Protección contra Gobierno Regional de Arica y Parinacota

Arica, nueve de julio de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que accionó de protección el abogado Arnaldo Salas Valladares en representación de nombre reservado, en contra del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, en adelante GORE, representado por el gobernador regional Diego Paco Mamani, por su actuar arbitrario e ilegal en la dictación de la Resolución Exenta N°1591 de 7 de mayo de 2025, que como medida disciplinaria destituyó al accionante, vulnerando las garantías constitucionales de los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en adelante CPR.

Expone, en síntesis, que la destitución se funda en haber realizado el accionante dos denuncias por faltas funcionarias que fueron calificadas por el recurrido como falsas y faltas de fundamento, faltando con ellas, gravemente, al principio de probidad, lo que de acuerdo con la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, en adelante CGR, sólo puede ser sancionado con la medida disciplinaria de destitución, por tratarse de la única sanción legalmente establecida para la falta.

Indica, que una de las denuncias efectuadas por el destituido originó el sumario administrativo por uso indebido de vehículo fiscal por la funcionaria Brunella Vinet Mattasoglio; y la otra, por uso de licencia médica ideológicamente falsa por la funcionaria nombre reservado, denuncias que la resolución impugnada estima carentes de fundamento y realizadas con ánimo de perjudicar, infringiendo con ello el deber de probidad establecido en el artículo 62 Nº 9 de la Ley 18.575.

Sostiene, que en la resolución impugnada se incurre en el vicio de desviación de poder, lo que la hace ilegal y arbitraria, porque la finalidad de tal acto es distinta al interés público, buscando en realidad sancionar al recurrente por razones políticas, puesto que las denuncias realizadas tenían fundamentos sólidos, basados en antecedentes que las respaldaban, ante lo cual la destitución dispuesta resulta desproporcionada.

Aduce también la atipicidad de los hechos, porque la denuncia de irregularidades es un deber funcionario (artículo 61 letra l de la Ley 18.834) y la responsabilidad por denuncias no acreditadas debe ser aplicada excepcionalmente, y sostuvo que no concurren los requisitos para configurar la infracción invocada por el recurrido, ni la del artículo 125 letra d) de la Ley 18.834, ya que las dos denuncias se hicieron sobre la base de antecedentes objetivos.

Agrega, que la resolución impugnada no se hace cargo de los argumentos y antecedentes conocidos por el denunciante al momento de realizar las denuncias, ni de los elementos expuestos en el escrito de descargos, no bastando la mera declaración del funcionario denunciado para atribuirle un ánimo de perjuicio, dado los elementos objetivos que permitían refrendar el ejercicio del deber funcionario de denunciar.

Expresa, que la responsabilidad es graduable y que el elemento culpabilidad tiene influencia decisiva en la medida disciplinaria final, exigiendo un dolo directo que no se ha acreditado, sumado a que no existe prueba sobre la falsedad de los hechos denunciados ni del ánimo de perjudicar a terceros, y que la obligación de investigar recae en el fiscal, no en el denunciante.

Solicita se acoja el recurso y se restablezca el imperio del derecho y se declare: 1.- Que la Resolución recurrida es ilegal y arbitraria y por ende debe dejarse sin efecto por carecer de fundamento y argumento; 2.- Que el Gobernador Regional debe absolver a don nombre reservado en el procedimiento sumarial por no haberse acreditado el tipo infraccional del Nº9 del artículo 62 de la ley 18.575 por no haberse acreditado dolo directo al denunciar, la falsedad de los hechos y la intención de perjuicio de tercero. 3.- En subsidio de lo anterior, que debe aplicarse al citado funcionario la medida disciplinaria de menor entidad distinta de la destitución por haberse configurado la circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior; 4.- Toda otra medida que debe adoptar el Gobierno Regional tendiente a la reincorporación inmediata del señor nombre reservado al Servicio Administrativo del Gobierno Regional en el mismo grado y en las mismas condiciones que tenía antes de la aplicación de la medida de destitución, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones propuestas; 5.- Que se condena el Gobierno Regional al pago de las costas del recurso.

SEGUNDO: Que, en su informe, la recurrida solicita el rechazo del recurso, argumentando, en síntesis, que no se han vulnerado derechos fundamentales del recurrente, y que la acción cautelar no es la vía idónea para revisar el mérito o legalidad de las resoluciones administrativas, considerando, además, que la impugnada goza de presunción de legalidad y cumple con los estándares de fundamentación exigidos por la ley.

