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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 20-202429 feb 2024

nombre reservado con SCOTIABANK SUCURSAL ARICA

Fecha
29 de febrero de 2024
Corte
Corte de Apelaciones de Arica
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Arica, Rol N° 20-2024, sentencia de 29 de febrero de 2024

Resumen

Se rechaza el recurso de protección contra el Banco Scotiabank por su negativa a girar dineros de una sucesión: no hay derecho indubitado y la exigencia de documentación previa al giro aparece razonable, sin que se advierta apropiación de los fondos.

Texto íntegro

Arica, veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro.

VISTO:

Comparece el abogado Patricio Sepúlveda Albornoz, en representación de nombre reservado y de nombre reservado e interpuso recurso de protección en contra del Banco Scotiabank, quien, en su concepto, en forma arbitraria ha negado la entrega de dineros a los únicos herederos de la sucesión quedada al fallecimiento de nombre reservado, vulnerando las garantías constitucionales de los numerales 1, 2 3 inciso quinto y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Indica como antecedente previo, que la recurrida ha tenido una conducta y modo de proceder reiterativo de vulnerar las garantías constitucionales de las personas, exigiendo requisitos que escapan de sus facultades y atribuciones, con el único propósito de retardar al máximo la entrega de significativas sumas de dineros a los beneficiarios, sin justificación y argumento legal alguno, provocándoles graves perjuicios con su actuar, y consecuencialmente, obteniendo un lucro económico con dichos dineros, ya que sin duda utiliza estos dineros mediante sus operaciones financieras, obligando a los afectados a tener que recurrir a instancias legales para lograr disponer de sus dineros, para que durante la tramitación del recurso y previo a evacuar el informe, procedan a la entrega de los dineros que siempre negaron con anterioridad, logrando con ello eximirse de la condena en costas, tal como sucedió al accionar la misma parte de protección, siendo ingresado el recurso bajo el Rol Corte 368-2023, toda vez que en forma arbitraria e ilegal, la recurrida lisa y llanamente se había negado a dar cumplimiento a la Resolución EX. Nº77323415389/2023 de 06 de octubre de 2023 del Director Regional del Servicio de Impuestos Internos que disponía: “Autoriza a la Sucesión, para que disponga de parte de los fondos existentes en Cuentas Corriente Nº[cuenta reservada] del Banco Scotiabank Chile, que se mantiene en el vale vista Nº7579463 del mismo Banco, por el monto de $248.627.992, el que deberá ser aplicado al pago del impuesto a las herencias, según los Giros Folios Nºs. 9308501 y 9308503, para cuyo fin dicha institución bancaria deberá tomar un vale vista nominativo a nombre de TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por un monto total de $248.627.992, y ser entregado al contribuyente solicitante y heredero del presente caso, o a quien debidamente lo represente”, lo que generó un perjuicio económico evidente, pues, su representado debió solicitar la reliquidación del impuesto, ya que la suma de $248.627.992 se determinó conforme a la U.T.M. del mes de octubre, sin embargo, la nueva reliquidación del impuesto se determinó conforme a la U.T.M. del mes siguiente, arrojando como suma a pagar por impuesto a la herencia, $250.368.862, viéndose obligado a pagar una diferencia de $1.740.870, perjuicio del cual no se hizo cargo la recurrida.

En el presente caso, los recurrentes habiendo tramitado la posesión efectiva de la herencia, con fecha 7 de diciembre de 2023 solicitaron como únicos herederos quedados al fallecimiento de doña nombre reservado, que el Banco emitiera el Vale Vista nominativo a nombre de nombre reservado el que debería comprender todos los dineros que mantiene dicha entidad bancaria y que se encontraban a nombre de la causante.

Por su parte el Banco recurrido, exigió la presentación de la Copia de la inscripción del testamento en el registro de propiedad, Copia del inventario de los bienes del causante o de la ampliación en que figuren los bienes pertenecientes a banco Scotiabank y Certificado del SII o Resolución del Tribunal que se pronuncia sobre el impuesto de herencia, ya sea aprobando su pago o declarando la exención o prescripción del mismo; los que se acompañaron el 27 de diciembre de 2023.

Sin embargo, el 2 de enero de 2024, el recurrido efectúa un nuevo reparo: “REPARO- De acuerdo a escritura pública de testamento de fecha 07 de septiembre de 2021.- Se ha legado a don nombre reservado los bienes del causante pertenecientes a banco Scotiabank. Existiendo herederos forzosos en la sucesión, se solicita Copia de escritura de entrega de legado a don nombre reservado”.

