Protección contra Intendencia de Arica y Parinacota

Arica, seis de abril de dos mil dieciocho VISTO Don nombre reservado, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de doña nombre reservado, ciudadana dominicana, Pasaporte N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, dedujo recurso de protección en contra de la Intendencia de Arica y Parinacota.

Señala que el 14 de febrero del año en curso, se procedió notificar a su representada por funcionarios de la PDI, el decreto de Expulsión, extendido con fecha 24 de julio de 2017, donde se indica que habría ingresado al país, procediéndose a interponer la denuncia correspondiente, por violar la normativa vigente de extranjería, lo que no fue su intención, ya que se le ofreció el servicio de traslado para ingresar a Chile desde Perú en Lima, en donde el costo de dicho trámite era de 500 dólares, supuestamente por el paso fronterizo de Chacalluta.

Expone que fue acogida por la ONG Emprendemos Juntos, quien ha ayudado desde entonces, para su estadía en el país, trabajando con contrato. Estima que no se pueden efectuar diferencias entre los migrantes que ingresan al país y que no ha cometido delito alguno, estimando infringidas las garantías constitucionales de los numerales 1, 3, 5 y 7 del artículo 20 de la Constitución Política de la República, pidiendo protección ante una expulsión que le impediría ingresar al país y tener contacto con sus familiares residentes en Chile.

Que la Intendencia Regional de Arica y Parinacota informó al tenor del recurso, y expuso que el 22 de mayo de 2017, la extranjera fue detenida por Carabineros de Chile por ingresar a Chile de manera clandestina, como consta de la declaración que brindó a la Policía de Investigaciones de Chile al momento de su detención, mientras caminaba por el sector Hito 1, eludiendo los controles migratorios.

Señala que ante estos hechos se formuló denuncia ante el Ministerio Público, precisando que se dictó la resolución de expulsión N°368/1717, de la cual tomó razón la Contraloría General de la República el 14 de agosto de 2017.

Plantea que el recurso no puede prosperar al no existir un derecho indubitado y preexistente, al no tratarse de un juicio declarativo de derechos.

Niega arbitrariedad en las resoluciones pronunciadas por la Intendencia al fundarse en norma legal expresa, el derecho de expulsar emana de la soberanía del Estado, y, a su juicio, no se requiere de condena por ingreso ilegal al tratarse de facultades administrativas del recurrente, sin perjuicio de no ser la protección la vía idónea para impugnar la medida sancionatoria, sin perjuicio de encontrarse la recurrente en una situación migratoria irregular.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurso de protección interpuesto lo ha sido sobre la base de lo que dispone la Carta Fundamental en el artículo 20, que estatuye un mecanismo de cautela cuyo objetivo es amparar el legítimo ejercicio de un derecho preexistente de quien acciona, mediante la adopción de medidas de resguardo frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que impiden, amaguen o perturben aquél, con objeto de que la Corte de Apelaciones resguarde la observancia de los derechos constitucionales conculcados.

SEGUNDO: Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que el recurrente acompañó fotocopia de resolución N° 368/2177 de fecha 24/07/2017, emitida por Sra. nombre reservadonta de Arica y Parinacota; copia de Contrato de trabajo emitido por ONG Emprendemos Juntos; copia del acta de notificación del decreto de expulsión de fecha 14 de febrero del 2018; y copia de licencia otorgada por Instituto tecnológico del Cibao Oriental, Certificado de Grado emitido por Universidad tecnológica del Cibao Oriental, certificado de copia de título y certificado de Record de Calificaciones.

CUARTO: Que lo que el recurrente pretende con la acción constitucional, es dejar sin efecto el Decreto de expulsión tantas veces referido.

Y para ello, lo que debía analizarse debidamente es si la recurrida cometió algún acto ilegal o arbitrario en la dictación del decreto referido.

