nombre reservado con ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD

Arica, cinco de agosto de dos mil veintidós.

VISTO:

Compareció doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, y dedujo recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL y la ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD, por la dictación de la Resolución Exenta N° R-01-F-66872-2022 de 27 de Mayo de 2022, notificada en la misma fecha, que rechazó el recurso de reposición que perseguía la declaración de accidente sufrido como laboral de trayecto, conculcando las garantías constitucionales de los numerales 1° y 9° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Indica que desde el 5 de mayo de 2014, se desempeña como Encargada de Oficina Arica de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión y Patria (UNIONCOOP), siendo sus funciones en términos generales son, hasta el día de hoy, atención de público en general, socios de la cooperativa y apertura de convenios para prestaciones y/o créditos comerciales según señala su contrato de trabajo cuyo horario laboral es de lunes a viernes: Jornada AM 9:00 hrs a 14:00hrs Jornada PM 15:00 a 18:00hrs. Horario que fue modificado atendida la emergencia sanitaria desde el 5 de octubre de 2020 para ser cumplida de forma mixta, es decir de forma presencial y en modalidad de teletrabajo.

Hace presente que se encuentra sujeta a conseguir mayores ingresos y comisiones según cumplimiento de metas mensuales, por lo que de ser necesario extender la jornada presencial para atención de un o una socia que requiriera de algún trámite presencial o atención en la oficina, siempre está la disponibilidad de aquello por lo que mi jornada laboral no se encuentra limitada a la atención presencial hasta las 14:30 sino que en definitiva quedará sujeto a la planificación y gestión con los socios y usuarios de la cooperativa, pudiendo extenderse según necesidad.

Señala que en este contexto el día 30 de marzo de 2021 se retiró de las dependencias físicas de la oficina a las 15:30 horas, para continuar en modalidad de teletrabajo, sufriendo aquel día un accidente de trabajo en el trayecto desde el trabajo a su domicilio, una fractura diafisaria quinto metatarsiano izquierdo luego de bajarme de la locomoción colectiva en la que se trasladaba.

Requirió la intervención de la ACHS, sin embargo, quienes de forma arbitraria e ilegal, rechazan catalogar el accidente como de origen laboral, no entregando cobertura alguna, por considerar que los antecedentes eran insuficientes y que había una discrepancia en el horario laboral que se cumplía de forma “presencial”, no valorando las pruebas aportadas al caso, así las cosas debió asistir a un centro médico de forma particular e intervenida de urgencia, el día 17 de abril de 2021.

Indica que utilizó todos los mecanismos que establece la Ley para reclamar, y reponer administrativamente de aquella decisión, siendo rechazados en todas las instancias sin valorar la prueba y los antecedentes rendidos.

Refiere que la SUSESO para resolver el asunto funda la resolución en una apreciación de carácter subjetiva y en el supuesto en que bastarían traducir o convertir 3 kilómetros a un tiempo determinado en el trayecto desde la oficina a su domicilio, afirmando sin prueba alguna que se había “desviado” del trayecto, no considerando los tiempos de espera de locomoción colectiva, con un recorrido preestablecido y que no trasladaba únicamente a un solo pasajero, sumado al contexto pandemia y las restricciones sanitarias que impedían un flujo constante de la locomoción colectiva.

Expone que el acto administrativo impugnado consistente en la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-F-66872-2022 de 27 de Mayo de 2022 que rechaza el recurso de reposición fue firmada por GABRIEL ANTONIO ORTIZ PACHECO Fiscal, Fiscalía de Superintendencia de Seguridad Social, desconociendo y no constando en el documento la delegación de facultades que tiene para ello, de acuerdo a los principios de legalidad y juridicidad de los órganos del Estado, lo establecido en el Artículo 4° Ley 16.395 y la Ley 19.880 de Bases de Procedimiento, artículo 41 inciso 4°, último articulado que dispone la fundamentación que deben contener las resoluciones dictadas por los órganos de la administración.

