Protección contra Comité de Agua Potable Rural Villa Ponderosa

Arica, ocho de mayo de dos mil veintitrés.

VISTO:

Comparecieron nombre reservado, Layra nombre reservado, Eay-Lyn nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, en el sector de La Ponderosa y dedujeron recurso de protección en contra del Comité de Agua Potable Rural Villa Ponderosa, representada por su nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, del mismo sector, por retirar los arranques y medidores de aguas de los recurrentes y no cumplir con su obligaciones de proveer del suministro de agua potable, vulnerando las garantías constitucionales de los numerales 1, 2 y 24 del artículo 29 de la Constitución Política de la República.

Refiere que el Comité recurrido administra el suministro y cobro del agua potable rural en el sector de La Ponderosa, y obtuvo de la Dirección de Obras Hidráulicas, licencia para tales fines contando para ello con 47 arranques autorizados.

Explica que el 26 de marzo de 2023, la directiva encabezada por la señora nombre reservado, actuando arbitraria e ilegalmente, retiró los medidores de aguas y los arranques de los domicilios de los recurrentes por supuestas deudas de agua, las que no existen, ya que todos han pagado oportunamente depositando o transfiriendo en la cuenta bancaria del Comité existente en el Banco Santander N° RUT reservado.

Precisa que en el mes de diciembre de 2022, se llevó a efecto una asamblea ordinaria de elección del directorio para el periodo 2022 a 2025 y resultaron electas entre otras personas la actual presidenta, no obstante la elección fue impugnada y se conoce actualmente ante el Tribunal Electoral Regional de la Región de Arica y Parinacota, bajo el rol C-1005-2022, por lo que y dado el carácter provisorio de la mencionada directiva tiene problemas para realizar trámites ante el Servicio de Impuestos Internos y ante el Banco donde tienen la cuenta bancaria el Comité, por lo que les exigió que depositaran los pagos de agua potable en una cuenta que no le pertenecía al Comité, negándose a ello lo que provocó las represalias en su contra retirando los arranques y medidores de propiedad de los recurrentes, desconociendo su paradero.

Añade que la recurrida no ha cumplido con la obligación de pagar a la empresa de servicios sanitarios (aguas del altiplano) el consumo de agua del Comité, adeudando una suma superior a los once millones de pesos, por lo que empresa sanitaria con fecha 24 de marzo de 2023 suspendió totalmente el suministro de agua potable.

En cuanto a las garantías conculcadas cita las previstas en los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Señala que el artículo 43 letra c) del Decreto 50, Reglamento de la Ley N° 20.998, norma que autoriza el retiro de arranque y desconexión de la red de agua potable cuando el suministro ha estado suspendido por un término no inferior a un año. En lo relativo al artículo 47 de la misma ley, se establece que los comités están autorizados para suspender el consumo de agua potable a quienes adeuden una o más boletas, lo que no ocurre en la especie y que aun estando en esta situación lo que correspondía era el envío de un aviso y la suspensión en si misma procedía no antes de 30 días desde esta comunicación.

Pide se ordene a la recurrida instalar nuevamente los medidores y arranques en los domicilios de los recurrentes conectándolos a la red de suministro de agua potable rural y se adopten todas las medidas necesarias para su inmediato restablecimiento con costas.

En su oportunidad la recurrida informó solicitando el rechazo del recurso y expuso que el Comité debe realizar la distribución y cobro de agua potable rural en el sector La Ponderosa, de acuerdo a la Ley 20.998 y de acuerdo con sus listados, los recurrentes no son socios y en consecuencia, no tienen derecho a medidor ni arranques, además de nunca haber solicitado la factibilidad de servicio, ni al Comité y tampoco a la Dirección de Obras Hidráulicas.

Asevera que no resulta material ni técnicamente posible llevar a cabo la instalación de los arranques y medidores, ya que los recurrentes no son socios, no son propietarios, ni constan en los registros de la Ilustre Municipalidad de Arica.

Por otra parte el 24 de marzo de 2023, la empresa Aguas del Altiplano realizó el corte de suministro por deudas existentes con anterioridad a la elección de la nueva directiva, pero la misma se repuso el 15 de abril en razón de un convenio de pago.

Recalca que los recurrentes no son socios del Comité de acuerdo a la lista que acompaña, además no son propietarios de los terrenos en el que están emplazados y que se encuentran usurpando el terreno de un tercero. Por ende, nunca han tenido la factibilidad concedida por la Dirección de Obras Hidráulicas que les autorice la conexión a la red pública; sin que a esta presentación se acompañe algún documento que acredite la propiedad del terreno y que sean dueños de los arranques o medidores y por el contrario, los pagos efectuados han sido respecto de la calle Copacabana s/n a pesar de indicar como domicilio el de calle Los Pinos. Agrega que los medidores arrancados, fueron respecto de otras personas y otros domicilios, lo que se desprende de la propia denuncia que acompañan los recurrentes.

