Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

Arica, veinticuatro de julio de dos mil veinticinco.

Proveyendo el escrito de folio N°11: A todo, téngase presente.

VISTOS:

Comparece Don nombre reservado, Abogado, por sí y a favor de don nombre reservado, empleado, de nacionalidad peruana e interpone Acción de Protección de garantías constitucionales en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la omisión ilegal y arbitraria en dictación del acto terminal que aprueba o rechace solicitud de residencia definitiva, esto, desde su solicitud realizada en fecha 04 de noviembre de 2024 por impedir dicha omisión el principio de igualdad ante la Ley, conforme lo preceptuado en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9, 14, 24 y 27 de Ley 19.880.

Respecto de los hechos nombre reservado, ingresa al país en calidad de turista, estando dentro, cambia su situación migratoria a residente por visa otorgada, con el fin de continuar su proyecto de vida dentro de Chile.

Relata que el recurrente, solicita en fecha 04 de noviembre de 2024 el beneficio migratorio de residencia definitiva, constando en comprobante de consulta de trámites con clave única que se acompaña al recurso.

De este modo es necesario destacar que el recurrente se encuentra privado de derechos fundamentales en virtud de la demora que ha mantenido el recurrido de forma arbitraria en dar respuesta a su solicitud, encontrándose completamente limitado en tramites esenciales de la vida cotidiana, ya que, al no ser titular de un visado vigente en virtud de los largos tiempos de espera para acceder a una respuesta por parte del recurrido, no logra acceder a tramites básicos y cotidianos.

El recurrente al no contar con un cédula de identidad vigente se ha visto coartada y postergada la libertad de acceder a distintas instituciones tanto públicas y privadas ya que se encuentran inmersos por un trámite tardío y demorado, limitando la capacidad de contratar servicios, abrir cuentas bancarias, solicitar o renovar productos bancarios, solicitar créditos, a postular a mejores oportunidades laborales, solicitar licencia para conducir, entre otros, vulnerando el derecho de igualdad ante la Ley. Al momento de realizar algún tipo de acción donde requiera identificarse se le manifiesta de forma verbal que debe contar con una cédula de identidad vigente para realizar cualquier tipo de tramitación, imposibilitando un libre ejercicio ante cualquier institución al que recurra, colocando a el recurrente en una situación de afectación y vulneración antes las limitaciones que trae al no tener resuelta su solicitud para posteriormente renovar su cédula de identidad, que, si bien es cierto, el contar con una solicitud de visa en tramitación los mantiene en estado regular dentro del país, no es menos cierto que en un sentido pragmático no corresponde a la realidad de quien se encuentra en esta situación que afecta derechos fundamentales para un libre desarrollo y desempeño.

También debemos destacar que, el recurrente de autos, puesto que por la larga espera de respuesta por parte del Servicio Nacional de Migraciones en resolver las solicitudes de permanencia definitiva los deja en un estado de incertidumbre al no saber si podrá reunificarse nuevamente con sus familiares por no contar con el mencionado permiso, siendo este requisito sine qua non exigido por el servicio recurrido para comenzar con este trámite, vulnerando el derecho a la reunificación y protección de la familia, derecho que debe ser protegido por el Estado y con el que el Constituyente apertura la carta magna vigente.

En base a lo anterior, es posible sostener que la recurrida no ha adoptado medidas reales y eficaces que tiendan a atender las peticiones planteadas por los administrados, dentro de un procedimiento administrativo reglado, con plazos claros establecidos en la Ley que obligan a las autoridades y personal de la Administración Pública en la tramitación de los asuntos, plazos que se pretenden dejar abiertos sin importar que ello vulnere derechos fundamentales como en el caso de autos, puesto que no resulta razonable las esperas exageradas de parte del servicio recurrido.