Sostiene que la resolución recurrida dictada por la Superintendencia, y también las resoluciones que le sirven de antecedentes, dictadas por la ACHS y COMPIN, no valoran la prueba y carecen de elementos que le permitan fundar la decisión de calificar como “accidente común” uno que es de carácter laboral, contraviniendo aquello lo prescrito por la Ley N° 16.744.

Pide se acoja el presente recurso y se deje sin efecto el acto impugnado contenido en la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-F-66872-2022 de 27 de Mayo de 2022, declarando que el accidente sufrido es un accidente del trabajo de trayecto, ordenando el pago de las prestaciones de salud y de aquellas que esta Corte determine, con expresa condena en costas.

Informó la Asociación Chilena de Seguridad, quien solicitando el rechazo del recurso, señala que es una corporación de derecho privado sin fines de lucro, ejerce una función pública la de administrar la Seguridad Social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de acuerdo con las disposiciones de la Ley N°16.744 y de las que se dicten en el futuro, y de sus respectivos reglamentos, Refiere que la recurrente, quien se desempeña como personal de apoyo administrativo para su entidad empleadora, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión y Patria (UNIONCOOP), ingresó a las dependencias médicas de la asociación, el 1° de abril de 2021, a las 12:51 horas, denunciando la ocurrencia de un presunto accidente del trabajo en el trayecto ocurrido el 30 de marzo de 2021, a las 17:00 horas, en la intersección de la calle Diego Portales con el Pasaje Tarapacá de la comuna y ciudad de Arica, al momento en que caminaba hacia su domicilio ubicado en domicilio reservado, luego de bajar de la locomoción colectiva, indicando que pisó algo, tropezó y cayó, torciéndose su pie izquierdo y golpeándose el lado derecho de su cuerpo. Lo anterior, conforme a la declaración de la recurrente en su Denuncia Individual de Accidente del Trabajo (DIAT), refirió contar con testigos del accidente, y haber dado aviso del accidente a su entidad empleadora, sólo a las 11:00 horas del día subsiguiente, esto es, el 1° de abril de 2021.

Expone que en relación a las prestaciones médicas otorgadas a la recurrente una vez que se presentó en las dependencias de la recurrida, se remitieron a la Ficha Clínica, documento que consigna los procedimientos efectuados y los cuadros clínicos diagnosticados en la especie, así como a los exámenes de imágenes, concluyendo que sufrió una fractura cerrada desplazada de quinto metatarso de pie izquierdo.

Expresa que para calificar un determinado accidente como de trayecto, debe suceder necesariamente en el recorrido comprendido entre los puntos específicamente señalados, o viceversa, y es menester que la ocurrencia del infortunio en el mencionado itinerario debe ser indudablemente probada por la afectada.

Indica que teniendo en consideración la normativa legal y reglamentaria aplicable en la especie, y los antecedentes del siniestro denunciado por la recurrente, los cuales fueron sometidos al análisis y ponderación del Departamento de Calificaciones de mi representada, concluyendo que no correspondía acoger a la recurrente a la cobertura del Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales regulado por la Ley N°16.744, toda vez, que de la documentación proporcionada, no fue posible establecer la concurrencia de los elementos necesarios para calificar el incidente denunciado, como un accidente del trabajo en el trayecto.

En efecto, conforme a los antecedentes disponibles, el accidente denunciado por la recurrente no habría ocurrido en el trayecto directo, racional y lógico entre su lugar de trabajo y su habitación. En este sentido, de acuerdo a la información proporcionada por la paciente, el croquis del lugar del accidente y su presentación tardía, nuestro Departamento de Calificaciones, estimó que no existía concordancia entre la hora de salida de su lugar de trabajo (15:30 horas) y el tiempo que demoró en llegar al lugar en donde ocurrió el accidente (17:00 horas), trayecto que debió realizar, a lo más, en 25 minutos, pero se demoró más de 1 hora y 30 minutos. Además, la trabajadora no se presentó de forma oportuna a las dependencias propias de la recurrida ni a otro centro asistencial, pese a la naturaleza de la lesión sufrida, dejando pasar más 42 horas de ocurrido su accidente.

