecimiento debe contar con un reglamento interno que señale las sanciones y reconocimientos que originan la infracción a las normas de convivencias o su destacado cumplimiento; no podrá establecer en su reglamento disposiciones que entreguen la facultad discrecional a la autoridad para determinar qué hechos serán considerados faltas y cuál será su gravedad y que antes de la adopción de medidas disciplinarias excepcionales, deberá justificar y acreditar debidamente su aplicación, debiendo comunicar a estudiantes y a sus padres, madres y/o apoderados, por escrito las razones por las cuales estas son adecuadas e informar las medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial que se adoptaran.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que, conforme a lo preceptuado en el artículo 20 de la Carta Fundamental, para la procedencia del recurso de protección, se requiere en primer término que quien la interponga sea el que por causa de actos u omisiones, arbitrarias o ilegales, sufra perturbación, privación a amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 en los numerales que menciona a continuación. Esto es, exige que sea el titular del derecho o garantía que requiere de protección, quien la deduzca, y en el caso que lo haga un tercero a nombre de otro, es este último el que debe detentar la calidad de personalmente afectado con la acción u omisión arbitraria o ilegal que lo motiva.

SEGUNDO: Que, el acto alegado como ilegal y arbitrario por la recurrente, corresponde a la decisión adoptada por el Colegio Junior College de Arica, comunicada el 18 de agosto de 2022, de suspender por tres días al niño protegido, como asimismo, las acciones realizadas por la Inspección General y profesores del establecimiento recurrido, quienes efectuaron un interrogatorio al niño, respecto de los hechos que se le imputaban, sin respetar sus derechos, el debido proceso y sin considerar lo estatuido en el nombre reservado que los rige.

TERCERO: Que, efectivamente, de acuerdo a los documentos allegados al recurso la adopción de una medida de tal naturaleza como la impuesta al niño debe ceñirse al procedimiento previsto en el nombre reservado del establecimiento educacional, el que señala los protocolos que deben seguirse para la adopción de las sanciones allí descritas.

CUARTO: Que, en lo pertinente, el nombre reservado, indica: “IX. DE LAS SANCIONES: Las faltas disciplinarias serán sancionadas con las medidas que fija la reglamentación vigente, sin prejuicio de las que a continuación se señalan, que no contravienen lo dispuesto en la legislación educacional actual (…)

a. Suspensión del estudiante a clases de tres días y aplicación de condicionalidad (Inspectoría).

b. Suspensión de la participación del estudiante en actividades relevantes del Colegio, tales como: Aniversario, jornadas culturales, recreativas, licenciaturas, etc… (Inspectoría).

c. No renovación de matrícula, previo informe de Orientación e Inspectoría ratificado por el Consejo de Profesores al término del año lectivo.

APELACIÓN a. El apoderado tendrá cinco (5) días hábiles para presentar apelación, por escrito a contar de la notificación, dirigida a la instancia que aplicó la medida. b. La instancia requerida tendrá cinco (5) días hábiles, desde su recepción, para resolver si acoge la apelación o la rechaza.

Por su parte el capítulo XV del Manual establece: “PROTOCOLO EN SITUACIÓN DE PRÁCTICAS ABUSIVAS SEXUALES ENTRE PARES (PAS):

� A. RECEPCIÓN DE RELATO: El adulto o funcionario del establecimiento que reciba el relato del NNA, o si recibe información de parte de otro estudiante que está en conocimiento de una práctica de connotación sexual con otro estudiante, deberá informar de inmediato al Director del establecimiento y/o nombre reservado. (El NNA debe ser escuchado y apoyado por el funcionario que reciba el relato, propiciando un ambiente de seguridad, tranquilidad y contención, demostrando comprensión e interés por la situación comentada sin emitir juicios de valor respecto a lo vivido por este.).

� B.REGISTRO DE INFORMACIÓN: El funcionario que tome el relato del NNA, debe registrar la información señalando los hechos de manera textual y sin interrumpir el relato del estudiante. El adulto que tome conocimiento NO deberá influenciar en el relato, pedir detalles en exceso o suponer situaciones que hayan pasado.

Se debe dejar respaldo escrito en registro del encargado de nombre reservado señalando los datos personales de los afectados únicamente. El plazo para esta diligencia no debe exceder las 4 horas desde que se informó el hecho al director.

C. ENTREGA DE INFORMACIÓN: La información debe ser entregada al Director del establecimiento con copia al Equipo de nombre reservado, esta unidad es la encargada de realizar el seguimiento del caso en coordinación con lo señalado por el Directo del establecimiento.

D. nombre reservado AL ESTUDIANTE INVOLUCRADO: El Director del establecimiento debe informar al estudiante y su apoderado(a) respecto a la “situación” expuesta en su contra, los hechos y cuáles serán los pasos a seguir según el protocolo de actuación.

