nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN

Arica, catorce de marzo de dos mil veintidós.

VISTO:

nombre reservado, de nacionalidad indú, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, y deduce acción de protección de garantías constitucionales en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, denunciando como ilegal y arbitraria la omisión de pronunciamiento sobre la solicitud de permanencia definitiva de la recurrente, conculcando con ello la garantía fundamental consagrada en el N°2, 16° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que el 22 de agosto de 2019, inició el trámite de Permanencia Definitiva, conforme a la solicitud Nº 11313881.

Señala que el 21 de abril de 2020, fue informada que la solicitud de permanencia definitiva no reunía los requisitos exigidos por la ley, por faltar los siguientes antecedentes:

1.- Certificado de Antecedentes del país de Origen se encuentra sin el sello del Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile.

2.- Certificado Vigencia de PEDE de su cónyuge emitido por Policía Internacional.

3.- Documento que acredite el Sustento Económico de su cónyuge.

Dicha resolución le otorgó un plazo de cinco días hábiles, desde su notificación, para subsanar la falta o acompañar los documentos respectivos, bajo apercibimiento de tenerse por desistida de la solicitud.

Expone que no existió inconveniente alguno en regularizar e ingresar mediante la plataforma web, los antecedentes requeridos en los numerales 2 y 3 antes señalados, pero no así respecto del certificado de antecedentes apostillado, puesto que su obtención debía ser tramitada necesariamente en la Embajada de la India en Santiago, siendo que su residencia se encuentra en esta ciudad, ello en consideración que las oficinas de la sede diplomática no estuvieron en funcionamiento y tampoco se admitía su tramitación online.

En atención a ello indica haber realizado varios intentos en la página web para poder obtener una ampliación de plazo para acompañar los documentos, lo que no fue posible, recibiendo como respuesta del Departamento de Extranjería, que en caso de no acompañar los solicitado en el plazo señalado, debía volver a iniciar la Solicitud de Permanencia Definitiva, ingresando nuevamente todos los documentos requeridos.

Indica que el 29 de noviembre 2021 el Departamento recurrido, le remitió una comunicación del siguiente tenor: “Considerando que su solicitud de permanencia definitiva no cumplía con los requisitos exigidos por la legislación vigente, de acuerdo a los artículos 41,42 y 43 del D.L. 1094, Ley de extranjería y en los artículos 80 y siguientes de su Reglamento, le fue otorgado un plazo de 5 días hábiles para subsanar la falta o acompañar los documentos respectivos, a través de la plataforma de Permanencia Definitiva digital.

En atención a que no dio cumplimiento a lo requerido por esta autoridad en el plazo de 5 días otorgado, se tiene por desistida su petición, en virtud de lo dispuesto en el artículo 31 y 40 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Lo anterior, en atención a las razones que se exponen a continuación:

Con respecto a la documentación presentada, se indica lo siguiente:

Certificado de antecedentes del país de origen, Sin legalizar o Apostillado: El documento se encuentra sin la legalización (ante el consulado chileno en el país de origen y el ministerio de Relaciones Exteriores) o no ha sido apostillado por el país respectivo.”.

Expresa que el 18 de diciembre 2021, obtuvo el Certificado de antecedentes solicitado de la Embajada de la India, el que fue legalizado el 23 de diciembre del mismo año e ingresado a la plataforma web del Ministerio del Interior, Servicio Nacional de Migraciones, bajo el N° de Solicitud 37252807, la que informa con fecha 24 de diciembre 2021 que: “La presente autorización acredita la residencia legal y faculta al solicitante a ejercer ACTIVIDADES LICITAS REMUNERADAS, por el periodo en que se encuentre en análisis su solicitud de regularización migratoria, sin que esto implique el cumplimiento de todos los requisitos contemplados en el inciso 1° del artículo 8vo transitorio de la Ley 21.325, de 2021, para el otorgamiento de la visa temporaria”.

Asegura que no obstante que la implementación de una plataforma digital -como lo señaló por medios de comunicación la recurrida- correspondía a una iniciativa que permitiría disminuir sustancialmente los tiempos de tramitación de estos documento, lo cierto es que han transcurrido dos años y siete meses desde la presentación de la solicitud, la que aún se encuentra en análisis. Situación que se ve agravada puesto que desde la presentación de su solicitud su visa estaría vencida, que n podrá renovar su cédula de identidad a su vencimiento ya que la solicitud de Permanencia Definitiva aún está en trámite. Además en base a lo anterior, el Departamento de Extranjería y Migración está exigiendo, a quienes se encuentren en esta situación de residentes con VISA vencida, solicitar el cálculo de la multa correspondiente a extranjeros irregulares (trámite que en la actualidad está demorando a lo menos tres a cuatro meses), para que, una vez pagado el respectivo vale vista y otorgada por este Departamento la resolución de sanción, inicien una nueva solicitud de otorgamiento de Permanencia Definitiva vía online, con todos los meses de espera que esto implicaría; calculo que no puede requerir, pues este sistema sólo permite hacerlo para Región Metropolitana, por lo que sería remitida a la PDI para autodenunciarse y así obtener el cálculo de la multa.

Agrega que el 11 de diciembre de 2021 nació en esta ciudad su hijo, nombre reservado, RUT N°RUT reservado, quien nació, quien como dependiente, se encuentra en la misma situación en la que se encuentran sus padres, lo cual afecta sus trámites en tema de salud, educación, entre otros.

