nombre reservado con SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

Arica, veintisiete de enero de dos mil veinte.

VISTO y CONSDERANDO:

PRIMERO: Que doña nombre reservado, Empleada Particular, casada, Rut RUT reservado, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, en representación de la sucesión hereditaria nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado; y por la propiedad individualizada como parcela número veintiuno, de la Colonia Profesor Juan Noé, de la comuna y provincia de Arica, Valle de Azapa, inscrita a fojas mil doscientos veinte nueve, número mil cuatrocientos noventa y nueve del año dos mil diecinueve, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Arica y nombre reservado, Labores de casa, casada, Rut RUT reservado, dueña de la propiedad denominada San Lorenzo, ubicada en el Valle de Azapa, inscrita en el Registro de propiedad Número 893, fojas 11.406, del año 2001 del Conservador de Bienes Raíces de Arica, para estos efecto, domiciliada en predio San Lorenzo, Kilómetro 11,5 del valle de Azapa, quienes interponen recurso de protección en contra del Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, Señor nombre reservado y su representante en la Región de Arica y Parinacota, como Director del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Arica y Parinacota, señor nombre reservado, en relación con la dictación de la Resolución Exenta N°1112, RESOLUCIÓN DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO NUEVAS LÍNEAS 2X220 KV ENTRE PARINACOTA Y CÓNDORES, de fecha 29 de noviembre de 2019, por cuanto estiman que es un acto ilegal y arbitrario que vulnera la garantía de igualdad ante la Ley del artículo 19 número 2; el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación del número 8 del artículo 19 y el derecho de propiedad del número 24 del artículo 19, todos de la Constitución Política de la República de Chile.

El proyecto Nuevas Líneas 2x220 Kv entre Parinacota y Cóndores, fue ingresado al Sistema de Evaluación Ambiental por la Empresa Red Eléctrica del Norte S.A, representada legalmente por el Sr. nombre reservado, con fecha 30.07.2018, que corresponde a la construcción y operación de nuevas líneas de transmisión eléctrica (LTE) que se desarrollarán entre las regiones de Tarapacá y Arica y Parinacota, cruzando por las comunas de Alto Hospicio, Pozo Almonte, Huara, Camarones y Arica.

Tales obras nacen a partir del Decreto N° 373 Exento del Ministerio de Energía, que determina el requerimiento de nuevas líneas para unir la Subestación Seccionadora Nueva Pozo Almonte con las Subestaciones Cóndores, Pozo Almonte y Parinacota, todas de 220 kV, con el fin de generar nuevos canales de energía eléctrica, ampliando el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), redefinido dentro del Sistema Eléctrico Nacional, la superficie para utilizar en el proyecto corresponde a 1346 hectáreas, y dicen relación con la necesidad de 3 líneas de transmisión eléctrica que conecten la Subestación Nueva Pozo Almonte con las Subestaciones Cóndores, Pozo Almonte y Parinacota.

Agrega que la Resolución de Calificación Ambiental fue dictada pese a las observaciones pendientes sin contestar y que vulneran el espíritu preventivo de la Legislación 19.300 sobre Bases del Medio Ambiente son las siguientes.

Estima que el proyecto presente una seria de ilegalidades a saber:

1.- Ilegalidad respecto a la descripción sobre caudales detríticos asociados a los diseños de las fundaciones de las torres que eventualmente se amagan.

2.- Contraposición al Objetivo de Desarrollo Comunal de Arica y Parinacota.

3.- Falta y omisión de la identificación que sistematice puntos y/o tramos más críticos vialmente, tales como cruces o atraviesos, paralelismos, accesos o conexiones viales y/u otras situaciones (singularidades viales), estableciendo para cada uno, al menos en la ruta involucrada, su jerarquía o tipología vial, cuál es el servicio público que tiene tuición sobre dicha vialidad, más la indicación de la solución conceptual que se propone para cada una de las situaciones.

4.- Omisión de medidas de mitigación sobre especies avícolas resultantes heridas por colisión con las torres de alta tensión.

5.- Falta de caracterización de línea base grupo humano conforme a las exigencias de la Ley de bases generales de medio ambiente.

Estima que se ha infringido el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, Igualdad ante la ley, pues la Resolución cuestionada, por cuanto omite las observaciones planteadas por la familia nombre reservado, producto del proceso de participación ciudadana, contraviniendo la letra C) del Artículo 11 de la Ley 19.300 que se refiere al “reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos” y de “localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios (Valle de Azapa) para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar.

