nombre reservado con SERVICIO DE SALUD ARICA (HOSPITAL REGIONAL DE ARICA DR. JUAN NOÉ CREVANI)

Arica, veintiocho de junio de dos mil veintitrés.

VISTO:

PRIMERO: Que, comparece doña nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de SERVICIO DE SALUD ARICA, representado legalmente por su Director (S) don nombre reservado, ambos con domicilios en la ciudad de Arica, denunciando como acto ilegal y arbitrario los actos administrativos correspondientes a la Resolución Exenta N°1738 de 08 de agosto de 2022 que instruyó el sumario administrativo, luego la Resolución Exenta N°856 de 05 de abril de 2023 que estableció la sanción de destitución, y finalmente la Resolución N°10 de 28 de abril de 2023 que rechazó el recurso de reposición en contra de la anterior, confirmando la medida disciplinaria, con vulneración de las garantías establecidas en los numerales 1°, 2°, 3° y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Tras dar cuenta de la legitimación activa, plazo de interposición y de que en el caso de autos los derechos tienen la condición de indubitados, y por tanto está habilitada para el ejercicio de la presente acción constitucional, señala que la recurrente ingresó a prestar servicios para el organismo recurrido como funcionaria titular en 2015, grado 16 EUS, manteniéndose en el servicio con excelentes calificaciones durante siete años y con irreprochable conducta hasta la aplicación de la sanción de destitución.

En este sentido, indica que el 08 de agosto de 2022 se instruyó sumario para determinar y establecer los hechos de la denuncia de 27 de julio de 2022, remitido mediante sobre cerrado, designándose fiscal al efecto, el que se cursó con una serie de afectaciones al debido proceso, sumario que concluyó con la resolución recurrida que aprobó la sanción propuesta de destitución, sin considerar ninguna de las alegaciones vertidas en el proceso, así como tampoco de las atenuantes al caso y sin motivar el correspondiente acto administrativo, recurriendo respecto de dicha reposición, la cual también fue rechazada.

Así, señala que la presente acción tiene por finalidad solicitar el restablecimiento de las garantías fundamentales transgredidas mediante la instrucción del sumario, y la resolución que aprueba el mismo y aplica la medida disciplinaria y aquella que rechaza la reposición en contra de la anterior.

En cuanto al fondo, indica que en el sumario se formularon dos cargos, el primero por acoso laboral consumado en contra de nombre reservado, y el segundo por maltrato laboral consumado en contra de la Oficina de Informática TICS, proponiendo el fiscal la absolución respecto del segundo y la destitución por la primera, la cual fue aprobada y mantenida por la recurrida tras la reposición.

Respecto a las vulneraciones alegadas, indica que, en primer lugar, se afectó el principio de proporcionalidad de las sanciones, toda vez que la conducta imputada no puede calificarse como falta de probidad, puesto que no ha sido de la entidad suficiente ni reiterada en el tiempo ni existe denuncia anterior, lo que es consistente con sus calificaciones sobresalientes, por lo que no hay proporcionalidad entre la gravedad de los hechos y la aplicación de la sanción, siendo dicho principio un límite al ejercicio de la potestad discrecional de la administración.

Como segunda vulneración señala la falta de consideración a la circunstancia modificatoria de responsabilidad de irreprochable conducta anterior, en relación a la aplicación del principio de proporcionalidad, debiendo haber adoptado la autoridad recurrida, medidas preventivas para corregir las eventuales anomalías en su desempeño funcionario, lo que no ocurrió, máxime que tenía siempre tuvo un desempeño funcionario destacado e irreprochable en el servicio.

Agrega que la resolución que rechazó la reposición, además, fue dictada con inobservancia al deber de fundamentación, al no explicitar de qué manera se entiende gravemente vulnerado el deber de probidad, y por otro lado no tiene presente lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en cuanto una contravención al principio de probidad administrativa no implica necesariamente la sanción de destitución del infractor, sino que se debe ponderar otros factores que mitiguen o excluyan la responsabilidad administrativa. De esta forma la fundamentación sería superflua y aparente, contradictoria estableciéndose un plano de desigualdad ante la ley, entendiendo además que la conducta no es grave, puesto que produce un daño menor y es realizado de forma esporádica.

Finalmente, señala que la Excma. Corte Suprema ha señalado que la motivación del acto administrativo es un requisito indispensable, y en caso que el acto aparezca desmotivado implica arbitrariedad e ilegalidad. De esta forma la Resolución incurre en un yerro al utilizar fundamentos formales e imprecisión en el contenido de la resolución, con solo referencias formales de dictámenes y afirmaciones fácticas, sin determinar los fundamentos, lo que dificulta el derecho de igualdad ante la ley de persona inculpada, citando jurisprudencia nacional e internacional.

