nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
- Fecha
- 24 de marzo de 2020
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Arica, Rol N° 221-2020, sentencia de 24 de marzo de 2020
Resumen
Se rechaza la protección contra la Municipalidad de Arica por no renovar la patente de alcoholes: no se acreditó la cesión de derechos hereditarios de los demás herederos, había antecedentes penales y el local estaba en venta y en litigio, sin acto ilegal o arbitrario.
Texto íntegro
Arica, veinticuatro de marzo de dos mil veinte.
VISTO Y CONSIDERANDO:
Primero: Que, comparece Milton César Rojas Cancino, abogado, en representación de nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos, en domicilio reservado, y deduce recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Arica, representada por su Alcalde, don Gerardo Espíndola Rojas, ambos con domicilio en domicilio reservado, por haber vulnerado sus garantías constitucionales consagradas en los numerales 2, 3 inciso quinto, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.
Deduce su acción constitucional en contra de la dedición adoptada en la sesión extraordinaria del consejo Municipal efectuada el 31 de enero de 2020, en la que se decidió no renovar la patente de alcoholes Rol 4-57, careciendo de fundamentos legales y fácticos para ello.
Señala que la recurrente, doña nombre reservado, es hija de nombre reservado, quien falleció el día 6 de marzo de 2017, dejando 9 hijos, todos herederos abintestato.
Sostiene que de conformidad al Certificado de Posesión Efectiva Nº 21942, del año 2017, el Director Regional del Servicio de Registro Civil e Identificación de Arica y Parinacota, por Resolución Exenta Nº 90, de 12 de abril de 2017, concedió la posesión efectiva de doña nombre reservado, figurando sus herederos directos y por representación. A su vez, dicho certificado, da cuenta, además, de los bienes quedados a su fallecimiento, entre otros, la patente de alcoholes, “Fuente de Soda Rol Nº 4-57”, otorgada por la Ilustre Municipalidad de Arica, siendo ésta transmisible a sus herederos.
Alude que luego de la muerte de nombre reservado, se continuó con el pago de los derechos municipales, de la antedicha patente, correspondientes al segundo semestre del año 2017, y ambos semestres de los años 2018 y 2019, respectivamente.
Indica que el 14 de mayo de 2019, la recurrente, nombre reservado, ingresó a la Ilustre Municipalidad de Arica, una solicitud de cambio de nombre y transferencia para que la Patente Rol Nº 4-57, acompañando para ello, la cesión de derechos hereditarios de los restantes herederos de nombre reservado.
Afirma que, desde el ingreso de su petición a la Municipalidad recurrida, no se ha dado respuesta, salvo la solicitud de algunos antecedentes para completar información, todo ello durante todo el año 2019.
Agrega que de manera informal, tomó conocimiento de la no renovación de la Patente de Alcoholes Rol Nº 4-57, realizada por la recurrida, ya que uno de los herederos de nombre reservado, que tiene derechos sobre la patente, posee antecedentes penales, lo que es un impedimento para la renovación.
Señala que la situación prontuarial de unos de los herederos no afecta el proceso de cambio de nombre y transferencia, toda vez, que la recurrente adquirió el 100% de la titularidad de los derechos sobre la patente aludida, al ser cesionaria de todos los demás herederos, y cuyos documentos fueron entregados a la Ilustre Municipalidad de Arica, en el mes de noviembre de 2019.
Expone que en el mes de enero del año en curso, el funcionario de la Unidad de Rentas de la Municipalidad de Arica, don nombre reservado, expuso ante el Concejo Municipal en dos oportunidades la situación de la patente de alcoholes de la recurrente, en una primera oportunidad, el 14 de enero de 2020, señalando al Concejo que la Municipalidad no podía renovar la mencionada patente, por cuanto, uno de los herederos de la titular de la patente de alcoholes tiene antecedentes penales. Luego, en su exposición ante el mismo Concejo, el 31 de enero de 2020, expuso una situación distinta, indicando que no existían antecedentes nuevos en relación con la situación de la patente de la recurrente, por lo que la Municipalidad a través de sus autoridades “no sometió a pronunciamiento su renovación, provocando su caducidad”.