Pues dentro de la propiedad se emplaza la construcción de la torre de alta tensión, de un campamento de trabajo y servidumbre de tránsito, lo cual se encuentra emplazada 5 lotes agrícolas, las que iniciaron sus plantaciones hortícolas en el año 2019.

Además estima que el proyecto afectará la letra b) de la Ley 19.300 sobre Bases del Medio Ambiente: “Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, el agua y el aire.”

Además se infringiría el artículo 19 N°8, Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, por cuanto la única manera que un determinado impacto ambiental sea legítimo es que ese impacto haya pasado por el cedazo del SEIA. Vale decir, que habiendo el impacto sido puesto en conocimiento por el titular a la autoridad ambiental, este haya sido evaluado y en su caso mitigado, compensado o reparado, al no presentarse una línea base completa el SEIA no puede cumplir el objeto de determinación del impacto como legítimo, dado que este no fue objeto de la evaluación completa al organismo.

Finalmente extiende vulnerado el articulo 19 N°24 de la Constitución Política de la República de Chile. Derecho de propiedad, “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales”, las perturbaciones del derecho de propiedad sobre la parcela individualizada como parcela número veintiuno, de la Colonia Profesor Juan Noé, de la comuna y provincia de Arica, debido a que los impactos sobre la propiedad fueron evaluados superficialmente por cuanto, si bien reconoce el titular la afectación por la infraestructura de 1,5 hectáreas que es requerida para las faenas permanentes, ya que será una obra de interferencia permanente en los predios, no le dan importancia en razón de señalar, que nada alteraran la constitución actual económica del predio, explicando que no se producirá ninguna interferencia. Esto último, solo se efectúa con una visita inspectiva superficial, sin realizar obras de proyección vial, sondajes y análisis de interferencia existentes con obras de trazado en entubamiento del canal Azapa. Además de señalar que los predios tienen el mínimo de valor económico, lo que claramente dista mucho de la realidad productiva del valle.

Por todo lo antes indicado solicita adoptar las medidas necesarias para reestablecer el imperio del derecho y proveer la debida protección a los afectados, ya sea mediante la aceptación de las peticiones concretas de esta parte o mediante las medidas que vuestra señoría Ilustrísima estime de justicia disponer, todo ello con condenación en costas.

SEGUNDO: Que, doña YORDANA MEHSEN ROJAS, abogada, en representación del Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, evacuo el informe ordenado, indicando que el 30 de julio de 2018, los señores nombre reservado y nombre reservado, conjuntamente, en representación de Red Eléctrica del Norte S.A. (en adelante el “Titular”), ingresaron al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante el “SEIA”), el Estudio de Impacto Ambiental (en adelante el “EIA”) del proyecto denominado "Nuevas Líneas 2x220 KV entre Parinacota y Cóndores", (en adelante el “Proyecto”), siendo admitido a tramitación mediante Resolución Exenta N° 955 de 06 de agosto de 2018, de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (en adelante la “Res. Exenta N°955/2018”). Proyecto que contempla la construcción y operación de nuevas líneas de transmisión eléctrica que se desarrollarán entre las regiones Tarapacá y Arica y Parinacota, siendo, por tanto, un proyecto interregional que cruza las comunas de Alto Hospicio, Pozo Almonte, Huara, Camarones y Arica.

Dicho proyecto se efectúa considerando el Decreto N° 373 Exento del Ministerio de Energía, que determina el requerimiento de nuevas líneas para unir la Subestación Seccionadora Nueva Pozo Almonte con las Subestaciones Cóndores, Pozo Almonte y Parinacota, todas de 220 kV, con el fin de generar nuevos canales de energía eléctrica, ampliando el ex Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), redefinido e integrado dentro del actual Sistema Eléctrico Nacional. Específicamente, la Línea de Transmisión Eléctrica se divide en 3 tramos, teniendo un total de 277 km de longitud.

En consideración a las características anteriormente descritas, el ingreso del Proyecto al SEIA se realizó principalmente por la tipología contenida en el literal b) del artículo 3° del D.S. N°40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante el “RSEIA”), y, secundariamente, por la tipología del literal p) de la misma disposición.

