Protección contra Servicio de Salud de Arica y Parinacota

Arica, trece de junio de dos mil veinticinco.

VISTO:

PRIMERO: Que, comparece don Diego Vega Núñez, abogado, en representación de nombre reservado, médico cirujano, quien interpone recurso de protección en contra del Servicio de Salud de Arica y Parinacota, por haber rechazado la apelación en relación con la decisión de la recurrida de no adjudicar uno de los cupos para programas de especialización para el año 2025, vulnerando con ello la garantía constitucional del numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que el 25 de abril pasado le informaron la decisión de rechazar la apelación por parte de la recurrida de no adjudicar uno de los cupos para programas de especialización para el año 2025, fundado en que de la documentación de respaldo se desprende que solo tiene 1 año y 3 meses de antigüedad laboral, por lo que no cumple con el tiempo mínimo que exigen las Bases de concurso, esto es, encontrarse contratado bajo la Ley 15.076 por un lapso de 4 a 6 años de ejercicio profesional, y que lo adjuntado por el apelante fue un certificado en que contaría con más de 4 años de antigüedad, pero en calidad de Honorario, lo que no es posible considerarlo como antigüedad laboral mediante el contrato bajo la Ley 15.076.

En cuanto a los hechos, refiere que cuenta con el título de médico cirujano, obtenido en 2014 en Ecuador, y que el 06 de julio de 2022 aprobó en Chile el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina, y que desde 2020 se desempeña en el Hospital de Urgencia y Asistencia Pública HUAO, por vía de sucesivos contratos de honorarios y desde el 2024 en calidad de contrata.

Agrega que en relación con el programa al que postuló, ya había sido aceptado por la Pontificia Universidad Católica, en cirugía general, sin embargo, mediante la comunicación referida, se le impide comenzar su especialización.

En cuanto al derecho, indica que, la recurrida ha efectuado una mala interpretación de sus bases concursales, puesto que el recurrente cuenta con un contrato vigente bajo la Ley 15.076, al momento de postular, y que tiene más de 4 años y menos de 6 de ejercicio profesional al 31 de marzo de 2025, desde la convalidación de su título obtenido en Ecuador.

De esta manera, la exigencia realizada de tener una antigüedad mínima de cuatro años con un contrato bajo la Ley N°15.076 no tiene fundamento en las disposiciones de las bases aprobadas, lo que torna en arbitraria e ilegal la decisión.

En relación con las garantías constitucionales infringidas, señala que corresponde a la igualdad ante la ley, toda vez que resulta contrario a dicha garantía el otorgar un trato diferenciado al recurrente, respecto de quien se hizo una errónea interpretación y aplicación de las bases del concurso, poniéndolo en una situación desfavorable respecto a otros postulantes.

Por todo lo anterior, solicita se acoja el recurso y se declare que debe restablecerse el imperio del derecho dejando sin efecto el acto recurrido y se le otorgue la beca para su programa de formación en cirugía general en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

SEGUNDO: Que, en su oportunidad, evacuó informe la recurrida, indicando que el Servicio no ha incurrido en ninguna infracción o amenaza sobre las garantías fundamentales que se han imputado.

Tras dar cuenta de la normativa que regula los programas de especialización, refiriendo en cuanto a lo discutido, que las contrataciones a honorarios no quedan sujetas a la aplicación de la Ley 15.076, toda vez que dicha ley tiene una especial regulación en cuanto a cargos, remuneraciones, asignaciones, jornadas de trabajo y demás materias contempladas en aquella.

Así, indica que conforme al Reglamento de becarios de la Ley N°15.076, mediante el Decreto N°507 de 1990, en su artículo 18 señala que, para acceder a las becas, debe constarse con más de 4 y menos de 6 años de ejercicio profesional, cuyo cómputo, en caso de profesionales titulados fuera del país, se computa desde que su título se revalidó en Chile.

Ahora bien, en cuanto al proceso de selección materia del recurso, señala que las bases administrativas fueron aprobadas mediante la Resolución Exenta N°891 de 11 de abril de 2024, estableciendo requisitos comunes y especiales para acceder a aquellas, disponiéndose aquel relativo a contar con más de 4 años y menos de 6 de ejercicio profesional, desde la fecha de titulación al 31 de marzo de 2025, y en el caso de extranjeros, desde la fecha de revalidación del respectivo título en Chile.

Así, en etapa de admisibilidad debía verificarse el caso de faltar alguno de los antecedentes o documentos indicados o incumplir alguno de los requisitos señalados, sin perjuicio de no señalar la necesidad de contar con habilitación al programa de formación de su interés (cuestión interna de cada centro educacional), pero si ello era un requisito para su adjudicación.

En el caso en particular del recurrente, señala que presentó su postulación refiriendo expresamente optar como profesional Ley 15.076, en virtud de su vinculación como médico del Hospital de Urgencia y Asistencia Pública Dr. nombre reservado, acompañando su certificado de aprobación del EUNACOM al 06 de julio de 2022, acompañando los antecedentes para la determinación de la admisibilidad. Indica que en dicha ocasión se recibieron 9 postulaciones, solo cumpliendo 4 de ellas los requisitos exigidos, lo que dejaba a 5 postulantes fuera de base, incluyendo al recurrente, y de aquellos, otros dos se encontraban en la misma situación del actor por no acreditar la experiencia laboral mínima (en estos casos, con relación a 36 meses que exige la Ley 19.664.

