nombre reservado con SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN CHINCHORRO

C.A. de Arica Arica, siete de febrero de dos mil veinticinco.

VISTO:

Comparece Álvaro Guzmán Riveros, abogado y en representación de nombre reservado, profesor de Estado, deduce recurso de protección en contra del SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PUBLICA CHINCHORRO, representado por nombre reservado.

Refiere que mediante Resolución Exenta Nº 9562 de 31 de diciembre del año 2024, se le informa al recurrente su destinación desde la Administración Central del Servicio Local de Educación Pública de Chinchorro hacia el Establecimiento Educacional Darío Salas, para desempeñarse como docente de matemáticas, a contar del 1 de marzo de 2025 con una carga horaria de 44 horas, resolución que no contiene mayor fundamento ni desarrollo de cuáles son las razones que justifican su remoción de sus funciones habituales de administración hacia el ejercicio de la labor docente en aula, labor profesional que su representado no realiza hace más de 20 años.

Explica que el acto administrativo sólo cita normas jurídicas, de forma vaga e imprecisa, sin dar cuenta, ni menos aún describir algún antecedente de respaldo fáctico en las hipótesis de hecho de los artículos 42° y 22° del Estatuto Docente DFL N° 1 del año 1996, que habilitarían válidamente a la autoridad para hacer procedente la destinación conforme a derecho.

Afirma que no se cumplen con los requisitos del artículo 42 del Estatuto Docente ya que la resolución recurrida en ninguna parte de su texto justifica la destinación en algún proceso de fijación o adecuación anual de la dotación, practicada en conformidad al artículo 22 y al Plan de Desarrollo Educativo Municipal.

En efecto, es un requisito de validez para la destinación que ésta obedezca a la fijación o adecuación anual de la dotación, practicada en conformidad al artículo 22 y al Plan de Desarrollo Educativo Municipal, y en este caso el Plan Anual del Servicio Local de Educación Pública de Chinchorro del año 2025, en parte alguna hace referencia a una eventual falencia de docentes en la Escuela Darío Salas de Arica ni menciona al recurrido.

Finalmente, también es ilegal, pues la destinación no respeta ni observa la exigencia del artículo 3° del Decreto 352 del año 2017 desde que el recurrente es Profesor de Estado en Matemáticas por la Universidad de Tarapacá de Arica, habilitado para ejercer docencia sólo en Enseñanza Media, ya que para poder ejercer en la Enseñanza Básica (como se pretende por el acto recurrido) es necesario contar con la habilitación correspondiente, la que no tiene, dado que hace más de 20 años que no ejerce en esa calidad de especialización.

En cuanto a las garantías vulneradas cita las previstas en los numerales 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Pide dejar sin efecto la resolución impugnada, ordenando al Servicio mantener al recurrente, en las mismas condiciones de contratación anteriores, esto es, como Asesor Técnico en la Subdirección de del Servicio Local de Educación Pública Chinchorro con costas.

En su oportunidad informó la recurrida y pidió el rechazo del recurso, exponiendo que una de las causales para disponer una destinación es que ésta haya sido solicitada por el docente y en efecto el recurrente lo pidió el 25 de octubre de 2024, no obstante, haberse retractado el 9 de diciembre de 2024; sin embargo, debe prevenirse que las dotaciones docentes a esa fecha ya estaban definidas, pues, el Plan Anual debía aprobarse el 15 de diciembre de 2024, por lo que su desistimiento resultó extemporáneo.

Precisa que, si bien la petición de destinación fue a otro establecimiento, no era posible que el recurrente cumpliera su jornada de 44 horas semanales en la tercera jornada (nocturna) en el Liceo Politécnico.

Respecto a la alegación de tratarse de profesor de Estado de Matemáticas facultado para ejercer docencia solo para la Enseñanza Media, conforme al artículo 10 y siguientes del Decreto N° 352 del año 2003 que reglamenta el Ejercicio de la Función Docente, no existe inconveniente para habilitarlo.