De lo anterior, se desprende que la recurrente no se dirigió directamente hacia su habitación, o que había desviado su trayecto para realizar alguna otra actividad desconocida antes de dirigirse hacia dicho lugar, atendido el trayecto racional y lógico existente entre el lugar de trabajo y la habitación de la recurrente. En efecto, de los antecedentes del caso, se desprende que la trabajadora habría empleado un tiempo mayor del razonable en recorrer la distancia que mediaba entre su lugar de trabajo y el lugar del accidente, lo cual se gráfica en el croquis elaborado al efecto y que fuera remitido en su oportunidad a la Superintendencia de Seguridad Social.

La recurrente en el recurso de protección interpuesto, señala haberse retirado el día 30 de marzo de 2021, de las dependencia físicas de la oficina a las 15.30 horas, para continuar en modalidad de teletrabajo, sufriendo aquel día un accidente de trabajo en el trayecto del trabajo a su domicilio, sin precisar un horario en que hubiese ocurrido, en circunstancias, que al momento de presentar la DIAT refirió haber ocurrido a las 17:00 horas, para el 6 de abril de 2021, emitir una nota aclaratoria, que señala que habría sucedido entre las 16 y 17 horas.

Conforme el mérito de los antecedentes disponibles sobre caso de la recurrente, estimó que en la especie no concurrieron los elementos necesarios para calificar el infortunio en cuestión como un accidente de trayecto, al no existir concordancia temporal y tampoco la afectada contaba con los medios probatorios para acreditar el accidente, en los términos dispuestos en el artículo 5°, inciso 4 segundo, de la Ley N°16.744, y en el artículo 7°, inciso segundo, del Decreto Supremo N°101, de 1968, razón por la cual determinó que a la recurrente no le corresponde la cobertura del Seguro de la citada ley, sino que la de su régimen de salud privado, pues debía acreditar el horario de salida de las dependencias físicas de su trabajo el día del accidente.

Arguye que las actuaciones que se pretenden reprochar mediante le presente recurso, se ajustaron estrictamente al procedimiento reglado en el Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de la Superintendencia de Seguridad Social, determinando que el infortunio denunciado por la recurrente como de origen común, emitiéndose al efecto la respectiva Resolución de Calificación del Origen de los Accidentes y Enfermedades Ley N°16.744 (RECA), Número 0006982964, de fechas 8 y 14 de abril de 2021.

De dicha Resolución la recurrente apeló, procediéndose por la ACHS a efectuar nuevamente un completo análisis de todos los antecedentes del caso, luego de lo cual se ratificó la calificación efectuada, en base a las consideraciones ya señaladas, circunstancia que le fue informada a la recurrente mediante carta de fecha 22 de abril de 2021, documento en el cual también se le indicó su derecho a reclamar ante la Superintendencia de Seguridad Social.

Así el 14 de abril de 2021, se derivó a la recurrente a su sistema previsional de salud, emitiéndose al efecto el correspondiente Certificado de Derivación a Sistema Previsional, y extendiéndosele una licencia médica tipo 1. Y el 4 de mayo de 2021, la accionante recurrió ante la Superintendencia de Seguridad Social, reclamando respecto a la calificación efectuada por la Asociación.

Resolviendo la reclamación interpuesta por la recurrente, la Superintendencia de Seguridad Social, mediante la Resolución Exenta N° R-01-UJU-103110-2021, de 10 de agosto de 2021, emanada desde la Unidad Jurídica de dicha entidad fiscalizadora, expresó que se confirma lo obrado por la ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD, por cuanto no procede otorgar la cobertura de la Ley N° 16.744 para el siniestro que sufrió doña nombre reservado”.

Posteriormente, la Sra. nombre reservado interpuso ante la Superintendencia de Seguridad Social, recurso de reconsideración en contra de la resolución ya citada, concluyendo el aludido órgano fiscalizador, a través de la Resolución Exenta N° R-01-F-66872-2022, de 27 de mayo de 2022, emanada de su Fiscalía que se rechaza el recurso de reposición presentada por ella.