El director del establecimiento, encargado de nombre reservado, dupla psicosocial o funcionario quien recibió la develación, deberán mantener resguardados la identidad e intimidad de NNA afectado y el funcionario implicado. (Cabe señalar que no se debe emitir ningún juicio de valor o comentario respecto a esta situación)

E. ACOMPAÑAMIENTO: El estudiante implicado y quien recibe el relato debe ser acompañado por psicólogo/a del colegio, quien integra el equipo de convivencia. Paralelamente otro integrante del equipo de convivencia tomará relato de la otra parte involucrada.

El director del establecimiento junto al encargado de nombre reservado y dupla psicosocial se reunirá para analizar antecedentes y definir estrategias preventivas y formativas para evitar que las conductas se repitan o generen perturbación en la comunidad escolar. Esta diligencia en un plazo de 24 horas informado el director.

F. INFORMACIÓN A LA FAMILIA Y/O ADULTO RESPONSABLE: El encargado de nombre reservado en compañía del Director del establecimiento deberá ponerse en contacto con el apoderado o tutor legal de ambos estudiantes el mismo día que se “hiso” (sic) la apertura de este relato, dejando registro por escrito de la información entregada y cuáles serán las medidas a tomar (…)”.

QUINTO: Que, al tenor de la disposición interna transcrita, puede concluirse a priori que resulta efectivo aquello señalado en el recurso, en orden a que el colegio recurrido no siguió el procedimiento que su propio Reglamento Interno dispone para la aplicación de una sanción de la naturaleza de la suspensión de clases del alumno nombre reservado.

SEXTO: Que, la vulneración de garantías reclamada se vincula con el incumplimiento del Reglamento Interno, lo cual pasa necesariamente por determinar si la no objeción expresa de la apoderada del niño al momento de la comunicación de la falta y que consta en un libro de atención de apoderados, bajo su firma, el no registro por escrito de la declaración del NNA involucrado y no acompañamiento por el profesional correspondiente en dicha actuación, la no resolución de la apelación presentada en contra de la sanción aplicada es o no suficiente para justificar la omisión en la tramitación del procedimiento de aplicación de sanciones que prescribe el señalado cuerpo normativo. En caso de constatarse una infracción de parte del establecimiento, resulta procedente la instrucción del procedimiento regulado en el Párrafo 5 de la Ley N°20.529, el cual debe seguirse ante la Superintendencia de Educación y que otorga a las partes las máximas garantías a fin de hacer valer sus pretensiones y derechos.

En efecto, es dicho organismo el encargado de fiscalizar, de conformidad a la ley, que los sostenedores de establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado se ajusten a las leyes, reglamentos e instrucciones que dicte la Superintendencia, en adelante la normativa educacional. Asimismo, fiscalizará la legalidad, respecto de los sostenedores de los establecimientos particulares pagados, sólo en caso de denuncia, la que fue realizada por la recurrente el día 18 de agosto. Además, proporcionará información, en el ámbito de su competencia, a las comunidades educativas y otros usuarios e interesados, y atenderá las denuncias y reclamos de éstos, aplicando las sanciones que en cada caso corresponda –artículo 48 de la Ley N°20.529– y, por tanto, es el órgano que debe determinar si existe o no, por parte del establecimiento, una infracción a las normas de su Reglamento Interno en los términos del artículo 46 letra f) del Decreto con Fuerza de Ley N°2, del año 2009, del Ministerio de Educación.

SÉPTIMO: Que, sin perjuicio de las competencias que le corresponda a la Superintendencia de Educación, de acuerdo a la Ley Nº 20.529, esta Corte no puede soslayar que el establecimiento educacional no dio cabal cumplimiento al protocolo establecido para estos casos por el propio recurrido, toda vez que no acreditó que el niño haya sido acompañado por un psicólogo durante este proceso, ni consta la versión de los hechos o la declaración del niño por escrito y que, además, aún no ha emitido pronunciamiento respecto de la apelación deducida por la apoderada dentro del plazo autoimpuesto en el nombre reservado, antecedentes todos que llevan a esta Corte de Apelaciones a acoger el recurso, por haberse conculcado la garantía fundamental del numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, desde que al no haber dado cumplimiento a la normativa interna, se ha dejado de tratarle de la manera igualitaria que la aplicación general de aquella implica para los demás miembros de la comunidad escolar.

Por las anteriores consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE ACOGE el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra del establecimiento educacional Junior College, sólo en cuanto se ordena dejar sin efecto la medida de suspensión aplicada al niño NNA, y consecuencialmente con ello se ordena omitir todo registro de estos hechos en la hoja de vida del estudiante, como asimismo de cualquier otro registro que para estos efectos lleve el Colegio recurrido.

Regístrese, notifíquese, oficiándose a la recurrida, y archívese en su oportunidad.

Rol N° 2239-2022 Protección.