nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Arica, veintinueve de agosto de dos mil veintidós.

VISTO:

nombre reservado., abogado, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, con domicilio en esta ciudad, y deduce recurso de protección de garantías constitucionales en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, denunciando como ilegal y arbitrario la omisión en el pronunciamiento sobre la solicitud de permiso de permanencia definitiva del recurrente, efectuada por ella el día 10 de junio de 2021, con vulneración de la garantía fundamental consagrada en el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República en relación con el artículo 27 de la ley N° 19.880.

Refiere que el recurrente ingresó como turista a Chile en mayo de 2019 y que estando dentro del país solicitó el beneficio de regularización de situación migratoria según consta del estampado respectivo y solicitó en tiempo y forma, su Permanencia Definitiva, con fecha 10 de junio de 2021, número de solicitud 25665816, sin que la autoridad administrativa se haya pronunciado sobre la solicitud formulada por el recurrente.

Indica que a lo largo del proceso ha sufrido múltiples trabas, tanto así que el 10 de mayo de 2022 realizó un requerimiento a través del Sistema Integral de Atención Ciudadana, siendo contestada la solicitud el 08 de junio señalando la inexistencia de documentos solicitados por el servicio, no dando un mecanismo distinto para su incorporación, los cuales acompaña con el presente recurso.

Así, a la fecha de presentación del recurso, ha cumplido con todas las cargas procedimentales de su responsabilidad, mientras que la recurrida no ha dado respuesta a la solicitud, estando en situación “en trámite”, lo que le ha traído perjuicios pues se encuentra sin la posibilidad a acceder a mejores ofertas laborales, pues al tener vencida la vigencia de su cédula de identidad le ha sido difícil obtener una oportunidad de trabajo en la región que reside.

Alude a la vulneración de las reglas contenidas en la Ley N° 19.880, de Bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, la que establece los principios de celeridad y economía procedimental.

Pide como medida para restablecer el imperio del derecho, ordenar a la recurrida que se pronuncie sobre la misma, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho, debiendo ésta dar respuesta a la solicitud efectuada por el recurrente en el plazo de 15 días corridos o en el que la Corte, en razón del mérito de antecedentes y del plazo que ha esperado el recurrente, determine ordenar.

Informó en su oportunidad el Servicio Nacional de Migraciones, continuador legal del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, solicitando el rechazo del recurso, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria que atente contra las garantías fundamentales del recurrente.

Señala que el recurrente se encuentra en tramitación de su correspondiente regularización migratoria en virtud de lo dispuesto en el artículo 8° transitorio de la Ley 21.325, lo que fue solicitado con fecha 10 de junio de 2021, y mediante Resolución Exenta N° 21064494, de fecha 10 de junio de 2021 del Departamento de Extranjería y Migración se le tuvo por desistido de todo trámite pendiente en materia migratoria presentado por el recurrente y la solicitud de éste se acogió a trámite entregándole un permiso de trabajo, mientras su petición se encontrara en trámite.

En relación a la solicitud que da cuenta el recurrente, que no habría podido efectuar por el sistema informático, refiere que no se señala ni especifica cuál fue el requerimiento en concreto, por lo que no se puede dilucidar el inconveniente por el cual se hizo la solicitud, lo que es necesario para efectos de aclarar la solicitud de la recurrente. En este sentido, indica que con la modificación al sistema de plataformas, pudo existir dificultades momentáneas en el uso de la página web.

Sin embargo, realizadas las consultas a la unidad de Gestión de Datos del Servicio, el recurrente se encuentra habilitado para incorporar el documento a través de dicha plataforma, por lo que no se puede identificar las dificultades denunciadas.

Así, para continuar con la tramitación de la Regularización migratoria, se le solicitó el Certificado de Antecedentes del país de origen debidamente apostillado, el cual sólo debe ser incorporado única y exclusivamente a través de la plataforma habilitada para dichos efectos, por lo que mientras no de cumplimiento a lo solicitado, no puede avanzar a la próxima etapa del procedimiento de Regularización Migratoria.

De esta forma, el servicio no se encuentra retrasado en cuanto a la respuesta de la regularización de la situación migratoria, más bien, se encuentra a la espera del cumplimiento de lo solicitado al recurrente, para proseguir con el curso de su tramitación, encontrándose actualmente en trámite, en etapa de análisis.

Asimismo, indica que el recurrente mantiene situación migratoria regular en el territorio nacional, pudiendo hacer ingreso y egreso del país sin limitaciones y transitar libremente por éste. En consecuencia, entiende que no existe actualmente una conducta que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos protegidos por la acción de protección.

Respecto al derecho, se señala que el recurrente solicitó acogerse al proceso de regularización de la Ley 21.325, actualmente en trámite, en etapa de análisis. Contra la presentación del recurrente se otorgó un permiso de trabajo, de forma gratuita y con vigencia mientras su solicitud se encuentre en trámite, el que acredita la residencia regular del recurrente durante todo el periodo de tramitación de su solicitud.

En cuanto al tiempo de tramitación, invoca lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N°19.880, donde se establece que el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, una pandemia de carácter mundial que afectó y afecta a nuestro país, término que no resulta fatal para la Administración, citando jurisprudencia al efecto.