Por lo anterior es que se puede concluir, que la recurrida debe tramitar las peticiones administrativas planteadas dentro del plazo previamente establecido por nuestro constituyente y legislador, y solo excusarse en la salvedad señalada por la misma norma, siempre y cuando se verifique y motive para el caso particular tal implicancia, ya que no basta una excusa generalizada en la cantidad de solicitudes planteadas, que solo permite evidenciar el poco interés de la recurrida en adoptar medidas eficaces y reales que permitan dar respuesta a los administrados conforme a los principios y plazos Ley sobre bases de los procedimientos administrativos, entendiendo que el fin último del estado son las personas de acuerdo al principio de servicialidad, por lo que estas esperas ilegales y arbitrarias, pugnan finalmente, con los derechos fundamentales de los administrados, y permitir tal situación, derivaría en un retroceso para un Estado de Derecho y para el ejercicio de los derechos fundamentales de los administrados.

Pide tener por interpuesto Recurso de Protección en contra del recurrido, por la omisión ilegal y arbitraria en dictación del acto terminal que aprueba o rechace solicitud de residencia definitiva, acogerlo a tramitación ordenando al recurrido que se pronuncie sobre la misma dentro de un plazo de 60 días, conforme con los principios que le impone su reglamentación en el artículo 37 de la Ley 21.325 y en el artículo 46 de su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N°296 de 2022 o el que Vuestra Señoría estime conforme al mérito de autos y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho, todo lo anterior con expresa condena en costas.

Informa Sandra Denisse Zuluaga Acosta, abogada de la Dirección Regional de Arica y Parinacota del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando desde el rechazo en todas sus partes del recurso, ya que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición.

Relata que, con fecha 04 de noviembre de 2024, el recurrente ingresó solicitud de residencia definitiva, ID 71450481.

Posteriormente, con fecha 01 de julio de 2025, mediante notificación electrónica Folio N°81349574, se le solicita al recurrente lo siguiente: Certificado de antecedentes del país de origen. CAP NO VERIFICABLE: Debe remitir mediante correo certificado, dirigido a Residencias Definitivas, San Antonio N°580, Santiago, el Certificado De Antecedentes Original debidamente legalizado por el Consulado y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Posteriormente, deberá responder esta notificación de más antecedentes, adjuntando el comprobante de envío de Correos De Chile, donde se identifique el código de seguimiento de la carta certificada.

Contrato De Trabajo y Certificado De Vigencia. Contrato de Trabajo y sus anexos, legalizado ante notario y autorizado por éste, mediante firma electrónica avanzada. Certificado de vigencia del Contrato de Trabajo, legalizado ante notario y autorizado por éste, mediante firma electrónica avanzada.

Se le indica al recurrente que una vez cumplida la subsanación de antecedentes se habilitará el pago de derechos correspondientes al permiso de residencia definitiva.

Que, con fecha 03 de julio de 2025, se inició la etapa de Resolución de la solicitud, la cual se encuentra en estado pendiente.

El artículo 78 de la Ley 21.325, Ley de Migración y Extranjería señala: “Residencia definitiva es el permiso para radicarse indefinidamente en Chile, que autoriza a desarrollar cualquier actividad lícita, sin otras limitaciones que las que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias”.

Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Migración y Extranjería señala: “Al Servicio le corresponderá otorgar, prorrogar y revocar los permisos de residencia y permanencia definidos en este Título, con excepción de aquellos correspondientes a residentes oficiales, que serán de competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores”.

Según lo señalado por el artículo 27 de la Ley 19.880 el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor.

Como es de público conocimiento, el aumento exponencial de los movimientos migratorios hacia el país, de carácter voluntarios o forzosos, proveniente de diversos países, pero principalmente de nacionales de Venezuela y Haití, tuvo por consecuencia un aumento importante en la cantidad de solicitudes recibidas por esa autoridad. Específicamente, en el periodo correspondiente al año 2020 al año 2024, esa autoridad registra alrededor de 635.000 solicitudes de residencia definitivas recepcionadas.

Todo lo anterior significó un justificado y razonable retraso por parte de la autoridad migratoria en la resolución de este tipo de trámites que ha sido reconocido como por sentencias ejecutoriadas como un caso fortuito que excusa la dilación de las solicitudes de residencia definitiva, en los términos de artículo 27.

