nombre reservado con UNIVERSIDAD TARAPACA

Arica, dieciocho de marzo de dos mil veinte.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la abogada doña Sandra Negretti Castro, en representación de don nombre reservado, Rut N° RUT reservado, Asistente Social, académico en calidad a contrata, jerarquía instructor B, grado 9° B, domiciliado en domicilio reservado, dedujo recurso de protección en contra de la Universidad de Tarapacá, Rut N° RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, por haber dictado el día 30 de enero de 2020, el Decreto que promulgó el Acuerdo N° 1978 de la Junta Directiva de la Universidad de Tarapacá, el cual se resolvió por unanimidad de sus integrantes aprobar la sanción de petición de renuncia en contra del recurrente, vulnerando con ello la garantía constitucional del inciso quinto del numeral del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que el recurrente junto a la Universidad de Tarapacá, el día 8 de enero de 2015, celebraron un “Convenio de Becas”, por el cual nombre reservado Maramabio debía realizar un Programa de Doctorado en la Universidad de Chile, con una duración de cuatro años, desde el 1 de marzo de 2016 hasta el 31 de marzo de 2019, debiendo reintegrarse a sus funciones como docente en el plazo de 10 días contado desde el término de la Comisión de Servicio.

Indica que al recurrente se le inicio un sumario administrativo el día 27 de diciembre de 2018, debido a que no informó oportunamente a la recurrida que no se matriculó en el programa de doctorado de ciencias sociales en el año 2018, por haber recibido en el año 2018 comisiones de servicio con ocasión de su doctorado, en circunstancia que no estaba matriculado, además de haber recibido durante el año 2018 remuneraciones por encontrarse cursando el programa de postagrado, en circunstancia que no se encontraba matriculado en dicho programa.

Arguye que el sumario administrativo concluyó con el Decreto Exento N° 00.950/2019 de 9 de septiembre de 2019, en el cual se le aplicó al recurrente la medida disciplinaria de solicitud de renuncia, sanción contemplada en letra e) del artículo 3, 8 y 12 b) de la Ordenanza de Sumarios Administrativos para funcionarios de la Universidad de Tarapacá.

Expone que las conductas que se le acusaron e imputaron al recurrente y que fueron objeto de cargos, no son constitutivas de infracción o incumplimiento al artículo cuarto del Convenio de Becas.

Menciona que la cláusula quinta del referido Convenio, indica cuando debe terminar anticipadamente dicho acuerdo: “Las partes acuerdan expresamente que la Comisión de Estudios terminaría anticipadamente por las siguientes causales:

a) El no cumplimiento de los objetivos el programa para los cuales se otorgó la Comisión de Estudios, b) La modificación no autorizada de los objetivos del programa en la obtención del grado académico.

c) Por evaluación negativa realizada por la comisión de Perfeccionamiento Externo del informe que debe enviar el académico de conformidad a lo establecido en la letra e) de la cláusula anterior y, d) Por vencimiento del plazo o término anticipado de la designación a contrata previo informe académico documentado de la interesada.”. (sic).

A juicio del recurrente, de la norma transcrita se desprende, que al recurrente se le debió sancionar con el término anticipado del Convenio de Becas, en consecuencia, no debió haberse realizado un sumario administrativo en contra de aquel, y menos aún habérsele aplicado la sanción de petición de renuncia, debido a que el propio convenio consagra incluso una sanción pecuniaria en caso de incumplimiento.

Complementa que al recurrente se le está sancionado cuando realizaba un programa de becas, teniendo la calidad de becario y no desempeñaba un cargo académico, y la sanción que se le aplicó no están contempladas en el programa de becas, siendo este el único estatuto que le resulta aplicable. Agrega, que tampoco le fueron consideradas las circunstancias atenuantes que le beneficiaban.

Concluye que al rechazarse su recurso de apelación se vulneró el derecho al debido proceso, consagrado en el inciso quinto del N°3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, menciona que dicha resolución no contienen los elementos mínimos que debe contener todo acato administrativo.

Solicita que se acoja la presente acción constitucional, retrayendo el sumario administrativo seguido en contra del recurrente, dictando una nueva resolución fundada y motivada al efecto por una autoridad no inhabilitada, con costas.

SEGUNDO: Que, el abogado don Felipe Rivera Rivera, en representación de la Universidad de Tarapacá, evacuando el informe solicitado por esta Corte, señaló, que el recurrente se encuentra vinculado con la recurrida calidad de académico, con un nombramiento a contrata, con jornada completa.

Refiere que mediante el Decreto Exento N° 00.1307/2018, de 27 de diciembre de 2018, la Universidad de Tarapacá, instruyó un sumario administrativo en contra de nombre reservado.