En el marco de la tramitación del proyecto en el SEIA, mediante Ordinario. N°181119, de fecha 06 de agosto de 2018, de la Dirección Ejecutiva del SEA, se solicitó a los distintos órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental (en adelante los “OAECA”) 1, que se pronunciaran expresamente, dentro del ámbito de sus competencias, sobre las siguientes materias: a) Indicar fundadamente si el proyecto o actividad en cuestión cumple con la normativa de carácter ambiental; b) Indicar fundadamente si se han identificado todos los permisos ambientales sectoriales aplicables al proyecto, pronunciándose expresamente respecto del cumplimiento de los requisitos y contenidos de dichos permisos, si corresponde; y, c) Informar fundadamente si las medidas propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental se hacen cargo apropiadamente de los efectos, características o circunstancias establecidas en el artículo 11 de la Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente (en adelante la “Ley N° 19.300”). En la misma línea, con la misma fecha, se solicitó mediante los ordinarios N° 181120 y N° 181121, ambos de la Dirección Ejecutiva del SEA, el pronunciamiento de los gobiernos regionales2 y de las municipalidades3 respectivamente.

Una vez recibidos los pronunciamientos de los órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental, con fecha 07 de noviembre de 2018, la Dirección Ejecutiva del SEA, emitió el informe consolidado de solicitud de aclaraciones, rectificaciones y/o ampliaciones al EIA (en adelante el “ICSARA”), dirigido al Titular del Proyecto para que éste procediera a subsanar los errores, omisiones e inexactitudes observadas en la evaluación.

Con fecha 05 de febrero de 2019, el Titular del Proyecto ingresó la Adenda en respuestas a las observaciones contenidas en el ICSARA. Este documento fue derivado a los distintos órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental, para su evaluación y pronunciamiento.

Como consecuencia de lo anterior, con fecha 19 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del SEA emitió un ICSARA Complementario (en adelante el “Primer ICSARA Complementario) con el objeto de que fuesen subsanados los errores, omisiones o inexactitudes, que los OAECA hubiesen detectado. El Primer ICSARA Complementario fue respondido por el Titular mediante la presentación de una Adenda Complementaria de fecha 28 de junio de 2019 (en adelante la “Primera Adenda 5 Complementaria”).

En esta línea, y luego de recibidas las nuevas observaciones de los OAECA, el día 12 de agosto de 2019, la Dirección Ejecutiva del SEA emitió un nuevo ICSARA Complementario (en adelante el “Segundo ICSARA Complementario”). El Titular del Proyecto se hizo cargo de las observaciones contenidas en este nuevo ICSARA mediante la presentación de una nueva Adenda Complementaria (en adelante la “Segunda Adenda Complementaria”).

Así, con fecha 20 de noviembre de 2019, se dictó el Informe Consolidado de Evaluación (en adelante el “ICE”) recomendando aprobar el EIA y, en definitiva, calificar favorablemente el Proyecto.

Por ello, con fecha 29 de noviembre de 2019, la Dirección Ejecutiva del SEA emitió la Resolución Exenta N° 1112, que Califica Ambientalmente el proyecto “Nuevas Líneas 2x220 Kv entre Parinacota y Cóndores” (en adelante la “RCA” o la “Res. Ex. 1112/2019” o la “RCA 1112/2019).

Finalmente, se debe tener presente que paralelamente se llevó a efecto el procedimiento de Participación Ciudadana, de conformidad a la legislación vigente.

En cuanto al recurso, estima que se debe tener en consideración es que los Recurrentes pretenden que se conozca de una materia de índole técnico, ya que cuestionan la resolución que calificó ambientalmente favorable el Proyecto y su evaluación. Ello es relevante, pues una materia de esta naturaleza no puede ser conocida mediante esta acción de naturaleza cautelar. Haciendo presente que la evaluación de estas materias está entregada únicamente a la autoridad administrativa especializada, existiendo medios impugnación ad-hoc, desde el punto de vista administrativo y judicial. A mayor abundamiento, en lo que respecta a la competencia de los tribunales de justicia en estas materias, se ha entregado a los Tribunales Ambientales el ámbito recursivo como control a la decisión administrativa, a través de la dictación de la Ley N°20.600, que crea los Tribunales Ambientales (en adelante la Ley N° 20.600).

En cuanto a las observaciones de fondo, indicó lo siguiente:

1.- No se verifica ilegalidad en la descripción de caudales detríticos asociados a los diseños de las funciones de las torres.

La información que contiene el recurso de protección de que trata este informe es parcial en cuanto, si bien refiere hechos que efectivamente ocurrieron, tales como la observación realizada por la DOH en el contexto de la tramitación del Proyecto en el SEIA y que el Titular dio respuesta a la misma en la Segunda Adenda Complementaria, en el escrito de protección se omite el hecho de que, con posterioridad a la misma, y en virtud de la respuesta entregada por el Titular a la observación antes mencionada, con fecha 30 de septiembre de 2019, la DOH se pronunció conforme en el procedimiento de evaluación ambiental. Sin embargo, este pronunciamiento se omite por la recurrente.

