Protección contra Servicio Local de Educación Pública Chinchorro

Arica, dieciocho de agosto de dos mil veintidós.

VISTO:

Compareció Evelyn Javiera Mejías Araya, abogada ejecutora del Programa Acceso a la Justicia para las Personas con Discapacidad, en representación Tomás, estudiante, domiciliado en esta ciudad e interpuso recurso de protección en contra del Servicio Local de Educación Pública Chinchorro, representada legalmente por su Directora (S) doña, nombre reservado, quienes desatendiendo su obligación de favorecer la inclusión en el entorno educativo y de no discriminación, han determinado desvincular y reducir el número de asistentes técnicos pedagógicos de la Región, sustrayendo con esta medida, el apoyo que requiere el recurrente y la omisión de realizar los razonables a la dotación de docentes y asistentes de la educación del Servicio en consideración a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, vulnerando los derechos fundamentales consagrados en los numerales 1° y 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que Tomás tiene un grado global de discapacidad de 17,2% de tipo mental-psíquica, al haber sido diagnosticado con “Trastorno del Espectro Autista”.

Indica que el recurrente es alumno del nombre reservado y es parte del Programa de Integración Escolar desde el año 2016 hasta la actualidad, siendo acompañado y apoyado en este proceso por una asistente técnica pedagógica (tutora) de manera individual y personalizada, proporcionada por el Estado y que estaba destinada sólo para él. Profesional que lograba una mayor regulación de sus emociones, control sobre sus impulsos y un desarrollo académico que por su condición y discapacidad, no puede lograr sin esta asistencia específica.

Refiere que el establecimiento educacional al retornar a las clases de manera presencial, se le informó a la madre de Tomás la decisión adoptada por el Servicio Local de Educación Pública Chinchorro de disminuir la dotación de Asistentes Técnicos Pedagógicos en la región, razón por la cual se desvincularía a doña nombre reservado, quien era la profesional que le prestaba la asistencia personalizada al alumno -su tutora-, situación que significó graves consecuencias en el comportamiento del adolescente, quien al no poder autocontrolar sus impulsos, agredió a un compañero tomándolo del cuello, provocándole un hematoma, además de otras situaciones desafortunadas y de riesgo que no ocurrían cuando se le otorgaba apoyo de su asistente técnico. Todo lo cual devino en que Tomás adquirió una actitud reticente a asistir a clases, no concurriendo a las mismas desde el 6 de abril del 2022.

Sostiene y acompaña los informes médicos que dan cuenta de las dificultades académicas y las necesidades de apoyo que requiere Tomás en atención a su discapacidad, los que sugieren apoyo escolar permanente mediante una tutoría continua diferenciada por el equipo escolar, en atención a las características y formas de entender las interacciones sociales y la comunicación de una manera semántica pragmática, mostrándose en ocasiones menos flexible en su forma de pensar y comprender en un nivel abstracto, lo que puede dificultar su proceso en la adquisición de nuevos aprendizajes y que, de no darle la relevancia a los aspectos cognitivos y emocionales del adolescente, “Es posible causar retroceso en los avances significativos de su estabilidad y adaptación de los ámbitos cognitivos y psicoemocionales de Tomás.”.

Expone que la madre del adolescente realizó diversos intentos para dar con una solución que le permita a su hijo Tomás desenvolverse de manera óptima dentro del aula. En una primera instancia, el 17 de marzo de 2022, envió una carta al director del establecimiento educacional, explicando la problemática de su hijo, visibilizando su necesidad de apoyo a tiempo completo dentro del aula y la urgencia de una solución para evitar un perjuicio grave de disfuncionalidad conductual en Tomás, quienes le señalaron que la decisión de despedir a la Asistente Técnico Pedagógico de Tomás, se debe a una reducción de recursos por parte del Servicio Local de Educación recurrido.

