Recurso de protección

Arica veinte de abril de dos mil veintiséis.

VISTO:

Comparece el abogado Juan Ángel Díaz Parada, en representación de, y dedujo recurso de protección en contra de la ESCUELA nombre reservado de esta ciudad y de su representante legal nombre reservado, por haber incurrido en el acto ilegal y arbitrario consistente en negar la matrícula y excluir del sistema educativo al niño nombre reservado, hijo de la recurrente, quien fue diagnosticado de Trastorno del Espectro Autista, grado 3, vulnerando con ello las garantías fundamentales consagradas en los numerales 1, 2 y 10 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y afectando, además, la protección que el ordenamiento jurídico reconoce de manera reforzada a niños, niñas y adolescentes y a personas con discapacidad.

Refiere que el niño nombre reservado dado su diagnóstico, supone necesidades y apoyos educativas especiales de carácter permanente, contención adecuada, estabilidad en las rutinas, acompañamiento profesional y un abordaje pedagógico consistente, estructurado e inclusivo.

Señala que el niño ingresó al nivel Kinder en el año 2022 a la Escuela nombre reservado de Arica, y que logró, con mayores o menores dificultades, iniciar una adaptación a sus rutinas, dinámicas y referentes.

Indica que durante los años posteriores (2023 al 2025), se fueron produciendo una serie de situaciones irregulares y deficiencias en la gestión educacional, que afectaron el proceso formativo del niño y evidenciaron una respuesta insuficiente por parte del establecimiento frente a sus necesidades específicas. En efecto, según refiere que durante el año 2023 se produjeron múltiples cambios de profesores, circunstancia particularmente perjudicial para un niño con TEA grado 3, atendido que la alteración constante de sus figuras de referencia y de sus dinámicas de aula repercute directamente en su estabilidad emocional, conductual y pedagógica.

Sumado a que, de manera reiterada, la recurrente fue citada al establecimiento por dificultades conductuales de su hijo, recibiendo sugerencias orientadas a acortar rutinas, modificar dinámicas e incluso medicar al niño con el objeto de mejorar su comportamiento, sin que conste un abordaje suficientemente integral, coordinado y respetuoso de su condición.

Asimismo, se adoptaron decisiones respecto del apoyo que recibía el niño, como la prohibición de que determinada TENS lo atendiera, por estimarse que lo “malcriaba”, pese a que, según la recurrente, dicha funcionaria cumplía labores de contención relevantes para su hijo. Estas circunstancias, lejos de reflejar una adecuada adaptación institucional a las necesidades educativas especiales del niño, dan cuenta de un tratamiento errático y de una comprensión insuficiente de su condición.

Prosigue y señala que durante el año 2024 persistieron las dificultades antes descritas, como cambios de docentes, actividades o desplazamientos del niño sin previa información a los padres de manera oportuna, debido a lo cual, la recurrente debió solicitar reiteradamente la entrega de informes profesionales relativos al trabajo desarrollado con su hijo, los que solo fueron proporcionados tras varios meses y de manera incompleta. Tales antecedentes son particularmente graves si se considera que se trata de una escuela especial, cuyo deber no se agota en impartir enseñanza formal, sino que exige una intervención profesional seria, coordinada y consistente con las necesidades del estudiante.

Agrega que, el 22 de noviembre de 2024, la recurrente sostuvo una reunión o mediación con la Unidad Técnico Pedagógica y con la dirección del establecimiento, ocasión en la cual, recibió un trato impropio e indigno, llegando incluso a sentirse humillada.

Dicha experiencia, unida a la acumulación de dificultades anteriores, afectó severamente su confianza en la adecuada respuesta institucional que el establecimiento debía brindar tanto a ella como a su hijo.

Expone que, a pesar de las situaciones descritas, nombre reservado desde su ingreso, generó un vínculo real con ese espacio educativo, con las personas que allí intervenían y con las rutinas que, en alguna medida, había logrado incorporar.

No obstante, lo anterior, al momento de gestionarse la continuidad educacional del niño para el período siguiente, la recurrente fue informada que el establecimiento recurrido no aceptó nuevamente su matrícula -16 de diciembre-, sin que se le entregara una fundamentación seria, clara, suficiente y jurídicamente admisible para excluir al niño del establecimiento en el que había cursado previamente sus estudios.