Argumenta la improcedencia de la acción de protección respecto del derecho a la protección de la salud, al respecto, señala que la reclamación de la recurrente se refiere a las prestaciones derivadas de un infortunio ocurrido el día 30 de marzo de 2021, materias que se encuentran reguladas por la Ley N°16.744, que contempla el Seguro Social contra Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y que la acción de protección, posee un carácter excepcional, y procede sólo en aquellos casos relativos a las materias indicadas en el catálogo taxativo del artículo 20 de la Constitución, siempre que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías contemplados en dicha norma, entre las cuales no se encuentra el numeral 9° del artículo 19 de la Constitución, que consagra el derecho a la protección de la salud, pues expresamente el señalado artículo 20, lo hace únicamente extensivo al inciso final del mencionado articulado, disposición que la parte recurrente no invoca ni menos desarrolla en su acción de protección.

En consecuencia, al no contemplarse el derecho a la protección de la salud dentro del catálogo taxativo del artículo 20 de la Constitución, como una garantía susceptible de la especial acción cautelar regulada por la Carta Fundamental, debió declararse inadmisible en esa parte.

En cuanto a una posible afectación al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la recurrente, señalar que la recurrida en cumplimiento de las instrucciones impartidas en la materia por la Superintendencia de Seguridad Social, y con el mérito de los antecedentes del caso, únicamente procedió a calificar como de origen común el accidente denunciado, notificando dicha determinación a la recurrente. Consecuencialmente, se la derivó al sistema previsional de salud que se encontraba afiliada, es decir, a la Isapre Colmena Golden Cross, con la finalidad que dicha institución le entregara la cobertura conforme al plan que tiene contratado, para su recuperación física y psíquica.

Por consiguiente, no se puede estimar, en ningún caso, que la ACHS haya afectado ese derecho invocado por la recurrente, que por lo demás en la acción de protección no desarrolla ni específica.

Luego, en el presente caso la parte recurrente carece de un derecho de carácter indubitado, siendo ello un presupuesto esencial para que su acción cautelar pueda prosperar. Además, que ésta no es la vía para declarar derechos subjetivos, sino que es una instancia de protección de aquellas garantías constitucionales expresamente protegidas por el constituyente, que, siendo preexistentes e indubitadas, se encuentren afectadas por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria, presupuestos que, conforme a lo razonado, no concurren en la especie4, pues la discusión de fondo que se plantea en el presente recurso supone establecer hechos que se encuentran controvertidos por las partes.

Así, siendo la resolución impugnada adoptada por la Superintendencia de Seguridad Social en el ámbito de sus respectivas competencias y dentro del marco que la ley les asigna, no es posible vislumbrar una afectación a las garantías fundamentales indicadas por la actora en su acción cautelar5.

A su turno la Superintendencia de Seguridad Social evacuando su informe, alega en primer lugar la extemporaneidad del recurso, indicando que la recurrente solo ejerció esta acción constitucional el 27 de junio de 2022, cuando el plazo fatal de 30 días corridos estaba con creces vencido, toda vez que la recurrente, ya tenía conocimiento de la situación planteada, al menos, con fecha 4 de mayo de 2021 cuando realizó una presentación al Servicio por la materia recurrida y han transcurrido más de 13 meses desde la primera presentación que realizó.

Luego, solicita el rechazo del recurso por cuanto la calificación de un accidente como de etiología común o laboral, corresponde al procedimiento de reclamos o apelaciones contempladas en los artículos 77 y 77 bis de la Ley N° 16.744, son materias que pertenecen al campo de la Seguridad Social y, por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas del ámbito de la acción de protección.