Sin perjuicio de lo anterior, esta parte entiende que el plazo establecido en el artículo 27 es un plazo que entra en la categoría de “no fatales”, debido a que la Ley no declara expresamente que tenga dicha naturaleza, como tampoco existe alguna sanción de caducidad asociada al transcurso del plazo.

La Excelentísima Corte Suprema, en sentencia de 20 de marzo de 2023, causa Rol N°115064-2022, de la Excelentísima Corte Suprema, sobre la apelación de una acción de protección de idéntica naturaleza al de autos, ha decidido zanjar la discusión sobre la naturaleza del plazo establecido en el artículo 27 de la Ley 19.880, confirmando la tesis de ese Servicio de que dicho plazo no es de naturaleza fatal para la Administración.

Por lo demás, la tramitación de la solicitud del recurrente sigue la misma tramitación legal y reglamentaria que cualquier otro extranjero, no existiendo ninguna diferencia arbitraria ni ilegal, y por lo demás, mientras se mantenga en tramitación la solicitud, las personas no tienen limitaciones para salir e ingresar al país sin más limitaciones que las que establece la Ley, así como plena libertad de desarrollar actividades remuneradas lícitas, y en general, adquirir todo derecho u obligación civil conforme lo establecido en el artículo 57 del Código Civil.

El hecho de que el plazo del artículo 27 no sea fatal para dar término a los procedimientos administrativos, refuerza el hecho de encontrarse ajustado a derecho el actuar de la autoridad administrativa, máxime cuando es pacífico que ha dado tramitación legal a la solicitud de residencia definitiva recibida, sustanciando su tramitación, dándole curso progresivo, y poniendo a disposición del recurrente el respectivo comprobante que acredita su residencia regular en el país.

Señala que la solicitud de residencia definitiva del recurrente se encuentra actualmente en trámite, pudiendo acceder el extranjero a un certificado que acredita tal situación, en los términos del artículo 1 N°25 de la Ley de Migración y Extranjería, y del artículo 45 del Decreto N°296 de 12 de febrero de 2022, Reglamento de la Ley de Migración y Extranjería.

Artículo 1 (Ley de Migración y Extranjería). - Definiciones. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: (…) 25. Residencia en trámite: Certificado otorgado por el Servicio al extranjero que realiza una solicitud, cambio o prórroga de un permiso de residencia, que da cuenta del inicio del proceso de tramitación respectivo.

Artículo 45 (Reglamento). Al extranjero que realiza una solicitud, cambio o prórroga de un permiso de residencia, el Servicio le otorgará un certificado de residencia en trámite que dará cuenta del inicio del proceso de tramitación respectivo.

Ese certificado de residencia en trámite podrá habilitar al extranjero a desarrollar actividades remuneradas, solamente cuando la subcategoría migratoria a que accede considere dicha posibilidad. Esta habilitación para desarrollar actividades remuneradas se mantendrá vigente durante el periodo en que la solicitud principal a que accede se encuentre pendiente de resolución.

La Ley de Migración y Extranjería ha establecido una serie de normas protectoras que tienen por objeto asegurar el legítimo ejercicio de los derechos de todos los extranjeros solicitantes de un permiso de residencia definitiva. En efecto, en virtud de los artículos 38 y 45, en relación con el artículo 43, todos de la Ley de Migración y Extranjería, todo ciudadano extranjero que ostente un certificado de residencia definitiva en trámite mantiene situación migratoria regular en el territorio nacional.

Además, el artículo 38 de la Ley de Migración y Extranjería protege la libertad personal y la seguridad individual de todos los extranjeros que ostentan un certificado de residencia en trámite, determinando que son libres para entrar y salir del país, sin limitaciones, aun cuando el permiso de residencia que poseía anteriormente haya perdido su vigencia.

En segundo lugar, los extranjeros residentes en Chile también pueden acreditar su condición migratoria regular en el país si es que éstos poseen una cédula de identidad vigente.