En razón de lo anterior, el 18 de mayo pasado, la madre del adolescente decidió presentar una denuncia (código NUM000) ante la Superintendencia de Educación, solicitando se investiguen actos de discriminación relacionados con la no asignación de “tutoras” en el establecimiento educacional en el que está insertado Tomás, obteniendo respuesta que “si bien la situación planteada ocurre en el contexto educacional, no dice relación con materias que sean del ámbito de atribuciones de este ente fiscalizador, de acuerdo a lo indicado en la Ley N° 20.529, por cuanto obedecen a materias que no se encuentran dentro de la esfera de la normativa educacional” y que, “eventualmente le corresponderá a los Tribunales de Justicia pronunciarse sobre la materia”.

Así las cosas el 10 de junio, la madre de Tomás, envió un requerimiento a través de la OIRS del SLEPCH, solicitando explicaciones sobre si se han adoptado, por parte del Servicio, ajustes razonables en razón de la discapacidad y necesidades educativas especiales del recurrente.

Expresa que se convocó a una reunión, presidida por el Servicio Educacional recurrido, en que participó el Equipo PIE del establecimiento educacional y la apoderada del alumno. En esta reunión, la apoderada Amanda planteó como solución (al problema que afecta a su hijo Tomás), proporcionar ella de manera particular a la ex asistente pedagógico (ATP), encargada de Tomás durante 3 años, comprometiéndose a contratarla y financiar la remuneración de doña nombre reservado, para que lo acompañe dentro del aula y así permitirle al adolescente poder incorporarse a clases a partir del segundo semestre de este año, lo que fue negado por la dirección ejecutiva del Servicio puesto que “desde un punto de vista jurídico y técnico se consigna que no es posible tener una contratación externa debido al cumplimiento de funciones. A su vez, no se puede volver a re-contratar a la funcionaria que fue desvinculada”.

Considera que el SLEPCH no proporcionó ninguna solución, no realizó ajustes en función de la discapacidad del alumno y frente a la propuesta de contratar de forma particular a una asistente técnico (financiada por los padres), este se niega, lo cual constituye claramente un acto discriminatorio contra Tomás, al negarle un acompañamiento personalizado necesario por su condición de discapacidad y que facilita la inclusión en el sistema educacional, dejándolo en una posición desventajosa que puede afectar de manera permanente en el desarrollo del alumno, por ende, el SLEPCH al denegar el ajuste razonable, profundizó en la desigualdad de Tomás frente a sus compañeros.

Asevera que el establecimiento donde estudia el alumno no cuenta con los recursos humanos necesarios, debido a que el SLEPCH los dejó de proporcionar, lo que configura un actuar incongruente, incoherente, arbitrario y discriminador de parte del Servicio, sin que se pueda considerar que la medida adoptada haya sido razonable y que por lo mismo vulnera derechos fundamentales del adolescente y se desligan de sus obligaciones educativas y de inclusión, simplemente, por no contar con la misma cantidad de funcionarios.

Arguye que gran parte del fundamento que se entrega en el Plan Anual de Educación Pública 2022 sobre la adopción de ajustes de las dotaciones de docentes y asistentes de la educación del Servicio Local de Educación de Chinchorro, dice relación con recursos públicos y subvenciones, acompañándolo de normativa que permite la desvinculación del personal, pero no consta la forma en que los establecimientos educacionales debían realizar el proceso de adecuación, tampoco los ajustes efectivos y concretos que se iban a adoptar para alumnos con discapacidad y que le son obligatorios, conforme a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Chile, es un deber que va más allá de lo estatuido en el Decreto 170, puesto que si bien la autoridad tiene facultades para desvincular al personal que estime conveniente (lo que no es discutido), previo a la adopción de estas medidas, debe analizar, dimensionar y ponderar el daño a los alumnos con discapacidad y las repercusiones para sus cuidadores. Es decir, en el presente caso no hubo un trabajo previo, gradual y de anticipación con el alumno que lo preparara para ese cambio, situación esencial considerando que por su diagnóstico necesita de rutinas, de certeza y de un trabajo de anticipación.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas señala las previstas en los numerales 1° y 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Respecto al Derecho a la igualdad ante la ley, indica que la existencia de medidas de accesibilidad es un presupuesto fundamental en orden a hacer efectivo el ejercicio igualitario de los derechos de las personas con discapacidad y a falta de medidas de accesibilidad, es contrario al pleno respeto del derecho a ser tratado en igualdad de condiciones y, en la especie, tal omisión se tradujo en que el recurrente fue discriminado arbitrariamente por no adoptarse los ajustes razonables, al determinar la disminución de la dotación de docentes y asistentes de la educación, afectando con ello el apoyo personalizado que tenía el alumno, lo que implicó graves problemas de inclusión escolar del adolescente durante el presente año escolar, puesto que al haber actuado de la forma en que lo hizo el Servicio no consideró la condición de trastorno del espectro autista, que determina la forma de comunicarse y relacionarse socialmente, dejándolo sin alternativas que permitieran reducir la desigualdad en las oportunidades, profundizando la discriminación a causa de la discapacidad del alumno.