En cuanto a los derechos conculcados, cita el derecho a la vida e integridad física, desde la variante del derecho a la vida digna, citando jurisprudencia internacional que incluye la posibilidad de ejercer un trabajo o bien el goce de bienes, tales como vivienda, educación, salud, esparcimiento, servicios públicos, seguridad social, cultura, y que el Estado debe abstenerse de actuaciones que signifiquen privar a los individuos del legítimo ejercicio de los derechos.

De esta forma, señala que se ha atentado en contra de la dignidad humana en su manifestación de vida digna, siendo privada de una fuente laboral y con ello del sustento económico para desarrollar su vida y amparar el desarrollo progresivo y el interés superior de sus hijos de actuales 24 y 30 años de edad, que se encuentran sin trabajo y dependen económicamente de la recurrente.

Agrega que, desde la aplicación de la sanción ha tenido que enfrentar un cuadro severo de depresión, debiendo asistir con profesionales de salud mental para enfrentar en la enfermedad debiendo incurrir en gastos para enfrentar una vida más adecuada.

Asimismo, se ve afectada la igualdad ante la ley puesto que en diversas etapas de la tramitación vulneró flagrantemente dicha garantía, conllevando a una errónea aplicación de la sanción disciplinaria impuesta afectando no solo un acto arbitrario e ilegal al contrariar las disposiciones del Estatuto Administrativo, sino que además importa una vulneración del derecho de igualdad ante la ley garantizada constitucionalmente, y relacionado con lo anterior se afecta el principio de proporcionalidad al aplicar la sanción de destitución por vía de una errónea interpretación legal.

Del mismo modo, se afecta la igualdad ante la ley de la aplicación del derecho al debido proceso, puesto que el procedimiento administrativo sancionatorio disciplinario, que se expresa en ilegalidades relacionadas al derecho a una decisión fundada, indicando que la resolución que rechaza el recurso de reposición simplemente reproduce la resolución que motiva los cargos y emite la decisión sancionatoria. También se afecta el derecho de propiedad en relación a los derechos funcionariales del recurrente, impidiendo con ello el legítimo ejercicio de los mismos, incluyendo derechos incorporales como el de la estabilidad en el empleo y las remuneraciones.

Por todo lo anterior, solicita que se acoja el recurso, y se declare la ilegalidad del acto administrativo que aplica la sanción disciplinaria y del sumario administrativo, ordenando se deje sin efecto la sanción de destitución aplicada, disponiendo una sanción administrativa proporcional y que se dicte el correspondiente acto administrativo fundado y ajustado a derecho; y en conjunto a lo anterior se ordene efectuar el pago de las remuneraciones que deje de percibir la recurrente con ocasión de los actos administrativos que declare ilegales y arbitrarios, vulneratorios de derechos fundamentales.

SEGUNDO: Que, en su oportunidad, evacuó informe el Servicio de Salud de Arica, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

Tras indicar brevemente el contenido del recurso, alega como cuestión previa la improcedencia de la tramitación del recurso, fundado, en primer lugar, en que respecto de las resoluciones que ordenaron la instrucción del sumario y la que establece la sanción, por haber transcurrido más de treinta días desde la dictación de aquellas. Además, indica que el resultado final del proceso es incierto toda vez que aún se encuentra pendiente el control de legalidad entregado a Contraloría General de la República, puesto que la Resolución N°10 de 28 de abril de 2023 solo fue puesta en conocimiento a fin de que, paralelo a la toma de razón, la recurrente interpusiera, de considerarlo necesario, dentro del plazo legal el reclamo de ilegalidad, que no realizó. Finalmente, también indica que la recurrente no distingue si la vulneración corresponde a una amenaza o perturbación efectiva a sus derechos.

En cuanto al contexto del proceso sumarial, indica que la sanción se llevó a cabo en respuesta a las orientaciones Presidenciales respecto a la eliminación de todo trato prepotente, irrespetuoso o discriminatorio, conforme al conjunto de normas que ampara la prevención, sanción y erradicación de este tipo de conductas que pueden llegar a afectar a las personas que trabajan en el Estado y a la ciudadanía, en particular en relación al derecho a la vida e integridad física y psíquica, detallando su consagración constitucional y legal.