Por lo que el 4 de enero de 2024, se realizó una nueva presentación argumentando en los hechos y el derecho la improcedencia de lo exigido por el Banco Scotiabank, sin embargo, una vez más la recurrida, el 9 de enero de 2024 repara en la presentación señalando: “REPARO -En relación a lo señalado por abogado en su presentación. 1.-En un primer lugar, toda la documentación que se solicitó en un inicio es procedente debido a que abogado NO las acompañó en su oportunidad. 2.-Ahora bien, existiendo herederos forzosos para realizar la entrega de los legados se debe proceder a través de una escritura pública que así lo señale, haciendo entrega de los legados a los legatarios y ellos aceptando el legado entregado.”

Sostiene que la conducta arbitraria e ilegal del Banco de requerir requisitos respecto de los cuales no tiene facultad ni atribución alguna para ello, es evidente, pues impone una exigencia que no resulta ajustada a derecho y todo para seguir impidiendo que sus representados puedan disponer de los más de $150.000.000 que la recurrida de manera ilegal, retiene para su conveniencia, perjudicándolos gravemente, puesto que aquellos se encuentran impedidos de cumplir con sus compromisos y obligaciones económicas, dentro de las cuales está la celebración de la compraventa definitiva de la parcela ubicada en cerro sombrero cuyo valor de venta asciende a la suma de $620.000.000.

Indica que los recurrentes, con la finalidad de disponer de los bienes que corresponden a la masa hereditaria, tramitaron la posesión efectiva de la herencia, la cual fue ingresada el 14 de abril de 2023 bajo el ROL V-150-2023, del Primer Juzgado de Letras de Arica, en los cuales se dictó sentencia definitiva con fecha 04 de agosto de 2023, la cual se encuentra firme y ejecutoriada. Y de conformidad a los artículos 1245 del Código Civil y 882 del Código de Procedimiento Civil, dando curso progresivo a los autos, se acompañó el Inventario debidamente protocolizado bajo el Nº1366 de 27 de abril de 2023 ante la Notario doña Patricia Vega Montecinos, suplente del titular don nombre reservado (Q.E.P.D.), como asimismo, el extracto de las publicaciones de los días 16, 17 y 18 de agosto de 2023 del Diario la Estrella de Arica y se pagó por concepto de impuesto a la herencia la suma de $250.368.862, es decir, $1.740.870, del valor determinado en un principio, esto es, $248.627.992, ello, debido a la renuencia de la recurrida de haber girado el vale vista oportunamente como se encontraba obligada.

Por ello, sostiene que el último reparo efectuado por la Agente de la sucursal bancaria, resulta ser un acto absolutamente arbitrario e ilegal que provoca un grave perjuicio a los recurrentes, quienes no pueden ser obligados a realizar un acto que únicamente les compete a su voluntad, es decir, el banco recurrido no puede exigir la decisión de hacer exigible la entrega de los legados, pues la sentencia que les concedió la posesión efectiva intestada, lo hizo “sin perjuicio del legado mencionado en la cláusula sexta del referido testamento”.

Es decir, la ley ni la sentencia dictada por el Tribunal exigen u obligan a los legatarios a hacer exigible su legado, pues dependerá de su única voluntad el exigir o no la entrega de su legado, pero ello, no es óbice para que puedan disponer libremente de los bienes muebles, entiéndase dineros en el presente caso, que dicho sea de paso, en caso alguno “…se ha legado a don nombre reservado los bienes del causante pertenecientes a banco Scotiabank…” Pues claramente dichos dineros pertenecen en forma exclusiva y excluyente a la sucesión hereditaria, sucesión que por cierto, fue la que la compareció ante la institución bancaria para solicitar la entrega de los dineros que en derecho le corresponde y que arbitraria e ilegalmente el banco ha negado su entrega.

Sostiene que además, el 4 de enero de 2023, se reitera la solicitud de entrega de dinero, sin embargo, la recurrida el 9 de enero de 2024, reitera su negativa respondiendo: REPARO -De acuerdo a escritura pública de testamento de fecha 07 de septiembre de 2021.- se ha legado a don nombre reservado los bienes del causante pertenecientes a banco Scotiabank. Existiendo herederos forzosos en la sucesión, se solicita: -Copia de escritura pública de entrega de legado a don nombre reservado.”