Por otro lado, el Derecho a la integridad física y psíquica se ha visto perturbado por la medida aplicada, puesto que al no contar con el apoyo que necesita, Tomás no asiste al establecimiento desde el 6 de abril, lo que conlleva a una total incertidumbre por su futuro educacional, teniendo miedo de volver a clases y que al no poder regular sus emociones e impulsos por sí solo, y repita reacciones violentas que afecten a sus compañeros y terminen en sanciones por parte del establecimiento.

Pide se acoja la presente acción constitucional y se declare la ilegalidad y/o arbitrariedad de la acción y/u omisión por parte del Servicio Local de Educación Pública Chinchorro contra del alumno Tomás, al rechazar la propuesta de contratar, por cuenta propia, los servicios de la ex asistente técnico de la educación doña nombre reservado, negándose el SLEPCH pese a no haber realizado ningún ajuste razonable que permitiera compensar la medida arbitraria de desvinculación de su ATP quitando el apoyo requerido por el alumno con discapacidad; se adopten medidas y providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, debiendo para ello realizarse de manera urgente ajustes razonables y necesarios para equiparar y asemejar la situación anterior de estudios y de apoyo al alumno con su asistente técnico pedagógico, que era de manera personalizada; ordenándose que el SLEPCH acepte la propuesta de la apoderada que consiste en contratar de manera particular a la profesional de carácter externo al establecimiento -que es doña nombre reservado- siendo de responsabilidad y cargo la remuneración de la profesional por parte de la apoderada del alumno Tomás y, en subsidio, se ordene al SLEPCH que proporcione por su cuenta un Asistente Técnico Pedagógico o algún profesional que pueda asistir al adolescente de manera personalizada, para que realice un trabajo efectivo de adaptación, de forma gradual y anticipatoria y promoción hacia la vida independiente, en concordancia a su diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista y su discapacidad o las medidas que esta Corte juzgue pertinentes y necesarias.

Informando la recurrida pidió el rechazo del recurso, en primer lugar, alegando su extemporaneidad, puesto que, entendiendo que el acto vulneratorio sería el despido de la ex asistente de la educación del Servicio, doña nombre reservado, él se produjo a partir del 1 de marzo del año en curso, lo que fue conocido por la apoderada y madre del adolescente al inicio del año escolar, esto es, en marzo de 2022, por lo que al momento de la interposición del presente recurso había excedido con creces el plazo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección.

En cuanto al fondo, y luego de hacer una exposición del marco legal que rige al Servicio Local de Educación Pública de Chinchorro, señala que de acuerdo a lo estatuido en el artículo 46 de la Ley N° 21.040, que crea el Sistema de Educación Pública, mediante Resolución Exenta N° 8725 de 15 de diciembre de 2021, se aprobó el Plan Anual Local de Educación Pública 2022 del Servicio Local de Educación Pública de Chinchorro, el que dispuso una serie de ajustes de dotación de profesionales docentes y asistentes de la educación y siendo este el instrumento que sirve de fundamento al ejercicio de esta facultad de ajuste, se dispuso en el mes de enero de 2022, por actos administrativos fundados e individuales, ordenaron la supresión total y parcial de horas docentes y el término de relaciones laborales con personal asistente de la educación, bajo estricta sujeción a las exigencias y parámetros señalados en el mencionado artículo 46.

