Protección contra Ministerio del Interior y Seguridad Pública - Subsecretaria del Interior

Arica, treinta de junio de dos mil veinticinco.

VISTO:

PRIMERO: Que, comparece don ANDRÉS SEBASTIÁN ALMONACID SUBIABRE, abogado, en representación del Inspector acogido a retiro absoluto de la Policía de Investigaciones, don nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública - Subsecretaria del Interior, representada por don nombre reservado, por haberse omitido por la recurrida la ponderación del Recurso de reconsideración del artículo 142 bis del DFL N°1, de 1980 del Estatuto del Personal de la PDI, que buscaba que la excluyeran de la Lista Anual de Retiros, interpuesta por el actor y que obliga al servicio a resolverlo antes de emitir el Decreto Exento que dirime incluirlo o no en la lista indicada, emitiéndose el Decreto Exento RA N° 280/448/2025 de 03 de marzo de 2025, que lo desvincula mediante la decisión terminal del Retiro Absoluto, afectando con ello las garantías establecidas en los numerales 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Funda su acción en que fue calificado en el periodo 2023 – 2024 en lista 1 del periodo calificatorio del año anterior. Sin embargo, por medio de un sumario administrativo en dicho proceso calificatorio se le recalificó en Lista 4.

Señala que respecto de lo anterior interpuso recurso de apelación, fundado en que la sanción que se consideró en aquel periodo calificatorio era objeto de una denuncia de ilegalidad ante la Contraloría Regional de la República, reclamo que aún se mantiene en tramitación al 06 de mayo de 2025.

Refiere que, sin perjuicio de lo anterior, se le mantuvo en lista 4 (mala) y por dicha resolución firme, la PDI lo incluyó en la Lista Anual de Retiros, donde el Director de la PDI, mediante Oficio ® N°59 de 24 de enero de 2025 solicitó al Ministro del Interior y Seguridad Pública, tramitar el retiro absoluto del recurrente.

Manifiesta que, tras dicha comunicación la recurrida debe dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 142 bis del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile.

Agrega que el 04 de marzo pasado, mediante carta certificada, recibió el contenido de la Minuta Trámite ID 4671517 de fecha 25 de enero de 2025, el Oficio N° 4290 de fecha 21 de febrero de 2025 y copia de acta de notificación que disponía que podía hacer uso del recurso de reclamación, lo que efectuó el 10 de marzo de 2025, solicitando se le excluyera de la lista anual de retiros. Sin perjuicio de aquello, y estando pendiente de resolución el recurso de reclamación fue prescindido caprichosamente por el recurrido, siendo el mismo Decreto Exento RA N° 280/448/2025, prueba que dejó en indefensión al recurrente, pues su emisión data del 03 de marzo de 2025, o sea fue emitido un día antes que la notificación respecto de lo que mandata la ley, toda vez que el art. 142 bis, el cual no respetó el emplazamiento legal para razonar, ponderar y motivar un rechazo o una aceptación de las pretensiones, lo que hace adolecer al acto recurrido de un vicio insanable, toda vez que el decreto desvinculatorio existía antes de permitir su derecho a ser oído.

En cuanto a los fundamentos de derecho, señala que el acto es ilegal y arbitrario, toda vez que, respecto a lo primero, sería ilegal al no respetar el emplazamiento de la notificación, toda vez que el decreto atacado nace antes de cumplirse la ritualidad del derecho de ser oído, sin tener una comunicación entre las reparticiones del mismo servicio con el jerarca que emite la decisión de retiro absoluto, careciendo de las bases para su nacimiento, siendo obligatoria la aplicación del artículo 142 bis citada, para el Ministerio del Interior, la que a su vez tiene el deber de someterse a la constitución y a las leyes, lo que no ha ocurrido en la especie.