Ahora, en cuanto a los hechos, señala que la recurrente ingresó al servicio en el año 1997, desempeñando sus actuales funciones desde el 01 de septiembre de 2018, y que respecto al procedimiento disciplinario, indica que siempre se resguardó el principio del debido proceso, indicando que se inició el sumario por medio de denuncia a través de sobre cerrado, por parte de un funcionario del lugar donde ejerce sus funciones la recurrente, por haber incurrido en conductas de maltrato y acoso laboral en su contra, y que el proceso se desarrolló sin inconvenientes, con dos fiscales instructores a cargo del proceso, con estricto cumplimiento de las normas que los rigen y los principios orientadores en este tipo de casos, pudiendo las partes presentar sus declaraciones, incorporar pruebas, siendo notificada la recurrente de manera personal, solicitando copia del proceso y solicitando plazo adicional para ejercer su derecho a defensa, lo que fue aceptado, así como también el hecho de contar con asesoría letrada.

Da cuenta de los dos cargos formulados, precisando que solo respecto de uno de ellos se estableció sanción, precisando que respecto de éste, se fundó en la existencia de tres episodios en que se ejercieron actos en menoscabo o descrédito respecto del funcionario denunciante, con el uso de improperios que se encuentran fuera de una relación de confianza, agregando que el fiscal instructor, con el mérito de dicha investigación formuló el segundo cargo, relativo al maltrato ejercido por la denunciada en contra de la unidad en la que se desempeña, donde darían cuenta que, cuando la denunciada se encontraba en funciones no existía clima laboral, pero que cuando ella se ausentaba, la oficina era unida, con amenas jornadas de trabajo.

En este sentido, indica que no habría vulneración alguna al debido proceso, pues se recibieron sus descargos, se rindió prueba, y se realizaron las notificaciones que correspondan, con la posibilidad de ejercer el derecho al recurso, sin perjuicio que la recurrente decidió no ejercer el de ilegalidad que le esgrime el artículo 141 letra a) del DFL 29 Estatuto Administrativo.

En cuanto a las vulneraciones denunciadas, sin perjuicio de reiterar la alegación de extemporaneidad de las dos primeras cuestionadas, señala que no se afecta el principio de proporcionalidad de la sanción toda vez que respecto del hecho por el cual se impuso la sanción ello corresponde a una conducta grave, deliberada y reiterada, que incluso absolviéndose del segundo de los cargos igualmente procedía dicha sanción respecto del primero, indicando con precisión la improcedencia de las demás sanciones que establece la legislación, señalando que respecto de la amonestación, ella era desproporcional con la infracción; respecto de la multa, pues a pesar de ello se mantendrá el elemento que generó el sumario, el cual es la relación existente entre el denunciante y la denunciada; en relación a la suspensión, puesto que se señala que estos hechos se desarrollan con el retorno a la presencialidad, post pandemia, por lo que la medida no se justificaría puesto que los actos se reiteraban cada vez que ella iba y volvía, generando un ambiente laboral no grato para los funcionarios, siendo por tanto la aplicable la de destitución, encontrándose fundada en lo dispuesto en el artículo 125 del Estatuto Administrativo, tal como lo razonó en las resoluciones impugnadas, siendo proporcional a la conducta reiterada de la denunciada, la cual ocasionó un menoscabo, atentó contra la dignidad y perjudicó a las condiciones laborales y de vida de uno de sus compañeros funcionarios, a quien en reiteradas oportunidades humilló frente a sus pares en la oficina, hechos que la actora incluso llegó a justificar o menospreciar en gravedad, todo lo cual se condice con las definiciones, normas, directrices y el procedimiento de investigación de los Maltratos y Acoso Laboral y Sexual. Agrega que, respecto de la reiteración, ello obedece a los actos cometidos entre mayo y julio de 2022, indicando que no fue sancionada como reincidente en este tipo de actos, como lo sostiene la defensa de la recurrente, no siendo procedente una rebaja de la sanción por no existir denuncias previas o tener excelentes calificaciones, atendida la gravedad intrínseca de la conducta.

Incluso señala que la calificación de la proporcionalidad es una atribución de la autoridad sancionadora, puesto que conforme a dictamen de contraloría, la entidad fiscalizadora solo se avoca a examinar si existieron infracciones al debido proceso, a la normativa legal o reglamentaria o si se observa una decisión de carácter arbitraria, cuestión que aún no ocurre, no encontrándose afinado por tanto el proceso sumarial, puesto que se remitió el expediente para el control de legalidad pero que, por la limitación eleccionaria, no podría resolverse sino dentro de los 60 días posteriores al proceso eleccionario realizado el 07 de mayo del año en curso, cuestiones que impiden, por el momento, la cesación en el cargo, manteniéndose incluso el pago de las remuneraciones de manera íntegra.