Agrega que los académicos de la universidad, pueden ser beneficiarios de becas para efectos de realizar “perfeccionamientos externos, en otras universidades nacionales o extranjeras, a fin de mejorar sus grados académicos”, para lo cual, conforme a su normativa interna (Ordenanza de Perfeccionamiento Académico Externo de la Universidad de Tarapacá), la Universidad suscribe un convenio de perfeccionamiento externo con el académico beneficiario, donde se establecen los derechos y obligaciones.

En el caso específico a las partes del presente recurso, suscribieron un Convenio de Becas, para realizar un Programa de Doctorado en Ciencias Sociales, con una duración de 4 años en la Universidad de Chile, bajo la modalidad sistema presencial, desde el 1 de marzo de 2015 hasta el 31 de marzo de 2019. Se autorizó al becario para ausentarse de sus labores habituales durante el tiempo de vigencia de la comisión de estudios señalada en la cláusula primera, debiendo reintegrarse a su trabajo en la Universidad dentro de 10 días contados desde el término de la comisión. La universidad se obligó mantener su nombramiento a contrata, previo informe académico documentado del interesado, a pagarle las remuneraciones, reajustes y bonificaciones legales que devenguen mientras dure el perfeccionamiento, y a absorber las horas de docencia de la carga académica del becario, por medio de la respectiva unidad académica. Por su parte, el becario se obligó para con la Universidad a una serie de actuaciones, dentro de las cuales, cabe destacar para el presente recurso, las siguientes:

“…d) Enviar, dentro del plazo de dos meses contados desde el inicio de la Comisión de Estudios, al Departamento de Recursos Humanos y Bienestar de Personal, la documentación oficial otorgada por la Institución donde se realizará el perfeccionamiento, en la cual debe constar su incorporación al Programa Académico correspondiente.

e) Enviar al término de cada período académico de su perfeccionamiento al Departamento de Recursos Humanos y Bienestar de Personal un informe con certificaciones en los que conste el estado de avance de su respectivo programa, calificaciones obtenidas, programa de trabajo futuro y otras sugerencias sobre la labor académica en la institución.

f) Obtener el grado académico pertinente en los plazos establecidos por la Comisión de Estudios, incluida la prórroga otorgada de conformidad al artículo 7° de la Ordenanza de Perfeccionamiento Académico Externo de la Universidad de Tarapacá.

g) Entregar en un plazo no superior a 15 días hábiles, contados desde la fecha de término de su Comisión de Estudios, un informe escrito y documentado especificando los estudios realizados y los resultados académicos obtenidos.

m) Cumplir en todas sus partes, las disposiciones que se contienen en la Ordenanza de Perfeccionamiento Académico Externo de la Universidad de Tarapacá y sus modificaciones”.

Menciona que la cláusula décima del convenio, agrega, que para todos los efectos legales forma parte integrante del referido instrumento, la Ordenanza de Perfeccionamiento Académico Externo vigente en la universidad, y sus posteriores modificaciones.

De lo indicado precedentemente, es posible indicar, que a partir del referido Convenio, la Universidad autorizó al académico becario a no asistir a desempeñar sus funciones por encontrarse en una comisión de estudios, manteniendo el pago de sus remuneraciones, calidad contractual y reemplazo en su carga académica, bajo la condición de que el referido becario se matricule a un programa académico para esos efectos, remita informe del avance que logra en relación al referido programa, y obtenga el grado académico pertinente en el plazo que se establezca en la comisión de estudios para ese efecto entre otras obligaciones.

Arguye que la Universidad inició un procedimiento disciplinario en contra del recurrente, toda vez que ingresó el año 2015 al Programa de Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, sin embargo, al 19 de noviembre de 2018, presentaba un retraso académico de 3 semestres, además de no haber sido alumno regular del programa durante todo el año 2018, por no pago de arancel. Asimismo, debió reincorporarse a la Universidad en marzo de 2019, con el grado académico de doctor a la Escuela de Trabajo Social de la Universidad.

Expone que el incumplimiento de lo anterior, produjo efectos perjudiciales para la Universidad, debiendo aumentar el presupuesto en la contratación de académicos a honorarios para efectos de proceder al reemplazo de los servicios que debía prestar el recurrente en la Universidad, el aumento de la carga por parte del equipo de académicos que se encontraba de forma efectiva en la unidad para suplir a quienes se encontraban fuera, una afección al Plan de Mejoramiento de la Carrera de Trabajo Social 2015, que involucraba como resultado contar con “Docentes con post grados que permitan cumplir con el área de investigación”.

Relata que el becario no informó a la Universidad, que no se matriculó el año 2018 por no haber realizado los pagos del programa académico, situación que recién informó al Universidad el día 9 de octubre de 2018, recibiendo durante dicho periodo el pago de sus remuneraciones.