Como consecuencia de lo anterior, la recurrente intentó incorporar a su hijo a otro establecimiento educacional, específicamente la Escuela nombre reservado. Sin embargo, en ese proceso advirtió una nueva irregularidad de extrema gravedad: los antecedentes educacionales del niño correspondientes al año 2025 no aparecían debidamente incorporados al sistema, existiendo solo una hoja de notas firmada por la profesora, cuestión que ha obstaculizado de manera concreta su acceso regular y oportuno al sistema educativo. Tal situación fue además consultada por la recurrente ante la Superintendencia de Educación, sin obtener una respuesta efectiva que permitiera restablecer prontamente el ejercicio del derecho afectado.

Así, lo que en apariencia pudiera presentarse como un simple problema de matrícula o de registro administrativo, en realidad se traduce en una afectación sustancial y actual del derecho a la educación de un niño con discapacidad, quien ha quedado expuesto a la interrupción de su trayectoria escolar, a la pérdida de continuidad en sus apoyos y a la ausencia de una respuesta institucional eficaz destinada a resguardar su permanencia y progreso en el sistema educacional.

Expresa que el acto impugnado es ilegal, porque contraviene directamente el artículo 19 N°10 de la Constitución Política de la República, que asegura a todas las personas el derecho a la educación y dispone que corresponde al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. Actuación que no ha favorecido el acceso, continuidad ni permanencia del niño en el sistema educacional, sino que ha contribuido a su exclusión material, sin justificación razonable y en abierta contradicción con la especial protección que el ordenamiento reconoce tratándose de niños y de personas con necesidades especiales.

Asimismo, la actuación recurrida vulnera la Ley N°21.545, normativa que tiene por objeto asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades y resguardar la inclusión social de las personas con trastorno del espectro autista, imponiendo deberes concretos en los distintos ámbitos de la vida social, entre ellos el educativo.

Del mismo modo, se infringen los principios y mandatos contenidos en la Ley N°20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, cuerpo normativo que obliga a remover barreras y a evitar actuaciones discriminatorias fundadas en la discapacidad o en las necesidades de apoyo de la persona.

A lo anterior se suma la Ley N°21.430, sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, cuyo eje estructural descansa en el interés superior del niño, principio que obliga a todas las autoridades y entidades que intervienen en decisiones que les afecten a adoptar la alternativa que mejor resguarde su desarrollo integral, su bienestar y el ejercicio efectivo de sus derechos. La exclusión educacional, la interrupción de la trayectoria escolar y la desprotección institucional en un caso como el presente resultan manifiestamente incompatibles con ese mandato.

El acto es también arbitrario, desde que carece de razonabilidad suficiente y aparece desprovisto de justificación proporcional. En efecto, si el niño cursó sus estudios en el establecimiento recurrido durante varios años, si presenta un diagnóstico conocido por la institución y si, precisamente por su condición, requiere continuidad, estabilidad y apoyos especializados, no resulta racional ni legítimo que se le niegue el acceso o permanencia en dicho establecimiento sin una fundamentación objetiva, técnica y debidamente comunicada. La sola existencia de dificultades conductuales o de necesidades intensas de apoyo no puede transformarse en razón para excluir, pues ello importaría invertir completamente el sentido de una escuela especial, cuya función es precisamente atender a estudiantes que requieren mayores apoyos pedagógicos y profesionales.

La arbitrariedad se manifiesta, además, en que la decisión cuestionada no solo recae sobre un niño especialmente vulnerable, sino que genera consecuencias desproporcionadas, al dejarlo en una situación de incertidumbre educacional y al exponerlo a una desescolarización fáctica o a una inserción deficiente en un espacio que no cuenta con los apoyos equivalentes que su situación demanda. No existe, por tanto, correspondencia entre la medida adoptada y las obligaciones reforzadas que pesan sobre la recurrida.

La conducta impugnada vulnera, en consecuencia, la garantía del artículo 19 N°2 de la Constitución, esto es, la igualdad ante la ley. Ello, por cuanto el niño ha sido objeto de una diferenciación carente de justificación razonable, fundada en los hechos en su condición y en las dificultades asociadas a ella, lo que se traduce en una discriminación arbitraria.

Asimismo, se ve amagada la garantía del artículo 19 N°1 de la Constitución, en su dimensión de integridad psíquica. La interrupción de la continuidad escolar, la ausencia de respuesta clara por parte del establecimiento, la incertidumbre respecto de la escolarización del niño y el impacto que todo ello genera en su núcleo familiar producen una afectación psíquica evidente, tanto respecto del propio niño, cuya estabilidad depende en gran medida de entornos predecibles y adecuados, como de su madre, quien ha debido enfrentar por largo tiempo una situación de desgaste, desatención institucional e incertidumbre respecto del futuro educacional de su hijo.

