nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Arica, ocho de agosto de dos mil veintidós.

VISTOS:

Comparecen nombre reservado y María Gabriela Gómez, abogadas y deducen acción de protección en favor de nombre reservado, Técnica Superior Universitaria en Enfermería, cedula de identidad para extranjero NºRUT reservado, venezolana, todas domiciliadas para estos efectos en domicilio reservado, en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Publica, representado legalmente por su titular, nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana.

Refieren que la recurrente ingresó al país como turista el 12 de junio del 2019 y una vez en Chile, regularizó su situación migratoria y pudo desarrollar su proyecto de vida constituyendo con posterioridad la sociedad “El Palafito SPA”, sociedad del rubro alimenticio, aportando de esta manera con nuevas fuentes de trabajo para el país.

Explican que el 21 de septiembre del 2020 la recurrente envió solicitud de permanencia definitiva, a través de la plataforma digital generándose la solicitud Nº2988180 que daba cuenta que había sido recibido satisfactoriamente.

Explican que asignarle el N°2988180, con posterioridad con la última ampliación de Permanencia Definitiva, de fecha 28 de marzo de 2022, se le adjudicó un número diferente, el N°20, lo que demuestra una desorganización interna en cuanto a la gestión de estos trámites.

Aseguran que la recurrente ha dado cumplimiento a cada obligación, que la recurrida a impuesto, y recién el17 de enero de 2022, el ente recurrido además de comunicarle nuevamente que su solicitud de Permanencia Definitiva avanza a la etapa de ANALISIS, lo que había sido previamente comunicado, generó en forma atrasada, la debida orden de pago, el que fue realizado el 14 de febrero de 2022.

Precisan que a mediados del mes de febrero de 2020, la recurrente ingresó a la página del ente recurrido, con la finalidad de ver si existía algún avance en su proceso, pudiendo percatarse que su solicitud se encontraba en la etapa de análisis Resolutivo, no obstante nunca fue notificada de lo mismo.

Desde el mes de febrero y hasta la actualidad, esta solicitud de permanencia definitiva Nº2988180, realizada el día 21 de septiembre del 2020 ha tenido un avance del 71%, en etapa de análisis resolutivo, es decir, se encuentra en la etapa 5, de un total de 6 fases, lo que da cuenta que el procedimiento administrativo se encuentra muy distante a ser concluido, pese a que desde la fecha del inicio del mismo ha transcurrido un período de 1 año y 10 meses.

Recurren de protección por no ajustarse el procedimiento administrativo a lo preceptuado en los artículos 23 a 27 de ley 19.880 vulnerando los principios de celeridad, conclusivo, economía procesal e inexcusabilidad.

En cuanto a las garantías vulneradas cita la prevista en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Piden que se resuelva conforme a derecho la Solicitud de Permanencia Definitiva de la recurrente a través del correspondiente Acto Administrativo terminal, dentro del plazo de 10 días corridos desde que quede ejecutoriada la sentencia o dentro del plazo que S.S. Ilustrísima fije al efecto, que de otorgarse la correspondiente Permanencia Definitiva, se disponga que el Servicio Nacional de Migraciones deba proceder a emitir y poner a disposición de la recurrente, el correspondiente Certificado de Permanencia Definitiva, de manera que se materialice dicho beneficio, que de otorgarse la correspondiente Permanencia Definitiva, se proceda a poner en conocimiento de la misma a los organismos pertinentes, cuales son Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio de Registro Civil e Identificación de Personas o adoptar aquellas medidas que S.S. Ilustrísima estime más apropiadas para resguardar y restablecer el imperio del derecho, todo ello con costas.

En su oportunidad comparecieron Antonio Henríquez Beltrán y Nicolás Cornejo Montenegro, abogados del Servicio Nacional de Migraciones y pidieron el rechazo del recurso de protección señalando que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerado como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal y que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Precisan que en la actualidad y por Resolución Exenta N° 21445718 de 11 de diciembre de 2021 la solicitud de permanencia definitiva presentada por la recurrente se encuentra en trámite de análisis resolutivo para la validación del pago de derechos, si correspondiere y para la revisión de los antecedentes aportados por las instituciones externas sobre antecedentes delictuales y para la emisión del acto administrativo terminal.

Por otra parte y al tener la extranjera una residencia en trámite, según lo expresado en los artículos 38 y 45 en relación con el artículo 43 de la nueva Ley de Migración y Extranjería N°21.325, mantiene una residencia regular en Chile.

Aseguran que el plazo que establece el artículo 27 de la ley N° 19.880 es un plazo no fatal por lo que no existe alguna sanción asociada con el transcurso del tiempo, tratándose en consecuencia se trata de un plazo referencial para la administración, no perentorio y prorrogable.

Estiman que la vía idónea para alegar la falta de respuesta de la administración es la figura del silencio administrativo establecido en los artículos 64 y 65 de la ley N° 19.880 y no el recurso de amparo, es más en el caso concreto el denominado silencio administrativo negativo y en este punto, precisan que la contraparte no ha solicitado la debida certificación que su solicitud no ha sido resuelta dentro de plazo, pudiendo hacerlo, siendo ésta la vía adecuada para hacer efectivo el principio de celeridad establecido en dicho cuerpo legal.

Finalmente hacen presente que la vía judicial por la que opta la recurrente vulnera la garantía de igualdad de los demás solicitantes de permisos de residencia al erigirse junto a otros que recurren de protección para acelerar la tramitación de una solicitud ante la autoridad administrativa en un grupo privilegiado en cuanto a la resolución de sus solicitudes.

Piden el rechazo del recurso por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria que pueda privar, perturbar o amenazar los derechos fundamentales de la recurrente.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, el acto considerado por la recurrente como ilegal y arbitrario corresponde a que la recurrida ha omitido pronunciamiento respecto de su solicitud de permanencia definitiva, a pesar del tiempo transcurrido en exceso para ello.

CUARTO: Que, en virtud de los antecedentes esgrimidos en el recurso y por la recurrida en su informe, se advierte que la solicitud de permanencia definitiva se interpuso el 21 de septiembre de 2020. Por su parte, la recurrida se limitó a informar que la solicitud se encuentra en etapa de análisis resolutivo, pese a que ha transcurrido más de un año desde su interposición.

QUINTO: Que, lo razonado precedentemente permite concluir que la recurrida no ha dado cumplimiento a lo previsto en el artículo 27 de la Ley N° 19.880, que contempla un plazo máximo de seis meses en que los órganos de la Administración deben pronunciarse respecto de las solicitudes que presenten los administrados, el que debe computarse desde la fecha en que se inicia el procedimiento, que en la especie ocurrió el 21 de septiembre de 2020, lo que importa una vulneración a la garantía constitucional contemplada en el numeral 2° del artículo 19 de la Carta Fundamental, al no haber resuelto oportunamente la referida petición, en desmedro del recurrente.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE ACOGE el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra del Departamento de Extranjería y Migraciones, debiendo el recurrido pronunciarse dentro de quince días hábiles en relación a la solicitud de la recurrente.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 2017-2022 Protección.