Protección contra Director de Obras de la Ilustre Municipalidad de Arica y de la l

Arica, veintiocho de febrero de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Comparece nombre reservado e interpuso recurso de protección, en contra del Director de Obras de la Ilustre Municipalidad de Arica y de la l. Municipalidad de Arica, por vulnerar las garantías constitucionales de los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que el 16 de enero de 2024, tomó conocimiento mediante notificación personal del inspector municipal, y recurrido, nombre reservado, del Decreto Alcaldicio Nº 364/2024, del 11 de enero de 2024, que a su vez modifica el Decreto Alcaldicio N° 189, del 8 de enero de 2024, de la I. Municipalidad de esta ciudad, el cual señala lo siguiente: “ORDENASE la demolición, si corresponde, el retiro de rejas metálicas construidas en los accesos del pasaje 12, interior Dr. Charles Lavaran, entre calles nombre reservado y Barros Arana, de la Población Noé, construcción no autorizada instalada en bien nacional de uso público, en un plazo de 10 días corridos, contados desde la fecha de su notificación. La demolición deberá efectuarse en conformidad a las normas contenidas en el artículo 148 y siguientes D.F.L. Nº 458 de 1975 Ley General de Urbanismo y Construcción.”.

Imponiendo a los residentes del sector el retiro de la estructura metálica ubicada en el pasaje 12 de la Población Juan Noé, aun cuando existen 2 presentaciones anteriores (22 de febrero de 2022 y 10 de febrero de 2023) dirigidas al Alcalde, dando cuenta de los episodios de delincuencia ocurridas en el sector y solicitando la regularización para poder instalar rejas de seguridad en los accesos señalados anteriormente, sin que aquellas fueran respondidas.

Indica que lo anterior, demuestra la arbitrariedad en cuanto evade dar respuesta a la solicitud efectuada, demostrando además que, a pesar de estar en conocimiento de la ley y conteste del hecho de no haberse dictado la respectiva ordenanza, de igual forma y ante la indefensión de los vecinos, ordena el retiro del cerco en cuestión.

Asegura que del documento de notificación, la respuesta vaga a la reconsideración de la medida de retiro del portón y la omisión de pronunciamiento a las solicitudes efectuadas para la autorización al cierre de acceso, es una conculcación de las garantías constituciones, de los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expresa que el portón erguido por los vecinos, donde viven, y que se emplaza en el pasaje 12, interior Dr. Charles Lavaran, entre calles nombre reservado y Barros Arana, de la ciudad de Arica; en el que habitan 28 familias distribuidas en 28 casas, muchos de los cuales pertenecen a la 3ª edad, entre las cuales se encuentra la propiedad del recurrente.

Señala que a principios del año 2022, con ocasión de la existencia de robos sistemáticos en el sector, asaltos, que incluso afectaron viviendas ubicadas en el pasaje, e incluso de balaceras entre bandas con resultados fatales, es que se acordó por todos los propietarios de ese entonces la necesidad de contar con un acceso que diera la debida seguridad a los habitantes del pasaje, especialmente por la existencia de menores de edad que quedaban solos con sus asesoras del hogar durante la jornada de trabajo de sus padres, además de casa, sin moradores, debido a las actividades propias de sus habitantes. En este contexto, se cotizó con maestros en portones, citofonía y motores para apertura de puertas de corredera.

Lo anterior, llevó a la instalación de un portón metálico con acceso peatonal y buzones para correspondencia, una puerta de peatonal y otra de acceso vehicular de corredera, con apertura remota con controles portátiles desde cada casa, obra financiada íntegramente por los vecinos, que ascendió a una suma cercana a los $7.000.000 de la época.

La decisión e inversión realizada se tomó, junto con la necesidad de proteger a sus familias y bienes, en base a la existencia de numerosa jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República que admitía la posibilidad de cerrar pasajes de una sola entrada y salida y en la medida que todos los vecinos estuvieran de acuerdo con la medida.

Refiere que en el año 2011, se publicó la Ley N° 20.499 que reglamentó la materia y que contempla, en sus normas transitorias, un proceso de regularización de los permisos y autorizaciones y las situaciones de hecho existentes al 31 de julio del 2010. Esta ley condicionó su aplicación a la dictación, por la respectiva municipalidad, de una ordenanza que regulara el procedimiento respectivo. Ordenanza que no fue dictada por la I. Municipalidad de Arica.

