Recurso de protección

Arica, veinticinco de junio de dos mil veintiséis.

VISTO:

Comparece nombre reservado, cédula de identidad N°NUM000, domiciliada en esta ciudad y en representación de su nieta menor de edad, nombre reservado, estudiante de séptimo básico de la Escuela nombre reservado de esta ciudad y en contra del menor nombre reservado, quién increpándola la acusó de exponerlo en redes sociales, lo que fue negado por su nieta, desencadenando en el menor recurrido una agresión verbal fuertísima manifestando que “no sabían de lo que era capaz”, además de amenazarla con golpes y teniendo en consideración que la dobla en peso y estatura.

Señala que ante esta agresión pide auxilio al profesor quien corre la misma suerte de su nieta siendo confrontado y agredido verbalmente, debiendo el profesor aplicarle una medida disciplinaria al menor y como consecuencia de lo anterior le profiere amenazas de muerte siendo estas enviadas a otros alumnos a quienes no dejan de obedecerle porque de lo contrario correrían la misma suerte.

Refiere que se ve en la necesidad de proteger la integridad de su nieta ya que el menor recurrido en forma reiterada amenaza con golpizas y amenazas de muerte en contra de su nieta citando Como ejemplo de ellas, dichos como, “en la salida te espero”, " te voy a matar", amenazas que fueron que fueron proferidas en presencia de profesores de la escuela los que inmediatamente confrontaron al alumno y quien agrega que en redes sociales se publica vídeos donde agrede a niños dejándolos ensangrentados en el contexto de " hoy así los dejo”. Dejando en claro que el menor es 4 años mayor que El Niño más grande de su colegio y siendo 5 años mayor que su nieta la que se encuentra totalmente aterrada, sin que de asistir al colegio además de otras cuatro compañeras que tan bien han faltado a clases debido al terror que les genera la convivencia con este alumno.

Sostiene que el alumno si bien tiene derecho a la educación según consta en la carta fundamental, claramente la vulneración al derecho a la vida por amenazas, y acciones constantes de violencia crean un ambiente intimidatorio e insostenible tanto para su nieta como para el colegio en general donde se han visto vulnerados los derechos a la educación.

Adiciona quien no se puede acercar al lugar de estudio de su hija y nietos y a los domicilios en particular y que todas las amenazas van acompañadas de distintas agresiones y lenguajes groseros y agresivos donde la alusión a que se encuentra con apoyo familiar en la calle para cobrar con sus vidas.

Situación que la desespera porque sabe que debe respetar los derechos de este menor, pero tiene conciencia que se encuentra en juego el derecho a la vida y la educación de su nieta hijos y otros nietos además de la comunidad educativa, razón por la que interpone el presente recurso de protección solicitando el alejamiento de esta persona.

Que al referirse sobre la admisibilidad del recurso se solicitó al colegio nombre reservado de esta ciudad acompañará los registros de ambos alumnos y además se le enviaron los antecedentes a la oficina local de la niñez y el juzgado de familia con carácter de urgente a fin de que se adopten las medidas de protección que correspondan dicho el anterior y dando cumplimiento a lo ordenado por este tribunal la escuela en cuestión acompañó los antecedentes o información de los alumnos, además de la ficha de matrícula escolar para el año 2026 bien, en la que consta que ambos viven con sus padres y que se destaca respecto del alumno recurrido hoy ya se encuentra evaluado tanto por un psicólogo psicopedagogo fonoaudiología psiquiatría y neurología, además de acompañarse su certificado de nacimiento y respecto de la alumna en favor de quien se recurre se acompaña el mismo informe de matrícula y su certificado de nacimiento sin que se haya estipulado en estos antecedentes que se encuentra bajo la evaluación de algún especialista Proveyendo derechamente la admisibilidad del recurso se les pide informe a los padres del alumno nombre reservado y a la escuela nombre reservado representada por su directora nombre reservado.

Consta de más que mediante oficio NUM001 del 21 de abril del año en curso y conforme a lo que se le ordenó en la resolución de esta corte previo al conocimiento del admisibilidad del presente recurso el Juzgado de Familia de esta ciudad informa que se ha aperturó la causa P-849-2026, medida de protección respecto de la NNA nombre reservado, en la que se designa un curador ad litem del programa a “mi abogado” de la Corporación de Asistencia Judicial, se cita a una audiencia de preparatoria para el 24 de abril del año en curso a la abuela materna y el curador de la menor, oficiándose además a la escuela nombre reservado para que remita al tribunal los antecedentes de la NNA nombre reservado, sus padres y/o apoderados, domicilios registrados en el establecimiento educacional, el curso al que asisten, y todo aquel antecedente relativo a la niña cómo asimismo, de los informes de las medidas adoptadas en resguardo de la misma ante el episodio de violencia ocurrido en el establecimiento educacional y denunciado en esta causa. Agregándose en esta resolución que se percibe de acuerdo con lo establecido en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil en el caso de incumplimiento, de denunciar de inmediato los hechos al ministerio público por el posible delito de desacato.