Sostiene que esta circunstancia configura una discriminación arbitraria en los términos del artículo 19 N°2, en su dimensión de igualdad sustantiva, que no se agota en prohibir tratos diferenciados formales, sino que exige remover obstáculos y adoptar medidas positivas que permitan a las personas en situación de discapacidad acceder en condiciones reales de igualdad al ejercicio de sus derechos.

En este contexto, la recurrida se encontraba obligada no solo a abstenerse de excluir, sino a desplegar una conducta activa de adaptación, mediante la implementación de ajustes razonables, apoyos pedagógicos y estrategias acordes a las necesidades del niño. Sin embargo, no existe antecedente alguno que permita sostener que dichas medidas hayan sido siquiera intentadas o agotadas.

La arbitrariedad de la conducta se manifiesta, además, en su contradicción estructural: un establecimiento cuya función es atender a estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes decide excluir a un alumno precisamente por presentar dichas necesidades. Esta incoherencia revela que no se trata de una decisión técnica, sino de una respuesta carente de justificación razonable.

La Ley N°21.545 establece expresamente el derecho de las personas con Trastorno del Espectro Autista a acceder, permanecer y progresar en el sistema educativo sin discriminación arbitraria, lo que supone un deber reforzado de inclusión. Del mismo modo, la Ley N°20.422 impone la obligación de eliminar barreras y adoptar ajustes razonables, deber que en el presente caso ha sido completamente desatendido.

En consecuencia, la negativa de matrícula no puede ser entendida como una decisión discrecional legítima, sino como una discriminación directa, arbitraria y estructural, que afecta el núcleo esencial del derecho a la igualdad y que exige la intervención inmediata de esta Corte para restablecer el imperio del derecho.

Pide se acoja el presente recurso y, en definitiva, se ordene a la recurrida proceder a la matrícula inmediata del niño nombre reservado en la Escuela nombre reservado, para el período académico correspondiente, debiendo adoptar todas las medidas necesarias para asegurar su incorporación real y efectiva al proceso educativo; disponer que dicha incorporación se realice bajo condiciones acordes a su diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista grado 3, incluyendo la implementación de apoyos adecuados, continuidad en las rutinas y adecuaciones pedagógicas pertinentes; ordenar a la recurrida abstenerse de ejecutar cualquier acto que implique exclusión, restricción o trato diferenciado en razón de la condición del niño; disponer que la Superintendencia de Educación fiscalice el cumplimiento de lo ordenado y adopte las medidas necesarias para regularizar la situación educacional del niño, debiendo informar a Vuestra Señoría Ilustrísima, dentro del plazo que se fije; y, en subsidio, para el evento que esta Corte estime improcedente la matrícula en el establecimiento recurrido, se ordene a la autoridad administrativa competente disponer de manera inmediata la asignación de un cupo en un establecimiento que cuente con condiciones equivalentes de atención especializada, asegurando la continuidad efectiva de su proceso educativo; todo ello con expresa condena en costas.

Informa la Escuela nombre reservado solicitando el rechazo del recurso y expone que es una institución educativa enfocada en la atención de personas con discapacidad visual y multidéficit, de carácter particular subvencionada, y cuyo alumnado está compuesto por niños desde los 6 a 14 años, que cursan desde 1ero a 4to básico.

Luego de referirse a la misión y visión institucional y las normas legales que los rigen -ley N° 20.370, General de Educación y la ley 21.545 que establece la promoción de la inclusión, la atención integral, y la protección de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista en el ámbito social, de salud y educación- indica que la escuela no ha ejercido ningún acto de discriminación con el niño ni con ningún alumno y que tampoco detenta la facultad de retener la matrícula de estudiantes cuyos padres han decidido optar por otros centros educativos.

En el caso de marras informan que nombre reservado, ingresó a la escuela en el año 2022 a cursar el nivel de Transición 2 A de Educación Especial Discapacidad Múltiple, el año 2023 cursó el 1° Básico A de Educación Básica, siendo promovido con una calificación de 4,8, que el año 2024 cursó el 2° Básico A de Educación Básica, siendo promovido con una calificación de 5,3 y el año 2025 cursó el 3° Básico A de Educación Básica, siendo promovido con una calificación de 6,3.

Agrega que nombre reservado, mantiene diagnóstico de trastorno del espectro autista (TEA), realizado por la facultativa Dra. nombre reservado.