Finalmente sindica como actos ilegales y arbitrarios por parte del Departamento de Extranjería y Migración, el mantener en trámite indefinidamente la solicitud de Permanencia Definitiva de la recurrente.

Pide que se acoja el presente recurso y en definitiva se ordene al Departamento de Migración y Extranjería y al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, impartir de manera oficial instrucciones mínimas y necesarias a través de una circular dictada a tal efecto, señalando la vigencia de la documentación requerida así como cualquier otra formalidad, y permitiéndose a los solicitantes subsanar el o los documentos que correspondan, en el trámite ya iniciado, sin necesidad de iniciar una nueva solicitud, con igualdad de condiciones, y bajo normas de procedimiento claras y que se permita a la recurrente obtener la resolución de Permanencia Definitiva en un plazo razonable no menor de 60 días, con costas.

Informó en su oportunidad la recurrida, Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo por carecer el presente recurso de protección de oportunidad y eficacia, al haber renunciado la extranjera de forma expresa y voluntaria a su solicitud de permanencia definitiva.

Señala que el 22 de agosto de 2019, la recurrente presentó una solicitud de permanencia definitiva, N° 1131388, emitiendo el respectivo comprobante de permiso de permanencia definitiva en trámite.

Indica que mediante comunicación electrónica folio N°5331009, de 21 de abril de 2020, del Departamento de Extranjería y Migración, se informó a la recurrente que su solicitud era insuficiente e incompleta, por acompañar un certificado de antecedentes de su país de origen sin sello del Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile, por no presentar el certificado de vigencia del permiso de permanencia definitiva de su cónyuge, emitido por Policía Internacional, y por no presentar antecedentes sobre el sustento económico de su cónyuge, otorgándosele un plazo de 5 días hábiles para subsanar su solicitud o, de lo contrario, se le tendría por desistida en su petición, en los términos del artículo 31 de la Ley N° 19.880.

Refiere que la recurrente remitió nuevos antecedentes dentro del plazo establecido, otorgándole al trámite un nuevo código id N° 1741234, pasando el trámite a etapa de análisis de solicitud adicional y el 29 de noviembre de 2021 mediante comunicación electrónica N° 20672202, se le informó que al no haber dado cumplimiento a lo requerido por la autoridad, específicamente, por no acompañar un certificado de antecedentes penales legalizado o apostillado, se tuvo por desistida su petición, por aplicación del artículo 31 de la Ley N°19.880.

Expone que el 24 de diciembre de 2021, la recurrente solicitó, a través del portal de trámites del Servicio, acogerse al proceso de regularización extraordinaria establecido en el artículo octavo transitorio de la Ley N° 21.325, la que se acogió a trámite mediante Resolución Exenta N° 21518532 y se tuvo por desistido todo trámite pendiente en materia migratoria presentado por la extranjera ante el Servicio, en los términos de la Ley antes citada y de conformidad a la Resolución Exenta N° 1769, de 20 de abril de 2021, de la Subsecretaría del Interior, resolución que le otorgó un permiso de trabajo para efectuar labores remuneradas lícitas vigente mientras su solicitud se encuentre en tramitación.

Así, la extranjera recurrente, al momento de solicitar acogerse a este procedimiento de regularización extraordinaria, declaró libre y voluntariamente el desistimiento de todo trámite pendiente en materia migratoria, esto es, se ha desistido expresamente de la solicitud de permanencia definitiva, encontrándose actualmente dicha solicitud en trámite.

En síntesis y siendo el objeto del presente recurso de protección la tramitación y resolución, por parte de este Servicio, de la solicitud de permanencia definitiva de la recurrente, trámite que se tuvo por desistido por expresa renuncia, a juicio de la recurrida la presente acción carece de toda oportunidad y eficacia.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, el acto considerado por la recurrente como ilegal y arbitrario corresponde a que la recurrida ha omitido pronunciamiento respecto de su solicitud de permanencia definitiva, a pesar del tiempo transcurrido en exceso para ello.

CUARTO: Que, en virtud de los antecedentes esgrimidos en el recurso y por la recurrida en su informe, se advierte que la recurrente ingresó una solicitud de permanencia definitiva el 22 de agosto de 2019, la que se tuvo por desistida el 29 de noviembre de 2021 por no haber subsanado la falta de la documentación requerida, solicitando acogerse al proceso de regularización extraordinaria establecido en el artículo octavo transitorio de la Ley N° 21.325 con fecha 24 de diciembre de 2021, petición que está siendo tramitada por la autoridad informante, según consta en la Resolución Exenta N°21518532, es decir, que han transcurrido dos meses desde su interposición, destacando que para acogerse a este procedimiento especial, expresamente la recurrente se desistió de todo trámite pendiente anterior en materia migratoria al cual se había acogido.

QUINTO: Que, de los documentos allegados al recurso, desde el día en que la recurrente se acogió a este proceso extraordinario, no ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 27 de la Ley N° 19.880, para que la autoridad se haya podido pronunciar respecto a lo peticionado en lo principal del recurso, excluyendo con ello la arbitrariedad denunciada, por lo que el recurso debe rechazarse, sin perjuicio que la autoridad administrativa deberá concluir esta solicitud a la mayor brevedad posible.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que se RECHAZA el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Cúmplase, oportunamente, con lo establecido en el numeral 14° del referido Auto Acordado.

Rol N° 178-2022 Protección. (Acumulada Rol N° 179-2022 Protección)