Al efecto y enunciando los artículos 684, 686 y 688 del Código Civil y los artículos 25 y 44 de la Ley 16.271, asevera que los recurrentes cumplen con todos y cada uno de los presupuestos legales establecidos en el Código Civil y la Ley 16.271 que regula la materia, para que puedan disponer de los bienes muebles quedado en la herencia dejada por la causante, dentro de los cuales figuran los dineros mantenidos en esta institución bancaria, dineros que nuevamente están siendo negados en su entrega, tal como sucedió en causa Rol 368-2023, en que se negó ilegalmente la entrega del vale vista a nombre de Tesorería General de la República para proceder al pago del impuesto a la herencia, conducta únicamente motivada por el capricho, arbitrariedad e ilegalidad, obligando a sus representados, a interponer el correspondiente recurso de protección para que procediera a realizar el pago, irrogando el perjuicio señalado en los acápites anteriores de este recurso. Citando jurisprudencia al efecto.

Identifica la ilegalidad en el obrar de la recurrida argumentando que se afectan sus garantías constitucionales, de integridad psíquica, el ser juzgado por una comisión especial y el derecho de propiedad, al mantener una tenaz negativa, la que no se sustenta en razonabilidad alguna.

Finalmente, alude cómo el acto recurrido afecta sus garantías constitucionales, las que enumera y explica latamente.

Pide se acoja el presente recurso y se ordene a la recurrida hacer entrega del vale vista nominativo al heredero nombre reservado de todos los fondos que mantiene en su poder y que pertenecieron a la causante nombre reservado, RUT reservado, con costas.

En su oportunidad informó el banco recurrido, solicitando el rechazo del recurso y exponiendo que el ámbito de aplicación de la acción constitucional, se limita necesariamente a aquellos actos cuya arbitrariedad o ilegalidad, sobre derechos preexistentes e indubitados sean evidentes u ostensibles, atendidas las circunstancias y modalidades concretas de la situación que se trata; ilegalidad y arbitrariedad que a su juicio, no se verifican en la especie, de acuerdo a los argumentos de hecho y derecho descritos en el libelo que contiene el recurso.

En efecto, señala que no se está frente a un derecho indubitado, desde que el recurrente reconoce no haber entregado todos los antecedentes al Banco para resolver con pleno conocimiento su petición, bajo el pretexto que su parte debió conocer de esos antecedentes por existir un Recurso de Protección previo.

Sostiene que en el recurso no hay referencia expresa alguna a una conducta (acción u omisión) de parte del Banco recurrido, que prive, perturbe o amenace los derechos constitucionales estimados como vulnerados por el recurrente y que pueda ser remediada a través de esta acción constitucional, ya que en efecto lo que ha sucedido en este caso es que su parte solo ha exigido el cumplimiento de la legislación vigente.

Expone que tal como consta de lo narrado en el recurso de protección, su parte para cumplir con el requerimiento del recurrente que consistía en la entrega de dineros depositados en la cuenta corriente y en depósitos a plazo a nombre de la fallecida nombre reservado, le solicitó la remisión de ciertos antecedentes, siendo aquel renuente en su entrega, argumentando que el Banco debía conocerlos en virtud de las acciones constitucionales tramitadas anteriormente entre las partes.

Acusa al accionante de una actitud caprichosa, pues el Banco no tiene motivo para guardar o coordinar antecedentes de situaciones resueltas con anterioridad, razón por la cual el Banco solicitó el comprobante del pago del Impuesto respectivo, el inventario de los bienes de la fallecida, la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces de la resolución que otorga la posesión efectiva, el testamento de la fallecida, etc.

Arguye que lo solicitado es de suma importancia para resolver adecuadamente la petición administrativa del recurrente frente a la responsabilidad del Banco para salvaguardar los intereses de todos los cuenta correntistas que han depositado la confianza en el Banco y además, la propia responsabilidad del Banco frente a terceros que reclamen derechos sobre los dineros entregados en depósito.

Señala que sin perjuicio de haberse comprobado por el recurrente el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley N°16.271 sobre Impuesto a las Herencias, también se le exigió la entrega del inventario de bienes que debe realizarse en toda sucesión, el que debe contener todos los depósitos, dineros u otro valores que se encuentren en poder del banco a fin de determinar adecuadamente el dominio de dichos dineros y el pago de Impuestos sobre ellos. Sin embargo, el recurrente cuestiona su entrega al Banco no dimensionando la trascendencia jurídica que de ello deviene.