Sostiene que tanto 22 de febrero de 2022, como el 10 de febrero de 2023, por carta dirigida al alcalde de la Ilustre Municipalidad de Arica, se solicitó la autorización de cierre de acceso de conformidad a la Ley 20.499, solicitud que a la fecha aún no han tenido respuesta.

Tras referirse a la arbitrariedad de la Dirección de Obras Municipales y la no dictación de una ordenanza municipal en los términos de la Ley N° 20.499, desarrolla las garantías constitucionales conculcadas por la Ilustre Municipalidad de Arica, a saber, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas, desde que ha ordenado el retiro de una medida de protección y seguridad que favorece a todos los vecinos que se encuentran dentro del cierre de los accesos del pasaje 12, interior Dr. Charles Lavaran, entre calles nombre reservado y Barros Arana, de la ciudad de Arica.

Asevera que la instalación de dicho medio preventivo ha permitido evitar robos y actos delictuales que pudieron haber afectado a sus familias y bienes, circunstancia que ocurría con antelación a su instalación.

Por su parte además señala que se vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, en cuanto arbitrariamente y con infracción de ley, la autoridad se ha abstenido y negado a dictar la o las correspondientes ordenanzas municipales en los términos expresados en la Ley 20.499, otorgando la posibilidad a las personas de poder regularizar y/o solicitar el cierre de las calles, pasajes o conjuntos habitaciones, tal como lo han efectuados numerosas municipalidades a lo largo del país.

Finalmente refiere a la vulneración al derecho de propiedad del compareciente y de los demás vecinos que se encuentran dentro del cierre los accesos del pasaje 12, interior Dr. Charles Lavaran, entre calles nombre reservado y Barros Arana, de la ciudad de Arica, en cuanto los recurridos, ya sea por acción, en el caso de la Dirección de Obras, como por omisión, en caso de la Municipalidad de Arica, pretenden obtener el retiro del cerco existente.

Pide se acoja el presente recurso y se ordene a los recurridos dejar sin efecto el procedimiento de retiro de la reja instalada en los accesos del pasaje 12, interior Dr. Charles Lavaran, entre calles nombre reservado y Barros Arana, de la ciudad de Arica, y tomar todas las medidas que se estimen necesarias a fin de resguardar los derechos constituciones conculcados, con costas.

Que, estimándose necesario para la adecuada resolución del conflicto se solicitó informe a la I. Municipalidad de Arica, ésta en tiempo y forma expone que el origen de la dictación del Decreto Alcaldicio N°364 de fecha 11 de enero de 2024, que ordena la demolición y retiro de rejas metálicas construidos en los accesos del pasaje 12, interior Dr. Carles Laverán, entre calles nombre reservado y Barros Arana, de la Población Juan Noé, por construcción no autorizada instalada en bien nacional de uso público, dice relación con un requerimiento de la Contraloría Regional de Arica y Parinacota frente a denuncia presentada por el Sr. nombre reservado al órgano de control, ingresado con el N°151.341, de fecha 11 de agosto de 2013.

En su presentación el Sr. nombre reservado solicita, al órgano fiscalizador, la inspección de los portones instalados en la Población Juan Noé, domicilio reservado con nombre reservado, a su juicio ilegales y que además cierran los pasajes intermedios, Charles Laverán.

Alega que, la Municipalidad reconoce que son ilegales pero que no realiza ninguna acción tendiente a dar cumplimiento a la Ley 21.411 y el Decreto 196, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Agrega que, los portones permanecen cerrados todo el día y que no existe inspección por parte de la Dirección de Obras y que la Unidad de Mediación Vecinal se desentiende y no da la orden para que los inspectores actúen.

Frente a esta denuncia, la Contraloría Regional, mediante Oficio E391382/2023, solicita a la Corporación edilicia informar al tenor de lo denunciado, hecho que se verifica mediante Ordinario N° 3856/2023, indicando detalladamente las acciones realizadas en el caso concreto por la Dirección de Prevención y Seguridad Pública. Informando que los portones no cuentan, a la fecha del citado documento, con autorización por decreto alcaldicio ni acuerdo del Concejo Municipal, tal como lo exige la Ordenanza N° 2 del año 2022. Hacen presente que los días 24/01/2023, 10/02/2023 y 15/02/2023 se visitó terreno, se llamó vía telefónica y se solicitó procedimiento a las personas que desean regularizar los cierres instalados y éstos no han entregado la totalidad de la información solicitada en el proceso de regularización.