En cuanto a las alegaciones efectuadas en el recurso, sobre la supuesta negativa del establecimiento de aceptar la matrícula de nombre reservado para el año lectivo 2026, expresa que ese hecho es falso, porque ello nunca ocurrió.

Lo que si sucedió fue que el día 16 de diciembre del año 2025, antes del término regular del año escolar, la apoderada del menor y recurrente en estos autos, solicitó el retiro de su hijo, lo que consta en el documento denominado “Certificado de retiro” y en correo electrónico de la misma fecha, que se acompaña al informe y que dan cuenta de la intención de la madre de nombre reservado de matricularlo en un colegio diverso.

En cuanto a las garantías supuestamente conculcadas expresa nombre reservado no es alumno regular de la Escuela nombre reservado, por propia disposición de su madre y apoderada, quién no sólo optó por otro proyecto educativo, sino que ha destinado significativos esfuerzos a denostar y desprestigiar el buen nombre de la escuela nombre reservado, y de la persona de directivos y sostenedores, recurriendo a “funas” por redes sociales, de lo cual se están estudiando la interposición de las respectivas acciones judiciales.

En consecuencia, no existe de acción u omisión ilegal o arbitraria efectuada por la Escuela nombre reservado, desde que nunca no negó la matrícula 2026 al menor nombre reservado, sino que como ya se ha dicho, fue su madre y apoderada quién lo retira y lo matricula en otro establecimiento educacional.

Alega la extemporaneidad del recurso, tomando en cuenta el propio relato de la recurrente, pues el supuesto acto vulnerario, es el hecho ocurrido el 16 de diciembre de 2025, data en que supuestamente se le negó la matrícula al menor de marras, por lo que, a la fecha de interposición de la presente acción, ya había expirado el plazo de 30 días que habilita la interposición del presente recurso de protección.

Por otro lado, indica que nombre reservado, se encuentra cursando su año escolar en la escuela nombre reservado y que se encuentra integrado al programa de integración escolar (P.I.E.) del establecimiento educacional.

Por lo que, tampoco es efectivo que el menor no esté escolarizado, fuera del sistema o su educación se encuentre interrumpida.

De manera que tanto el retiro del alumno de la Escuela nombre reservado, como su ingreso a la escuela nombre reservado, es consecuencia de la decisión libre y meditada de su madre y apoderada, amparada por el derecho preferente a escoger la educación para su hijo.

Finalmente, señala que ante la inexistencia del comportamiento antijurídico como el invocado para dar fundamento al recurso conduce necesariamente a su desestimación, conforme a lo cual se solicita su integro rechazo.

Informó la Superintendencia de Educación, la que luego de referirse latamente sobre sus facultades legales, marco normativo educacional sobre la materia y la admisión de estudiantes con necesidades educativas especiales en el sistema escolar, expuso que el 22 de noviembre de 2024 se ingresó requerimiento de “mediación”, A nombre de nombre reservado, consignado con el NUM000, y cuyo requerido fue la escuela nombre reservado, Representado legalmente por nombre reservado, por motivo de atención y/o abordaje de necesidades específicas del estudiante y/o párvulo, teniendo como afectado al alumno nombre reservado

Señala que haciendo uso del derecho establecido en el artículo 57 de la Ley 20.529, expone en su requerimiento: “Apoderada solicita mediar con el E.E., por constantes demandas (Acoso) por parte Directora y UTP quienes solicitan permanentemente informes a la madre, quién atiende en el sistema público de salud. Además, refiere que la comunicación es demandante y constante para solicitar su presencia en temas de abordaje del alumno quien presenta diagnóstico de TEA.

Es importante señalar que ella también ha solicitado informes por temas legales con el padre del alumno los cuales son realizados de manera rápida y sin las consideraciones del cuadro del alumno lo que le deja la impresión de que estos estarían falseando o haciéndolos en forma rápida. Finalmente señala de solicitudes de acortamiento de jornada”.

De lo anterior es posible colegir que los compromisos o acuerdos asumidos por las partes dicen relación con que la apoderada en primer lugar manifiesta malestar por la retroalimentación que realiza la psicóloga del establecimiento con situaciones relacionadas con su hijo indicando que siempre son expuestas de manera negativa conociendo estas de tipo constructivas la apoderada expone una serie de hechos e información que se le entrega de manera incompleta y tendenciosa, por parte de la psicóloga indicando por ejemplo, que ella desconocía la atención fonoaudiológica que le brindaban a nombre reservado. Por su parte refiere que nunca tuvo acceso a la directora y a la jefa de UTP, para abordar las dudas e incertidumbres que aquejaban a la madre.