Agrega que el 31 de enero de 2020, en sesión extraordinaria, el Concejo, Municipal de Arica decidió no renovar la Patente de Alcoholes Rol Nº 4-57 de la recurrente, careciendo de fundamentos legales y fácticos para ello.
Finalmente, sostiene que no constituye un impedimento que uno de los herederos registre antecedentes penales, pues la solicitud no estaba hecha para que se cambiara la patente, a nombre de la sucesión, sino que exclusivamente a nombre de la recurrente, quien en la misma solicitud hecha a la Unidad de Rentas Municipales, acompañó 15 declaraciones juradas notariales que dan cuenta de la cesión de derechos a la recurrente nombre reservado, por lo que el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal, es ilegal, carente de fundamentación arbitrario y, además, conculca de las garantías constitucionales señaladas.
Solicita que se acoja la acción constitucional ordenando a la recurrida que proceda a autorizar el cambio de nombre y renovar la patente de alcoholes Rol N°4-57 a nombre de la recurrente, dictando el acto administrativo que corresponda y dejando sin efecto un eventual Decreto Alcaldicio que se pudiera dictar sin encontrarse notificado y que impidiera la renovación, autorizando el pago de la Patente de Alcohol, fijándole un plazo al efecto, y ordenando a la recurrida se abstenga de realizar actuaciones que signifiquen nuevas vulneraciones de garantías constitucionales de la recurrente, con costas.
Segundo: Que, en su oportunidad, la Ilustre Municipalidad de Arica, a través de su abogado, Ricardo Iturriaga Quispe, informó, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 de la Ley N° 19.925 que regula el expendio de bebidas alcohólicas, las Municipalidades pueden otorgar patentes para su expendio, tanto en la parte urbana como en la rural de la comuna. Concordante con lo anterior, el artículo 5 de la Ley N° 19.925 dispone que las patentes se concederán en la forma que determina esta ley, sin perjuicio de la aplicación de las normas de la Ley de Rentas Municipales y de la ley Nº 18.695, en lo que fueren pertinentes. A su turno, el artículo 9 de la mencionada norma, consigna: “En la patente deberá anotarse el nombre del dueño, número de su cédula de identidad con indicación del lugar de su otorgamiento y la dirección del negocio. Iguales anotaciones se harán respecto del adquirente, en caso de transferencia de la patente. Las patentes sólo pueden transferirse previa inscripción en la oficina municipal que corresponda, y a personas que no estén comprendidas en las prohibiciones del artículo 4º. Las patentes de establecimientos clausurados definitivamente son intransferibles.”. En este mismo sentido, el artículo 16 del Decreto N° 484, reglamento para la aplicación de los artículos 23 y siguientes del Decreto Ley N° 3.063 que regula las rentas municipales, prescribe: “La transferencia de establecimientos amparados por la patente municipal, debe registrarse en el Municipio dentro de los 30 días siguientes de producirse y se acreditará mediante el título correspondiente.”.
Sostiene que tal como lo prescribe la letra c) del artículo 4 de la Ley N° 19.925, para efectos de una transferencia de patente de alcohol, se deberá observar que el requirente no haya sido condenado por crímenes o simples delitos.
Agrega que a juicio de la recurrida, procede que se inscriba una patente de alcohol a nombre de una sucesión hereditaria o posteriormente, a nombre de quien la haya adquirido por sucesión por causa de muerte, sin embargo, la Municipalidad debe verificar si los herederos se encuentran en alguno de los supuestos consignados en el citado artículo 4 de la Ley N° 19.925.
Asimismo, señala el recurrido que la solicitud en análisis fue presentada por doña nombre reservado, la cual requirió el cambio de titular de la patente de alcohol, la que aún se encuentra registrada bajo el nombre de su madre fallecida. En dicho contexto, sólo es posible la inscripción de la franquicia a nombre de la comunidad hereditaria o sucesión, siempre que se haya gestionado la obtención de su Rut ante el Servicio de Impuestos Internos. Además, cada uno de los herederos de la sucesión debe cumplir íntegramente los requisitos establecidos en el artículo 4 de la Ley N° 19.925.