Agrega que del mismo modo el recurso de protección no es la vía idónea para alegar una falta de respuesta de la administración, sino el mecanismo especial establecido en los artículos 64 y 65 de la Ley 19.880, sin perjuicio que la parte recurrente no ha solicitado la debida certificación respecto a que la solicitud no ha sido resuelta dentro del plazo establecido por la ley, pudiendo hacerlo, siendo ella la vía adecuada para hacer efectivo el principio de celeridad establecido en dicho cuerpo legal.

Además, la vía judicial ha vulnerado la garantía de la igualdad ante la ley de los demás solicitantes de permisos de residencia, toda vez que un grupo reducido se ha transformado en un grupo privilegiado en cuanto a la resolución de sus solicitudes, lo que pugna con la garantía de igualdad ante la ley.

En consecuencia, solicita se rechace la acción de protección en todas sus partes, por no existir ni haber existido acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de esta autoridad que pueda haber privado, perturbado o amenazado de manera alguna las garantías constitucionales incoadas por el recurrente en la forma señalada en su acción, como también de la imposibilidad de este servicio de seguir dándole tramitación a la solicitud del recurrente sin la incorporación de los antecedentes solicitados.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, de los antecedentes del proceso, puede desprenderse que el acto considerado por el recurrente como ilegal y arbitrario corresponde a que la recurrida ha omitido pronunciamiento respecto de su solicitud de regularización migratoria, a pesar del tiempo transcurrido en exceso para ello, y que ello también responde a la dificultad para incorporar antecedentes al sistema informático del servicio.

CUARTO: Que, en virtud de los antecedentes esgrimidos en el recurso y por la recurrida en su informe, se advierte que la petición de regularización migratoria se interpuso el 10 de junio de 2021. Por su parte, la recurrida informó que para efectos de continuar el proceso debía acompañar el Certificado de Antecedentes del país de origen debidamente Apostillado, lo que fue tácitamente reconocido por la recurrente al indicar que el documento que no había podido incorporar se acompañaba con el presente recurso, correspondiendo dicho documento al que se encuentra pendiente de ser recepcionado por el servicio recurrido.

QUINTO: Que, sin duda ha existido una demora excesiva en la resolución de la petición del recurrente, sin embargo ello obedece a la falta de documentación necesaria para darle curso al procedimiento, lo que es responsabilidad del recurrente. En relación a la imposibilidad de cumplir con el envío de la documentación, la recurrida informó que además no advirtió cual habría sido la dificultad a la que alude el recurrente, pero que de todos modos se encuentra actualmente habilitado para incorporar dicho documento a través de la plataforma web.

SEXTO: No obstante lo anterior, no puede dejar de advertir que la presente no es ésta la vía para lograr obtener una orden judicial que acelere el pronunciamiento que se pretende por el recurrente, aventajando de esta forma a quienes efectuaron igual solicitud a la suya con fecha anterior a la misma, dado que ello pudiere eventualmente vulnerar el principio de igualdad ante la ley, que consagra el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, precisamente respecto de aquellos que ven más demoradas aún las respuestas a sus pretensiones, frente a quienes de contrario, a través de alguna acción cautelar favorable, obtienen que la autoridad administrativa se avoque con prioridad y preferencia al análisis y a la resolución de sus requerimientos.

En este orden de ideas, aparece relevante reflexionar que en forma previa a disponer cualquier medida cautelar o de tutela de derechos, el órgano jurisdiccional debe realizar siempre la ponderación de idoneidad, necesariedad y proporcionalidad de aquellas que le son requeridas o de las que oficiosamente puedan ordenarse.

SEPTIMO: Que si bien en fallos previos se ha objetado la extrema demora en la tramitación de este tipo de solicitudes formuladas por extranjeros al Servicio Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, circunstancia que ciertamente transgrede los principios de celeridad y conclusivo que deben regir la actuación de la Administración, en beneficio del administrado y que en caso alguno puede escudarse en la situación de excepción que contempla el artículo 27 de la Ley N°19.880, no es posible soslayar hoy en día que las acciones constitucionales han sido paulatina y crecientemente interpuestas ante esta Corte de Apelaciones, con los fines descritos en el párrafo anterior, lo que no puede seguir tolerándose, por el motivo también analizado previamente, en relación a los efectos que éste tipo de arbitrios puede provocar en perjuicio de la situación procedimental migratoria de otros extranjeros.

OCTAVO: Que por otra parte, aparece importante recordar que los artículos 64 al 66 de la Ley N°19.880, aplicable a la actividad de toda la Administración del Estado, entrega al administrado la solución que por esta vía -inapropiada como se ha dicho-, se pretende, de manera que contando entonces las garantías que se reclaman transgredidas con el debido resguardo legal, que les plantea una solución definitiva de carácter administrativo, no advirtiendo esta Corte la indispensabilidad y conveniencia de un pronunciamiento favorable a través de esta acción constitucional y, más aún, observando que este tipo de decisiones pueden eventualmente contribuir involuntariamente a la afectación de derechos fundamentales de otros administrados que se encuentren en similar situación a la del actor, se desestimará el presente recurso.

NOVENO: Que conforme a lo reflexionado precedentemente, se manifiesta de este modo un cambio en su criterio jurisprudencial sobre la materia.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que se rechaza el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Se previene que el Ministro José Delgado Ahumada concurre a la decisión del recurso solo en relación a lo señalado en los considerandos PRIMERO al QUINTO de la resolución.

Cúmplase, oportunamente, con lo establecido en el numeral 14° del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 2077-2022 Protección.