En cuanto a la circunstancia modificatoria de responsabilidad que no habría sido considerada, indica que ella no surtió efecto dada la envergadura de los hechos y la gravedad de los actos realizados, indicando que la autoridad, al decidir aplicar la sanción, no se encuentra obligado a estimar la buena conducta anterior invocada por el peticionario amparándose en jurisprudencia administrativa. Sin perjuicio de ello, señala que tampoco indica la actora como es que se veía obligada la autoridad a considerar la atenuante ni como debió haber sido aplicada, aunque si deja entrever una suerte de reconocimiento de responsabilidad, al sostener que pudieron haberse tomadas medidas preventivas para corregir eventuales anomalías, pero que, de las declaraciones prestadas por la actora y por los psicólogos laborales del servicio, no son efectivas, puesto que, al intentar la reasignación del lugar de trabajo, solicitada por la funcionaria, ello fue rechazada por la misma antes de 48 horas de su requerimiento. Del mismo modo, tampoco fue posible obtener resultados conforme a lo que se intentó con la mediación, ya sea grupal o en particular con el denunciante, quien intentó en reiteradas ocasiones la conciliación antes de llegar a la denuncia, buscando una mediación solo entre ambos, lo que fue rechazada por la denunciada.

Respecto a las eventuales vulneraciones producidas por la Resolución N°10 de 2023, que rechazó la reposición, indica que asiste plena convicción que la infracción al deber de probidad administrativa cometida por la recurrente que se cataloga de grave, no solo por los aspectos ya mencionados, sino también por el nivel de afectación a la vida e integridad física y psíquica del funcionario enfermo por dicha situación como lo indicó el psicólogo laboral en su declaración, por lo que no puede sino rechazarse los argumentos tendientes a minimizar el sentido de lo realizado y a calificar la fundamentación del acto de superflua.

En cuanto al análisis de la sanción a aplicar, para fundamentar la resolución en comento, se reiteran argumentos de tipificación de la conducta, la cual si bien no tiene una sanción prefijada por el legislador, si corresponde a una conducta grave constituyendo una falta grave a la probidad que puede ser sancionada. En este sentido, pudiendo ser causal de destitución y en atención a que la conducta comprobada es de carácter grave, reiterada y constituye una falta grave a la probidad por parte de la funcionaria, correspondía fuere sancionada con la más gravosa de las sanciones que dispone el ordenamiento estatutario.

Finalmente, sobre las garantías fundamentales eventualmente transgredidas, indica que respecto al derecho a la vida e integridad física y psíquica, carece de total veracidad y resulta imposible asegurar que tanto ella como sus hijos mayores se hayan visto afectados con la consecuencia de una medida que aun siquiera implica la privación de su fuente de trabajo y de sus remuneraciones, por no encontrarse aún materializada, recibiendo incluso sus remuneraciones de manera regular y oportuna, las que han sido pagadas incluida la correspondiente al día 24 del presente mes.

Agrega que, respecto a los eventuales gastos por depresión, ello no obedece a cuestiones de índole laboral, pues la recurrente omite que se encuentra haciendo uso de licencia médica que no obedece al proceso sumarial ni a cuestiones de índole laboral, sino de larga data, debido a vivencias de niñez, y que debido a su calidad de funcionaria pública, goza de la garantía de que sus remuneraciones se pagan de manera íntegra, siendo la recurrida quien luego se encarga de obtener el reembolso de lo pagado de la institución previsional, sin perjuicio de que por ser beneficiaria del programa PRAIS, sus atenciones son gratuitas en la red pública de salud.

En cuanto a la igualdad ante la ley, sostiene que la recurrente solo se limita a transcribir doctrina y jurisprudencia, sin explicar cómo ni cuándo se le ha dado un tratamiento distinto en un caso similar al de autos, y de la misma forma ocurre con la igualdad ante la ley en la aplicación del derecho al debido proceso, encontrándose con una lacónica defensa circunscrita solo a la reproducción de textos y normas.

Sin embargo, sostiene que la sustanciación en el proceso sumarial fue conforme a las garantías constitucionales, en particular a la de justicia y racionalidad en los procesos investigativos, cumpliendo con los estándares establecidos en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, indicando que respecto al derecho a ser oída, la funcionaria prestó declaración en al menos tres ocasiones, incluida una cuarta cuyo mérito fue determinada por ella y acogido por el fiscal; se aplicó la presunción de inocencia, puesto que ella no adquirió el carácter de inculpada sino hasta que le formularon y notificaron válidamente los cargos; fue comunicada detalladamente de la acusación formulada, como consta de la notificación del expediente sumarial, del cual incluso se presentaron los descargos; además se le otorgó el tiempo y los medios adecuados para presentar la defensa, puesto que contaron con un plazo de 10 días hábiles para formularlos, contando oportunamente con la copia del expediente; teniendo además derecho a defensa, que se ejerció mediante mandato judicial; y finalmente se aseguró el derecho a recursos, presentando recurso de reposición en contra de la resolución que determinó la sanción.