Por su parte, para efectuar el cambio de nombre de la patente de alcohol de que se trata, a nombre de la recurrente, cabe indicar que no se han acompañaron documentos que den cuenta de la cesión de derechos, de los quince herederos que al igual que ella concurren a la masa hereditaria, sin que sea factible reconocer a las autorizaciones adjuntas, la aptitud de transferir a la requirente, el dominio que a cada comunero le corresponde en los bienes dejados por la causante. Lo anterior es así, ya que dichos documentos, en todos los casos, solo buscan habilitar a la contribuyente a hacer uso del bien raíz ubicado en domicilio reservado, como domicilio comercial, pudiendo realizar todos los trámites y gestiones necesarias ante el SII, Municipalidad de Arica y donde sea necesario para iniciación de actividades, para lo cual se le han otorgado amplias facultades.
Expone que a través del Oficio Ordinario N° 3027/2019 de 3 de octubre de 2019, del Director de Administración y Finanzas, se le señaló a la recurrente, en relación a su solicitud de cambio de nombre de la patente Rol N°4-57, que se revisaron los antecedentes, detectándose que no cuenta con el total de la documentación requerida, ya que existen 16 herederos y se acompañaron 15 certificados de antecedentes, faltando incluir los de nombre reservado, además se requiere presentar certificado de actualización de dominio vigente, por lo que se solicita la documentación faltante para poder continuar con la tramitación requerida. Asimismo, a través del Oficio Ordinario 94/2019 de 7 de octubre de 2019 el jefe de Inspecciones Generales, emitió un informe respecto de la solicitud de cambio de nombre de la patente de alcohol Rol N° 4-57 con domicilio comercial en domicilio reservado, dándose cuenta que dicha propiedad cuenta con tres puertas hacia la calle con diferentes números domiciliarios: 1043, 1045, 1047 bajo el siguiente detalle: 1043: Existe local comercial sin actividad desde el primer semestre 1998, el que fue ocupado por nombre reservado, bajo patente Rol N° 24270, Giro: Importaciones y Exportaciones, la N° 1045: Casa habitación desocupada, sin moradores y la 1047: Lugar donde funcionaba la patente de expendio de cervezas Rol N° 4-57 de propiedad de nombre reservado, fallecida el 6 de marzo de 2017. En la fiscalización se pudo establecer que dicha propiedad se encuentra a la venta por medio de corredor de propiedades, lo cual fue indicado por nombre reservado, quien señaló que la propiedad se encuentra en litigio familiar.
Agrega la recurrida, que en virtud de todos los antecedentes expuestos, el 30 de enero de 2020 en la sesión extraordinaria N° 01 el Concejo Municipal, se acordó no renovar la patente de alcohol N°4-57. Que tal situación fue comunicada a la Dirección de Administración y Finanzas mediante ordinario 44/2020 de 4 de febrero de 2020, suscrito por el secretario del Concejo Municipal, remitiendo el acta de acuerdo N° 027/2019, el cual acordó no renovar la patente de alcohol Rol 4-57 a nombre de nombre reservado. Que, a su vez, la decisión del Concejo Municipal, se tradujo en la dictación del Decreto Alcaldicio N° 1659/2020 de 17 de febrero de 2020, que deniega la renovación de la patente de alcohol Rol 4-57.
Finalmente, solicita el rechazo del recurso de protección, con costas.
Tercero: Que, en cuanto al recurso de protección de garantías constitucionales, contenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio, es decir, se trata de un derecho esencial de la persona humana a la tutela jurisdiccional, a través de un procedimiento rápido y eficaz en protección de los derechos constitucionales.
Cuarto: Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.
Quinto: Que, el hecho imputado como ilegal y arbitrario consiste, a juicio de la recurrente, en no autorizar el cambio de nombre y renovación de la patente de alcoholes ROL 4- 57, acordado en la sesión extraordinaria N° 01 del Concejo Municipal, pues se fundamenta en que no se reúnen los requisitos que lo hacen procedente al registrar uno de los herederos antecedentes penales vigentes.