Así, respecto del segundo Adenda (Adenda Complementaria) presentado por el Titular y que complementa la información de su Estudio de Impacto Ambiental (“EIA”), la DOH, con fecha 12 de julio de 2019, mediante Ordinario N° 3417 de 2019 (que por cierto es el ordinario en que los Recurrentes fundan la supuesta ilegalidad), observó que faltaba información, pronunciamiento que es resumido en el tercer ICSARA.

2.- De la supuesta contraposición al objetivo de desarrollo comunal de Arica.

Dentro del SEIA es obligatorio requerir pronunciamiento a las autoridades antes indicadas para que se pronuncien sobre la relación del Proyecto con las políticas, planes y programas de desarrollo regional y planes de desarrollo comunal, lo que no significa que estos instrumentos sean obligatorios. En efecto, la Municipalidad sólo tiene competencia ambiental dentro del SEIA en aquellos casos en los cuales se le solicita pronunciarse sobre la compatibilidad territorial del Proyecto, en los términos del artículo 8°, inciso 3°, de la Ley N° 19.300.

Recalca que para el análisis del presente acápite que las políticas, ya sean regionales o comunales, respecto de las cuales el Titular de todo proyecto se encuentra obligado a informar como el proyecto se relaciona con ellas, no son vinculantes para la evaluación del Proyecto, como si lo son los pronunciamientos municipales en materia de compatibilidad territorial, en tanto ellos sean adecuados al caso concreto, en los términos del artículo 8°. Por lo mismo, el legislador ha tratado ambas hipótesis situacionales en artículos separados. Esto que se viene diciendo es lo que quiere significar la expresión “relacionan” que se utiliza en el artículo 9 ter. En efecto, la relacionar, en su sentido natural y obvio, según la Real Academia Española, consiste “en hacer relación de un hecho” o “establecer relación entre personas, cosas, ideas o hechos”, en tanto que relación no sería otra cosa que “conexión, correspondencia de algo con otra cosa”, significado que en ningún caso implica un carácter obligatorio o vinculante. Por tanto, el Titular del Proyecto no está obligado a adecuarse a una política municipal, como es el PLADECO, sino solo a explicar cómo se relaciona el Proyecto con ella, existiendo OAECA que deberán efectuar los pronunciamientos técnicos (no políticos) sectoriales que correspondan.

Clarificado lo anterior, se tiene por consecuencia que cualquier alegación en torno que la evaluación técnica quedaría desvirtuada por el pronunciamiento municipal, no sería procedente, especialmente en un procedimiento de evaluación ambiental que ha sido realizado conforme a la ley, tanto en lo material como en lo procedimental.

3.- No se ha omitido el establecimiento de una línea de base por omisiones en materia de vialidad.

Si bien no se presentó un estudio vial que hubiese sido autorizado por Dirección de Vialidad, lo cual corresponde a una materia sectorial y que escapa al SEIA, si se presentaron antecedentes para el estudio del impacto vial que si corresponde ser analizado en el SEIA a propósito del efecto del literal c) del artículo 11 de la Ley Nº19.300 sobre afectación de sistemas de vida, uso y costumbres, impacto que fue debidamente valuado en el SEIA. Es decir, existiendo un Estudio de Impacto Vial y acreditado que dentro del ICE y de la RCA no se contempla un impacto adverso y significativo en materia de vialidad, es procedente hacerse cargo de la información inexacta referida por los accionante de protección.

4.- En el SEIA se descartó un afecto adverso significativo sobre la avifauna que resultare herida por colisión con torres de alta tensión, sin embargo, igualmente se establecieron medidas de control que tienen por objeto evitar dicho efecto adverso significativo relativo a la colisión de aves.

Solo cuando existe un efecto adverso significativo sobre los recursos naturales renovables, lo que incluye en este caso a la avifauna, se deben aplicar dichas medidas, en el presente caso en la Primera Adenda Complementaria donde se tiene por acreditado que la colisión de aves con torres de alta tensión tiene un carácter de no significativo, situación queda refrendada por el hecho de que la Dirección Nacional del Servicio Agrícola Ganadero, una vez que tomó conocimiento de la Primera Adenda Complementaria, no tuvo nuevas observaciones respecto del impacto en análisis. Así consta del pronunciamiento conforme contenido en su Ordinario N° 3040, de 18 de julio de 2019.