Además la misma resolución apertura una causa proteccional bajo el rol P- 887-2026 respecto del adolescente nombre reservado, ordenando que se le asigne un curador ad-Litem del programa “Mi abogado” de la Corporación de Asistencia Judicial, además de oficiar a la escuela nombre reservado para que remitan los antecedentes de nombre reservado, sobre sus padres y/o apoderados, domicilio registrado en el establecimiento educacional, el curso al que asiste y los antecedentes relativos del adolescente debiendo ser remitidos dentro de tercero día.

Agrega la resolución que atendido la edad del adolescente se ordena derivar los mismos al ministerio público a fin de que realice la investigación con respecto al presunto delito de amenazas descrito en el artículo 296 del Código Penal con relación a la responsabilidad penal adolescente en caso de cumplirse los requisitos en contra del este.

Finalmente se cita a audiencia preparatoria para el 24 de abril del año en curso a la cuidadora y abuela paterna, nombre reservado, al director del establecimiento educacional escuela nombre reservado y al curador ad-litem.

Esta Corte requirió informe a los padres del alumno nombre reservado, del cual posteriormente fue prescindido, quedando vigente la petición de informe sólo respecto de la escuela nombre reservado.

Informando la entidad educacional, solicitó el rechazo del recurso y expuso que la directora del establecimiento al conocer de los hechos activó los protocolos respectivos y que incluyó requirió una medida de protección a la oficina local de la niñez y posteriormente iniciar una investigación de acuerdo con lo dispuesto en la ley de aula segura.

Agrega que el 16 de abril del año en curso se aplicó al alumno en cuestión la medida cautelar de suspensión por el lapso de 10 días lo que fue notificado el 16 de abril del año en curso.

Producto de la investigación el establecimiento educacional determinó la ocurrencia de los siguientes hechos imputables a el alumno en cuestión: 1.- episodios reiterados de maltrato psicológico hacia estudiante, caracterizados por hostigamiento verbal, amedrentamiento y conductas intimidatorias persistentes en el tiempo además del episodio de amenaza intimidante explícita en contra del encargado de convivencia escolar, qué es una persona de tercera edad que al sentirse amenazado decidió renunciar a su cargo y a sus años de servicio. 2.- emisión de amenazas explícitas dirigida a otros estudiantes en las que hace referencia directa a la intención de agua pedir físicamente, Incluyendo el uso de armas blancas lo que incrementa significativamente el riesgo asociado a dichas conductas. 3.- generación de un ambiente de temor real y fundado dentro de la comunidad educativa particularmente entre los estudiantes afectados quienes manifestaron sentir miedo por su integridad física y psíquica afectando gravemente su bienestar y normal desarrollo en el contexto escolar. 4.- existencia de múltiples testimonios concordantes de estudiantes afectados, los que dan cuenta desde la reiteración, intencionalidad y gravedad de las amenazas, así como el impacto emocional provocado. 5.-antecedentes formales que incluyen denuncias a la fiscalía y acciones judiciales interpuestas por los apoderados, lo que refuerza la verosimilitud y gravedad en los hechos investigados.

Las amenazas proferidas no corresponden a expresiones aisladas o de carácter leve, sino que constituyen manifestaciones concretas de violencia psicológica con connotación de posible daño físico, configurando un riesgo relevante para la seguridad de los estudiantes involucrados y de la comunidad educativa en general.

En virtud de todo lo anterior el 6 de mayo del año en curso la directora del establecimiento determinó la expulsión del estudiante de conformidad con lo dispuesto en la ley aula segura y el reglamento interno por incurrir en conductas que constituyen una afectación grave a la integridad psíquica y a la seguridad de los miembros de la comunidad educativa medida que ya fue notificada a su apoderada.

Del anterior se puede apreciar que ante la situación que afectó a la nieta de la recurrente y a otros integrantes de la comunidad educativa el establecimiento educacional adoptó las medidas de protección aplicando las correspondientes sanciones a responsables e informando al organismo con competencia en materia de protección a la niñez, no pudiendo de esta manera reprocharse a su representada en haber incurrido en una acción u omisión ilegal o arbitraria que afecte a las garantías constitucionales por lo que pide el rechazo del presente recurso.

Se solicitó por esta Corte como trámite, que el establecimiento educacional recurrido acompañara el Reglamento Interno de Convivencia Escolar -RICE- y a la Superintendencia de Educación, que informara al tenor del recurso.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, conforme a lo preceptuado en el artículo 20 de la Carta Fundamental, para la procedencia del recurso de protección, se requiere en primer término que quien la interponga sea el que, por causa de actos u omisiones, arbitrarias o ilegales, sufra perturbación, privación a amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 en los numerales que menciona a continuación. Esto es, exige que sea el titular del derecho o garantía que requiere de protección, quien la deduzca, y en el caso que lo haga un tercero a nombre de otro, es este último el que debe detentar la calidad de personalmente afectado con la acción u omisión arbitraria o ilegal que lo motiva.

