Protección contra Colegio Ford College

A fojas 6 se presenta doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección a favor de su hija doña nombre reservado, en contra del Colegio Ford College, representado por su rector don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado de esta ciudad, señalando que a su hija no se le quiere renovar la matrícula para el año 2015 por problemas que tiene el apoderado con el colegio. Agrega que la niña es una excelente alumna e informa que la Superintendencia de Educación trató de negociar y se negaron rotundamente (sic).

Acompaña la documental de fojas 1 a 5 que se ha tenido a la vista.

A fojas 9 se declaró admisible la acción constitucional de protección y se pidieron los informes de rigor.

A fojas 22 informa la recurrida, mediante su Rector don nombre reservado, pidiendo el rechazo del recurso incoado, con costas, señalando que efectivamente el 18 de noviembre del año en curso se remitió una nota a la recurrente informándole que se había tomado la decisión de no renovar el contrato de prestación de servicios educacionales para el período 2015, debido a la actitud de hostigamiento que ha mantenido hacia la docente de tercero básico, doña nombre reservado, profesora jefe de su pupila, tanto en el ámbito pedagógico, como de convivencia escolar, lo que provocó un desgaste en la profesora y causando con ello una descalificación al trabajo realizado por las distintas instancias del establecimiento, entregando información errónea a otros organismos educacionales, lo que incluso obligó a la recurrida y a la docente a presentar una denuncia en la Superintendencia de Educación.

Agrega que dicha medida se tomó conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Ley General de Educación, el artículo 8 bis del Estatuto Docente, artículo 10 letra c) del Reglamento Interno y artículo décimo N°2 y N°4 del Contrato de Servicios Profesionales, esto es incumplimiento del apoderado del referido acto jurídico, decisión que fue tomada por el sostenedor en conjunto con el Consejo de Profesores, informándosele a la recurrente que disponía de cinco días hábiles para apelar de dicha determinación.

Expresa que la profesora jefe de la hija de la recurrente fue constantemente maltratada durante el año 2014 por quien interpone la acción constitucional, maltratos que consistieron en hostigamientos continuos y permanentes hacia el trabajo de la docente, tanto en forma escrita como verbal, desconociéndose las medidas adoptadas por la docente y queriendo imponer su criterio sobre las I \Js*sQ Arica, veintiséis de diciembre de dos mil catorce.

VISTO:

normas impartidas por el establecimiento, generando además denuncias con información falsa y errada, lo que fue informado en su momento por el informante al Director Regional de la Superintendencia de Educación, don Víctor Silva Lam, en tanto que existirían antecedentes que avalan la reiterada conducta de la recurrente desde que se inicia como apoderada en el establecimiento cuando su pupila cursaba el Nivel Transición II en el año 2011. Dichos hechos motivaron que la misma docente afectada informara a la Superintendencia del ramo que desde el comienzo del año escolar 2014 la recurrente trató de obstaculizar su trabajo, la acusó de aplicar autoridad en la sala de clases, no considerando que la profesora lleva más de 17 años de trayectoria profesional en el establecimiento, tratando de influir con sus juicios y descalificaciones sobre otros apoderados, creando un clima que no privilegia la armonía que debiera existir en el grupo curso, hecho que ha sido manifestado por la propia apoderada en reuniones de curso donde se desempeña como “delegada”.

Refiere que la recurrente, presentó denuncia N° CAS-23926-F4W150 por “Maltrato Psicológico de Adulto a Alumno”, ante la Superintendencia de Educación de Arica y Parinacota, en contra de la docente nombre reservado, acusándola de malos tratos a los alumnos de tercero básico, imputándole actos de amedrentamiento con el sistema de códigos que utiliza el colegio. En la misma se atribuye el consenso de todos los apoderados del curso para hacer dicha denuncia en la que concluyo denunciando actos de abuso de poder que ejerce la docente al utilizar estos códigos que ella y -según sus dichos- (sic) muchos de los apoderados ignoran su contenido. En tanto que a su vez dicho órgano contralor informó al establecimiento de la recurrida que “no se ha detectado en el proceder del establecimiento vulneración de la normativa, puesto que el establecimiento no ha recepcionado denuncia formal en contra de (a docente acusada por maltrato sicológico, por lo demás ¡as acusaciones en contra de la docente, no han podido ser demostradas ni evidenciadas.”. Es decir, mediante la investigación efectuada por la Superintendencia respectiva no se logra acreditar los hechos acusados por ia recurrente en su denuncia, por el contrario, la actora no presentó denuncia en contra de la docente, no obstante existir un Reglamento de Convivencia Escolar, el que ha sido aceptado y conocido por cada apoderado al momento de celebrar el contrato de prestación de servicios, entregándose una copia del mismo a cada apoderado en el momento respectivo.

