Protección contra SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Arica, cinco de mayo de dos mil veintidós.

VISTO:

Comparece doña nombre reservado, chilena, soltera, Cédula Nacional de Identidad Nº RUT reservado, dueña de casa, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, por conculcar con su actuar ilegal y arbitrario, las garantías consagradas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, consistente en haber rechazado su apelación deducida en contra de la Mutual de la Cámara Chilena de la Construcción, y ratificada la decisión de que ella por tener la calidad de conviviente civil del trabajador fallecido, no podía ser considerada como beneficiaria de la pensión de sobrevivencia de la Ley N°16.744.

Funda su acción constitucional en que el 14 de septiembre del año 2017, celebró Acuerdo de Unión Civil con nombre reservado, quien a raíz de un trágico accidente ocurrido en su lugar de trabajo fallece el 31 de octubre de 2019, decretándose ese siniestro como uno de origen laboral, según lo dictaminado por la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción.

Indica que a raíz de ello, comienza los trámites a fin de ser beneficiaria de la pensión de sobrevivencia contemplada en el artículo 43 de la Ley 16.744, siendo esta en definitiva, denegada por parte de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción mediante resolución Nº 2334-D de fecha 06 de septiembre de 2021 dictada por ese organismo administrador.

Refiere que ante lo resuelto por la mutual, presenta recurso de apelación ante la Superintendencia de Seguridad Social a fin de revocar lo resuelto por el ente administrador, siendo esta en definitiva, rechazada mediante Resolución Exenta Nº R-01-UJU-14034-2022, dictada el 03 de febrero de 2022, notificada con esa misma fecha, señalando que no corresponde equiparar la celebración de un acuerdo de unión civil, con el de contraer nupcias o matrimonio, para los efectos previstos en el artículo 43 de la Ley N° 16.744, pues el estado civil de casado no es asimilable al estado de conviviente civil que confiere la celebración del referido acuerdo.

En consecuencia, se debe concluir que la Ley N° 20.830, sobre Acuerdo Unión Civil, no extendió el beneficio de supervivencia a los convivientes civiles en caso de fallecimiento de uno de ellos por causas de origen laboral, por lo que el conviviente civil sobreviviente no podrá acceder a la pensión de sobrevivencia de la Ley N° 16.744.

Invoca la recurrente, el artículo 1 de la Ley 20.830, el cual dispone: “El acuerdo de unión civil es un contrato celebrado entre dos personas que comparten un hogar, con el propósito de regular los efectos jurídicos derivados de su vida afectiva en común, de carácter estable y permanente.”, y a su vez, la parte final de este artículo le otorga el carácter de parientes a los convivientes civiles. Además debe relacionarse con el artículo 1 de la Constitución Política de la República que señala que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y es deber del Estado darle protección a aquella.

Por otro lado, el fundamento de la pensión de sobrevivencia establecida en el artículo 43 de la Ley 16.744, tiene precisamente como fundamento dar protección a los herederos sobrevivientes del trabajador fallecido y como se indicó anteriormente, es deber del Estado dar protección a la familia.

Menciona que el hecho de que en las disposiciones de la Ley 20.830 sobre Acuerdo de Unión Civil no se haga mención que la conviviente civil será beneficiaria de los seguros sociales de la Ley 16.744, nada impide que se haga una interpretación de aquellas normas, atendiendo al espíritu de la ley ya señalada, en orden a que precisamente tiene como fundamento dar igual protección y alcance al matrimonio como a los acuerdos de unión civil válidamente celebrados.

El acto ilegal y arbitrario de la Superintendencia de Seguridad Social, conculca la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 Nº 2 de nuestra carta magna y en segundo lugar, la garantía del artículo 19 Nº 24 de la norma fundamental, vale decir, el derecho de propiedad.