En el contexto del procedimiento de denuncia, el Órgano Fiscalizador, remite mediante Oficio E416173/2023, nuevamente la denuncia del Sr. nombre reservado por no quedar conforme con lo ya informado. Así, esta Corporación mediante Ordinario N° 4431/2023, le informa que se cursó citación N° 91220, del 23/11/2023 a don nombre reservado, quedando citado para el Tercer Juzgado de Policía Local por ocupación de bien nacional de uso público sin permiso municipal; y que se solicitó la dictación del decreto alcaldicio respectivo para obtener la restitución del bien nacional de uso público.

Posteriormente, mediante Ordinario N°2522024, se remite a la Contraloría Regional el DA 189/2024, modificado por DA 364/2024, los que no adolecen de ilegalidad o arbitrariedad alguna.

La entidad informante se refiere a la normativa sobre la materia y que faculta a la Municipalidad a adoptar medidas en tal sentido. Así, la Ley N°18.695 en su artículo 5° señala las funciones esenciales de la misma destacando, la administración de los bienes nacionales de uso público, y en tal contexto, está facultada para autorizar, por un plazo de cinco años, el cierre o la implementación de medidas de control de acceso a calles y pasajes, o a conjuntos habitacionales urbanos o rurales con una misma vía de acceso y salida, con el objeto de garantizar la seguridad de los vecinos. Además, en idénticos términos, se podrá autorizar la implementación de medidas de control de acceso en calles y pasajes que tuvieren un acceso y salida diferentes, y siempre que no se limite ni entorpezca con ello, en forma alguna, el tránsito peatonal y en todo momento se permita el acceso a los vehículos de emergencia, de seguridad pública, de utilidad pública y de beneficio comunitario. Dicha autorización requerirá el acuerdo del concejo respectivo. El plazo se entenderá prorrogado automáticamente por igual período, salvo resolución fundada en contrario de la municipalidad con acuerdo del concejo.

Sostienen que en cumplimiento de esta función, y de acuerdo a la dictación de las Leyes N°20.499 de 2011 y 21.411 de 2022, la Corporación ha dictado las ordenanzas municipales:

-Ordenanza N° 4 de fecha 20 de octubre de 2016 -Ordenanza N° 2 de fecha 6 de diciembre de 2022 -Ordenanza N° 7 de fecha 7 de diciembre de 2023 Detalla que, según informa la Dirección de Prevención y Seguridad de la Municipalidad mediante Ordinario N° 129/2024, con fecha 10 de febrero de 2023, ingresa solicitud de regularización de cierre de pasajes para estructura instalada en domicilio reservado de febrero se realiza llamado telefónico al número registrado por los solicitantes, insistiendo en que deben permitir la circulación por los pasajes, a propósito de denuncia del Sr. nombre reservado quien no pudo circular por domicilio reservado de abril, se toma nuevamente contacto telefónico a doña nombre reservado indicándole que deben ingresar toda la documentación que la ordenanza establece, quien se compromete a ingresarlos a DIPRESH tan pronto los tenga.

Expone que el 20 de abril de 2023, mediante Ordinario N° 1263/2023, se remite una nueva denuncia del Sr. nombre reservado por cierre de pasajes ubicados en Población Juan Noé, Pasaje 12 y Doctor Charles Laverán entre pasajes nombre reservado y Avenida Argentina. Al citado documento, se dio respuesta por Ordinario N° 422/2023, de 18 de mayo de 2023, informando de la denuncia a doña nombre reservado como representante de los encargados de la construcción del cierre de Pasaje 12 y se le insta a mantenerlos abiertos mientras se tramita su solicitud de fecha 10 de febrero de 2023. Señalando que a la fecha, ni el recurrente ni los demás vecinos encargados del cierre, doña nombre reservado y doña nombre reservado han hecho entrega formal de la documentación necesaria para la regularización por ellos solicitada.

Señala que de acuerdo a la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su ordenanza, las vías tales como pasajes, avenidas, calles, son bienes nacionales de uso público y por tanto bajo la administración de las municipalidades.