De tal forma, la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

En subsidio, informa en cuanto al fondo, señalando las normas que la rigen, especificando que le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N°16.395, sobre Organización y Funciones de la Superintendencia de Seguridad Social, le corresponde “…la supervigilancia y fiscalización de los regímenes de seguridad social y de protección social, como asimismo de las instituciones que los administren, dentro de la esfera de su competencia y en conformidad a la ley.” Y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Nº16.395, sobre Organización y Funciones de la Superintendencia de Seguridad Social, “…la fiscalización del seguro sobre accidentes del trabajo como de las instituciones que a él se dediquen…”.

Hace presente que no ha cometido ilegalidad alguna, por cuanto la Superintendencia de Seguridad Social, es el organismo encargado de la fiscalización del seguro contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

En ese sentido, la recurrente, no señala en forma precisa norma legal o reglamentaria vinculante o atingente alguna que haya sido infringida, por lo efectuado por la recurrida ha sido pronunciarse en cuanto a que los gastos incurridos en el extrasistema, no deben ser reembolsados, toda vez la recurrente se automarginó de la cobertura de la Ley N° 16.744.

Indica que lo que existe es un dictamen emanado por la SUSESO, dictado dentro del ámbito de su competencia, de acuerdo con las facultades fiscalizadoras que le han sido entregadas por el legislador, estimando, además, que la interposición del presente recurso desborda los límites de aplicación de la acción de protección, por lo que no existe ilegalidad ni arbitrariedad alguna de su parte.

Sostiene a mayor abundamiento, que la trabajadora se presentó en las dependencias médicas de la citada Asociación, el día 1 de abril de 2021, esto es, 2 días después de ocurrido el siniestro, pese a la naturaleza de la lesión que exhibió, diagnosticada como fractura cerrada desplazada de quinto metatarso de pie izquierdo.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO.

PRIMERO: Que, la acción de protección contemplada en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, el asunto sometido a la decisión de esta Corte y que vulnera las garantías constitucionales esgrimidas por la recurrente, es la Resolución Exenta N° R-01-F-66872-2022 de 27 de Mayo de 2022, de la Superintendencia de Seguridad Social que rechazó el recurso de reposición que perseguía la declaración de accidente sufrido como laboral de trayecto.

CUARTO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad planteada por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, de los antecedentes allegados y lo reconocido por la propia actora en su recurso, aparece que el 27 de mayo de 2022, fue notificada de la Resolución Exenta que se pretende dejar sin efecto por esta vía constitucional, por lo que habiendo sido interpuesta la presente acción constitucional el 27 de junio de 2022, esto es, al día treinta y uno de haber tomado conocimiento la reclamante del acto que considera arbitrario había ya transcurrido en exceso el término de 30 días establecido en el numeral 1° del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recurso de Protección, lo que obliga a desestimar la presente acción por extemporánea, como se dirá en lo resolutivo de este fallo.

QUINTO: Que, el numeral primero del Auto Acordado 94-2015 sobre tramitación de recurso de protección dispone “El recurso o acción de protección se interpondrá … dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión …”.

Que acorde a la norma recientemente descrita en relación al plazo transcurrido al momento de la interposición de la acción, referido en el considerando precedente, no cabe sino concluir que el recurso fue deducido de manera extemporánea, lo que obliga a desestimar desde ya la presente acción constitucional respecto de la Superintendencia de Seguridad Social.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, en cuanto a la Asociación Chilena de Seguridad, esta Corte estima que las actuaciones que se pretenden reprochar mediante le presente recurso, se ajustaron estrictamente al procedimiento reglado en el Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de la Superintendencia de Seguridad Social, amén que la resolución recurrida no fue emitida por esta Asociación.

Por consiguiente, no puede sino concluirse que, en el caso en comento, la recurrida solo calificó el siniestro que sufrió la trabajadora sin origen laboral por falta de antecedentes fundantes, por lo que no avizora ninguna vulneración a las garantías constitucionales que señala la recurrente, por lo que no se avizora algún acto ilegal o arbitrario que pueda ser tutelado por esta vía.

Por las anteriores consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que se RECHAZA, por extemporáneo el recurso de protección interpuesto por nombre reservado.

Cúmplase, oportunamente, con lo establecido en el numeral 14° del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 1822-2022 Protección.