Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

Arica, nueve de junio de dos mil veinticinco.

VISTO:

nombre reservado, de nacionalidad cubana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, con domicilio en esta ciudad y dedujo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, que rechazó solicitud de residencia definitiva, fundado en un supuesto incumplimiento al artículo 65 N°2 de la Ley N°21.325, vulnerando con ello las garantías constitucionales de los numerales 1°, 2° y 7° del artículo 19 de la Carta Magna.

Refiere que el día 29 de abril del año en curso, presentó una solicitud de residencia definitiva, adjuntando todos los documentos requeridos, entre ellos, el contrato de trabajo vigente, antecedentes penales legalizados y apostillados, certificado de nacimiento de hijos chilenos y vínculo conyugal, certificados de cotizaciones de salud y previsional, copia del pago de la multa cursada, quedando otros documentos sin presentar debido a que el contrato fue firmado pocos días antes de la presentación de la residencia definitiva y que para su emisión requiere el trascurso de plazos administrativos y contables ajenos a su voluntad y, por ende, no deben ser considerados como un incumplimiento al referido artículo 65 N°2 que ha servido de base para el rechazo de lo pretendido.

Señala que, sin perjuicio de haber cumplido con todos los requisitos legales, el Servicio recurrido, rechazó su solicitud de manera errónea y arbitraria, pues, como ya lo dijo, en su presentación adjuntó todos los documentos requeridos.

Asevera que esta decisión ha afectado gravemente su estabilidad y la de su familia, generando incertidumbre, angustia y una evidente vulneración a sus derechos fundamentales, en especial considerando que tiene hijos chilenos.

Pide se declare que el acto recurrido es ilegal y arbitrario, dejarlo sin efecto y ordenar al recurrido que revise su solicitud conforme a derecho y a los antecedentes efectivamente presentados, con costas.

En su oportunidad evacua el informe el Servicio Nacional de Migraciones, Dirección Regional de Arica y Parinacota, solicitando el rechazo del recurso, ya que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de las garantías reconocidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, y protegidas por la presente acción.

Señala que el recurrente ingresó por primera vez al país el 26 de febrero de 2018, en calidad de turista y que el 29 del mismo mes y año solicita adherirse al beneficio del proceso de regularización visa 2018, la cual se le otorga mediante Resolución Exenta N°47517 de 19 de febrero de 2019, por un plazo de 1 año, en calidad de titular, vigente hasta el 18 de marzo de 2020.

Continua e indica que el 7 de agosto de 2020, el extranjero solicita residencia definitiva, la cual fue desestima mediante resolución exenta N°22000290 de 3 de enero de 2022, en razón a que la solicitud estaba incompleta y habiendo transcurrido el plazo otorgado para la subsanación, no enviando los documentos solicitados es que se tiene por desistida la solicitud.

Expone que el 25 de octubre de 2022 el extranjero solicita residencia temporal la cual se le otorga mediante Resolución Exenta N°14740 de 3 de abril de 2023, en calidad de titular, por el plazo de 2 años, vigente hasta el 15 de abril del año 2025.

El 29 de abril de 2025, el extranjero solicitó, mediante plataforma web, el beneficio de la residencia definitiva, mediante la solicitud ID N°73132608 y que mediante Comunicación electrónica N°79623307 de 30 de mayo de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones rechazó la solicitud de residencia definitiva, al no cumplir con el artículo 65 del Reglamento de la Ley de Migraciones y Extranjería.

Conforme a lo anterior, se remitieron sus antecedentes al Departamento de Residencias Temporales con el objeto de analizar la tramitación de una solicitud de residencia temporal, abriendo el proceso de Residencia Temporal ID N° 73418417, el cual se encuentra en estado de PENDIENTE.

Señala que el 16 de abril de 2025 el extranjero presenta solicitud de residencia temporal dentro de Chile, la cual se encuentra en etapa de solicitud de documentos adicionales, esto es:

● Certificado de antecedentes del país de origen; Certificado de antecedentes penales no verificable: Debe remitir mediante CORREO CERTIFICADO, dirigido a RESIDENCIAS TEMPORALES DENTRO DE CHILE, San Antonio N°580, Santiago, el CERTIFICADO DE ANTECEDENTES ORIGINAL debidamente apostillado o legalizado por el Consulado y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Posteriormente, deberá responder esta notificación de más antecedentes, con el comprobante de envío de CORREOS DE CHILE, donde se identifique el código de seguimiento de la carta certificada.

Se le otorgó el plazo de 60 días corridos a partir de la fecha de recepción de esta notificación.

Finalmente, no se ha dictado acto administrativo por parte de esta autoridad que aplique la medida de expulsión en contra del extranjero y enfatiza que el extranjero mantiene, no una, sino dos solicitudes de residencia VIGENTES, en la plataforma de este Servicio, una de las cuales tiene el extranjero la carga procesal, ya que se le solicitaron mayores antecedentes.