Sin perjuicio de lo anterior, el Titular del Proyecto presentó igualmente medidas para compensar el impacto sobre las especies avícolas por concepto de colisión con torres de alta tensión, lo que consta en el contenido de la propia Res. Ex 1112/19. Por ejemplo, se contempla como compromiso ambiental voluntario la instalación de disuadores de vuelo, cuyo objetivo es disminuir el efecto producido por la construcción y operación del tendido eléctrico, haciendo que los cables de alta tensión y especialmente el cable de guardia o de comunicaciones sea más visible para la avifauna.

4.- No es efectivo que no se haya caracterizado adecuadamente la línea de base y el grupo humano comprendido en el área de influencia.

En primer lugar indican que los accionantes de protección no justifican ni indican en su escrito cual es la supuesta observación sin contestar en esta materia y que sería la matriz de la supuesta ilegalidad que pretenden argumentar.

Además en el Estudio de Impacto Ambiental incorpora específicamente en el Capítulo 3 parte V, la Línea de Base de Medio Humano documento que consta de alrededor de 400 hojas, entre ellas, material fotográfico de registros en terreno. En dicho documento realiza una descripción y análisis del medio humano entorno a las 5 dimensiones exigidas por las normas.

Además de considerar motivado el acto administrativo impugando, estima que no existe vulneración de las garantías fundamentales alegadas por la recurrente.

En cuanto a la igualdad ante la ley, cuyo alcance es de carácter relacional, que se puede vulnerar en relación a otros que se encuentran en la misma situación de derecho, no pudiendo vulnerarse tal garantía por la sola circunstancia de aplicar la ley. Estimando que el acto de la autoridad ambiental es incapaz de vulnerar tal garantía.

En cuanto al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, este derecho no es de carácter absoluto, sino que deben producirse determinadas circunstancias para comprender que nos encontramos frente a un caso de contaminación al medio ambiente y se requiere necesariamente que el acto no se ajuste a la ley, cuestión que no ocurre en la especie, desde el momento en que este informe ha desacreditado cada una de las supuestas ilegalidades alegadas por los Recurrentes.

Finalmente, en lo que dice relación con el derecho de propiedad, el dominio de los Recurrentes sigue siendo, real (pues lo ejercen sobre sus predios, sin respecto a determinada persona); absoluto (pueden disponer amplia y libremente respecto de los mismos); y, exclusivo (se sigue radicando en su titular). Por ello, no se advierte en la especie como podría la RCA afectar su derecho de propiedad, si no se han visto afectado sus atributos.

Por lo demás, lo que los Recurrentes alegan sobre el derecho de propiedad está referido a un tema económico, lo cual, además de no estar suficientemente fundamentado, no dice relación con una afectación del derecho de propiedad. Lo que alegan, entonces, dice relación más bien con una materia civil, de índole económica, que no se condice con las apreciaciones contenidas en la propia evaluación ambiental y que, con los argumentos invocados, carecen de respaldo alguno.

En conclusión, estima que a acción de protección no constituye la vía idónea para discutir materias de carácter técnico discrecional, existiendo medios de impugnación especiales que permiten acudir a los Tribunales Ambientales para que puedan resolver de estas materias en un procedimiento de lato conocimiento. La RCA N°1112/2019 no constituye un acto administrativo ilegal ni arbitrario por haber calificado ambientalmente favorable el Proyecto. Se han desvirtuado todas las supuestas ilegalidades pretendidas por los Recurrentes, que serían indicativas de una supuesta vulneración de derechos. Como consecuencia de lo anterior, y habiendo concordancia entre el procedimiento de evaluación ambiental, los vistos y considerandos de la RCA, así como la decisión contenida en la misma de calificar favorablemente el Proyecto, se concluye que dicho acto administrativo se encuentra debidamente motivado. No existe vulneración de las garantías fundamentales contenidas en los numerales 2, 6, 8 y 24 del artículo 19 de la CPR. Lo anterior porque tales supuestas vulneraciones no se encuentran justificadas en forma coherente en la relación de los accionantes, ni tampoco tienen un acto ilegal que les preceda como antecedente. Es más, en la mayor parte de la acción de protección se ha torcido la realidad e incluso invocado garantías supuestamente vulneradas, casi de manera azarosa, como ocurre con la garantía del número 6 del artículo 19, por lo que solicita el rechazo del recurso.