Añade a sus argumentos de rechazo de la acción constitucional incoada que es deber del empleador, en este caso, el sostenedor compareciente, velar por la integridad física, psíquica y seguridad de cada trabajador en el desempeño de sus funciones, conforme lo establece el artículo 184 del Código del Trabajo, norma aplicable, además, por mandato expreso del Estatuto Docente mediante el artículo 8 bis de dicho cuerpo legal, de suerte que las conductas que la recurrente ha ocasionado a la docente nombre reservado, deben ser cauteladas por el ente empleador.

Finaliza señalando que mediante el procedimiento empleado no se ha vulnerado ninguna garantía constitucional, además de no citada en el Recurso respectivo, pues conforme al procedimiento que regula el desempeño y ejercicio del Contrato de Prestación de Servicios, a la recurrente se le notificó oportunamente la determinación del sostenedor de no renovar el contrato para el año 2015, determinación que fue apelada por la afectada y posteriormente ratificada por el Consejo de Profesores, según acta de 24 de noviembre del año en curso, de modo que no existe acto arbitrario o ilegal por parte de la recurrida, por lo que pide tener por evacuado el informe respectivo y en definitiva rechazar, con costas el recurso de protección de marras.

Acompaña la documental de fojas 11 a 21 que se ha tenido a la vista.

A fojas 25 se trajeron los autos en relación.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección, contemplado en nuestra Constitución Política, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, frente a situaciones que de no mediar una pronta acción provocarían un detrimento en sus garantías constitucionales, por ello es que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para perseguir su amparo cuando crea que sus derechos constitucionales son amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, y la Corte de Apelaciones competente deberá adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado.

SEGUNDO: Que, concordante con lo anterior lo que se pretende con la interposición de un recurso de protección es provocar la intervención jurisdiccional de la Corte de Apelaciones en resguardo de la observancia de los derechos constitucionales conculcados.

TERCERO: Que, el asunto sometido a la decisión de esta Corte y que se indica como acto arbitrario, o ilegal que priva, perturba o amenaza las garantías constitucionales se hace consistir en la no renovación de la matrícula de la niña nombre reservado, para el año escolar 2015.

CUARTO: Que, esta Corte, teniendo en consideración que este arbitrio constitucional es desformalizado en cuanto a la presentación de la prueba, al efecto hará el análisis de la documentación presentada a effectum videndi por la recurrida en estrado, a saber, el contrato de prestación de servicios educacional, celebrado entre la recurrente y la recurrida el 16 de diciembre de 2013, respecto de la niña nombre reservado, y también el Reglamento Interno del establecimiento educacional subvencionado denominado Ford College, rolantes a fojas 27 y 28, respectivamente.

QUINTO: Que, primeramente, cabe señalar que el establecimiento educacional de que se trata, para decidir la no renovación del contrato educacional de la niña referida, llevó a cabo el procedimiento establecido en la parte final del Título X y en el Título XI del Reglamento Interno del Colegio Ford College, puesto que de la decisión en cuestión, tomada por el Rector del establecimiento, recurrida mediante el recurso de apelación establecido en el reglamento referido, fue ratificada por el Consejo de Profesores, conforme consta a fojas 20.

SEXTO: Que, la tantas veces mencionada resolución está avalada por lo establecido en el artículo 10 de Ja Ley N° 20.370, Ley General de Educación, que en su letra c), estatuye que los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa; como, asimismo, el artículo 8 bis de Ley N° 19.970, Estatuto Docente, que repite los mismos conceptos recién mencionados, teniendo en consideración que la denuncia formulada por la recurrente ante la Superintendencia de Educación, fue desestimada, teniendo en consideración que no se ha detectado en el proceder del establecimiento vulneración a la normativa, puesto que no se ha recepcionado en dicho organismo, denuncia formal en contra de la docente nombre reservado, acusada por maltrato psicológico, por lo que las acusaciones en su contra no han podido ser demostradas o evidenciadas, según el documento agregado a fojas 14.

Por ende, tal decisión aparece respaldada por lo establecido tanto en ei contrato de prestación de servicios educacionales celebrado el 16 de diciembre de 2013, entre recurrente y recurrida, cláusula décima, numerales 2 y 4, como también en la letra c) del artículo 10 del Reglamento Interno del colegio, por la misma razón.

SEPTIMO: Que, en estas circunstancias, no se avizora por estos sentenciadores vulneración alguna a las garantías constitucionales protegidas por el artículo 20 de la Carta Fundamental, especialmente las consagradas en los números 2, 3 inciso 5o, y 24, del artículo 19, lo que obliga a desestimar esta acción constitucional.