En tal contexto, no es arbitrario el actuar de la Dirección de Obras en términos de fiscalizar y sancionar la ocupación sin permiso de tales espacios públicos, según lo dispone la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades (LOCM), la ley de Rentas Municipales y la ordenanza de cobro de derechos municipales.

En cuanto a la supuesta inobservancia de la normativa vigente, en especial de la Ley 20.499 del año 2011, yerra el recurrente al señalar que la Corporación ignora la existencia de esta norma y ha sido contumaz en no dictar la ordenanza que la misma norma obliga. En efecto, la Corporación en uso de las competencias que le entrega la LOCM, ya en el año 2016, dictó la Ordenanza N° 4 de fecha 20 de octubre de 2016, que reguló el Cierre de Calle, Pasajes y Conjuntos Habitacionales por Motivos de Seguridad Ciudadana. Luego, y a propósito de las modificaciones introducidas a la LOCM por la Ley 20.499 del año 2011 se dictó la Ordenanza N° 2 de fecha 6 de diciembre de 2022; y posteriormente según las modificaciones introducidas por la Ley 21.411 del año 2022, es que se dicta la Ordenanza N° 7 de fecha 7 de diciembre de 2023.

Así las cosas, a la época de construcción del cierre por parte del recurrente, esto es primer semestre de 2022, se encontraba plenamente vigente lo dispuesto por la LOCM y la Ordenanza N° 4 del año 2016. A mayor abundamiento, cuando ingresaron la solicitud de regularización en febrero de 2023, se encontraba vigente la Ordenanza N° 2 del año 2022.

Por tanto, las alegaciones del recurrente carecen de todo fundamento fáctico y legal.

Por último, la verificación del cumplimiento de requisitos para acceder a la autorización para la instalación de un cierre por motivos de seguridad es un hecho que debe ponderarse al alero de la normativa vigente y de los antecedentes que aporten los solicitantes, los cuales a la fecha no han sido entregados por parte del recurrente.

Aclara que la Ley 20.499, establecía la posibilidad de instalar cierres o medidas de control de acceso en calles y pasajes o en conjuntos habitacionales urbanos o rurales con una misma vía de acceso y salida, con el objeto de garantizar la seguridad de los vecinos. En los hechos esto no se cumple al tratarse de varios pasajes los involucrados con el cierre.

No obstante ello, la Ley 21.411 de enero del año 2022, establece mayores exigencias indicando que se podrá autorizar la implementación de medidas de control de acceso en calles y pasajes que tuvieren un acceso y salida diferentes, pero siempre que no se limite ni entorpezca con ello, en forma alguna, el tránsito peatonal y en todo momento se permita el acceso a los vehículos de emergencia, de seguridad pública, de utilidad pública y de beneficio comunitario.

Recalca que se han presentado diversas denuncias en razón del impedimento que han sufrido vecinos para transitar en especial en el pasaje Charles Laverán, situación de la que tampoco se hace cargo el recurrente, aun cuando existe una causa en el Tercer Juzgado de Policía Local.

Consta de la acción constitucional en estudio, que el recurrente alega la vulneración de las Garantías Constitucionales del Artículo 19 N°1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República. Sin embargo, no se advierte ni se acredita de manera alguna que con la dictación del Decreto Alcaldicio que ordena el retiro de las estructuras y la restitución del bien nacional de uso público se transgreda el derecho a la vida a la integridad física y psíquica, no existe por parte de esta Corporación una acción u omisión en tal sentido, siquiera se le negó la posibilidad de regularizar aquello que construyó sin autorización y que está afectando otros derechos de sus vecinos, como es el libre tránsito de las personas por los bienes nacionales de uso público.

En cuanto a la igualdad ante la ley, ha quedado de manifiesto que es falsa la acusación en contra de este Municipio de no haber dado cumplimiento a la normativa vigente ya que aún antes de la instalación del cierre por parte del recurrente esta materia ha sido normada mediante ordenanzas municipales de los años 2016, 2022 y 2023.

Por último, respecto al derecho de propiedad vulnerado, lo expuesto precedentemente explica y justifica el actuar de esta corporación, la que de manera alguna amenazó el derecho de propiedad del recurrente. Ahora, en cuanto a los gastos que los vecinos incurrieron para la construcción y cierre de los pasajes, es una cuestión que no es oponible a este municipio y tampoco es materia de una acción de protección.