Sin perjuicio de ello, los interesados podrán solicitar al Servicio que el permiso de residencia les sea además incorporado en el pasaporte, trámite que estará sujeto al pago de derechos.

Finalmente, y vinculado a lo anterior, la Ley de Migración y Extranjería, en su artículo 43 inciso final, protege el legítimo ejercicio de los derechos de los extranjeros al establecer, de pleno derecho, la prórroga de la vigencia de la cédula de identidad de extranjeros, siempre y cuando su titular pueda acreditar que mantiene una solicitud de permiso de residencia en trámite.

En el caso de autos, el recurrente mantiene una solicitud de residencia definitiva en trámite, puede acceder a un certificado que acredita dicha condición y posee una cédula de identidad para extranjeros, la cual, aun en el caso de que se muestre como vencida a la fecha de este informe, ha sido prorrogada en su vigencia por el sólo ministerio de la Ley, mientras su solicitud se encuentre en estado de trámite.

Mantiene entonces la contraria, a la fecha de este informe, condición migratoria regular en el país y cuenta con un documento de identificación vigente y válido para ser presentado ante cualquier organismo público y privado, por lo que es posible descartar cualquier vulneración de sus garantías fundamentales por el mero hecho de que su solicitud de residencia no se encuentre resuelta.

En la presente acción de protección se alega la supuesta configuración de una omisión arbitraria o ilegal por no dictar esta autoridad un acto terminal respecto a la solicitud de residencia definitiva de la contraria, y que dicha omisión generaría por sí sola una supuesta vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales.

La existencia de una protección legal para los solicitantes de residencia definitiva, latamente enunciada en el capítulo anterior, ha hecho concluir a la Excma. Corte Suprema que la mera ausencia de un pronunciamiento final sobre una solicitud de esta naturaleza no puede ser calificada, por sí sola, como una vulneración de garantías fundamentales. Así fue dispuesto en el considerando Octavo de la sentencia citada anteriormente.

Finalmente, señala que en el evento que S.S. Iltma. entienda que existe alguna vulneración en las garantías de la contraria, por determinar que el estado de pendencia de su solicitud de residencia conlleva un detrimento al legítimo ejercicio de sus derechos ante terceras personas u organismos públicos o privados, la Excma. Corte Suprema estableció, en la sentencia citada, la falta de legitimación pasiva de esta parte.

Cualquier acción jurisdiccional intentada que tenga por causa el desconocimiento del artículo 43 de la Ley de Migración y Extranjería por un tercero deberá ser dirigida en contra de aquella persona u organismo que haya desplegado efectivamente la conducta reprochable, y no en contra del Servicio Nacional de Migraciones, tal como ha sido establecido por la Excelentísima Corte Suprema.

La pretensión de la contraria, manifestada en la presente acción de protección, es identificar la demora de la resolución de su solicitud de permiso de residencia como una omisión por parte de esta autoridad que, por sí sola, traería aparejada una serie de perturbaciones y dificultades en su vida cotidiana y que ha subsumido como una amenaza o vulneración a sus garantías fundamentes.

De forma más específica ha identificado la conducta de este Servicio como un atentado en contra de su derecho a la igualdad ante la Ley, reconocido en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, es posible concluir es que la presente acción de protección no puede prosperar debido a que no se verifica ninguno de los requisitos establecidos por la Constitución para su interposición, puesto que: i. No existe una conducta ilegal o arbitraria desplegada por este Servicio, debido a que el plazo establecido por la Ley para la terminación de acto administrativo no es fatal para la Administración. ii. Ha quedado claramente establecido que la mera tardanza en la resolución de una solicitud de residencia presentada por un extranjero no puede ser identificada como una conducta que perturbe sus garantías fundamentales.

Ejemplos de fallos recientes de la Excma. Corte Suprema son numerosos: roles N°(s) 54666-2024, 44598-2024, 56252-2024, 55515-2024, 56005-2024, 55974-2024, 55770-2024, 56561-2024, 60699-2024, 60420-2024, 60041-2024, entre otros varios.