Sexto: Que, de los antecedentes acompañados, especialmente, del Decreto N° 1659/2020, de la Ilustre Municipalidad de Arica, que deniega la renovación de patente de Alcohol Rol 4-57, a nombre de nombre reservado, consta en lo resolutivo, que “conforme al Acuerdo N° 27, adoptado en la Sesión Extraordinaria N° 01/2020 del Consejo Municipal, con fecha 30 de enero de 2020, que acuerda no renovar esta patente, puesto que para inscribir una patente de alcoholes de una persona fallecida, debe inscribirse a nombre de todos los herederos registrados en la posesión efectiva, siempre que no ocurra alguna der las causales del artículo 4 de la Ley 19.925, además, según lo informado por las inspecciones, el local indicado para ejercer la actividad se encuentra en venta y la propiedad está en litigio familiar, por lo tanto, no acredita tener un local para activar la patente.”.
Séptimo: Que el artículo 65 de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, dispone: “El alcalde requerirá el acuerdo del consejo para: o) Otorgar, renovar, caducar y trasladar patentes de alcoholes. El otorgamiento, la renovación y el traslado de estas patentes, se practicara previa consulta a las juntas de vecinos respectivas.”.
Octavo: Que, el artículo 4 de la Ley 19.925 dispone: “No podrá concederse autorización para la venta de bebidas alcohólicas a las siguientes personas: 3.- Los que hayan sido condenados por crímenes o simples delitos.”.
Noveno: Que analizados los antecedentes, es posible concluir que la recurrida actuó conforme a las normas legales, en lo relativo a la decisión de denegar la renovación de la patente, esto es, se adoptó con acuerdo del Concejo Municipal, previo informe del asesor jurídico y en mérito de todo ello, se dictó un decreto alcaldicio, el que, además, se encuentra fundado en los hechos y el derecho. En particular debe tenerse presente, que la no renovación de la patente de alcoholes, es una consecuencia legal directa de no cumplir los requisitos establecidos en el artículo 4 de la Ley 19.925, toda vez que uno de los integrantes de la sucesión hereditaria, nombre reservado, registra antecedentes penales vigentes, lo que impide tal inscripción y la consecuente renovación de la patente, no siendo procedentes la inscripción a nombre de la recurrente, toda vez, que de los antecedentes, no se advierte la cesión de los derechos hereditarios de los demás herederos, debiendo en este caso efectuarse la inscripción a nombre de la sucesión, siempre que se cumpla por estos, los requisitos legales, cuestión que como se ha señalado en la especie no ocurre, por lo que el acto cuestionado y que se reprocha de ilegal o arbitrario, no adolece de los vicios a que se alude. A mayor abundamiento, de acuerdo a las inspecciones realizadas, el local indicado para ejercer la patente de alcoholes, se encuentra en venta y la propiedad en litigio familiar por lo que no existe un local respecto del cual pueda hacerse uso de la mentada patente. Por ende, habiéndose ajustado la denegación de la patente, a derecho, esta Corte no vislumbra como se podría haber vulnerado el derecho a la propiedad o el derecho a desarrollar cualquier actividad económica.
Décimo: Que, a mayor abundamiento, el artículo de la Ley 19.925 dispone de un procedimiento especial para la reclamación con un término probatorio Undécimo: Que, de todo lo anterior no es posible concluir la existencia de un acto u omisión arbitrario o ilegal, vulneratorio de los derechos que la recurrente estimó infringidos y que motivaron la interposición de esta acción constitucional, y por lo demás, de accederse a lo peticionado por la recurrente de protección, implicaría un pronunciamiento de carácter declarativo, estableciendo o constituyendo derechos, respecto de una petición con falencias constatadas por la autoridad administrativa, que la hacían inviable, usándose el presente recurso constitucional, con la finalidad de salvar dichos defectos, por lo que la presente acción constitucional, debe ser rechazada.
Duodécimo: Que el resto de los antecedentes acompañados por la recurrente, en nada altera lo concluido por esta Corte.
Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:
I. Que SE RECHAZA la acción de protección interpuesta por el abogado Milton César Rojas Cancino, en representación de nombre reservado.
II. Déjase sin efecto orden de no innovar. Ofíciese al efecto.
Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.
Rol N° 221-2019 Protección.