Añade que debido al incumplimiento del convenio, se debió poner término al mismo y dar inicio a un procedimiento disciplinario, ello según lo dispone el artículo 24 de la Ordenanza de Perfeccionamiento Externo aprobado por Decreto Exento N° 215/2003, y que forma parte integrante del mencionado Convenio de Beca.

Expone que en el sumario administrativo seguido en contra del actor, se dictó el Decreto Exento N° 00.950/2019 en el cual se le aplicó la medida disciplinaria “Solicitud de Renuncia” contemplada en la letra e) del artículo 3, 8 y 12 b) de la Ordenanza de Sumarios Administrativos para funcionarios de la Universidad de Tarapacá, ante la cual el recurrente presentó un recurso de apelación, ante la Honorable Junta Directiva de la Universidad, el cual fue conocido y resuelto por ese órgano colegiado, dictando el Decreto Exento que promulgó el acuerdo N° 1978 de la referida Junta, cual es el N° 00.68/2020, y en cuyo tenor se determinó rechazar el recurso de apelación y aprobar la sanción de petición de renuncia, en contra del recurrente. Complementa que el proceso no se encuentra afinado debido a que falta la resolución afecta que finalmente aplica dicha medida disciplinaria.

La recurrida niega la existencia de un acto ilegal o arbitrario, debido a que la sanción aplicada al recurrente se ajusta al procedimiento existe, el cual es reglado y el acto administrativo se encuentra debidamente fundado.

Refiere que la infracción cometida por el recurrente a los deberes funcionarios es de tal gravedad, que permite bajo el principio de proporcionalidad, y por aplicación del principio de probidad administrativa, la aplicación de la sanción impuesta.

Solita el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, con costas.

TERCERO: Que, la acción de protección contemplada en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Se trata de asuntos en que existe un derecho indubitado, y no disputado, garantizado constitucionalmente, que se encuentra en peligro o lesionado, por lo que se persigue su amparo o restablecimiento.

CUARTO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

QUINTO: Que, en la especie, el acto que se reclama como arbitrario e ilegal, es el Decreto que promulgó el Acuerdo N° 1978 de la Junta Directiva de la Universidad de Tarapacá, en la cual se resolvió por unanimidad aprobar la sanción de petición de renuncia en contra del recurrente, vulnerando con ello a juicio del recurrente la garantía constitucional del inciso quinto del numeral 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEXTO: Que, de las pruebas acompañadas al proceso es posible establecer lo siguiente:

Que, entre el recurrente y la Universidad de Tarapacá, el 8 de enero de 2015 celebraron un Convenio de Becas, el cual iniciaba el día 1 de marzo de 2015 y terminaba el día 1 de marzo de 2019.

Que el recurrente mediante carta de 9 de octubre de 2018, comunicó a la Directora de la escuela de Trabajo Social de la Universidad de Tarapacá, que no había podido pagar su doctorado, estando impedido de matricularse en su doctorado en el año 2018, mientras no regularice el pago de su deuda.

Que, mediante el Decreto Exento Nº 00.1307/2018 de 27 de diciembre de 2018, se instruyó un sumario administrativo, para investigar la situación de nombre reservado, en relación al estado de su convenio de perfeccionamiento académico externo.

Que el día 5 de abril de 2019, durante el curso de procedimiento sumarial, se le notificaron al recurrente, tres cargos, quien efectuó sus descargos el día 12 de abril de 2019, ello por infringir el principio de probidad administrativa.

Que, el día 11 de junio de 2019 se emite la respectiva vista fiscal, proponiéndose como sanción al recurrente, la petición de renuncia del artículo 8º de la Ordenanza de Sumario Administrativo para los funcionarios de la Universidad de Tarapacá.

Que, mediante el Decreto Exento Nº00.950/2019 de 9 de septiembre de 2019, se le aplicó al recurrente la medida disciplinaria de solicitud de renuncia, sanción contemplada en la letra e) de los artículos 3, 8 y 12 b) de la Ordenanza de Sumarios Administrativos para los Funcionarios de la Universidad de Tarapacá.

Que, el día 13 de noviembre de 2019, el recurrente presentó un recurso de apelación en contra del Decreto Exento Nº00.950/2019.

Que, Mediante el Decreto Exento Nº00.68/2020 de 20 de enero de 2020, notificado el 31 de enero del año en curso, se promulgó el acuerdo N°1978 de la Junta Directiva, en el cual se rechazó el recurso de apelación del recurrente y se aprobó la sanción de renuncia en su contra.

Que, a través del Decreto Exento Nº 00.158/2020 de 4 de marzo de 2020, se complementó el Decreto Exento Nº00.68/2020.