En específico, y en lo referente a los Asistentes de la Educación, cuya disminución se aduce como acción discriminatoria en el recurso, tal potestad pública fue ejercida de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley N° 21.109, el que indica: “Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, los servicios locales podrán poner término al contrato de trabajo a consecuencia de los cambios, ajustes y redistribución que se efectúe a la dotación de asistentes de la educación del servicio local, conforme al artículo 46 de la ley N° 21.040, tanto en su tamaño, composición o redistribución entre establecimientos de la misma, a causa de: a)

Variaciones en el número de estudiantes matriculados en los establecimientos dependientes del servicio respectivo, b) Procesos de reestructuración, fusión o cierre de establecimientos educacionales dependientes de un mismo servicio local, c) Cambios en los niveles y modalidades de la educación provista por dichos establecimientos.”.

Refiere, en cuanto al Programa de Integración Escolar de los Establecimientos Educacionales pertenecientes al Servicio Local de Educación Pública de Chinchorro, que del catastro actualizado de niños con necesidades especiales (NNA) beneficiados con el Programa de Integración Escolar (PIE) durante 2021 y aquellos que se encuentran matriculados para 2022 con permanencia en el mismo, todos los estudiantes que fueron parte del PIE 2021 tendrán la atención profesional completa, con todas las horas de atención que requieren.

Sostiene que el Servicio ha entregado orientaciones y lineamientos técnico-administrativos y técnico-pedagógicos para la Planificación PIE 2022, que orientan el mejoramiento de la gestión al interior de cada escuela/liceo, los que están centrados fundamentalmente en la articulación de las estrategias inclusivas de integración con el Decreto 170/ 2009 y de Inclusión (Ley de Inclusión y Decreto 83/2015), transitar desde una Escuela Integradora hacia una Escuela Inclusiva.

Reseña que para el año lectivo 2022, el Servicio dispuso de un total de 20 profesionales y técnicos, quienes brindan una cobertura real y completa a los alumnos PIE del colegio, de los cuales 8 se desempeñan como Asistentes Técnicos del PIE.

Expone que respecto al alumno Tomás, este cursa el Tercer año medio en el Establecimiento Educacional nombre reservado, que pertenece al Programa de Integración Escolar con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista y que en el marco de los apoyos que brinda el PIE, el menor cuenta con horas pedagógicas, desarrollando el Plan de estudio correspondiente a las bases curriculares dentro del aula de clases, apoyo de psicopedagogo trabajando Plan específico pedagógico individual en el aula de recurso, intervención fonoaudiológica una vez por semana, trabajando todos los niveles del lenguaje en aula de recursos, intervención de psicóloga para trabajar habilidades adaptativas en sala de recursos, intervención del profesor especialista motor para trabajar el área sensorio motriz en sala de recursos y apoyo de asistente técnico pedagógico en las asignaturas de lenguaje, matemáticas y ciencias, adaptando su jornada de estudio de 09:30 a 13:00.

Refiere que, efectivamente, el alumno hasta el año 2021 contaba con una asistente de aula de tiempo completo y desde el presente año hay una funcionaria que ejerce dicha labor, pero bajo la modalidad de tiempo compartido para que lo acompañe en las asignaturas que requieren más apoyo y que durante toda su jornada tiene asistencia de profesionales y técnicos del PIE.

Actualmente, el estudiante asiste dos veces a la semana, los viernes para atención con profesionales PIE y miércoles a Consejos de Curso y los demás días recibe atención Online del psicopedagogo.