Todo lo anterior, además de que el Decreto Alcaldicio impugnado goza de presunción de legalidad del artículo 3º de la Ley 19.880 y que los dichos del recurrente no son concluyentes y por ende, controvierte abiertamente dicha presunción, lo que implica para su resolución un procedimiento de lato conocimiento que no es materia de la presente acción cautelar, no siendo el recurso de protección la vía idónea para dejar sin efecto actos administrativos como lo es el Decreto Alcaldicio cuestionado, por cuanto la propia Ley 18.695 ha establecido un procedimiento especial para la impugnación de la resolución administrativa objeto de la presente controversia como lo es el reclamo de ilegalidad.

Que como trámite previo al conocimiento y resolución del presente recurso se ordenó traer a la vista de manera digital causa Rol 18514-2023 JC del Tercer Juzgado de Policía Local.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que el acto que motiva esta acción cautelar lo constituye la dictación del Decreto Alcaldicio Nº 364/2024, del 11 de enero de 2024, que a su vez modifica el Decreto Alcaldicio N° 189, del 8 de enero de 2024, de la I. Municipalidad de esta ciudad, que ordena la demolición, si corresponde, el retiro de rejas metálicas ubicadas en pasaje 12, interior Dr. Charles Lavaran, entre calles nombre reservado y Barros Arana, de la Población Noé de Arica, construcción no autorizada e instalada en bien un nacional de uso público.

CUARTO: Que El párrafo segundo de la letra c) del artículo 5 de la Ley N° 18.695, modificado por la Ley N° 21.411, concede a las municipalidades la función de autorizar, por un plazo de cinco años, el cierre o la implementación de medidas de control de acceso a calles y pasajes, o a conjuntos habitacionales urbanos o rurales con una misma vía de acceso y salida, con el objeto de garantizar la seguridad de los vecinos. Idéntica autorización, bajo ciertos requisitos, se puede conceder para la implementación de medidas de control de acceso en calles y pasajes que tuvieren un acceso y salida diferentes. En ambos casos, la autorización respectiva debe contar con el acuerdo del concejo respectivo.

QUINTO: Por su parte, el artículo 65 letra r) de la misma Ley N° 18.695, también modificado por la Ley N° 21.411, trata acerca del acuerdo del concejo municipal que requiere el Alcalde para autorizar el cierre o la implementación de medidas de control de acceso a calles y pasajes, conforme a las exigencias o requisitos que la misma norma establece; y en su párrafo 4° dispone que: “Un reglamento expedido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública determinará las características del cierre o de las medidas de control de acceso, según corresponda, velando por que ellas puedan ser desactivadas en caso de emergencia.”

Además, previene que: “Dicho reglamento considerará una ordenanza municipal tipo, propuesta por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, que deberá contener medidas para garantizar la circulación de las personas y de los vehículos de emergencia, de utilidad pública y de beneficio comunitario, y compatibilizar el objeto de la autorización con el desarrollo de la actividad económica del sector. La autorización nunca podrá comprender alguna vía de la red vial básica. La ordenanza que se dicte sobre la materia deberá ser sometida por el alcalde a la aprobación del concejo.”

Es así como, el 8 de octubre del año 2022 se publicó en el Diario Oficial el Reglamento de la Ley 21.411, el cual contempla las características del cierre o de las medidas de control de acceso en calles, pasajes o conjuntos habitacionales.

A su vez, para efectos de la implementación efectiva de esta normativa en la comuna de Arica, la Municipalidad de Arica, el 6 de diciembre de 2022, dictó la Ordenanza N°2/2022, “Ordenanza sobre cierre o control de acceso en calles, pasajes o conjuntos habitacionales por motivos de seguridad” y la Ordenanza N° 7/2023 que agregó y modificó la anterior ordenanza con fecha 7 de diciembre de 2023.