SEGUNDO: Que, el acto alegado como ilegal y arbitrario por la recurrente, corresponde a las amenazas de agresión sufrida por la nieta de la recurrente por parte de otro adolescente de la Escuela nombre reservado, las que incluían amenazas de muerte y el uso de armas blancas.

TERCERO: Que, para determinar la ilegalidad o arbitrariedad del acto referido precedentemente, se tiene presente que debió ceñirse a lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N°2 de 1998 del Ministerio de Educación, así también al procedimiento previsto en el Reglamento Interno del establecimiento educacional, que señala los protocolos que deben seguirse para la adopción de las sanciones allí descritas.

CUARTO: Que, el artículo 6 del D.F.L. N°2 de 1998 del Ministerio de Educación, en lo pertinente al procedimiento, señala que “Las medidas de expulsión o cancelación de matrícula sólo podrán adoptarse mediante un procedimiento previo, racional y justo que deberá estar contemplado en el Reglamento Interno del establecimiento, garantizando el derecho del estudiante afectado y, o del padre, madre o apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida”.

QUINTO: Que el conflicto que motiva la presente acción, cuyos elementos fácticos se han descrito precedentemente, debe ser analizado, a la luz de los prescrito por el Decreto con Fuerza de Ley N° 2, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1996, sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales, en su artículo 6 ° letra d) párrafo tercero, quinto, sexto, octavo a décimo primero, décimo séptimo y décimo octavo, que dispone: “Sólo podrán aplicarse las sanciones o medidas disciplinarias contenidas en el reglamento interno, las que, en todo caso, estarán sujetas a los principios de proporcionalidad y de no discriminación arbitraria, y a lo dispuesto en el artículo 11 del decreto con fuerza de ley Nº2, de 2009, del Ministerio de Educación. […] Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula sólo podrán aplicarse cuando sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno del establecimiento o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley.

Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa [...] que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa […], tales como […] agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento. […] Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, el director del establecimiento deberá haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones e implementado a favor de el o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que estén expresamente establecidas en el reglamento interno del establecimiento educacional, las que en todo caso deberán ser pertinentes a la entidad y gravedad de la infracción cometida, resguardando siempre el interés superior del niño o pupilo. […]

Lo dispuesto en el párrafo precedente no será aplicable cuando se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar, de conformidad al Párrafo 3º del Título I del decreto con fuerza de ley Nº2, de 2009, del Misterio de Educación. En ese caso se procederá con arreglo a los párrafos siguientes.

Las medidas de expulsión o cancelación de matrícula sólo podrán adoptarse mediante un procedimiento previo, racional y justo que deberá estar contemplado en el reglamento interno del establecimiento, garantizando el derecho del estudiante afectado y, o del padre, madre o apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida.

La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por el director del establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado, según el caso, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de quince días de su notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores.

El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles. […] El director, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, en la forma, el cumplimiento del procedimiento descrito en los párrafos anteriores.

Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación del estudiante afectado por la medida y adoptar las medidas de apoyo necesarias.

El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial respectiva, velará por la reubicación del estudiante sancionado, en establecimientos que cuenten con profesionales que presten apoyo psicosocial, y adoptará las medidas para su adecuada inserción en la comunidad escolar.

Además, informará de cada procedimiento sancionatorio que derive en una expulsión, a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, cuando se trate de menores de edad.”.

SEXTO: Que, conforme lo informado por la Directora del establecimiento, nombre reservado se adoptó en su oportunidad el procedimiento que establece el reglamento interno disponiendo la suspensión inmediata del menor denunciado y su posterior expulsión lo que fue comunicado y refrendado por la Superintendencia de Educación, quien derivó al Departamento Provincial de Educación de Arica a fin de que se gestionara su reubicación.

SEPTIMO: En las condiciones anotadas, no se configura actualmente la vulneración de garantías constitucionales que se denuncian en el recurso, quedando en evidencia, que de los antecedentes allegados al recurso y lo informado por el colegio y la Superintendencia, el acto u omisión que se invoca como ilegal o arbitrario ha desaparecido, entonces el mismo termina por perder su objeto y el pronunciamiento judicial sobre el fondo del asunto se vuelve estéril.

De este modo, la acción constitucional impetrada ha perdido oportunidad y, en consecuencia, se omitirá pronunciamiento en relación con la misma.

Por las anteriores consideraciones, normas reglamentarias y legales citadas y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, aplicable al caso, se declara que:

Que SE OMITE PRONUNCIAMIENTO, por falta de oportunidad del recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en representación de su nieta menor de edad, nombre reservado, estudiante de séptimo básico de la Escuela nombre reservado de esta ciudad y en contra del menor nombre reservado.

De conformidad al Protocolo establecido Acta 44-2022, atendido los sujetos de la presente acción y la naturaleza del asunto que se trata, aplíquese por quien corresponda, la anonimización de los antecedentes del expediente íntegro, en todas sus instancias.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°205-2026 Protección.