En relación a la opción de contratar una asistente de la educación en forma particular, expresa que esta solicitud no fue aprobada por el Servicio, atendido a motivos técnico-pedagógicos, toda vez que considerando que se trata de un alumno de Tercero Medio, sin perjuicio de su diagnóstico de TEA, la circunstancia de contar con una asistente o tutora de tiempo completo, puede ocasionar el efecto de limitar su inclusión e independencia, impidiendo que se logren los reales objetivos de un Programa de Integración Escolar. En efecto, al momento de suprimir horas y/o poner término a los contratos del personal que se desempeñaba para el PIE, en virtud del Plan Anual de Educación para el año 2022, se tuvo en especial consideración no dejar sin atención de asistente técnicos a los alumnos para los cuales resultaba indispensable contar con dicho apoyo en el aula, dotándolos de atención parcial para los cuales era recomendable tal soporte.

A lo anterior se suman las dificultades administrativas de permitir que una persona que no tiene vínculo contractual con el Servicio, cumpla funciones dentro de un establecimiento dependiente de dicho organismo para que ejerza labores similares o idénticas a las que realizan otros funcionarios públicos del liceo, debiendo inclusive recibir instrucciones y cumplir horarios.

Sobre los supuestos actos de discriminación sostuvo que lo cierto es que durante la jornada escolar el alumno cuenta con apoyo constante, permanente y exclusivo de un Asistente Técnico, cuentan con ocho para los alumnos del programa PIE, destinándose uno a su atención y apoyo para mejorar su aprendizaje y su adaptación escolar, por lo que no existe un tratamiento discriminatorio con el alumno respecto de otros en su situación.

Argumenta que de acuerdo a lo previsto en los artículo 18, 19 y 22 de la Ley N° 21.040 las actuaciones del Servicio se enmarcan en las atribuciones contenidas en la mencionada Ley y en aquella N° 21.109, las que además se ajustan a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 170/2009 del Ministerio de Educación, que fija normas para determinar los alumnos con necesidades educativas especiales que serán beneficiarios de la subvención para educación especial, entregando más horas de apoyo de las que exige dicha normativa, por lo que no se aprecia ilegalidad en el actuar del SLEPCH, debiendo descartarse, además, cualquier tipo de arbitrariedad, toda vez que la decisión fue adoptada sobre la base de lo establecido en el Plan Anual Local de Educación Pública año 2022. En consecuencia, los ajustes a la dotación, que incluyó prescindir de tutores de tiempo completo para ciertos alumnos, no fue caprichoso ni antojadizo, fundándose en motivos de carácter técnico, por ello estima que no se está en presencia de derechos indubitados, toda vez que la posibilidad de tener un asistente técnico de aula en forma permanente para los alumnos PIE no está contemplada como un derecho en ninguna normativa, siendo el establecimiento el encargado de entregar una educación pública de calidad, conforme a los parámetros y estrategias que se consideren idóneos.

Producto de lo anterior, señala que la acción de protección no es la vía correspondiente para obtener sus pretensiones, debiendo acudir a otro tipo acciones donde se pueda discutir en forma más lata la real perturbación de los derechos alegados.

Finalmente, expresa que no se transgrede la igualdad ante la ley, pues, ésta consiste en darle igual tratamiento a las personas que se encuentren en la misma situación, en tal sentido, y a otros estudiantes que se encontraban en la condición de Tomás, esto es, con trastorno del espectro autista cursando enseñanza media, se determinó que no era necesario una asistente técnico de jornada completa, por motivos técnico-pedagógicos, debiendo complementarse con otras estrategias para concretar la adecuada inclusión.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección, contemplado en nuestra Constitución Política, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, y por lo tanto cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo cuando estime vulnerados o amenazados sus derechos por actos arbitrarios o ilegales, y la Corte de Apelaciones correspondiente en su caso deberá adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso, como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad planteada por la recurrida, de los antecedentes allegados al recurso aparece que el hecho que se alega como vulneratorio de garantías constitucionales, si bien puede relacionarse con la desvinculación de una asistente de educación, este no es el hecho en que se basa la presente acción constitucional, sino la decisión adoptada en la reunión que se llevó a cabo el 22 de junio recién pasado, por lo que es a partir de ella que se debe contar el término de treinta días establecido en el artículo 1° del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recurso de Protección, en consecuencia, habiéndose presentado la acción constitucional el 21 de julio de 2022, ella aparece totalmente oportuna, razón por la cual se desestimará esta alegación.