SÉPTIMO: Que, el Convenio de Becas celebrado entre las partes, establece en su cláusula Primera, Segunda, Tercera y Décima lo siguiente:

“PRIMERO: El becario ha sido beneficiario con una beca otorgada por la Universidad de Tarapacá para que realice perfeccionamiento en el Programa denominado Doctorado en Ciencias Sociales, por una duración de 4 años en la Universidad de Chile, bajo la modalidad sistema presencial, desde el 01 de marzo de 2015 hasta el 31 de marzo de 2019.

SEGUNDA: “Por esta acto, la Universidad autoriza al becario para ausentarse de sus labores habituales durante el tiempo de vigencia de la comisión de Estudios señalada en la cláusula anterior, debiendo reintegrarse a su trabajo en la Universidad dentro de 10 días contados desde el término de la Comisión.

TERCERA: Por este acto, la Universidad se obliga para con el becario a:

a) Mantener el nombramiento a contrata, previo informe académico documentado del interesado.

b) Pagarle las remuneraciones, reajustes y bonificaciones legales que se devenguen mientras dure el perfeccionamiento.”.

“DECIMA: “Para todos los efectos legales, se entiende forma parte del presente Convenio, la Ordenanza de Perfeccionamiento Académico Externo vigente en la Universidad y sus posteriores modificaciones.”.

Asimismo, el Decreto 2015/2003 de 1 de octubre de 2003, que oficializa la Ordenanza de Perfeccionamiento Académico Externo de la Universidad de Tarapacá en su artículo 26º, señala: “Las responsabilidades administrativas que resulten de las infracciones a la presente Ordenanza, se harán efectivas previa instrucción de un sumario administrativo y se aplicarán las sanciones que deriven de ello, conforme lo prescribe la normativa vigente de la Universidad de Tarapacá.”.

Además, el Decreto N°718 de 20 de septiembre de 1983, que promulga la Ordenanza de Sumario Administrativo para los Funcionarios de la Universidad de Tarapacá, señala en su artículo 12º lo siguiente: “Procederá siempre aplicar la medida disciplinaria de petición de renuncia en los casos que se indican a continuación, sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones especiales:

b) Cuando el empleado se hiciere acreedor a esta medida debido a que observa una conducta funcionaria reprochable y manifiestamente negligente en el cumplimiento de sus obligaciones, con grave perjuicio de la Universidad o al prestigio de esta, establecido debidamente en el correspondiente sumario administrativo”.

Finalmente, el artículo 54 de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases General de la Administración del Estado, establece: “Las autoridades de la Administración del Estado, cualquiera que sea la denominación con que las designen la Constitución y las leyes, y los funcionarios de la Administración Pública, sean de planta o a contrata, deberán dar estricto cumplimiento al principio de la probidad administrativa.

El principio de la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.

Su inobservancia acarreará las responsabilidades y sanciones que determinen la Constitución, las leyes y el párrafo 4º de este Título, en su caso.”.

OCTAVO: Que, de los antecedentes expuestos y normas transcritas precedentemente, no se vislumbra algún tipo de ilegalidad o arbitrariedad en la tramitación del sumario administrativo seguido en contra del recurrente, debido a que la sanción impuesta se ajusta la normativa vigente. Además el inculpado con responsabilidad administrativa, pudo ejercer en el procedimiento su derecho a defensa y ejerció los recursos legales, encontrándose debidamente fundamentado motivo de su sanción administrativa, razón por la cual no existe algún tipo de vulneración a sus garantías constitucionales, debiendo ser desestimada la presente acción constitucional.

NOVENO: Que, cabe indicar, que el recurrente indicó que se vulneró su garantía constitucional del inciso quinto del N°3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a no ser Juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y se hallare establecido por esta con anterioridad a perpetración del hecho.

DÉCIMO: Que, en el presente acaso no ha existido una comisión especial para sancionar al recurrente en su sumario administrativo, asimismo el procedimiento y sus sanciones estuvieron establecidos con anterioridad a la perpetración de los hechos que se le imputaron como negligentes y que fueron objeto de reproche por parte de la recurrida.

UNDÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, cabe indicar, que la sanción aplicada al recurrente se debió a que infringió al principio de probidad administrativa, el cual se encuentra establecido en el artículo 54 de la citada Ley N° 18.575, el cual es obligatorio para todos los funcionarios públicos. Al efecto nombre reservado, mantuvo dicha calidad, según se desprende del Convenio de Becas, y al continuar recibiendo sus remuneraciones con dineros fiscales, todo ello, se encuentra debidamente fundamentado, en los cargos que le fueron formulados, la resolución de término del respectivo sumario.

Por las anteriores consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales: Se RECHAZA el recurso de protección deducido por la abogada doña Sandra Negretti Castro, en representación de don nombre reservado, en contra de la Universidad de Tarapacá.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Rol N° 210-2020 Protección 9