Expone, que el proceso disciplinario se tramitó conforme a las normas legales y con pleno respeto al debido proceso, y mediante la Resolución Exenta N°1591, se aprobó el sumario administrativo, aplicándose al recurrente la medida disciplinaria de destitución, decisión contra la cual no dedujo recurso de reposición consagrado en el artículo 141 del Estatuto Administrativo, sino que optó por esta acción constitucional.

Aduce, que la resolución recurrida no es un acto administrativo autónomo ni independiente, y que esta Corte no puede constituirse en una instancia de debate sobre la procedencia o improcedencia de un derecho, citando jurisprudencia de la CGR y de la Corte de Apelaciones de Santiago para respaldar la potestad disciplinaria de la Administración y el valor probatorio de la prueba vertida en un proceso disciplinario.

Sostiene, que la señalada resolución goza de presunción de legalidad otorgada por el legislador en el artículo 3°, inciso final, de la Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado, en adelante LBGAE, y que la resolución recurrida cumple con el estándar legal de fundamentación exigido en los artículos 11 y 41 de la ley señalada, citando jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, en adelante ECS.

Sobre la supuesta Ilegalidad por inexistencia de infracción a los artículos 62 Nº9 de la Ley 18.575 y 61 g) y 125 d) de la Ley 18.834, dice que el recurrente fue destituido por infracción grave al principio de probidad administrativa, lo que solo admite como sanción la medida expulsiva, según se desprende de la lectura de las mismas disposiciones legales citadas por el recurrente, respecto de lo cual la CGR ha dicho: “…según lo ha establecido la jurisprudencia de este origen, contenida, entre otros, en los dictámenes Nos 30.733, de 2000 y 71.484, de 2011, el legislador no ha limitado a un número determinado las actuaciones funcionarias que signifiquen una transgresión a la probidad administrativa, de tal modo que la aludida sanción puede aplicarse por la comisión de distintas faltas que afecten al indicado principio, siempre que sean graves.”. El ente contralor sostuvo: “Ello permite afirmar que la gravedad de la falta a la probidad no solo puede advertirse de la literalidad de los cargos, o desprenderse de ellos, sino que también puede colegirse del expediente sumarial en su totalidad, ya que este se conforma de un conjunto de antecedentes de los cuales se puede apreciar su mérito.”.

Niega que el acto administrativo impugnado sea desproporcionado y falto de razonabilidad, porque la sanción aplicada atiende a la gravedad y reiteración de los hechos que fueron materia de cargos, adicionando que aquél se hizo cargo de la atenuante impetrada por el actor, pero dada la gravedad de las imputaciones e infracciones al principio de probidad administrativa, ello no impidió aplicar la sanción impugnada.

Dice, que no se vulneraron los derechos constitucionales alegados por el recurrente, citando, respecto del derecho a la igualdad, el fallo unánime de la Tercera Sala de la ECS de 8 de mayo de 2020, que expresa: “Desde una perspectiva dogmático-constitucional, el principio de igualdad proscribe las decisiones que generen diferencias de tratamiento que no se encuentren fundadas en razones objetivas o razonables”.

Indica, que en este caso es evidente que la determinación administrativa de destitución del recurrente no tuvo relación alguna con supuestas diferencias arbitrarias que hicieren suponer un trato distinto a su respecto.

Afirma, que por esta vía el recurrente pretende revisar la calidad y cantidad de la prueba rendida, y las determinaciones expedidas en un procedimiento disciplinario, lo que es improcedente; que la resolución recurrida fue dictada por la autoridad competente provista de facultades legales, dentro del ámbito de su competencia y en la forma que prescribe la ley, la que cumplió con el estándar de fundamentación, tanto en los hechos como el derecho, por ende, al ser fundada, no es arbitraria. Ergo, no adolece de los vicios ni yerros referidos en la acción de protección.

Aduce, que la resolución recurrida no ha dado ningún trato especial o discriminatorio en perjuicio del recurrente, y no puede estimarse que exista un derecho de propiedad sobre la función pública, sin perjuicio de no haberse conculcado dicha garantía, concluyendo que la aplicación de la medida expulsiva es justa y proporcional a la gravedad de los hechos que vulneraron gravemente el principio de probidad administrativa.