Respecto a que requiriera una decisión fundada, reitera los argumentos de fondo ya referidos, mientras que respecto del derecho de propiedad invocado y la limitación de la carrera funcionaria de la recurrente, su empleo y remuneraciones, refiere que la decisión adoptada es consecuencia del actuar de la actora, habiéndose dispuesto un justo y racional proceso disciplinario del que ha resultado su responsabilidad como se ha explicado.

Ahora, respecto del petitorio, indica que yerra la recurrente al solicitar la ilegalidad de un acto que fue dictado con más de 30 días previos a la interposición del recurso, como ocurre con la resolución que dispuso la sanción, y que respecto a la solicitud de que se ordene efectuar los pagos de las remuneraciones, no ha dejado ni dejará de pagar las remuneraciones hasta que no se encuentre afinado el proceso, por lo que resulta improcedente en la medida que la funcionaria sigue formando parte de la repartición hasta que se notifique el acto terminal, plazo que se desconoce incluso.

Agrega en cuanto al derecho aplicable, señala que la acción cautelar no está destinada a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones cumplidas en un sumario administrativo, lo que corresponde a la administración, siendo solo un examen de juridicidad que comprende la razonabilidad de la medida adoptada y si se ha cumplido el principio de proporcionalidad, siendo privativa de la administración el establecimiento de los hechos, la participación, valoración de la prueba y la calificación de gravedad de la infracción.

Finalmente, respecto al derecho de propiedad invocado y la limitación de la carrera funcionaria, su empleo y remuneraciones, señala que el artículo 46 del Estatuto Administrativo señala que el personal gozará de estabilidad en el empleo y sólo podrá cesar en él, entre otras, por causales legales basadas en su desempeño deficiente o en el incumplimiento de sus obligaciones, agregando que éstas deberán acreditarse en las calificaciones correspondientes o mediante investigación o sumario administrativo.

Por lo anterior, solicita el rechazo del recurso, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

QUINTO: Que, el acto considerado por la recurrente como ilegal y arbitrario corresponde a la destitución que se consigna a partir del proceso sumarial ordenado en la Resolución Exenta N°1738 de 08 de agosto de 2022 que instruyó el sumario administrativo, luego la Resolución Exenta N°856 de 05 de abril de 2023 que estableció la sanción de destitución, y finalmente la Resolución N°10 de 28 de abril de 2023 que rechazó el recurso de reposición en contra de la anterior, confirmando la medida disciplinaria.

SEXTO: Que, en primer lugar, respecto de la alegación de extemporaneidad sostenida por la recurrida, si bien efectivamente las dos primeras resoluciones cuestionadas fueron dictadas fuera del plazo de 30 días que establece el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, no es menos cierto que ellas forman parte de un proceso complejo y permanente en lo que corresponde a la prosecución ante la autoridad recurrida, el cual finalizó en dicha sede con la Resolución N°10 de 28 de abril de 2023, por tanto, se encuentran dentro del plazo referido para su interposición.

SÉPTIMO: Que sin perjuicio de lo anterior, y conforme al mérito del proceso, se desprende que el acto cuestionado aún no ha sido objeto de control por parte de Contraloría General de la República, por vía del trámite de toma de razón, lo cual se desprende del correo electrónico remitido por parte de la recurrida a la entidad contralora, así como del propio hecho que se han seguido pagando las remuneraciones de la recurrente, razón por la cual el acto cuestionado, en este estadio procesal, no tiene el carácter de terminal, susceptible de ser amparado por esta vía judicial.

OCTAVO: Que, a mayor abundamiento, tampoco la presente es la vía idónea para resolver la cuestión debatida, toda vez que el recurso de protección es una acción cautelar de urgencia, existiendo otras vías procesales, tanto procesales como administrativas, para resolver respecto del fondo de lo debatido, al ser cuestiones de lato conocimiento.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto en favor de recurrente nombre reservado en contra del Servicio de Salud de Arica.

Se previene que la Ministra Ríos concurre a la decisión del rechazo de la presente acción constitucional, solo considerando el fundamento séptimo precedente.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 221-2023 Protección