CUARTO: Que, el objeto del recurso consiste en resolver si el Servicio recurrido incurrió en actos discriminatorios que afectaron al recurrente, específicamente haber desvinculado a diversos asistentes técnicos de la educación, entre los cuales se encontraba aquella que ejercía labores de tutora en forma permanente del adolescente Tomás, sin haber efectuado previamente los ajustes razonables que permitieran compensar dicha medida, retirando el apoyo requerido por el alumno, que ha sido diagnosticado con trastorno del espectro autista, además de no permitir la contratación por cuenta propia de la ex asistente técnico, por parte de la madre y apoderada del recurrente, para ejercer como asistente o tutora a tiempo completo.

QUINTO: Que, la Ley N° 20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, señala en su artículo 1° que el objeto de dicho cuerpo legal es asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, con el fin de obtener su plena inclusión social, asegurando el disfrute de sus derechos y eliminando cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad.

SEXTO: Que, por su parte el Programa de Integración Escolar (PIE), ha sido definido por el propio Ministerio de Educación como una estrategia inclusiva del sistema escolar, que tiene el propósito de contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de la educación, favoreciendo la presencia en la sala de clases, la participación y el logro de los objetivos de aprendizaje de todos y cada uno de los estudiantes, especialmente de aquellos que presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE), sean estas de carácter permanentes o transitorias.

SÉPTIMO: Que, este programa pone a disposición de los alumnos, a través de los establecimientos educacionales a los que asisten, recursos y materiales adicionales para proporcionarles apoyos y equiparar sus oportunidades de aprendizaje y participación.

OCTAVO: La recurrente invoca como garantías o derechos fundamentales supuestamente vulnerados aquéllos contenidos en los numerales 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En cuanto a la garantía constitucional consagrada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República e invocada, es preciso señalar que la decisión de la recurrida no descansa en un informe médico o psicológico que le permita sustraer al niño del apoyo técnico que requiere y que se le ha concedido los últimos tres años de estudios, por un lado, y por otro, los ajustes efectuados a la dotación del establecimiento han obedecido a razones que van más allá de las necesidades de apoyo del estudiante y que se relacionan más bien con aspectos económicos.

Y a tal conclusión es posible arribar sobre la base de lo que establece el Decreto N° 170, de Educación, que “Fija normas para determinar los alumnos con necesidades educativas especiales que serán beneficiarios de las subvenciones para educación especial”, en cuyo artículo 4 dispone”La evaluación diagnóstica debe ser de carácter integral e interdisciplinario. Deberá considerar, en el ámbito educativo, la información y los antecedentes entregados por los profesores, la familia del o la estudiante o las personas responsables de éste, o el propio alumno según corresponda, así como las orientaciones técnico-pedagógicas que el Ministerio de Educación defina para estas materias y, en el ámbito de la salud, los criterios y dimensiones de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF), y las orientaciones definidas por el Ministerio de Salud, de manera de tener una visión sistémica que dé cuenta de las fortalezas, dificultades y factores contextuales de cada estudiante.

Conforme a los criterios y dimensiones de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF), la evaluación diagnóstica debe entregar información referida a: a) Tipo y grado del déficit y su carácter evolutivo en el tiempo. b) Funcionamiento del o la estudiante en lo relativo a sus funciones físicas; actividades que es capaz de desarrollar y posibilidades de participación efectiva en el medio escolar. c) Los factores contextuales, tanto ambientales como personales que interactúan con el o la estudiante.”.

A su turno el artículo 27 establece que: “La evaluación diagnóstica integral debe considerar la información aportada por la familia, por los profesores, profesoras y profesionales de la educación especial y el médico. Su aplicación requiere de los siguientes procedimientos: a. Anamnesis. b. Examen de salud y revisión de la historia médica del o la estudiante, en el cual se descarten problemas de audición, visión u otros que presumiblemente puedan estar afectando el aprendizaje del niño o niña. c. Evaluación Pedagógica y Psicopedagógica que aporte información relevante referida al o la estudiante, al contexto escolar y familiar. d. Informe psicológico cuando exista la probabilidad de discapacidad intelectual o de dificultades emocionales.”.