QUINTO: Que, del examen de la resolución recurrida, aparece que ella se encuentra lata y debidamente fundamentada, la cual, por lo demás, fue dictada por un organismo competente y dentro de la esfera de sus atribuciones, razón por la cual, esta Corte no advierte viso de ilegalidad o arbitrariedad a su respecto, al alero de lo dispuesto en el artículo 158 del D.S. N° 597 de 1984, que establece un procedimiento especial para decretar la expulsión, el cual ha sido respetado, razón por la cual, las pretensiones de la actora y las facultades de la recurrida, se encuentran sometidas al imperio del derecho.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, no debe perderse de vista que la situación personal esgrimida por la recurrente, no influye en la causal de expulsión invocada por la Intendencia ni transformarla en ilegal o arbitraria, desde que aquella situación corresponde a un antecedente no tenido a la vista a la época de dictar la resolución cuestionada, y ninguna relación tiene con ella, sin que se avizoren elementos tendientes a regularizar su ingreso informal al territorio nacional.

SÉPTIMO: Que, por lo demás todo el proceso administrativo, se encuentra bajo la férula de una presunción de legalidad, habida consideración que en relación al decreto cuestionado, se tomó razón por la Contraloría General de la República.

OCTAVO: Que, de los hechos expuestos en el recurso, resulta imposible determinar una infracción a las garantías de los numerales 1, 3 y 5 de la Constitución Política de la República, por cuanto la administración se limitó a dictar la resolución de expulsión conforme a las facultades establecidas en el Decreto Supremo N° 597 de 1984, cuestión que no dice relación directa con las garantías antes indicadas.

NOVENO: Que, por otra parte en lo referente a la garantía del 19 N° 7 del Código Político, ésta no se encuentra resguardada media acción constitución de protección, por lo que resulta improcedente analizar cualquier tipo de fundamento en esta sede.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 y 21 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se decide:

Que SE RECHAZA la acción constitucional deducida a favor de doña nombre reservado por el abogado nombre reservado.

Acordada con el voto en contra del Ministro don Pablo Zavala Fernández, quien estimó que, el fundamento de hecho de la Resolución de la Intendencia Regional de Arica y Parinacota, por la cual se ordena la expulsión de la recurrente, es la imputación de haber ingresado clandestinamente al territorio nacional, eludiendo los controles de frontera, lo que originó el procedimiento administrativo sancionador por el cual la autoridad regional interpuso denuncia por el hecho descrito (como consta del documento acompañado), y respecto del cual, posteriormente, la recurrida presentó desistimiento, como consta o se afirma en la resolución de expulsión, evidenciando con ello que no tuvo intención de que fuera indagado el supuesto delito cometido, desde que el desistimiento tiene el efecto de extinguir la responsabilidad penal, no obstante que el artículo 69 del D.L. 1094 invocado como fundamento legal de la resolución recurrida, impone la medida de expulsión para los extranjeros que ingresen clandestinamente o por lugares no habilitados al país, una vez cumplida la pena que la misma norma establece.

Que, así como lo ha sostenido la Excma. Corte Suprema (rol N°21.915- 16 de 30.05.2017), la resolución recurrida igualmente se torna en ilegal y arbitraria si la misma presenta como única motivación fáctica el ingreso clandestino al territorio, el cual, no fue eficazmente investigado por las autoridades llamadas por ley a hacerlo con el objeto de establecer su efectiva ocurrencia, y que pese a ello, se la invoca en un acto administrativo de grave trascendencia, lo que ilustra sobre la desproporcionalidad de la medida, desconociéndose el resto de los elementos que deben ponderarse en este tipo de asuntos.

Que, así las cosas, la resolución atacada, deviene en ilegal por ausencia de fundamentos, además de desproporcionada, motivo por el cual la presente acción constitucional será acogida, al afectar al menos la garantía del N° 24 de la Constitución Política de la República de la recurrente, sujeta a la medida de expulsión del territorio nacional dictada por la Intendencia Regional de Arica y Parinacota.

Regístrese, comuníquese y archívese si no se apelare.

Rol N° 210-2018 Protección