Respecto a aquello, el recurrente presentó una apelación donde sostiene que “Entiendo que quizá aun así no cumplo con lo dispuesto (requisito de antigüedad laboral), quería solicitar formalmente una beca aunque sea de carácter parcial, para cursar la especialidad médica”. Así, de esa misma presentación se desprende que reconoce expresamente no cumplir con los requisitos, lo que él mismo acusa, solicitando en su lugar, acceder a una beca parcial. Con todo, y a pesar de las buenas intenciones expresadas, la normativa aplicable no permitió variar la decisión, de modo que se le entregó la respuesta, en los términos del acto impugnado.

De esta forma, el 05 de mayo pasado el proceso de selección llegó a su fin, advirtiendo que los postulantes que avanzaron de etapa no fueron habilitados en los procesos internos de las universidades respetivas, razón por la cual el concurso se declaró cerrado y desierto.

En cuanto a la arbitrariedad e ilegalidad, señala que adolece el recurso al no señalar, más allá de una errada interpretación, los motivos o fundamentos para considerar así el acto, tratando con liviandad el término “ilegal” sin atribuir efectivamente un actuar contrario a derecho, máxime que, de lo consignado, la recurrida ha actuado en todo momento según la normativa aplicable, ajustando su actuar tanto a las bases aprobadas como a la normativa atingente.

Finalmente, en cuanto a la garantía presuntamente infringida, señala que, de los 9 postulantes al proceso, cinco fueron declarados fuera de base, y de ellos tres resultaron inadmisibles por no cumplir con el requisito relativo a la experiencia laboral, por lo que el servicio hizo aplicación efectiva, uniforme e igualitaria en aquellos casos en que procedía, lo que descarta un actuar discriminatorio.

Por todo lo anterior, solicita el rechazo del recurso, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

QUINTO: Que, el acto considerado por la recurrente como ilegal y arbitrario corresponde al correo respuesta de 25 de abril de 2025 en que se comunica la decisión de rechazar su apelación, manteniendo la declaración de inadmisibilidad en relación con el proceso de selección para acceder a un cupo en programas de especialización, por el hecho de no cumplir con el requisito de tiempo mínimo de experiencia laboral.

SEXTO: Que, de esta forma, lo discutido en autos solo dice relación con determinar si el recurrente cumplía con los requisitos para acceder a un cupo de perfeccionamiento, y si podía ser considerado el tiempo que prestó servicios en calidad de honorarios, para los efectos del tiempo mínimo que establece las bases del concurso.

SEPTIMO: Que, conforme a las Bases del Proceso de Selección para acceder a cupos en el programa de especialización del año 2025 para médicos cirujanos regidos por el artículo 9 de la Ley 19.378 o por la Ley 15.075, con devolución en el Servicio de Salud Arica y Parinacota, Aprobada mediante Resolución Exenta N°891 de 11 de abril de 2025 del Servicio de Salud Arica y Parinacota, acompañada por ambos intervinientes en autos, en su punto 3.4 establece: “REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA POSTULANTES CONTRATADOS POR LA LEY N°15.076: Junto a los requisitos comunes indicados en el punto 4, estos postulantes deberán cumplir con lo siguiente: A. Tener más de 4 y menos de 6 años de ejercicio profesional, contados desde la fecha de titulación hasta el 31.03.2025. Si se tratare de profesionales titulados en el extranjero, se contabilizará el tiempo de ejercicio profesional en el país a partir desde la fecha en la que dicho título ha sido revalidado en Chile.”

OCTAVO: Que, del tenor literal de las bases, las que son aceptadas por el recurrente para acceder al beneficio de que se trata y del tiempo de ejercicio profesional del recurrente, esto es, desde el 6 de julio de dos mil veintidós, se constata que éste no cumple con el requisito de antigüedad exigido en las bases, por lo que por este solo hecho la presente acción constitucional debe ser desestimada, toda vez que no existe acto arbitrario o ilegal en la actuación recurrida, misma que se ha ajustado estrictamente a las bases del concurso.

NOVENO: Que, a mayor abundamiento, no puede sino entenderse, tal como lo sostuvo la recurrida, que la exigencia de experiencia laboral se encuentra limitada a contar con más de 4 y menos de 6 años de ejercicio laboral, encontrándose contratado por la Ley 15.076, ya que es en dicha condición que realiza la postulación, no bastando para ello estar contratado al momento de realizar la postulación bajo dicho régimen, como ha sido sostenido por el recurrente.

Ello se desprende no solo del requisito establecido, sino de las diferentes modalidades en que se pudo realizar la postulación, teniendo especialmente presente que fue dicha calidad la invocada para acceder a aquella, y que incluso fue reconocido el hecho de no contar con el cumplimiento del requisito en el correo que fundamenta su apelación DÉCIMO: Que, en virtud de los razonamientos precedentes, se concluye que el Servicio recurrido ha obrado dentro de los presupuestos normativos y fácticos que lo habilitan para el ejercicio de la potestad discrecional que subyace al contenido del acto administrativo impugnado, sin que concurra ilegalidad o arbitrariedad en su pronunciamiento.

UNDÉCIMO: Que, finalmente, en relación a la garantía alegada como vulnerada, la igualdad ante la ley, no puede sino sostenerse, a partir de lo indicado por la recurrida, que el concurso fue declarado desierto, y que en etapa de admisibilidad, no solo se aplicó la exclusión del recurrente, sino de otros dos postulantes, por la misma causal, esto es, el requisito de tiempo de experiencia laboral para acceder a las becas de perfeccionamiento, por lo que no se advierte infracción alguna como la indicada en el recurso.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, el recurso de protección interpuesto en representación de nombre reservado, en contra del Servicio de Salud de Arica y Parinacota, con costas.

Se previene que el Ministro señor Delgado estuvo por no condenar en costas al recurrente por haber tenido motivo plausible para litigar.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 203-2025 Protección