TERCERO: Que, don RICARDO ANDRES VEJAR HERREROS, abogado, en representación de “RED ELECTRICA DEL NORTE S.A”, titular del proyecto denominado “Nuevas Líneas 2x220 kV entre Parinacota y Cóndores”, evacuo el informe ordenado, indicando que tal y como han resuelto de manera consistente y uniforme tanto por las Iltmas. Cortes de Apelaciones del país, así como por la Excma. Corte Suprema, desde la entrada en vigencia de la ley N° 20.600 que crea los Tribunales Ambientales, el recurso de protección -ya sea por la vía de la especialidad y/o deferencia técnica- ha dejado de ser el remedio procesal idóneo para impugnar los actos administrativos emitidos en el marco de los procesos de evaluación ambiental, debiendo tal pretensión ser conocida y resuelta en sede de la actual institucionalidad ambiental, precisamente por los citados Tribunales Ambientales, previo agotamiento de la vía administrativa. De este modo deberá rechazarse la presente acción de protección.

En cuanto al proyecto, indica que corresponde a un proyecto interregional, que se desarrollará en las regiones de Tarapacá y de Arica y Parinacota, en las comunas de Alto Hospicio, Pozo Almonte, Huara, Camarones y Arica; y su objetivo es satisfacer la demanda de energía eléctrica de la zona, de acuerdo a lo estipulado por el Decreto Exento N° 373 del Ministerio de Energía, mediante la construcción y operación de 3 nuevas líneas eléctricas que unan la Subestación Seccionadora Nueva Pozo Almonte con las Subestaciones Cóndores, Pozo Almonte y Parinacota. Por su tipología es de ingreso al SEIA en carácter de obligatorio. La Línea Base del Estudio de Impacto Ambiental caracterizó la situación actual del medio ambiente en el área de influencia del Proyecto, levantando información ambiental para los siguientes componentes: Clima y meteorología, Calidad del aire, Campos electromagnéticos, Ruido y Vibraciones, Geología, Geomorfología, Riesgos Naturales, Hidrología, Hidrogeología, Suelos, Flora y vegetación, Hongos, Líquenes, Animales Silvestres, Ecosistemas acuáticos continentales, Patrimonio cultural arqueológico, Patrimonio paleontológico, Paisaje, Áreas protegidas y sitios prioritarios para la conservación, Turismo, Uso del territorio, Medio Humano.

Estima que sin perjuicio de la inexistencia de ilegalidades e infracción de garantías constitucionales según alegan confusamente las recurrentes existe una marcada tendencia jurisprudencial asociada a la improcedencia del uso de la acción de protección como mecanismo procesal idóneo para resolver las controversias en materia ambiental, teniendo presente para ello en un principio el “criterio de deferencia técnica de la institucionalidad ambiental”.

En cuanto al fondo indica que el artículo 3 de la LBPA, señala que los actos administrativos –como el impugnado en autos- gozan de presunción de legalidad, lo cual evidentemente implica que quien pretende impugnarlo tiene la carga y el deber acreditar que el acto administrativo no se ajusta a derecho. Además la decisión impugnada ha sido fruto de intervención de decenas de organismos públicos con competencia ambiental, en donde su ha dejado constancia del genuino ánimo y compromiso de respetar la legislación ambiental y cumplir con todos y cada uno de los requisitos de la legislación ambiental, compatibilizando en la medida de lo jurídica y técnicamente viable las solicitudes y observaciones formuladas en el proceso de participación ciudadana.

1.- Con relación a la supuesta ilegalidad respecto a la descripción sobre los caudales detríticos asociados a los diseños de las fundaciones de las torres que eventualmente amagan. Conforme puede verificarse en el correspondiente expediente de evaluación ambiental, específicamente en cada una de las Adendas y sus respectivos anexos, el titular fue dando respuesta a cada una de las observaciones planteadas por los organismos correspondientes, en este caso específico la DGA y DOH, específicamente en Adenda N° 1, en Anexo III.7 Estudio Hidrológico y Determinación de Flujos de Detritos Quebradas Intermitentes, se determinó la magnitud del caudal máximo del flujo detrítico, en función del caudal máximo líquido obtenido del análisis de crecidas.

Además Red Eléctrica del Norte S.A., entregó las tablas solicitadas y se complementó la información solicitada, razón por la cual, la Dirección de Obras Hidráulicas, quien mantenía observaciones pendientes, mediante su Ordinario N° 4781 de fecha 30 de septiembre del año 2019, se manifestó conforme a la adenda presentada.

2. Respuesta en relación a la supuesta contraposición con el objetivo de desarrollo comunal de Arica y Parinacota. Conforme se puede verificar en el expediente de evaluación del Proyecto, en cada una de las respectivas Adendas presentadas, se fue dando respuesta una a una a las observaciones planteadas por la Ilustre Municipalidad de Arica.