Pide se acoja la presente acción cautelar en todas sus partes, declarando que se deje sin efecto la Resolución Exenta Nº R-01-UJU-14034-2022 dictada con fecha 03 de febrero de 2022 por la Superintendencia de Seguridad Social, ordenando a la recurrida a dictar los actos administrativos tendientes a ser beneficiaria de la pensión de sobrevivencia contemplada en el artículo 43 y siguientes de la Ley 16.744, debiendo ordenar los pagos de aquel seguro social desde el momento en que se realizó la solicitud ante la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, tomando las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y que la contraparte sea condenada al pago de las costas.

Informando en su oportunidad la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, indica en primer lugar que se declare la presente acción de protección como improcedente por cuanto la materia sobre la que realmente versa, dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos, conforme al artículo 20 de la misma Carta Magna.

Menciona que se debe tener presente que los artículos 77 y 77 bis de la Ley N°16.744, en el marco de los procedimientos de reclamo que contempla, establece que su representada, resuelve con competencia exclusiva y sin ulterior recurso los reclamos relacionados con cuestiones de hecho relativas a materias de orden médico. Por lo expuesto, resulta evidente que, en atención a la naturaleza del seguro de la Ley N° 16.744, el legislador optó por dejar en manos de un organismo técnico, imparcial y especializado los reclamos relacionados con cuestiones de hecho relativas a materias de orden médico, que pudieren interponer los trabajadores asegurados y demás entidades interesadas a las que se refieren las disposiciones legales antes citadas. De esta manera, no es procedente este recurso, por no estar amparado el hecho que sustenta esta acción, por ser una materia de seguridad social.

Invoca a favor de su tesis los fallos roles N°5090-2011, de 21 de julio de 2011 y N°4341-2011, de 12 de mayo de 2011, ambas pronunciadas por la Corte de Apelaciones de Santiago, confirmadas por la Excma. Corte Suprema.

En segundo lugar, en el evento de que no sea rechazada esta acción por las razones dadas, señala que tampoco se estaría en presencia de un acto ilegal o arbitrario emanado de la Superintendencia de Seguridad Social, por cuanto su actuación, se ajusta a las normas que están contempladas en la Ley N° 16.744 y sus cuerpos reglamentarios. Añade que le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Nº16.395, la fiscalización de las instituciones que administran el Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales que se rige por la Ley N° 16.744 y sus reglamentos.

Refiere que, la materia sobre la que versa la presenta acción, esto es, la calificación de un accidente y la determinación del sistema que debe otorgar en definitiva las prestaciones médicas, es materia regulada, en cuanto al fondo, por el artículo 5° de la Ley N°16.744, que creó el Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y sus disposiciones reglamentarias.

Sostiene que si el accidente del trabajo o enfermedad profesional causa la muerte del trabajador o si fallece siendo pensionado o pensionada por invalidez, el artículo 43 de la Ley N°16.744, señala que tendrán derecho a percibir pensiones de sobrevivencia las siguientes personas: a) El o la cónyuge sobreviviente; b) La madre de los hijos de filiación no matrimonial del causante; c) Los hijos del causante; d) Otros beneficiarios (ascendientes y descendientes).

Añade que en el presente caso, la recurrente el 14 de diciembre de 2021, concurrió ante esta Superintendencia reclamando en contra de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, que mediante Resolución N° 2334-D, de 06/09/2021, rechazó su solicitud para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivencia respecto de su difunto conviviente civil don nombre reservado. Requerida al efecto, la citada Mutual, mediante Carta GAL 6677, de 23 de diciembre de 2021, informó, en síntesis, que rechazó otorgar el beneficio reclamado por la Sra. nombre reservado, por cuanto no reúne los requisitos que al efecto establece la Ley N° 16.744. De los antecedentes que acompaña, se desprende que el Sr. nombre reservado sufrió un accidente el 31/10/2019, que fue calificado como Accidente del Trabajo, por Resolución N° 3777620, de 15/11/2019. Por su parte, consta que el Acuerdo de Unión Civil entre el trabajador siniestrado y la Sra. nombre reservado, fue celebrado el 14/09/2017.