Por último, su artículo 89 dispone que: “El programa de integración escolar deberá establecer una planificación con los tiempos que los profesionales competentes destinarán al desarrollo de las siguientes acciones: a) Apoyo a los estudiantes en la sala de clases regular; b) Acciones de planificación, evaluación, preparación de materiales educativos y otros, en colaboración con el o los profesores de la educación regular; c) Trabajo con el alumno de forma individual o en grupos pequeños; con la familia; con otros profesionales, y con el equipo directivo del establecimiento educacional.

Con todo, el tiempo destinado al apoyo de los estudiantes en la sala de clases regular no podrá ser inferior a 8 horas pedagógicas semanales en establecimientos con jornada escolar completa diurna y de 6 horas pedagógicas semanales en establecimientos sin jornada escolar completa diurna.

El pago de la subvención se realizará de acuerdo a lo establecido en la Ley de Subvenciones y a la planificación establecida en el Programa de Integración Escolar.”.

NOVENO: Que además de las disposiciones transcritas se desprende que en el procedimiento de evaluación del programa de integración escolar para el año 2022 la recurrida se desapegó de los principios en ellas establecidos y que derivó en la decisión impugnada en estos autos, tornándola en ilegal, no avizorándose cuál sería el impedimento que justificara no otorgar la mayor asistencia posible al recurrente en su proceso educativo en circunstancias que por lo demás sólo reflejan el compromiso de la familia del mismo que debe ser considerada activamente en su elaboración y ejecución y que incluso llegó a proponer acciones que no tenían un costo financiero para el Estado, aunque su ejecución no sea legalmente posible.

DÉCIMO: Que, a mayor abundamiento como enseña el profesor Cea Egaña, lo que exige la Constitución Política de la República es la “igualdad sustantivamente justa”, es decir, la que admite y exige diferencias o equiparaciones según corresponda, cuando se hallan fundadas en criterios objetivos que permiten establecer, caso a caso, qué rasgos de dos personas, actividades, situaciones, circunstancias o cosas deben ser iguales, para que sea justa la isonomía entre ellas, y en cuales de esas hipótesis deben ser desigualmente tratadas, para que también resulte justa la diferencia normativamente trazada entre ellas, puesto que sólo así “se comprende bien la fórmula aristotélica, con sujeción a la cual el Derecho debe tratar igual a las personas y situaciones en lo que son iguales y desigualmente en lo que ellas son distintas”, de modo que su sentido concreto es que la ley y la autoridad “traten igual en lo que las personas son parecidas o iguales, pero que los traten desigualmente en lo que los sujetos o circunstancias son diferentes”. Así, como concluye el autor, los valores de igualdad justa y desigualdad justa se contraponen a los desvalores de la igualdad injusta y la desigualad discriminatoria o ilegítima.

Entonces, así las cosas, ocurre que el Servicio recurrido, debe ofrecer todas las facilidades para que el alumno puede desarrollarse adecuadamente teniendo los soportes educativos profesionales y técnicos permanentes, lo que no ha ocurrido, desde que a contar del mes de marzo del presente año no ha sido asistido como lo fue en años anteriores.

Por las anteriores consideraciones, normas legales citadas y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE ACOGE el recurso de protección deducido en representación de Tomás, en contra del Servicio Local de Educación de Chinchorro sólo en cuanto se ordena a la recurrida destinar un Asistente Técnico Pedagógico o algún profesional idóneo que pueda asistir al adolescente de manera personalizada y permanente, en concordancia a su diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista y su discapacidad que facilite su adaptación, el tiempo que fuere necesario.

Cúmplase, oportunamente, con lo establecido en el numeral 14° del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N° 2089-2022 Protección.