SEXTO: Que, es un hecho no controvertido, que un grupo de vecinos encabezados por el recurrido, procedieron a efectuar el cierre de pasajes ubicados en la Población Juan Noé, Pasaje 12 y Doctor Charles Laverán entre pasajes nombre reservado y Avenida Argentina, en la Comuna de Arica, mediante la instalación de un portón metálico con acceso peatonal y buzones para correspondencia, una puerta de peatonal y otra de acceso vehicular de corredera, con apertura remota con controles portátiles desde cada casa, obra financiada íntegramente por los vecinos, sin contar con la autorización previa de la autoridad competente, en los términos que exigen los artículos 5 letra c), 65° letra r) de la Ley 18.695, y que al menos con fecha 10 de febrero de 2023 la comunidad presentó una solicitud al Alcalde de la Comuna para que se regularizara la instalación de estos cercos.

SEPTIMO: Que, de la documentación acompañada por la recurrida se da cuenta que habiendo sido informados y orientados los vecinos del sector por la Unidad de Prevención y Seguridad Humana de la Ilustre Municipalidad de Arica, estos se comprometieron a presentar la documentación faltante para dar curso a la pretensión de regularización del cierre de sus pasajes por motivos de seguridad, sin que a la fecha se hayan acompañado los mismos.

Que a su vez, se da cuenta de la fiscalización realizada al sector, indicando a los encargados del cierre de los pasajes que debían mantener abiertas las rejas de protección durante el día para permitir el debido acceso al resto de la comunidad.

OCTAVO: Que siendo efectivo que las obras de cierre del pasaje 12 y aledaños de la Población Juan Noé fueron ejecutadas incluso con anterioridad a la presentación de regularización efectuada por los vecinos, resulta evidente que se ha incurrido en una ilegalidad, al infringir la normativa dispuesta al efecto, que no permite ejecutar este tipo de obras en bienes nacionales de uso público sin contar previamente con la autorización de la autoridad.

Siendo los pasajes bienes nacionales de uso público, ese uso no puede ser restringido salvo en los casos dispuestos expresamente por la ley, y en la medida que se cumplan con los requisitos legales y se cuente con la debida autorización, que en el presente caso no existe, y en tales condiciones, no podría limitarse el acceso a las personas en los términos expuestos en el informe de la entidad edilicia y cuya denuncia dio inicio al proceder de la Municipalidad.

NOVENO: Que, cabe señalar que el artículo 148 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, establece que el Alcalde, a petición del Director de Obras, podrá ordenar la demolición, total o parcial, a costa del propietario, de cualquier obra; así las cosas de la atenta lectura de los antecedentes y documentos agregados al recurso, no consta que se haya dado cumplimiento al artículo recién referido, constando solo un informe de la Directora (S) de Seguridad Pública, dirigido al Director de Obras Municipales respecto de las acciones desplegadas por la Oficina de Mediación Vecinal sobre las intervenciones realizadas en las construcciones de portones en el pasaje 12 con pasaje Charles Lavarán y del oficio de la Municipalidad de Arica dirigido a la Contraloría General de la República de la Región dando cuenta de este informe y que se ha dictado el decreto de demolición objeto de este recurso.

DECIMO: Que, sin perjuicio de todo lo reseñado en los considerandos anteriores y, a pesar de no constar la concurrencia de la hipótesis del artículo 148 de la LGUC, esta Corte, concluye que la entidad edilicia ha dado cumplimento con la normativa vigente y ordenanza correspondiente y, no consta que se haya denegado el permiso para instalar las rejas, pero tampoco consta que esta petición se haya efectuado por los vecinos adjuntando la documentación debida.

UNDÉCIMO: Que, conforme a lo expuesto, no ha existido ninguna conducta ilegal o arbitraria que pueda atribuirse a la recurrida, pues, en primer término, debemos señalar, como elemento fundamental en esta discusión, que el pasaje 12 de la Población Juan Noé en la ciudad de Arica, constituye un bien nacional de uso público definido como "aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda. Si además su uso pertenece a todos los habitantes de la nación, como el de calles, plazas, puentes y caminos, el mar adyacente y sus playas, se llaman bienes nacionales- de uso público o bienes públicos. ..." (Art. 589 Código Civil). La naturaleza jurídica de este tipo de bienes indica que su utilización debe estar abierta a toda la comunidad, circunstancia que en este caso parece no se ha cumplido, desde que los propios recurrentes reconocen que a principios del año 2022 procedieron al cierre de esa vía de circulación, practicándose en los hechos una verdadera apropiación del bien nacional de uso público que carece de justificación DUODECIMO: Que, corresponde examinar el caso concreto a la luz de las disposiciones contenidas en la Ley 20.499 con el fin de establecer si efectivamente se dan los presupuestos para su aplicación en la especie. El artículo 1° de la citada ley prescribe: "Las municipalidades podrán autorizar, por un plazo de cinco años, el cierre o medidas de control de acceso a calles y pasajes, o a conjuntos habitacionales urbanos o rurales con una misma vía de acceso y salida, con el objeto de garantizar la seguridad de los vecinos. Dicha autorización requiere el acuerdo del concejo respectivo. El plazo se entenderá prorrogado automáticamente por igual período, salvo resolución fundada en contrario de la municipalidad con acuerdo del concejo.”