Al respecto, este Servicio manifestó, en primer lugar, que mediante la Ley N°20.830, el legislador consagró el acuerdo de unión civil, que conforme al artículo 1° de la misma, es un contrato celebrado entre dos personas que comparten un hogar, con el propósito de regular los efectos jurídicos derivados de su vida afectiva en común, de carácter estable y permanente. Los contrayentes se denominan convivientes civiles y son considerados parientes para los efectos previstos en el artículo 42 del Código Civil y su celebración conferirá el estado civil de conviviente civil.

Señala que si bien la Ley N°20.830 establece distintos beneficios de seguridad social, en lo que respecta al Seguro Social de la Ley N°16.744, sólo dispuso la supresión de la expresión “naturales” en los incisos primero y cuarto del artículo 45 de la Ley N°16.744, que reconoce el derecho al beneficio de pensión de supervivencia a la madre de los hijos del causante, soltera o viuda, que hubiere estado viviendo a expensas de éste hasta el momento de su muerte, situación que no resulta aplicable en la especie. Cabe hacer presente que la norma que cita la afectada (artículo 16 de la Ley N°20.830), dice relación con derecho sucesorio y no con seguridad social, por lo que tampoco resulta aplicable en la especie.

En consecuencia, se debe concluir que la Ley N°20.830 no extendió el beneficio de supervivencia a los convivientes civiles, en caso de fallecimiento de un conviviente civil por causas de origen laboral, por lo que el conviviente civil sobreviviente no podrá acceder a la pensión de sobrevivencia de la Ley N° 16.744. De esta manera, este organismo procedió a ratificar lo obrado por la citada Mutual.

Manifiesta que no se advierte como esta Superintendencia habría vulnerado la garantía del numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, cuando el acto impugnado devino de la aplicación de las normas que corresponden a la materia reclamada, la que se encuentra debidamente fundada, señalando las razones para arribar a la determinación cuestionada. Referente a la garantía del N° 24 del mismo artículo, esto es, el derecho a propiedad, la recurrente funda su pretensión en un derecho que no se encuentra indubitado, toda vez que, para el otorgamiento de las prestaciones de la Ley N° 16.744, se debe cumplir con los requisitos allí dispuesto, los que en la especie no se cumplen.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO;

PRIMERO: Que, la acción de protección contemplada en el artículo 20 de la Carta Magna, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona, por sí o a favor de un tercero, puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, el acto considerado por la recurrente como ilegal y/o arbitrario corresponde a la Resolución Exenta Nº R-01- UJU-14034-2022, dictada el 03 de febrero de 2022, por la recurrida, mediante la cual negó su solicitud de apelación, en cuanto a considerarla beneficiaria de la pensión de sobrevivencia respecto de su conviviente civil fallecido en un accidente laboral, contemplada en el artículo 43 de la Ley 16.744, previamente rechazada por la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción mediante resolución Nº 2334-D de fecha 06 de septiembre de 2021.

CUARTO: Que, en primer lugar es necesario tener en consideración que los hechos fundantes de esta acción constitucional guarda relación exclusivamente con materias propias de la seguridad social, específicamente con el derecho a percibir una pensión de sobrevivencia por parte de un conviviente civil conforme al artículo 43 de la Ley 16.744 que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, cuya garantía no se encuentra protegida constitucionalmente, conforme lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, de tal manera que este recurso no podrá prosperar QUINTO: Que, por otro lado también se desestimará este recurso, en atención a que el acto administrativo impugnado, dictado por la Superintendencia de Seguridad Social, mediante Resolución Exenta Nº R-01- UJU-14034-2022, dictada el 03 de febrero de 2022, no es ilegal y tampoco puede estimarse arbitrario.

En efecto, el artículo 43 de la Ley N°16.744 dispone: “Si el accidente o enfermedad produjere la muerte del afiliado, o si fallece el inválido pensionado, el cónyuge, sus hijos legítimos, naturales, ilegítimos o adoptivos, la madre de sus hijos naturales, así como también los ascendientes o descendientes que le causaban asignación familiar, tendrán derecho a pensiones de supervivencia en conformidad con las reglas de los artículos siguientes”.