En virtud de las consideraciones anteriormente indicadas, teniendo presente que esta parte ha actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, es que entiende esta autoridad que no existe acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en el Artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Pide se rechace el recurso.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la Ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, el acto considerado por la recurrente como ilegal y arbitrario corresponde a la omisión de pronunciamiento respecto de su solicitud de permanencia definitiva presentada el 04 de noviembre de 2024, habiendo transcurrido en exceso el plazo para resolver su requerimiento.

CUARTO: Que, en virtud de los antecedentes esgrimidos en el recurso y por la recurrida en su informe se advierte que esta última solicitó al recurrente certificado de antecedentes del país de origen y contrato de trabajo, indicándole que cumplido lo anterior habilitaría el pago de los derechos al permiso de residencia definitiva. Con fecha 03 de julio de 2025 se inició la etapa de resolución de la solicitud.

QUINTO: Que, sin duda ha existido una demora en la resolución de la petición del recurrente. No obstante lo anterior, esta Corte no puede dejar de advertir que no es ésta la vía para lograr obtener una orden judicial que acelere el pronunciamiento que se pretende por el recurrente, aventajando de esta forma a quienes efectuaron igual solicitud a la suya con fecha anterior a la misma, dado que ello pudiere eventualmente vulnerar el principio de igualdad ante la Ley, que consagra el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, precisamente respecto de aquellos que ven más demoradas aún las respuestas a sus pretensiones, frente a quienes de contrario, a través de alguna acción cautelar favorable, obtienen que la autoridad administrativa se avoque con prioridad y preferencia al análisis y a la resolución de sus requerimientos.

En este orden de ideas, aparece relevante reflexionar que en forma previa a disponer cualquier medida cautelar o de tutela de derechos, el órgano jurisdiccional debe realizar siempre la ponderación de idoneidad, necesidad y proporcionalidad de aquellas que le son requeridas o de las que oficiosamente puedan ordenarse.

SEXTO: Que del mérito de los antecedentes se desprende de manera clara, además, que la recurrida no ha incurrido en ninguna ilegalidad ni arbitrariedad, por cuanto ha dado prosecución al procedimiento dentro de los tiempos que la ley establece y respecto de la arbitrariedad ella no aparece fundada fácticamente en el recurso, lo que hace imposible su análisis y consecuente admisión.

SEPTIMO: Que, en mérito de lo expuesto en los motivos precedentes, no se advierte por esta Corte una vulneración o amenaza a la garantía constitucional invocada, por cuanto la demora en dar respuesta a la solicitud de otorgamiento de un permiso de permanencia definitiva se encuentra circunscrita en el ámbito de un procedimiento reglado y cuyo avance es posible de verificar en forma pública, asimismo, los eventuales inconvenientes que se esgrimen en el recurso, no son tales, pues tal como se consignó, al informar la autoridad migratoria, afirma que la recurrente mantiene su situación migratoria regular, pudiendo por tanto, ingresar y egresar del territorio nacional sin límite, en tanto esté vigente el permiso de residencia respectivo y su permiso de residencia definitivo en trámite; y se cumplan los requisitos que exigen la Ley de migración y su reglamento, como lo indica el artículo 38 de la Ley 21.325, teniendo en consideración, además, lo asentado por la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema (ROL N°115064-2022), por lo cual, no es posible establecer de los presupuestos fácticos que invoca el recurrente la existencia de vulneración a la garantía constitucional aludida en los términos pretendidos por el actor, motivo por el cual se deberá rechazar la acción de protección.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE RECHAZA el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Se previene que la Ministra, señora Ríos concurre a la resolución precedente, salvo respecto del fundamento que alude a una posible preterición de derechos de otras personas, pues estamos en presencia de una acción constitucional abierta para todos los que puedan verse afectados por una posible vulneración del derecho fundamental de que se trata.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

ROL 210 - 2025 Protección.