TERCERO: Que, para que prospere la acción entablada el artículo 20 de la Carta Fundamental exige que quien la interpone sea quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufra perturbación, privación a amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 en los numerales que indica.

En este caso, el acto recurrido es la Resolución Exenta N°1591 de 7 de mayo de 2025 del GORE, que le aplicó la medida disciplinaria de destitución, respecto del cual esta Corte debe determinar si con él se incurrió en ilegalidad y/o arbitrariedad, sin perjuicio de considerar que conforme dispone el artículo 3 de la Ley N°19.880 el mismo goza de presunción de legalidad, de imperio y de exigibilidad frente a sus destinatarios.

CUARTO: Que, previo al análisis de fondo, estos sentenciadores estiman que la resolución recurrida constituye un acto terminal que puede ser impugnado por esta vía, según establece el inciso primero del artículo 54 de la Ley N°19.880, la que únicamente veda al afectado acudir a la judicatura mientras no se haya resuelto el reclamo correspondiente, lo que en este caso ya ocurrió.

QUINTO: Que, sobre el fondo, siendo el acto administrativo cuestionado la destitución del recurrente dispuesta por el GORE al estimar quer las dos denuncias efectuadas por dicha persona constituían falta de probidad por su intención de perjudicar a las funcionarias denunciadas, esta Corte debe determinar si tal medida disciplinaria en cuanto calificó la conducta imputada al recurrente como falta agrave y reiterada a la probidad administrativa se estableció con apego a la ley y a la juridicidad exigible a los órganos del Estado por el ordenamiento jurídico nacional, y en segundo lugar, si en el caso se vulneraron los derechos fundamentales invocados por el recurrente.

SEXTO: Que, siendo la infracción al deber y principio de probidad el eje central de la imputación disciplinaria en que se funda la destitución es necesario atender a las normas que lo establecen y regulan, acudiendo para ello a la sistematización realizada por el profesor Julio Pallavicini Magnère (El principio de probidad administrativa en la jurisprudencia de la Contraloría General. En Revista de Derecho Público. Primer semestre de 2013).

Norma de partida es el artículo 8° de la CPR que establece que “El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones”. Luego, el inciso segundo del artículo 3° de la Ley 18.575, LBGAE, indica que la administración debe observar el señalado principio, y el inciso primero de su artículo 13 establece: “Los funcionarios de la Administración del Estado deberán observar el principio de probidad administrativa y, en particular, las normas generales y especiales que lo regulan”.

Además, el inciso primero del artículo 52 de la ley señalada previene que las autoridades y funcionarios de la administración de la Administración del Estado deben dar estricto cumplimiento al principio de la probidad administrativa”, agregando su inciso segundo que este principio “consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.”, por lo que su inobservancia, según su inciso tercero, “acarreará las responsabilidades y sanciones que determinen la Constitución, las leyes y el párrafo 4° de este Título, en su caso.”.

Así, dice el autor citado, el principio pivota sobre la base del ‘interés general’, definido como el recto y correcto ejercicio del poder público por parte de las autoridades administrativas, el que se expresa en: el recto y correcto ejercicio del poder público por parte de las autoridades administrativas; en lo razonable e imparcial de sus decisiones; en la rectitud de ejecución de las normas, planes, programas y acciones; en la integridad ética y profesional de la administración de los recursos públicos; en lo razonable e imparcial de sus decisiones; en la rectitud de ejecución de las normas, planes, programas y acciones; en la integridad ética y profesional de la administración de los recursos públicos que se gestionan; en la expedición en el cumplimiento de sus funciones legales, y en el acceso ciudadano a la información administrativa, en conformidad a la ley.

Además, el artículo 62 de la citada ley señala que “Contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa, las siguientes conductas (entre otras): 1. Usar en beneficio propio o de terceros la información reservada o privilegiada a que se tuviere acceso en razón de la función pública que se desempeña; 4. Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales; 8. Contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que rigen el desempeño de los cargos públicos, con grave entorpecimiento del servicio o del ejercicio de los derechos ciudadanos ante la Administración, y ;9. Efectuar denuncias de irregularidades o de faltas al principio de probidad de las que haya afirmado tener conocimiento, sin fundamento y respecto de las cuales se constatare su falsedad o el ánimo deliberado de perjudicar al denunciado.”.