Por ultimo niega la perturbación o amenaza en el legitimo ejercicio de un derecho, pues en lo tocante a la conculcación a la garantía constitucional de la igualdad, el recurrente fue quien solicitó ser destinado desde la administración del Servicio Local de Chinchorro a un establecimiento educacional, la circunstancia de haber accedido a esa solicitud, impide que se configure un trato discriminatorio, desde que no se le está dando un tratamiento distinto al de otros funcionarios que se encuentren en la misma situación. En relación a la afectación a la libertad de trabajo y su protección, mal se pueden vulnerar al destinar a un profesor regido por el Estatuto Docente para realizar labores docentes, más aún, si esa decisión tuvo su origen en una solicitud del propio recurrente. Por fin, citando jurisprudencia, concluye que no resulta posible sostener que se tiene un derecho de propiedad en los términos del artículo 582 del Código Civil sobre cualquier empleo.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, concordante con lo anterior lo que se pretende con la interposición de un recurso de protección es provocar la intervención jurisdiccional de la Corte de Apelaciones en resguardo de la observancia de los derechos constitucionales conculcados.

TERCERO: Que, la conducta considerada por la recurrente como ilegal y arbitraria y que motiva su presentación, corresponde a la dictación de la Resolución Exenta N° 9562 de 31 de diciembre de 2024 que dispone su destinación hacia el establecimiento Darío Salas a contar del 1 de marzo de 2025 para desempeñarse como docente de matemáticas con una carga horaria de 44 horas.

CUARTO: Que, dispone el artículo 42 del Estatuto Docente lo siguiente: “Los profesionales de la educación podrán ser objeto de destinaciones a otros establecimientos educacionales dependientes de un mismo Departamento de Administración de Educación Municipal o de una misma Corporación Educacional, según corresponda, a solicitud suya o como consecuencia de la fijación o adecuación anual de la dotación, practicada en conformidad al artículo 22 y al Plan de Desarrollo Educativo Municipal, sin que signifique menoscabo en su situación laboral y profesional. No obstante, si producida la destinación estimaren que se les ha causado menoscabo, podrán reclamar de ello conforme al procedimiento del inciso tercero del artículo 12 del Código del Trabajo, sin perjuicio que puedan ejercer su derecho a reclamar ante la Contraloría General de la República o la Dirección del Trabajo, según procediere, sin que ello implique paralizar la destinación. El profesional de la educación, cuyo cónyuge, funcionario público o municipal, sea destinado a una localidad distinta de aquella en la cual ambos trabajan como funcionarios del sector público o municipal, tendrán preferencia para ser contratados en la nueva localidad, en condiciones tales, que no signifiquen menoscabo en su situación laboral y profesional.”

QUINTO: Que, del tenor del informe se observa que la recurrida procedió a la destinación a solicitud del propio recurrente, aun cuando aquel se retractó de lo peticionado dos meses después, situación de voluntariedad que corresponde a la primera hipótesis del artículo 42 citado anteriormente.

SEXTO: Que, por lo tanto, lo que se trae a esta Corte de Apelaciones para su conocimiento y resolución es determinar la naturaleza de una petición expresa de destinación que luego aparece retractada. Dicho lo anterior, no es un recurso de protección el que deba zanjar los efectos de una retractación tardía, pues como se advierte la misma se produce el 9 de diciembre de 2024 cuando las dotaciones docentes debían estar completamente definidas para la posterior aprobación del Plan Anual de Educación Pública que ocurrió el día 13 del mismo mes y año, según se lee en la propia resolución impugnada.

En consecuencia, el presente recurso de protección será desestimado como se dirá en lo resolutivo, pues no sólo no se observan derechos indubitados a permanecer en un cargo de manera inamovible, sino que corresponde a una instancia administrativa, laboral o incluso civil determinar los efectos de la retracción tardía y los alcances de ésta, pues es un hecho cierto que la dotación anual obedece a un procedimiento previo que ya estaba definido cuando ocurre la retracción.

Lo anterior resulta fundamental pues la presente acción es de carácter excepcional que busca la protección inmediata de derechos de rango constitucional efectivamente amagados.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE RECHAZA el recurso de protección deducido en el folio 1.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 19-2025 Protección.