En cuanto a la exigencia de un documento que dé cuenta del pago del legado conforme lo estatuye el artículo 1290 del Código Civil, de acuerdo a los documentos acompañados en este recurso que se originan en la causa V-150-2022 tramitada ante el Primer Juzgado de Letras de Arica consta que se concedió la Posesión Efectiva Testamentaria a doña nombre reservado y a don nombre reservado de los bienes existentes al fallecimiento de doña nombre reservado. Además, en la cláusula sexta número II) del testamento abierto de doña nombre reservado otorgado por escritura pública de fecha 07 de Noviembre de 2021, se instruyó legatario a uno de los recurrentes, con cargo a la cuarta de Libre Disposición al ya nombrado nombre reservado.

En consecuencia, de acuerdo al inciso final del artículo 1290 citado, al tener el recurrente la doble calidad de legatario y de heredero, siguiendo el tenor de la resolución dictada en la causa V-150-2023, al realizar el pago, en su calidad de heredero, del legado así mismo debe extenderse el documento de pago respectivo.

Por tal motivo, se le exigió una escritura pública de pago del legado ya que en su calidad de heredero se está “autopagando” o auto contratando con los dineros provenientes de la misma herencia que le deben ser asignados como legatario o como heredero.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero, puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva, adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, el acto considerado como ilegal y arbitrario corresponde a la negativa del Banco Scotiabank de entregar un vale vista nominativo a los recurrentes y únicos herederos de todos los fondos que mantiene en su poder y que pertenecieron a la causante nombre reservado.

CUARTO: Que, del mérito de los antecedentes, se desprende que la exigencia de la institución bancaria recurrida, no aparece caprichosa o inmotivada, toda vez que, aquella descansa en la ausencia de documentación que, en concepto de los agentes y representantes del banco, puede resultar trascendente y los precave ante posibles ulteriores pretensiones o requerimientos que, pudieren complejizar y cuestionar el giro de la cuantiosa cantidad de dinero que se requiere por los recurrentes, sobre todo si este se realizara en ausencia de dichos antecedentes solicitados.

En efecto, se trata de valores pertenecientes a una sucesión hereditaria, quedada al fallecimiento de doña nombre reservado, causante que, antes de morir, extendió un testamento, donde se otorgó legados a uno de los recurrentes, tal como pormenorizadamente lo explica en su informe la recurrida.

De esta forma, no aparece como un despropósito, recabar, previo al giro de una suma de dinero, que excede con creces el centenar de millones de pesos, todos los documentos que la entidad bancaria estime necesarios y que pudieren precaver su responsabilidad posterior, teniendo presente por lo demás, la dualidad que se presenta en uno de los recurrentes, quien reviste la calidad de heredero y legatario al mismo tiempo, citando la informante el artículo 1290 del Código de Bello.

Las accionantes constitucionales, en las antípodas de lo señalado por la institución bancaria, afirman que la documentación requerida no es necesaria y que resulta suficiente lo que ya se ha presentado o lo que consta en otras instancias judiciales.

Sin embargo, aquella controversia, no resulta posible que sea resuelta en el contexto de esta acción constitucional, la cual, por su naturaleza, requiere la existencia de un derecho de carácter indubitado que se sienta amenazado o atacado, lo cual, en el presente caso no acaece, toda vez que se discute sencillamente, la aportación de determinados antecedentes a los solicitantes, antes de girarles o extender documentación por más de cien millones de pesos, sin que se desprenda que el banco se esté tratando de apropiar de dichos dineros o que pretenda obtener beneficios de aquel, como aventura la recurrente.

QUINTO: Que, de esta forma, al no existir un derecho de carácter indubitado o al menos una apariencia de el en el presente caso y, apareciendo meridianamente razonable el requerimiento de documentación requerida por la institución bancaria, previo al giro de dineros pretendido, solo cabe el rechazo de la acción constitucional impetrada, toda vez que, de accederse a lo peticionado por la recurrente, se incurriría por parte de esta Corte, en pronunciamientos declarativos de derechos, lo cual es ajeno a la naturaleza de la acción constitucional que contempla el artículo 21 de la Carta Magna, esto es, una de carácter urgente y cautelar de derechos, por lo que solo resta actuar en consecuencia.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE RECHAZA, el recurso de protección deducido por Patricio Sepúlveda Albornoz, en representación de nombre reservado y de nombre reservado y en contra del Banco Scotiabank.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro señor Pablo Zavala Fernández.

Rol N° 20-2024 Protección.