Además, sería arbitraria, al omitirse pronunciarse o prescindir del derecho del recurrente de presentar el recurso de reconsideración, lo que no puede alegarse desconocimiento debido a los actos propios de la entidad recurrida que envían la comunicación al actor y la notificación, no esperando que se emplazara debidamente para calificarlos como un mero error, sino que acá existió una conducta caprichosa del servicio recurrido.

En cuanto a las garantías constitucionales esgrimidas como afectadas, cita la igualdad ante la ley, indicando que en otros casos al hacer uso del recurso de reconsideración no fueron desvinculados ni privados de su remuneración hasta la correcta decisión administrativa, como ocurrió con el caso de la Comisaria nombre reservado, en el periodo calificatorio 2022-2023.

En relación con la libertad de trabajo y su protección, indica que, con el presente decreto, se dispone su retiro absoluto de manera injustificada sin razonar los elementos allegados en el recurso de reconsideración, impidiendo acceder a su fuente de trabajo o hacer perder por largo tiempo la facultad de obtener, practicar, ejercer o desempeñar la función pública.

Finalmente sostiene que se afecta el derecho de propiedad, puesto que, con la decisión, afecta sus remuneraciones, quitándole el sustento de mantención.

Por lo anterior solicita se acoja el recurso y con su mérito se suspendan los efectos del Decreto Exento RA N°280/448/2025, disponiéndose la dictación de un nuevo decreto que se haga cargo del recurso de reconsideración presentado en plazo legal.

SEGUNDO: Que, en su oportunidad, informó la Subsecretaría del Interior que con el mérito del DFL N°1 de 05 de febrero de 2025 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que determina la fecha de inicio de las funciones del Ministerio de Seguridad Publica y de la Subsecretaría de Seguridad Pública, entre otras materias, indicando que entra en funcionamiento el 01 de abril de 2025, por lo que las materias respecto de las cuales se solicita informar son de conocimiento de aquella repartición publica, de acuerdo con sus competencias legales actuales y a su calidad de sucesor y continuador legal en dichas materias.

Que, en este sentido, tras requerírsele informe a aquellas, el Ministerio de Seguridad Pública y la Subsecretaría de Seguridad Pública, refirieron al tenor del recurso, que el 06 de septiembre de 2024, la Junta Calificadora de la I Zona Policial emitió y remitió la Notificación de Calificación y Clasificación N°376 de 30 de agosto de 2024, resolviendo por unanimidad calificar al recurrente con nota 5,42 y clasificación en la Lista N°4 “mala”, siendo mantenida aquella el 05 de diciembre de 2024 por la Honorable Junta de Apelaciones, siendo certificado el 07 de enero pasado por el Jefe Nacional de Administración y Gestión de las Personas de la Policía de Investigaciones de Chile que quedaría en dicha calificación a contar del 26 de noviembre de 2024.

Posteriormente, el 24 de enero pasado, por vía de Oficio Reservado N°59, el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile remitió a la entonces Ministra del Interior y Seguridad Pública la solicitud de retiro absoluto del mencionado funcionario.

Así, el 21 de febrero de 2025, el jefe subrogante de la entonces División de Gestión y Modernización de las Policías de la Subsecretaría del Interior, mediante Oficio N°4290, informó al recurrente que se habían elevado los antecedentes de retiro, indicándole que, conforme al artículo 142 bis del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones que podía solicitar la reconsideración de su inclusión en la Lista Anual de Retiros, ante la autoridad ministerial, lo que conforme señaló el recurrente, fue recibido el 04 de marzo de 2025, interponiendo aquel el 10 de marzo de 2025.

Sin embargo, y de manera separada, el 03 de marzo pasado, la Subsecretaría del Interior dictó el Decreto Exento N°280/448/2025 que dispuso el retiro absoluto del recurrente, como consecuencia del proceso de calificaciones.