Asevera que el Servicio es la autoridad competente para dictar la resolución impugnada y lo efectuó dentro de la esfera de sus atribuciones.

Dicho lo anterior, sostiene y recalca que se rechazó la solicitud de residencia definitiva del recurrente remitiendo los antecedentes al departamento de residencia temporal.

El acto administrativo impugnado señala que el extranjero no cumple suficientemente con los requisitos que lo habilitan para obtener el beneficio solicitado, al no proceder con lo establecido en el artículo 65 N°4 del Reglamento de la Ley de Migración y Extranjería. Que en el presente caso el recurrente adolecía de un defecto esencial, cual es la reincidencia de infracciones migratorias graves.

Así, con dichos antecedentes, se le exigía al extranjero un periodo de residencia de al menos 48 meses, en razón a la reincidencia de infracciones migratorias, circunstancia que el mismo extranjero admite en su escrito.

Señala que el Servicio procedió finalmente a rechazar la solicitud de residencia definitiva a su respecto mediante un acto administrativo fundado, el cual, en sus considerandos 2°, 3° y 4° se individualizaron los fundamentos utilizados por la autoridad para llegar a su decisión.

En base en las distintas actuaciones realizadas por esta autoridad, y habiendo obrado la misma siempre según las disposiciones normativas aplicables para dictar la Resolución Impugnada, es que resulta evidente que no ha existido acto u omisión ilegal o arbitrario que haya privado, perturbado o amenazado en momento alguno aquellas garantías constitucionales reconocidas por nuestra Carta Fundamental, más aun considerando que todas las actuaciones precedentemente señaladas fueron llevadas a cabo por esta autoridad según las normas especiales del procedimiento de marras, como son la Ley N°21.325 y el Decreto Supremo N°296, además de aplicar supletoriamente aquellas disposiciones establecidas en la Ley N°19.880.

Que, debemos enfatizar que el extranjero mantiene, no una, sino dos solicitudes de residencia VIGENTES, en la plataforma de este Servicio, una de las cuales tiene el extranjero la carga procesal, ya que se le solicitaron mayores antecedentes.

Que, en virtud de las consideraciones anteriormente indicadas, se desprende que esta parte ha actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, no existiendo acto u omisión arbitrario o ilegal por parte de esta autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio del recurrente respecto de las garantías constitucionales incoadas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección, contemplado en nuestra Constitución Política, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional indicados en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, frente a situaciones que de no mediar una pronta acción provocarían un detrimento en las garantías constitucionales de quien lo deduce, por ello es que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para perseguir su amparo cuando crea que sus derechos constitucionales o los de otro, son amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, y la Corte de Apelaciones competente deberá adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado.

SEGUNDO: Que, lo que se pretende con la interposición de un recurso de protección es provocar la intervención jurisdiccional de la Corte de Apelaciones en resguardo de la observancia de los derechos constitucionales conculcados.

TERCERO: Que, preliminarmente, en cuanto a las garantías que según el recurrente se encontrarían vulneradas, se descarta de plano la del numeral 7°, al no encontrarse dentro del catálogo de derechos amparados por el recurso de protección y respecto de la cual se establece una acción diversa, correspondiendo, entonces, emitir pronunciamiento acerca de la eventual vulneración del resto de los derechos alegados como conculcados.

CUARTO: Que, mediante la presente acción constitucional de amparo, se cuestiona la Resolución Exenta N°25189910 de 2 de abril de 2025, que rechaza la solicitud de residencia definitiva del recurrente, disponiendo el abandono del país en un plazo de 15 días y la prohibición de ingreso al país por 5 años.

QUINTO: Que, informando el Servicio recurrido, señaló que la decisión que pretende impugnar el recurrente por esta vía, es el resultado que la ley migratoria prevé para situaciones como la señalada, pues deriva de la falta de cumplimiento a las obligaciones impuestas por la normativa migratoria, en este caso, no haber presentado la copia de la sanción por residir en el país con el permiso de residencia vencido debidamente pagada, razón por la cual fue rechazada su solicitud, sin impugnar lo decidido vía administrativa, resultando la medida impuesta idónea y proporcionada, al haber sido pronunciada por la autoridad competente y especialmente facultada al efecto.

SEXTO: Que, conforme a lo expuesto, solo cabe rechazar el recurso por no existir un acto ilegal o arbitrario de parte de la recurrida que deba ser subsanado por esta vía sino, por el contrario, ésta ha actuado dentro del ámbito de su competencia y fundando su decisión en supuestos fácticos que completan la hipótesis normativa que le sirve de soporte a su decisión.

Por las anteriores consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE RECHAZA el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°194-2025 Protección