SEXTO: Que, el artículo 1° de la Ley N°20.830 que crea el Acuerdo de Unión Civil, dispone que “El acuerdo de unión civil es un contrato celebrado entre dos personas que comparten un hogar, con el propósito de regular los efectos jurídicos derivados de su vida afectiva en común, de carácter estable y permanente. Los contrayentes se denominarán convivientes civiles y serán considerados parientes para los efectos previstos en el artículo 42 del Código Civil.

Su celebración conferirá el estado civil de conviviente civil. El término de este acuerdo restituirá a los contrayentes el estado civil que tenían antes de celebrar este contrato, salvo en la situación prevista en la letra c) del artículo 26”.

SÉPTIMO: Que, esta ley sobre unión civil, si bien otorgó numerosos derechos y beneficios al conviviente civil, como, derechos patrimoniales (comunidad de bienes); hereditarios en caso de fallecimiento; posibilidad de solicitar la compensación económica; declaración de bienes familiares; beneficios de salud conforme al DFL N°1 del Ministerio de Salud; percibir indemnizaciones por hechos ilícitos de terceros en contra del conviviente; percibir desahucio y remuneraciones impagas en caso de fallecimiento del conviviente; presunción de paternidad; derecho de sepultación; entre otros, sólo reconoció como derechos previsionales al conviviente civil el derecho a gozar de una pensión de sobrevivencia, para los efectos del Decreto Ley N°3.500 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social de 1980, sobre régimen de previsión de AFP, en atención a la modificación introducida por el artículo 30 de la Ley N°20.830, más no reconoció este mismo derecho en el caso de la Ley N° 16.744, toda vez que si bien el Título VII de la Ley N°20.830 modificó varios cuerpos legales, el artículo 47 de esta ley sólo suprimió “en los incisos primero y cuarto del artículo 45 de la ley N° 16.744, sobre seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, la expresión "naturales", manteniendo en lo demás, en forma íntegra la Ley N°16.744 y su Reglamento (Decreto N°101 del Ministerio del Trabajo de 7 de junio de 1968). En otras palabras, se mantiene el artículo 43 sobre las personas que tienen derecho a percibir pensión de sobrevivencia, no reconociendo al o la conviviente civil, no pudiendo asimilarse a la calidad de cónyuge, toda vez que el matrimonio y la unión civil son instituciones jurídicas de distinta naturaleza.

En este sentido, la profesora Fabiola Lathrop (“Acuerdo de Unión Civil: Regulación y problemas prácticos”, Apuntes Academia Judicial) señala que “los convivientes civiles quedan excluidos de pensiones de supervivencia que provengan del seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, del Instituto Previsional de Salud (IPS), de Capredena y Dipreca”. Igual opinión la sustenta el profesor nombre reservado (“El Acuerdo de Unión Civil y la Seguridad Social”, Universidad Católica de Chile).

OCTAVO: Que, tampoco el acto recurrido puede considerarse arbitrario o caprichoso, toda vez que se encuentra suficientemente fundado, bastando con sus propios argumentos.

NOVENO: Que, no se divisa afectación a la garantía de la igualdad ante la ley, toda vez que la Superintendencia de Seguridad Social, no ha causado ninguna discriminación particular en contra de la recurrente, toda vez que este órgano administrativo, ha resuelto en forma genérica la materia debatida, mediante Dictamen N°74.528-2015 de 24 de noviembre de 2015, concluyendo que no es procedente la pensión de sobrevivencia del artículo 43 de la Ley N°16.744 para el conviviente civil. Por otro lado, el derecho de propiedad que se señala amagado, no es un derecho indubitado.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que, se RECHAZA el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Se previene que la Ministra, señora Claudia Arenas González, sólo concurre a la decisión por los fundamentos expuestos en el considerando noveno.

Cúmplase oportunamente con lo establecido en el numeral 14° del referido Auto Acordado.

Redacción del Fiscal Judicial don nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 189-2022 Protección.