Que es necesario enfatizar que la disposición citada corresponde a una norma facultativa, es decir, la municipalidad no está obligada en ningún caso a autorizar el cierre de calles y pasajes, toda vez que estos son, por esencia, de uso público, y su cierre constituye una situación completamente excepcional que debe ser evaluada caso a caso por las autoridades competentes, sin quedar en ningún caso sujeta a la discrecionalidad de los vecinos que solicitan el cierre.

Junto con lo anterior, el artículo 2 de la ley citada, prescribe que corresponde al Concejo Municipal prestar su acuerdo para: "Otorgar la autorización a que se refiere el párrafo segundo de la letra c) del artículo 5° (cierre de calles y pasajes), previo informe de las direcciones o unidades de tránsito y de obras municipales y de la unidad de Carabineros y el Cuerpo de Bomberos de la comuna, siempre que la solicitud sea suscrita por a lo menos el 90 por ciento de los propietarios de los inmuebles o de sus representantes cuyos accesos se encuentren ubicados al interior de la calle, pasaje o conjunto habitacional urbano o rural que será objeto del cierre. “ DECIMO TERCERO: Que, como puede apreciarse, y sin perjuicio de la facultad que la ley concede a los municipios para otorgar o denegar el cierre de las calles y pasajes, dicha autorización requiere de una solicitud previa, realizada por al menos el 90 por ciento de los propietarios de inmuebles adyacentes a los bienes nacionales de uso público, solicitud que en este caso aún no se ha formalizado, pues los recurrentes no han entregado la totalidad de la información solicitada en el proceso de regularización.

Continuando con el análisis de la norma, debemos subrayar que: "... La municipalidad dictará una ordenanza que señale el procedimiento y características del cierre o medidas de control de que se trate. .... La facultad a que se refiere el párrafo primero de esta letra podrá ser ejercida una vez que se haya dictado la ordenanza mencionada en el párrafo precedente.". El párrafo citado permite apreciar de manera absolutamente clara y precisa cuál es el requisito fundamental establecido por el legislador para autorizar una medida excepcional como lo es el cierre de un bien nacional de uso público.

Esta exigencia consiste en que, además de la solicitud de los vecinos, es necesario que exista una Ordenanza que señale el procedimiento y características del cierre. Como ha quedado establecido la Municipalidad de Arica, el 6 de diciembre de 2022, dictó la Ordenanza N°2/2022, “Ordenanza sobre cierre o control de acceso en calles, pasajes o conjuntos habitacionales por motivos de seguridad” y la Ordenanza N° 7/2023 que agregó y modificó la anterior ordenanza con fecha 7 de diciembre de 2023.

Por el contrario, la forma en la que ha obrado el municipio se ajusta en forma total e íntegra al ordenamiento jurídico, ya que no puede ni debe acceder al cierre de una calle mientras no se cumplan todos los presupuestos legales, y al procedimiento establecido en la Ordenanza Municipal citada.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la l. Municipalidad de Arica, por la expedición del Decreto Alcaldicio Nº 364/2024, del 11 de enero de 2024, que a su vez modifica el Decreto Alcaldicio N° 189, del 8 de enero de 2024, de la I. Municipalidad de Arica y que ordena la demolición, si corresponde, el retiro de rejas metálicas construidas en los accesos del pasaje 12, interior Dr. Charles Lavaran, entre calles nombre reservado y Barros Arana, de la Población Noé, construcción no autorizada instalada en bien nacional de uso público, en un plazo de 10 días corridos, contados desde la fecha de su notificación.

II.- Se deja sin efecto la orden de no innovar decretada. Ofíciese.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 18-2024 Protección.