Luego de participar las partes en este proceso de mediación, el establecimiento sugiere e invita a la apoderada a que ejerce su derecho como tal y además de informarse haciendo uso del conducto regular establecido en la escuela, esto es, en primera instancia la profesora jefa, luego psicóloga, posteriormente UTP y en última instancia la directora.

Estas últimas mencionadas por su parte se comprometen a generar conversación y encuadre con psicóloga respecto a la manera de entregar información relacionada con los alumnos enfatizando la importancia de trabajar de manera mancomunada entre la escuela y los apoderados para la retroalimentación adecuada, entregando a la profesional la información de cómo debe abordar las situaciones con los apoderados reforzando con ellos lo positivo y los avances que se generan con los alumnos y en este sentido, las directivas del establecimiento Comentan los avances de nombre reservado todo enfocado de manera constructiva y con el objetivo de trabajar en las habilidades a desarrollar y/o modificar en los alumnos y alumnas.

La directora agrega que se reforzará con los profesionales y la profesora jefa la información que deba ser entregada a los apoderados y respecto de los profesionales que trabajan con los alumnos los informes correspondientes y la retroalimentación con los padres y apoderados comentando al apoderada que de no asistir a las reuniones o instancias debe acudir en el horario establecido de atención de apoderados para entregar dicha información , comentando en dicha oportunidad la apoderada que el próximo año comenzaría posiblemente estudiar lo que le generaría dificultades para participar de todas estas instancias.

La directora se compromete a que se evalúe la posible atención con terapeuta ocupacional para nombre reservado, continuando con las atenciones de fonoaudióloga para el año 2025, Comentando que dentro de las labores de fin de año cada docente presenta un ppt de cada curso con el detalle de la trayectoria educativa de los alumnos, comprometiéndose a que este documento sea remitido a la madre de nombre reservado.

Se recalca la importancia de mantener canales de comunicación expeditos y fluidos entre las partes reforzando la existencia de la política de puertas abiertas del establecimiento ante cualquier duda que no sea resuelta y de recurrir a las autoridades correspondientes.

La superintendencia informante señala que respecto de otras atenciones es posible advertir el ingreso de requerimiento de la ciudadana en la que mediante la página web ingresa su consulta y se le responde con el formulario de contacto directo y en ese sentido esta acción que implementa la superintendencia gestiona requerimientos en una etapa inicial cuando la situación informada puede abordarse en el corto plazo y mediante mecanismos no sancionatorios, transcribiendo en este informe lo expuesto por la madre de nombre reservado en dicha oportunidad.

En cuanto al recurso de protección incoado en contra de la escuela y su representante legal, en torno a la negativa de matrícula del niño nombre reservado, hoy considerando por parte de la madre este acto como uno ilegal y arbitrario además de discriminatorio, señalando que como Superintendencia desconocen lo ocurrido,, por lo cual se ha ingresado denuncia de oficio al sistema integrado de requerimientos ciudadanos, bajo el NUM001, cuya materia es “Discriminación y teniendo en consideración los antecedentes puesto a la vista ante este organismo fiscalizador”

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, el acto considerado como ilegal y arbitrario corresponde a la negativa de matricular al hijo de la recurrente para el año 2026 y excluirlo del sistema educativo, quien fue diagnosticado de Trastorno del Espectro Autista, grado 3, vulnerando con ello sus garantías fundamentales.

CUARTO: Que informando, la Superintendencia de Educación señaló que desconoce los hechos que se reclaman en la presente acción constitucional y que en la misma no han tenido injerencia alguna.

QUINTO: Que, del informe evacuado por el recurrido escuela nombre reservado, así como de los documentos allegados al recurso, negó haber dejado sin matrícula al hijo de la recurrente, al contrario, que ha sido la propia madre recurrente quien retiró al niño del colegio recurrido e iniciar voluntariamente el proceso de matrícula en un colegio distinto, lo que fue admitido en estrado por el apoderado de la recurrente, circunstancia que a juicio de estos sentenciadores excluye las hipótesis que hacen procedente la acción deducida, ya que, el acto denunciado como vulneratorio obedeció únicamente a la voluntad de la recurrente y, por el otro, consta que el niño se encuentra actualmente escolarizado, lo que conducirá al rechazo del presente recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, el recurso de protección interpuesta por el abogado Juan Ángel Díaz Parada, en representación de nombre reservado, en contra de la ESCUELA nombre reservado.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese en su oportunidad Rol N°182-2026 (Protección).