Por otra parte, el artículo 125 del Estatuto Administrativo indica que “La destitución es la decisión de la autoridad facultada para hacer el nombramiento de poner término a los servicios de un funcionario.”. agregando a continuación que esta medida disciplinaria procede “sólo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa”.

SEPTIMO: Que conforme a las normas citadas, queda configurado el deber de probidad la pregunta es qué debe entenderse como vulneración grave al mismo ameritando la destitución conforme al artículo 125 del Estatuto Administrativo.

OCTAVO: Que en este caso la resolución impugnada califica como falta grave al deber de probidad las dos denuncias reiteradas presentadas por el recurrente en contra de dos funcionarias del GORE, al estimarlas falsas y realizadas con ánimo de perjudicar a dichas personas.

Para verificar la concurrencia de los requisitos legales para la referida calificación, esta Corte debe atender a los antecedentes aportados por los intervinientes, y ponderarlos de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

Así tenemos que la primera denuncia la hizo el recurrente como funcionario público del GORE ante la Contraloría Regional de Arica y Parinacota el día 15 de abril de 2021, contra la exfuncionaria Brunella Vinet, por mal uso de vehículo fiscal; y la segunda, la presentó el 17 de agosto de 2023, contra la funcionaria nombre reservado, por uso de licencia médica ideológicamente falsa, dictándose en ambos casos el sobreseimiento definitivo de las denunciadas por falta de prueba.

Lo anotado debe servir de base para cotejar si las referidas denuncias, dadas sus fechas, infracciones denunciadas y personas implicadas permiten sostener, de acuerdo con la lógica, si existió una conducta reiterada, intencionada o dolosa del recurrente para perjudicar a las funcionarias denunciadas.

A criterio de esta Corte, los elementos de hecho señalados en el segundo párrafo de este motivo no permiten verificar la concurrencia del elemento intencional invocado en la resolución recurrida. En primer lugar, porque en las dos ocasiones la persona denunciada es distinta; porque la falta denunciada es distinta y entre una y otra denuncia pasaron dos años y cuatro meses, circunstancias de persona, tiempo y lugar que permiten descartar que se trate de una conducta reiterada realizada con intención de perjudicar, pues no se advierte una conducta contumaz y repetitiva que revele tal un ánimo.

En segundo lugar, porque según se observa, el recurrente actuó cumpliendo la obligación funcionaria prevista en el entonces vigente Artículo 55 literal k) del Estatuto Administrativo, hoy contenida en su artículo 61 literal l (ele), que lo obliga a denunciar, con la debida prontitud, ante la autoridad competente los hechos de que tome conocimiento en el ejercicio de sus funciones y que revistan el carácter de faltas administrativas o infracciones disciplinarias, especialmente aquellas que contravengan el principio de probidad administrativa.

Tal obligación no exige al denunciante rendir prueba de las faltas denunciadas, pues ello es materia de la investigación.

NOVENO: Que de acuerdo a lo asentado, la calificación jurídica efectuada por la resolución recurrida respecto de las dos denuncias realizadas por el recurrente como violatorias del principio y deber de probidad resulta contraria a las normas consignadas en el motivo sexto, y arbitraria y desproporcionada, por ende, al imponerle como sanción la destitución del servicio, incurriendo en la vulneración al derecho a la igualdad y no discriminación respecto de funcionarios públicos a los que no se ha sumariado ante denuncias de la misma especie.

Todo lo expuesto y razonado necesariamente conduce a este tribunal a acoger la acción constitucional entablada.

Por estas consideraciones, normas citadas, y lo dispuesto en el Auto Acordado 94-2015 de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE ACOGE el recurso de protección presentado por el abogado Arnaldo Salas Valladares en favor de nombre reservado, y se deja sin efecto la Resolución Exenta 1591 de 7 de mayo de 2025 del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, que dispuso la destitución del recurrente, quien deberá ser reincorporado a sus funciones.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redactó la ministra Sra. Ríos Meza.

No firma el Fiscal Judicial, señor nombre reservado, quien no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la presente causa, por encontrarse con permiso conforme el artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Rol N° 205-2025 Protección.