3.- Respuesta en relación a la aparente falta y omisión de la identificación que sistematice puntos y/o tramos más críticos vialmente, tales como cruces o atraviesos, paralelismos, accesos o conexiones y/u otras situaciones (singularidades viales), omitiendo con ello el establecimiento de una Línea de Base, conforme a lo establecido en la letra b) del artículo 12 de la ley 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

Indica que las recurrentes hierran nuevamente al indicar que el titular omitió la presentación de un estudio impacto vial, puesto que este sí fue acompañado en el Anexo 5.1 del Estudio de Impacto Ambiental, ingresado a evaluación con fecha 06 de agosto de 2018.

4.- En relación a la omisión de medidas de mitigación sobre especies avícolas resultantes heridas por colisión con torres de alta tensión, infringiendo el artículo 12 letra e) de la ley 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

En el caso del proyecto, en el Estudio de Impacto Ambiental, Capítulo 4 “Predicción y Evaluación del Impacto Ambiental del Proyecto”, se identificó el impacto “Posible modificación en la abundancia de la comunidad de avifauna por colisiones con tendido eléctrico y cable de guardia” el que fue calificado como poco significativo, por lo que NO corresponde presentar medidas de compensación, mitigación ni reparación. No obstante, lo anterior, se presentó el compromiso voluntario de “Instalación de Disuasores de Vuelo”.

5. Respuesta respecto a la denuncia de falta de caracterización de la línea de base y grupo humano conforme a las exigencias del artículo 12 letra b) de la ley 19.300 Sobre Bases Generales de Medio Ambiente. Indica que no es efectivo que su representada no haya presentado la correcta caracterización y línea de base de medio humano, conforme se establece en el artículo 12 letra b) de la ley 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente., el que debe siempre interpretarse en relación al artículo 18 letra e.10) del D.S. 40 del RSEIA. En el Capítulo 3 Parte V del Estudio de Impacto Ambiental se presentó la Línea de Base de Medio Humano, en función de las cinco dimensiones del medio humano que establece el Artículo N° 18 del D.S. N°40/12 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental SEIA.

Conforme a lo expuesto, estima que debiera descartarse la existencia de eventuales ilegalidades en el proceso de evaluación ambiental, es pertinente abocarnos en el presente acápite a evidenciar la inexistencia de afectación de garantías fundamentales que sean necesarias para otorgar cautela de urgencia.

Especifica que en cuanto a la Igualdad ante la Ley, aclara que el Proceso de Participación Ciudadana (PAC), desarrollado en el presente proyecto, se verificó cumplimento todas y cada una de las exigencias establecidas en el Párrafo Tercero de la Ley 19.300, cumpliéndose en la especie con todas las medidas de publicidad, convocatoria a reuniones en terreno y respuestas a las observaciones formuladas por los participantes, siendo absolutamente impalpable una infracción a la garantía de igualdad ante la ley.

Respecto al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, indica que la dictación de una RCA por si misma no puede afectar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, puesto que justamente dicha autorización, es la concreción del proceso de evaluación ambiental y de la garantía constitucional.

Finalmente con respecto al derecho de propiedad, es importante reiterar que la acción de cautela descrita en el art. 20 de la CPR, no es el remedio procesal para el debate de estas materias, ya que al efecto existen los mecanismos especiales para que los propietarios afectos a servidumbre eléctrica puedan obtener una indemnización en equivalencia a los perjuicios lícitos que se generen con la imposición de una servidumbre eléctrica.

Solicita tener por evacuado informe ordenado, y en definitiva rechazar en todas sus partes el recurso de protección interpuesto, con expresa condena en costas.

CUARTO: Que, la acción de protección contemplada en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

QUINTO: Que en este caso el acto que se denuncia como contrario a derecho y que se solicita se deje sin efecto, es la Resolución de Calificación Ambiental, Resolución Exenta N° 1112, de fecha 29 de noviembre de 2019, por la que la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental calificó como ambientalmente favorable el proyecto “Nuevas Líneas 2x220 Kv entre Parinacota y Cóndores”, presentado por la empresa Red Eléctrica del Norte S.A.