Expone que el 2 de mayo de 2023, La Sociedad "Arica Desarrollo e Inversiones S.A" o "ADISA", envió una carta al Comité, señalando que es dueña de una Propiedad de una superficie aproximada de 162 hectáreas, ubicada en Chacalluta, actualmente denominado Lote Número Uno, de la Ex Hacienda Santa Rosa y Miraflores, de la Comuna de Arica, Rol de Avalúo Nro. 3.000-65, individualizado en el Plano Archivado bajo el Nro 45 en el Conservador de Bienes Raíces de Arica, con fecha 05 de octubre de 2006, inscrita a su nombre a fs. 3847, Nro. 3163 en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Arica del año 2007.- Además, ADISA, es dueña de los Lotes A y C de la subdivisión de la propiedad ubicada en Chacalluta, Sector Las Machas, de la comuna de Arica, individualizados en el mismo plano archivado bajo el Nro. 45, del Archivo de planos y documentos del Conservador de Bienes Raíces de Arica del año 2006, cuyos roles son los N° 3000-361 y 3000-363 respectivamente, los que se encuentran inscritos a su nombre a fs.3849, Nro. 3164 del Registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Arica, del año 2007. Informan que se interpuso una Querella Criminal por usurpación no violenta, daños y uso malicioso de instrumento público, la cual se amplió al delito establecido en el artículo 138 del D.F.L. N° 458 que aprueba la Ley General de Urbanismo y Construcciones caratulada “nombre reservado CON nombre reservado", RIT 442-2022, RUC N° 2210003956-0, agregando que no han solicitado o autorizado ninguna acción que derive en la instalación de arranques de agua potable u otros en el terreno de propiedad de Adisa y que prohíben cualquier tipo de instalación, además que dicha Sociedad no pertenece bajo ninguna calidad jurídica, ni como socio ni como contribuyente al Comité de Agua Potable Rural, Villa Ponderosa.

Sostiene que el Comité es víctima de robo de agua razón por la cual realizó la denuncia respectiva en causa RUC 2300250140-6 la cual se encuentra en investigación.

Finalmente expone que no existiendo factibilidad técnica ni para instalar el arranque, puesto que no se ha solicitado ante la Dirección de Obras Hidráulicas, a su juicio no se encuentran ante una ilegalidad y/o arbitrariedad, desde que la incorporación de arranques al sistema, no es imputable al Comité que los administra.

Se trajeron los autos en relación CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección, tiene el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional indicados en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, en adelante CPR, frente a situaciones que de no mediar una pronta acción provocarían un detrimento en las garantías constitucionales de quien lo deduce, por lo que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para pedir su amparo cuando crea que sus derechos constitucionales o los de otros, se vean amenazados o amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, respecto de lo cual la Corte de Apelaciones competente debe adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado.

SEGUNDO: Que, en este caso se denuncias infringidas las garantías contempladas en los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por el retiro de los medidores de agua y arranques desde los domicilios de los recurrentes ocurrido el pasado 26 de marzo de 2023 por la existencia de deudas en el suministro de agua potable.

TERCERO: Que, en el presente caso, y a diferencia de lo resuelto en los autos sobre acción de protección Rol N° 123-2023, que incidieron en una solicitud de amparo de socios del mismo Comité de Agua Potable Rural, Villa Ponderosa, en el presente caso se está en presencia de un grupo de personas respecto de las cuales no existen antecedentes de que efectivamente pertenezcan a dicho Comité, toda vez que no aparecen en la nómina de socios acompañada por la informante a folio 7.

Por lo demás, y analizado los antecedentes conforme a las reglas de la sana crítica, no existe constancia que quienes solicitan amparo constitucional, habiten en los predios que se surten del líquido elemento a través del Comité de Aguas referido, toda vez que se informa que registran un domicilio diverso a aquel en el cual se ubican los inmuebles en los cuales se distribuye el agua a través del Comité, toda vez que este último se ubica en calle Los Pinos y aquellos se señala que se sitúan en calle Copacabana.

A su turno, también existe incertidumbre respecto a la titularidad del dominio o posesión de quienes solicitan la tutela, en relación a los terrenos en los cuales se habrían efectuado los actos vulneratorios, toda vez que existe una investigación por parte del Ministerio Público en la cual se denunció una usurpación de terrenos por parte de quien sería el legítimo propietario de los mismos, esto es, la empresa Adisa, tal como consta a folio 7.

CUARTO: Que, de esta forma se denota claramente que no existe un derecho indubitado, del cual sean titulares los recurrentes, y ni siquiera una apariencia de aquel, toda vez que estarían ocupando terrenos que no corresponden a aquellos respecto de los cuales administra las aguas el mentado Comité y tampoco existe certeza que tengan algún título que los habilite a solicitar el amparo constitucional referido, no advirtiéndose tampoco cual sería la medida cautelar que esta Corte pudiera adoptar para restablecer las garantías constitucionales de los comparecientes, al no existir certeza que efectivamente exista una privación o amenaza a las garantías constitucionales de quienes solicitan el amparo constitucional.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

Que SE RECHAZA el recurso de protección deducido en contra del Comité de Agua Potable Rural Villa Ponderosa, representada por su nombre reservado, por parte de nombre reservado, Layra nombre reservado, Eay-Lyn nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado.

Regístrese y archívese sino se apelare.

Rol N° 173-2023 Protección.