En este sentido, dicho decreto no es ilegal ni arbitrario, toda vez que lo sostenido por el recurrente no se ajusta a derecho, toda vez que el análisis y resolución del recurso administrativo presentado ante el Ministerio del Interior se tramita por cuerda separada al proceso de retiro solicitado por la Policía de Investigaciones de Chile, lo que responde a un mandato legal que establece la forma de proceder, conforme al artículo 66 del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones que dispone que “El funcionario clasificado, por resolución ejecutoriada, en lista N.º 4, o por dos años consecutivos en lista N.º 3, deberá alejarse de la Institución dentro de los 30 días contados desde la fecha en que quedó ejecutoriada la resolución. Cuando el funcionario mantenga su clasificación en Lista N.º 3 por la causal señalada en el artículo 56°, será aplicable lo dispuesto en el inciso precedente, al producirse la falta de calificación en dos períodos consecutivos.”

De la disposición precedente se desprende que los funcionarios que se encuentren en la situación descrita, están legalmente obligados a dejar la institución en un plazo de 30 días, sin que exista espacio para interpretaciones distintas o una suspensión del retiro, siendo esto último una consecuencia automática de la clasificación funcionaria establecida por resolución ejecutoriada.

En cuanto a la motivación del acto impugnado, señala que el artículo 71 b) del mismo estatuto establece que “Los decretos supremos que dispongan los retiros de Oficiales se cursarán sin otro antecedente que un certificado del Jefe de la Jefatura N.° 9 del Personal, que acredite que el personal indicado figura en la lista de retiros correspondiente. […] Este decreto supremo se considerará como suficiente decreto de retiro del personal en él incluido.”

De esta forma, el acto impugnado cumple con los requisitos legales exigidos, pues se basa en el único antecedente necesario, esto es, la inclusión de funcionario en la lista anual de retiros, sin exigirse la espera de la resolución de recursos administrativos, ni requiere de motivación adicional.

Ahora bien, el recurso de reconsideración tampoco suspende los efectos de la resolución de haberlo incluido en la Lista Anual de Retiros, conforme al artículo 57 de la Ley 19.880, solo suspendiendo la ejecución cuando el cumplimiento del acto pueda causar daño irreparable o hacer imposible su cumplimiento en caso de acogerse el recurso, siendo dicho efecto refrendado por la Contraloría General de la República en múltiples pronunciamientos, indicando que la suspensión del acto es una facultad discrecional de la autoridad en caso de concurrir los requisitos establecidos en la ley.

De esta manera, el recurso de reconsideración actualmente en estudio por el Departamento Jurídico de la División de Control y Planificación Institucional de las Policías no suspende ni invalida los efectos de la inclusión en la Lista Anual de Retiros, ni impide su ejecución, encontrándose el acto por el cual se recurre plenamente ajustado a derecho, dictado en cumplimiento de las normas legales aplicables, basado en antecedentes suficientes, no vulnerando principio alguno del debido proceso ni del derecho a defensa, no desvirtuando las alegaciones del recurrente la legalidad ni la razonabilidad del acto impugnado.

En cuanto a la arbitrariedad, indica que no era necesario pronunciarse sobre el recurso de reconsideración, toda vez que se dictó conforme a los artículos 66 y 71 b) que no condicionan su ejecución a la resolución previa de recursos, el que está en tramitación, lo que demuestra que no ha sido desestimado ni ignorado, máxime que por aplicación del artículo 57 de la Ley 19.880, no suspende sus efectos con la interposición de aquel.

Finalmente, en relación a los derechos fundamentales, indica que habiendo sido efectuado en cumplimiento de una obligación legal, no puede considerarse ilegal ni arbitrario, y del caso que la autoridad haya optado en casos anteriores por esperar la resolución de un recurso de reconsideración no obliga a reproducir dicho criterio, más cuando el retiro debe ejecutarse dentro de plazos definidos y sin más requisitos que el certificado correspondiente, no vulnerándose la igualdad ante la ley cuando se actúa conforme a un mandato legal expreso; ni puede entenderse afectado el derecho al trabajo o a la propiedad cuando el cese de funciones responde a una norma imperativa, por lo que cualquier cuestionamiento a la legalidad o conveniencia de la normativa debe canalizarse por las vías legales pertinentes, mas no a través de una acción de protección que busca restablecer derechos conculcados de forma ilegal o arbitraria, lo que no ocurre en autos.

TERCERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de las recurridas fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

QUINTO: Que, el acto considerado por el recurrente como ilegal y arbitrario, corresponde al Decreto Exento RA N° 280/448/2025 de 03 de marzo de 2025, que lo desvincula mediante la decisión terminal del Retiro Absoluto, respecto del cual el recurrente señala que se habría dispuesto encontrándose pendiente un recurso de reclamación administrativa.

SEXTO: Cabe señalar que, en la especie, y tal como se indica en el Dictamen E368429 de Contraloría General de la República del 14-07-2023, la entidad administrativa dispone que “en caso de que el reclamo del artículo 142 bis sea rechazado en la materia por el Ministro del Interior y Seguridad Pública, una vez que el afectado sea notificado de ello nacerá su derecho a interponer el reclamo contemplado en el mencionado artículo 160. Igual prerrogativa le asiste inmediatamente de vencido el plazo para presentar el reclamo del artículo 142 bis si no lo hubiere ejercido.”

SÉPTIMO: Que, la administración, conforme se ha analizado, entiende que se han dictado dos actos distintos e independientes, el primero, en relación a la incorporación del recurrente en la Lista Anual de Retiros; y el segundo, respecto a la resolución que dispuso la baja de aquel. Dicha distinción alcanza, a su vez, a las vías de impugnación, ya que, como lo indicó en el Oficio 4290 de veintiuno de febrero de 2025, notificado el día 04 de marzo pasado, podía ejercer el recurso de reclamación dispuesto en el artículo 142 bis del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile; y que, conforme a la jurisprudencia administrativa citada en el mismo oficio, le quedaría a salvo el recurso que dispone el artículo 160 de la Ley 18.834 respecto del segundo de estos actos, de fecha 03 de marzo del año en curso.

OCTAVO: Que, sin perjuicio de lo referido, a juicio de esta corte, ambos actos administrativos referidos precedentemente corresponden a un único procedimiento administrativo, toda vez que su fundamento nace de un mismo hecho, atribuible al mismo funcionario, y que la consecuencia, al finalizar el proceso, puede conllevar la remoción de aquel, razón por la cual debió seguirse un orden consecutivo en los actos mencionados, respetándose las vías de impugnación legalmente procedentes, lo que no ocurrió en la especie.

NOVENO: Que, sin perjuicio de lo anterior, efectivamente se encuentra pendiente el recurso de reclamación interpuesto en conformidad al artículo 142 bis, como lo reconocieron los intervinientes, respecto de la incorporación del recurrente en la Lista Anual de Retiros, el que debe conocer el Ministerio competente, y que en caso que se rechace, conforme a lo interpretado por la propia contraloría, nace la posibilidad de recurrir según dispone el artículo 160 de la Ley 18.834, en relación al acto materia del presente recurso, razón por la cual no tiene la capacidad de ser un acto terminal, por lo que en esta instancia procesal no podría accederse a lo que pretende el recurrente, atendido especialmente el tenor de lo que solicita en el petitorio del recurso.

DÉCIMO: Que a lo anterior abona el hecho que una vez que se dicte el acto terminal, la recurrente puede ejercer las acciones que correspondan ante los tribunales de justicia, sea por vía ordinaria de la nulidad de derecho público, o por otras vías extraordinarias que invoque al efecto, según establece el artículo 54 de la Ley 19.880, por lo que, en este estadio procesal, malamente pueden verse conculcadas o amenazadas las garantías que se señalan por el recurrente, cuando existe la posibilidad de que, por las vías señaladas se acceda a lo pretendido.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto en representación de don nombre reservado, en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública - Subsecretaria del Interior.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 173-2025 Protección