Esta resolución, cuestionada por las recurrentes como un acto ilegal y arbitrario, al contrario de lo afirmado por la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, en su exposición de motivos se refiere al marco legal y administrativo que le sirve de sustento para calificar ambientalmente el proyecto “Nuevas Líneas 2x220 Kv entre Parinacota y Cóndores”. Allí se consigna, en resumen, la tramitación en el SEIA del proyecto ya individualizado, en virtud de la cual se dictó la Resolución de Calificación Ambiental, Resolución Exenta N° 1112, de fecha 29 de noviembre de 2019, cómo acto terminal de un procedimiento administrativo reglado como es la evaluación ambiental de proyectos en el marco del SEIA, lo que restringe ampliamente los márgenes de incurrir en alguna ilegalidad o arbitrariedad.

De lo expuesto se sigue que le Resolución materia de esta acción cautelar llevó a cabo un detallado proceso de evaluación, con el propósito de que los distintos órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental, se pronunciaran expresamente y dentro del ámbito de sus competencias, de determinadas y especificas materias del proyecto antes aludido.

SEXTO: Que sobre el particular resulta importante destacar que, no obstante establecerse en la parte final del inciso 1° del artículo 20 de la Constitución Política de la República, la interposición del recurso de protección lo es sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante la autoridad o los tribunales competentes, no puede perderse de vista que a contar de la dictación de la Ley N°20.600, de 28 de junio de 2012, que crea los Tribunales Ambientales, son éstos los llamados a conocer de las controversias medioambientales sometidas a su competencia, dentro de las cuales se encuentra la solicitud de invalidación de una resolución de calificación ambiental, conforme se desprende de la nueva institucionalidad ambiental contemplada en la ley ya citada y, en especial, de la lectura del artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300, precepto que contempla la revisión de la resolución de calificación ambiental durante la etapa de ejecución del proyecto; artículos 26 y 28, normas que establecen la obligación de publicitar tanto el proceso de calificación ambiental como su resolución final, y artículos 29 y 30 bis de la Ley N°19.300, disposiciones que permiten deducir reclamación a cualquier persona natural o jurídica, cuyas observaciones no hubieren sido debidamente consideradas en los fundamentos de la resolución de calificación ambiental.

SÉPTIMO: Que de lo expuesto se sigue que si las recurrentes han pedido que esta Corte invalide una resolución de calificación ambiental dictada por la autoridad técnica competente, aduciendo que adolece de vicios en su otorgamiento, tal pretensión por sus características debe ser resuelta en sede de la nueva institucionalidad, tanto más que la materia planteada no es susceptible de ser solucionada por la presente vía desde que no se divisa en el presente caso quebrantamiento de un derecho que esté indubitado que haya de restablecerse mediante la acción de protección cautelar urgente que ha sido pretendida.

OCTAVO: Conforme se ha razonado precedentemente, la presente acción constitucional, en cuanto acción de urgencia, de carácter tutelar que permite a las Cortes de Apelaciones y Corte Suprema, en su caso, examinar, sin forma de juicio y por vía simplemente indagatoria, si se ha producido una perturbación o amenaza del legítimo ejercicio de los derechos por los cuales resulta procedente, resultando en tal entendido, que por la interposición del presente recurso, no se da lugar a un proceso de carácter contradictorio propiamente tal, en el cual las partes puedan exponer sus respectivas posiciones y rendir las pruebas conducentes a acreditar sus alegaciones por los medio establecidos en la ley.

NOVENO: Que, planteadas las cosas de ese modo, el recurso de protección de garantías constitucionales planteado por doña nombre reservado, en representación de la sucesión hereditaria nombre reservado, y por doña nombre reservado, no prosperará, exclusivamente porque las cuestiones concernientes a los aspectos técnicos en que inciden los derechos eventualmente amagados, así como determinar las eventuales medidas necesarias para proveer la debida protección a las recurrentes, pertenecen al ámbito de la judicatura especial, creada al efecto.

En consecuencia, las controversias relativas a la evaluación, aprobación, procedimiento al cual debe someterse, impugnación y demás cuestiones técnicas relativas a éstos, no deben ser conocidas y resueltas por esta vía de tutela de emergencia, máxime si no se cuenta con todos los antecedentes para valorar la existencia y eventual vulneración de un derecho pleno e indubitado, cuestión que se echa de menos en este proceso y que, por tanto, lleva a desestimar el arbitrio deducido.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara:

Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en representación de la sucesión hereditaria nombre reservado, y por doña nombre reservado.

Cúmplase, oportunamente, con lo establecido en el numeral 14° del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

No firma el Ministro señor Mauricio Silva Pizarro, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse haciendo uso de permiso en virtud de lo dispuesto en el artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Rol N° 1759-2019 Protección 1